TC Rol 17462

Texto completo

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DIECISIETE




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________



Sentencia

Rol N° 17.462-26 CPR

[13 de mayo de 2026]
____________

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE
ESTABLECE, PARA EL PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, LA
OBLIGACIÓN DE EFECTUAR DECLARACIONES DE INTERESES Y
PATRIMONIO, EN CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY Nº
20.880, SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE
LOS CONFLICTOS DE INTERESES, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN N°
16.985-06.



VISTO Y CONSIDERANDO:



I. PROYECTO DE LEY REMITIDO



PRIMERO: Que, por oficio N° 21.128, de 25 de marzo de 2026, ingresado a
esta Magistratura con la misma fecha, la H. Cámara de Diputadas y Diputados
remite el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que establece,
para el personal de Gendarmería de Chile, la obligación de efectuar declaraciones
de intereses y patrimonio, en conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 20.880,
sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses,
correspondiente al Boletín N° 16.985-06, con el objeto de que este Tribunal
Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero,
N° 1°, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de
constitucionalidad respecto del numeral 1 del artículo primero, del artículo
segundo, ambos permanentes, y del artículo primero transitorio del proyecto de
ley remitido;
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DIECIOCHO




SEGUNDO: Que el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional:
“Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes
de su promulgación;”;

TERCERO: Que, de acuerdo al precepto invocado en el considerando
anterior, en estos autos corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las
normas del proyecto de ley remitido que estén comprendidas dentro de las
materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;



II. DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A
CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD



CUARTO: Que las disposiciones del proyecto de ley sometidas a control
preventivo de constitucionalidad señalan:



PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1. - Modifícase el decreto ley Nº 2.859, de 1979,
del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería
de Chile, en el siguiente sentido:

l. Incorpórase el siguiente artículo 14 A:

"Artículo 14 A.- El personal de Gendarmería de Chile y las
personas contratadas a honorarios que presten servicios en dicha
institución deberán efectuar una declaración de intereses y
patrimonio en la forma términos establecidos en la ley Nº 20.880,
sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses. Con todo, la información contenida en las referidas
declaraciones de intereses y patrimonio se sujetará a lo dispuesto en
el numeral 1 del artículo 27.

La información contenida en las declaraciones realizadas
conforme al inciso anterior podrá ser revisada por órganos
fiscalizadores o contralores internos de Gendarmería de Chile,
debidamente acreditados, manteniéndose su carácter reservado
respecto del público general. Se garantizará el resguardo de datos




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personales y sensibles conforme a ley Nº 19.628, sobre protección de la
vida privada.".

(…)

Artículo 2.- Agrégase, en el artículo 4° de la ley Nº 20.880,
sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de
intereses, el siguiente numeral 17, nuevo:

"17. El personal de Gendarmería de Chile y las personas
contratadas a honorarios que prestan servicios en dicha institución,
referidos en el artículo 14 A del decreto ley Nº 2.859, de 1979, del
Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile,
sin perjuicio del comprendido en los numerales 1, 10 y 11 de este
artículo.".



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La obligación de efectuar declaraciones de
intereses y patrimonio de conformidad con la ley Nº 20.880 del
personal que, según el artículo 14 A del decreto ley N º 2. 8 5 9,
incorporado por el numeral 1 del artículo 1, pasa a estar obligado a
efectuarlas, entrará en vigencia de forma gradual de acuerdo con lo
que se dispone a continuación:

Primera etapa: A partir del cuarto mes desde la publicación en
el Diario Oficial de esta ley, para el personal de la planta de Oficiales
Penitenciarios, de la planta de Directivos y de aquellas personas
contratadas a honorarios en la institución.

Segunda etapa: A partir del octavo mes desde la publicación en
el Diario Oficial de esta ley, para el personal de la planta de
Suboficiales Penitenciarios y Gendarmes.

Tercera etapa: A partir del duodécimo mes desde la
publicación en el Diario Oficial de esta ley, para el personal de las
Plantas de Profesionales Funcionarios regidos por la ley Nº 15.076, el
de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares, y
para los funcionarios a contrata asimilados a ellas.

