TC Rol 17461

Texto completo

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DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO




Santiago, treinta de abril de dos mil veintiséis.

A fojas 126, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 238, téngase por evacuado el traslado.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 25 de marzo de 2026, Catalina Magdalena Lillo
Gómez ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 10, letra e); y 120, letra d), de
la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales, para que ello incida en el proceso Rol N° 1268-
2025, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones
de Talca;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 01 de abril de 2026
a fojas 119. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás partes
de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al cumplimiento
de los requisitos de admisibilidad, formulando observaciones la parte
requerida, instando por la inadmisibilidad del libelo;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de constitucionalidad
de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado formarse convicción
en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, por
lo que ella será declarada inadmisible, al concurrir en la especie la causal
de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la requirente explica que se desempeñó de manera
ininterrumpida en la dotación del Departamento de Salud de la
Municipalidad de San Javier desde el año 2020, a honorarios, hasta el 31 de
diciembre del mismo año. Posteriormente, a partir del año 2021, en el
Programa de DIR, estuvo de apoyo en vacunación. Luego, desde el mes de
abril del año 2022 ingresó al equipo rural de dicho departamento
municipal desempeñándose hasta el 8 de septiembre del año 2025.

Señala que encontrándose con licencia médica psiquiátrica viajó
fuera del país entre el 18 de julio al 28 de agosto del año 2023, motivo por
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el cual la Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio N° 1310, de fecha 28
de mayo de 2025, ordenó instruir sumario administrativo en su contra,
siendo sancionada con una medida disciplinaria de destitución,
contemplada en el artículo 120 letra d) de la Ley N° 18.883, con fecha 26 de
agosto de dicho año mediante Decreto Alcaldicio N° 2079.

En contra de dicha decisión presentó recurso de nulidad procesal y
en subsidio reposición, los que fueron desestimados por la Municipalidad
mediante Decreto Alcaldicio N° 2195 de fecha 08 de septiembre de 2025,
confirmando la medida disciplinaria aplicada y consolidando el acto que
estima arbitrario e ilegal, por lo que interpuso acción constitucional de
protección, el que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de
Talca, encontrándose con decreto “autos en relación”, según certificado de
la gestión pendiente agregado a fojas 28;

5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad
sostiene que la aplicación de los preceptos impugnados “produce un efecto
inconstitucional directo al vulnerar el principio de legalidad en materia
sancionatoria consagrado en el artículo 19 N° 3, incisos quinto, sexto y noveno
de la Constitución Política. Esta garantía, expresión del aforismo nullum
crimen, nulla poena sine lege, exige que tanto la conducta reprochable como
la sanción aplicable estén determinadas por una ley previa y expresa, requisito
que no se cumple en la especie al utilizarse un catálogo de sanciones ajeno al
estatuto jurídico de la requirente” (fojas 11).

Asimismo, considera vulnerada la garantía de un procedimiento
racional y justo, asegurada en el artículo 19 N° 3 inciso sexto de la
Constitución, que exige que la potestad sancionatoria de la
Administración se ejerza con estricto apego a las ritualidades que
resguardan el derecho a defensa. Alega que en el caso concreto no se
notificó ni entregó copia de la vista de la Sra. Fiscal, privándola de defensa
técnica.

Al mismo tiempo, alega la transgresión del artículo 19 numerales 2 y
3 de la Constitución, pues se le impuso la sanción más gravosa del
ordenamiento administrativo de manera automática y desprovista de la
necesaria ponderación de proporcionalidad. Señala que la destitución
produce el efecto accesorio de la inhabilidad de ingreso a la
administración pública por 5 años. Dicha sanción se ha impuesto “sin que
exista en el expediente administrativo ni en los decretos sancionatorio
(números 2079 y 2195 respectivamente, ambos de la Ilustre Municipalidad de
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San Javier) un solo párrafo que justifique por qué la conducta de mi
representada amerita tal nivel de segregación del servicio público” (fojas 18).

Junto con ello, considera que la aplicación del precepto impugnado
vulnera el artículo 19 número 3° inciso cuarto de la Constitución Política al
permitir que una autoridad administrativa aplique una sanción bajo un
régimen sustantivo no preestablecido por ley para su situación jurídica
determinada, con efectos equivalentes a un juzgamiento por órgano no
competente en razón de la materia;

6°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución recaída en causa Rol N° 14.479-23, la exigencia constitucional y
legal de fundamento plausible o razonable implica verificar por la Sala
respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional para
iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad que debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única
forma de hacer valer, en un especial y concreto caso, la supremacía de la
Carta Fundamental;

7°. Que, asimismo, esta Magistratura ha establecido que un
requerimiento de inaplicabilidad adolece del debido fundamento
plausible cuando el actor presenta un conflicto de mera legalidad. En
efecto, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, analizando el
espectro normativo de la expresión “fundamento plausible”, empleada
por el legislador orgánico constitucional como requisito para que el libelo
incoado supere el necesario estándar en sede de admisibilidad ha
delimitado con precisión sus contornos. Así, inequívoco es que se debe
estar en presencia de un conflicto constitucional, esto es, frente a una
contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente
aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la
alegación de mera legalidad, puesto que el parámetro de contraste es la
Constitución y no la ley, dado que el requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía constitucional (así,
resoluciones de inadmisibilidad en causas Roles N°s 4696, c. 10°; 5124, c.
18°; y 5187, c. 4°, entre otras);

8°. Que, en la especie se verifica que el conflicto sometido al
conocimiento de esta Magistratura es un asunto de mera legalidad de
competencia de los jueces del fondo, son éstos los llamados a determinar
el estatuto jurídico aplicable al caso concreto. La propia requirente afirma
que se le aplicó la medida de “destitución” contemplada en el artículo 120
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de la Ley N° 18.883 y no alguna de las causales señaladas en el artículo 48
de la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria. Además, hace
presente que la referida Ley no contempla sanciones denominadas
“medidas disciplinarias” sino que establece “causales de término de la
relación laboral”.

En consecuencia, el asunto promovido por la parte requirente no se
encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción
constitucional, que únicamente debe determinar si la aplicación del
precepto legal al caso concreto es o no contrario a la Constitución, lo que
no ocurre en la especie, pues de los antecedentes de la causa fluye que la
actora no comparte que en su caso se aplique una sanción establecida en
la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios
Municipales, que consagra el catálogo de medidas disciplinarias para los
funcionarios municipales. En su opinión y, atendida su calidad de
profesional de la salud debió aplicarse la Ley N° 19.378, cuestión que debe
ser determinada por el juez de fondo;

9°. Que, por ello, no se tiene el desarrollo de un conflicto
constitucional en que esta Magistratura pueda resultar competente para
un pronunciamiento de fondo, por cuanto, lo planteado en el
requerimiento es un asunto de mera legalidad y no de constitucionalidad.
Así lo ha establecido esta Magistratura al señalar que “en sede de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sólo ha
sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar el control de
constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y, por
consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e
interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia
jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de
competencia de los jueces del fondo” (Rol N°2775).


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

1. Se declara inadmisible el requerimiento interpuesto en lo
principal de fojas 1.
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2. Álcese la suspensión del procedimiento decretada a fojas
119.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.461-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/04/2026



Miguel Angel Fernández González Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 30/04/2026 Fecha: 30/04/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señora Catalina Adriana Lagos
Tschorne y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/04/2026




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