El personal de Gendarmería de Chile que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley ya se encontraba obligado a realizar una
declaración de intereses y patrimonio, continuará afecto a ella en los
términos señalados en la ley Nº 20.880.”;




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VEINTE




III. NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL
ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL
RELACIONADA CON EL PROYECTO REMITIDO


QUINTO: Que el artículo 8, inciso tercero, de la Constitución Política,
preceptúa que:

“El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y
senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica
constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en
forma pública.”;



IV. DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE REVISTEN
NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL



SEXTO: Que las disposiciones contenidas tanto en el numeral 1 del
artículo primero permanente como en el artículo segundo permanente del
proyecto examinado, son propias de ley orgánica constitucional según prevé el
artículo 8, inciso tercero, de la Constitución Política, al disponer que “el
Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y
las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica
constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública”.

En efecto, el numeral 1 del artículo primero permanente al
incorporar un artículo 14 A al decreto ley Nº 2.859, de 1979, del Ministerio de
Justicia, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile, determina, en su
inciso primero, que el personal de Gendarmería de Chile y las personas
contratadas a honorarios que presten servicios en dicha institución deberán
efectuar una declaración de intereses y patrimonio en la forma términos
establecidos en la ley Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses y. en su inciso segundo, que la
información contenida en las declaraciones realizadas conforme al inciso
anterior podrá ser revisada por órganos fiscalizadores o contralores internos de
Gendarmería de Chile, debidamente acreditados, manteniéndose su carácter
reservado respecto del público general. Se garantizará el resguardo de datos
personales y sensibles conforme a ley Nº 19.628, sobre protección de la vida
privada.".




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VEINTIUNO




A su vez, las disposiciones contenidas en el artículo segundo
permanente del proyecto remitido por el Congreso Nacional, en tanto agregan
al artículo 4° de la ley Nº 20.880 -que dispone que se encontrarán obligados a
realizar una declaración de intereses y patrimonio, en los términos que indica
esta ley, las siguientes personas:-, como sujetos obligados a declarar intereses y
patrimonio: 17. El personal de Gendarmería de Chile y las personas contratadas
a honorarios que prestan servicios en dicha institución, son igualmente propias
de ley orgánica constitucional según establece el mismo artículo 8, inciso
tercero, de la Constitución Política, ya transcrito;

SÉPTIMO: Que, en el mismo sentido, este Tribunal Constitucional ha
declarado como propio de la ley orgánica constitucional la normativa que
establece los sujetos que, de conformidad con el citado inciso 3° del artículo 8°
constitucional, están obligados a declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública, entre otras, en las STC roles N°s 17.341-26-CPR, 16.633-25 CPR, 16.189-25
CPR, 15.415-24 CPR, 14.707-23 CPR, 12.516-21 CPR, 7.183-19 CPR;



V. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES QUE EL
TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES A LA CONSTITUCIÓN


OCTAVO: Que las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo
primero permanente del proyecto, con exclusión de la frase “manteniéndose
su carácter reservado respecto del público general.”, contenida en el inciso
segundo del artículo 14 A que se incorpora al decreto ley Nº 2.859, de 1979, del
Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile, y las
disposiciones contenidas en el artículo segundo permanente del proyecto de
ley sometido a control preventivo de constitucionalidad, serán declaradas
como ajustadas a la Constitución Política de la República;



VI. NORMA ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO QUE
EL TRIBUNAL DECLARARÁ INCONSTITUCIONAL



NOVENO: Que la disposición contenida en la frase “manteniéndose su
carácter reservado respecto del público general”, que el numeral 1 del
artículo primero permanente del proyecto agrega en el inciso segundo del
artículo 14 A que se incorpora al ya mencionado decreto ley Nº 2.859, es
contraria al artículo 8, inciso tercero, de la Constitución Política, el cual
establece expresamente que las autoridades y funcionarios que la ley orgánica
constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma
pública, por cuanto dicha disposición constitucional impide que la ley orgánica



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constitucional consigne que la información contenida en las declaraciones de
intereses y patrimonio del personal de Gendarmería de Chile y las personas
contratadas a honorarios que presten servicios en dicha institución, mantengan
su carácter reservado respecto del público general, como indica el precepto
reprochado.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el legislador
puede adoptar ciertos resguardos respecto de las declaraciones de intereses y
patrimonio, como ocurre en la misma ley que se viene controlando.

En efecto, la misma norma, en su inciso primero, considera secreta cierta
información contenida en las declaraciones de intereses y patrimonio del
personal de Gendarmería y de quienes trabajen a honorarios en dicha
institución por estar sujeta a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 27 del
Decreto Ley Nº 2.859, cual es aquel relativo a la identificación tanto de los
funcionarios de planta como, en general, de otras dotaciones de su personal, por
afectar su publicidad a la seguridad del personal de Gendarmería de Chile o la
seguridad de la Nación. La disposición legal a que alude la regla en comento
tiene rango de ley de quorum calificado, por cuanto la excepción a la publicidad
se funda en algunas de las causales de secreto contempladas en el inciso 2° del
artículo 8 de la Constitución.

En segundo lugar, en la oración final del inciso 2° del numeral 1 del
artículo primero permanente del proyecto en examen se garantiza el resguardo
de los datos personales y sensibles conforme a ley Nº 19.628, sobre protección de
la vida privada. Tal referencia constituye un llamado a que las declaraciones no
vulneren el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, norma que asegura a
todas las personas el derecho a la protección de los datos personales, protección
que “se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”, la que
actualmente corresponde a la mencionada Ley N° 19.628.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, no puede el mismo
legislador declarar como reservada al “público general” la totalidad de una
declaración de intereses y patrimonio sin afectar el inciso 3° del artículo 8°
constitucional, que preceptúa que estas declaraciones se efectúan en forma
pública.

Cabe tener presente que dicha disposición constitucional busca que
tanto los intereses como el patrimonio de quienes están obligados a declararlos
sean accesibles a todos, al público general, de manera tal que pueda existir un
control ciudadano sobre la probidad de la actuación de quienes, obligados a
declarar, ejercen funciones públicas, principio a que están sujetos de acuerdo
con lo que dispone el inciso 1° del artículo 8 de la Constitución.




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Lo anterior, por cierto, no obsta a que el legislador puede permitir tanto
el secreto de la identificación de los funcionarios o agentes públicos obligados a
realizar la referida declaración, como obligar al resguardo de determinados
datos personales y sensibles cuya publicidad pudiera vulnerar la vida privada
del declarante o de terceros, como se ha indicado en el mismo precepto del
proyecto en trámite.

DUODÉCIMO: Que, entonces, el problema se plantea respecto de la
reserva del “público general”. Según el Diccionario de la Real Lengua Española,
en la acepción pertinente, “público” es “Dicho de una cosa: Accesible a todos”,
señalando luego el mismo Diccionario como sinónimos de ese vocablo:
“común, comunal, comunitario, colectivo, general, universal”.

Dicha reserva, por lo tanto, conduce a que tanto los “intereses”, es decir,
las actividades profesionales y económicas en que participe el declarante que
pudiera conducir a la existencia de un “conflicto de intereses” -o sea, como dice
el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, a una “colisión entre las
competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus
intereses privados, familiares o de otro orden, que pueden afectar a la
objetividad de las decisiones que adoptan”-, como el “patrimonio”, o sea, el
listado de los bienes muebles e inmuebles de quienes están obligados a
declararlos para determinar si hubo un aumento que no se condice con los
ingresos que recibe, sean secretos. Con ese secreto tal información no podrá
llegar al conocimiento de todos, del conjunto diverso y heterogéneo de
personas que conforman la sociedad civil. De este modo se infringe el inciso 3°
del artículo 8° de la Carta Fundamental, que obliga a que tales declaraciones
sean “públicas”, con el objeto de cumplir con el propósito buscado por el
constituyente de permitir que pueda efectuarse un control social sobre la
actuación de las personas obligadas a declarar que ejercen funciones públicas,
con el fin de velar porque se ajusten al principio de probidad que consagra el
inciso 1° del mismo artículo 8° de la Constitución.

DECIMOTERCERO: Que, en similar sentido, esta Magistratura
argumentó en la reciente sentencia Rol N° 17.341-26-CPR, cuando declaró
inconstitucional un precepto del proyecto de ley que fortalece y moderniza el
sistema de inteligencia del Estado, correspondiente al Boletín N° 12.234-02, que
establecía que las declaraciones de intereses y patrimonio que deben actualizar
periódicamente el Director y el Subdirector de la Agencia Nacional de
Inteligencia “tendrán carácter secreto”, por vulnerar el inciso 3° del artículo 8°
de la Constitución.

Según lo razonado en tal sentencia, “el artículo 8° inciso tercero de la
Constitución se encuentra referido a dos aspectos esenciales, a saber: i) el
establecimiento taxativo -de forma exclusiva y excluyente- por ley de rango



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orgánico constitucional de ´las demás autoridades y funcionarios’ que deben ii)
cumplir con el deber de ‘declarar sus intereses y patrimonio en forma pública’,
exigencias ‘propias de los deberes de probidad en el ejercicio de la función
pública’ (STC Rol N° 15.043, c. 14). De encontrarse las normas remitidas por el
Congreso Nacional bajo esta faz de aplicación, se desprende la competencia de
la ley orgánica constitucional. Por otra parte, las palabras empleadas por el
constituyente deben entenderse con el mismo sentido que emplea el concepto
‘público’ el inciso segundo del mismo artículo 8° de la Carta Fundamental, es
decir, de acuerdo con la primera definición que le da al vocablo el Diccionario
de la Real Academia, cual es ‘ser conocido o sabido por todos’. Lo anterior se
explica porque el constituyente derivado de la Ley de Reforma Constitucional
N° 20.414 buscó que, a través de dar a conocer a todos las referidas
declaraciones, cualquier ciudadano pudiera efectuar un control sobre la
actuación del declarante para aquilatar si la declaración misma y su
actualización a lo largo de su desempeño en el cargo se ajusta o no al principio
de probidad. De este modo se pueden examinar, a vía ejemplar, cuáles son los
vínculos que el funcionario mantiene al momento de adoptar alguna decisión
que pudiera eventualmente llevarlo a tener un conflicto de interés, o si su
patrimonio se ha acrecentado en forma ilícita durante el ejercicio en el cargo”
(c. 86°).

DECIMOCUARTO: Que, en consecuencia, la disposición contenida en la
frase “, manteniéndose su carácter reservado respecto del público
general”, que el numeral 1 del artículo primero permanente del proyecto
agrega en el inciso segundo del artículo 14 A que se incorpora al decreto ley Nº
2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería
de Chile, por ser contraria al inciso tercero del artículo 8° de la Carta
Fundamental, deberá ser eliminada del texto del proyecto de ley sometido a
control preventivo de constitucionalidad por el Congreso Nacional;



VII. DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE LEY QUE NO REVISTEN
NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL



DECIMOQUINTO: Que las disposiciones contenidas en el artículo
primero transitorio del proyecto de ley remitido, en tanto regulan la entrada
en vigencia de forma gradual de la obligación de efectuar declaraciones de
intereses y patrimonio contenidas en la normativa permanente del proyecto ya
analizada, siendo normas de aplicación de la ley en el tiempo, no son propias de
la ley orgánica constitucional referida en los considerando quinto de esta
sentencia, ni de otras leyes orgánicas constitucionales dispuestas por la Carta
Fundamental. En efecto, como ha indicado esta Magistratura Constitucional, “lo



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propio de la ley orgánica constitucional es establecer una regla sustantiva
cuyos efectos en el tiempo no tienen que ver con esa dimensión” (STC Roles Nos.
2836, c. 7° y 13.899, c. 9), por lo que “la entrada en vigencia de la ley no incide en
alguno de los aspectos sustantivos que ésta regula” (STC Rol N° 15.043, c. 24).

Por lo anterior, esta Magistratura no emitirá pronunciamiento respecto
al antes mencionado artículo transitorio en examen preventivo de
constitucionalidad.



VIII. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN Y NO
CONCURRENCIA DE CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD



DECIMOSEXTO: Que consta en autos que las normas del proyecto de ley
bajo análisis fueron aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con
las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta
Fundamental, y que no se suscitó cuestión de constitucionalidad a su respecto
durante la tramitación del proyecto;



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto por los artículos citados y
pertinentes de la Constitución Política de la República, y de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,




SE RESUELVE:

1) QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 1 DEL
ARTÍCULO PRIMERO PERMANENTE DEL PROYECTO, CON EXCLUSIÓN
DE LA FRASE “, MANTENIÉNDOSE SU CARÁCTER RESERVADO
RESPECTO DEL PÚBLICO GENERAL.”, CONTENIDA EN EL INCISO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 14 A QUE SE INCORPORA AL DECRETO LEY Nº
2.859, DE 1979, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, QUE FIJA LEY ORGÁNICA
DE GENDARMERÍA DE CHILE, Y LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN
EL ARTÍCULO SEGUNDO PERMANENTE DEL PROYECTO DE LEY
SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD, SON
PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL Y SE ENCUENTRAN
AJUSTADAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.


2) QUE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN LA FRASE “, MANTENIÉNDOSE
SU CARÁCTER RESERVADO RESPECTO DEL PÚBLICO GENERAL.”,


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QUE EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO PRIMERO PERMANENTE DEL
PROYECTO AGREGA EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 14 A QUE
SE INCORPORA AL DECRETO LEY Nº 2.859, DE 1979, DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA, QUE FIJA LEY ORGÁNICA DE GENDARMERÍA DE CHILE, ES
CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, POR
LO QUE DEBE ELIMINARSE DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY
SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD.


3) QUE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO EMITE
PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN PREVENTIVO DE
CONSTITUCIONALIDAD, RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL
PROYECTO DE LEY REMITIDO A CONTROL PREVENTIVO, POR NO
VERSAR SOBRE MATERIAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA
CONSTITUCIONAL.



DISIDENCIAS



Acordado el carácter de inconstitucional de la frase “,
manteniéndose su carácter reservado respecto del público general.”, que e
l numeral 1 del artículo primero permanente del proyecto agrega en el inciso
segundo del artículo 14 A que se incorpora al decreto ley Nº 2.859, de 1979, del
Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile, con el voto
en contra de los Ministros señor HÉCTOR MERY ROMERO, señora MARCELA
PEREDO ROJAS y señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, quienes estuvieron por declarar
dicha preceptiva al igual que el resto del contenido del numeral 1 del artículo
primero permanente de la iniciativa de ley remitida a control preventivo,
como ajustada a la Constitución Política de la República, atendido que:

I. SOBRE LA FUNCIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE EN EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL CHILENO


1° Conforme a la teoría orgánica dentro del Estado Constitucional y democrático
de Derecho, la función de Gendarmería resulta esencial para el cumplimiento
de la sumisión del poder al Derecho. Ello porque este órgano a cargo del
Ministerio de Justicia y Derechos humanos vela por la seguridad y la reinserción
social en todo Chile.

2° Por ende, si la función hace al órgano Gendarmería de Chile es parte de los
órganos encargados del orden y seguridad en el país. De modo tal, que su deber
es custodiar a las personas privadas de libertad debido a detención y mientras



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están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las personas sometidas a
prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas
privativas de libertad.

3° A mayor abundamiento, a Gendarmería corresponde custodiar a las personas
que se encuentran en dependencias destinadas al seguimiento, asistencia y
control de los condenados que, por un beneficio legal o reglamentario, se
encuentren en el medio libre. En coherencia con lo anterior, la seguridad de
quienes custodian a aquellos que por razones indistintas han infringido el
ordenamiento jurídico posee una lógica propia en razón de la función que la
misma Carta Fundamental les reconoce en el ordenamiento jurídico vigente. (Al
respecto, véase la ley No 21.810 que modifica la Carta Fundamental para
incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y seguridad
pública).

4° Por ende, una interpretación sistemática de la Carta Fundamental debe
considerar que el constituyente derivado consideró que la ley de reforma
constitucional en la materia tiene como “objetivo incorporar a Gendarmería de
Chile a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” (Mensaje Nº274-373 de 5 de
enero de 2026). Así, la reforma constitucional siguió una “(…) tendencia
legislativa orientada a fortalecer el rol de Gendarmería de Chile y otorgarle
facultades y estatutos de protección similares a los de Carabineros de Chile y la
Policía de Investigaciones (…)” (Mensaje Nº274-373 de 5 de enero de 2026). (El
destacado es nuestro).




II. SOBRE LAS EXCEPCIONES CONSTITUCIONALES AL PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN RAZÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS Y LA FUNCIÓN
DEL ÓRGANO SEGÚN EL PRECEPTO ORGÁNICO CONSTITUCIONAL
CONTROLADO




5° En razón de lo expuesto anteriormente, cabe analizar si la norma orgánica
constitucional controlada por esta Magistratura, que en lo esencial dispone
“Artículo 1. - Modifícase el decreto ley N º 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia,
que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile, en el siguiente sentido:

l. Incorpórase el siguiente artículo 14 A:

"Artículo 14 A.- El personal de Gendarmería de Chile y las personas contratadas a
honorarios que presten servicios en dicha institución deberán efectuar una
declaración de intereses y patrimonio en la forma y términos establecidos en la ley
Nº 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses. Con todo, la información contenida en las referidas declaraciones de
intereses y patrimonio se sujetará a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 27.




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La información contenida en las declaraciones realizadas conforme al inciso
anterior podrá ser revisada por órganos fiscalizadores o contralores internos de
Gendarmería de Chile, debidamente acreditados, manteniéndose su carácter
reservado del público general. Se garantizará el resguardo de datos personales y
sensibles conforme a la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.".

6° Que, el examen de control preventivo de constitucionalidad del precepto legal
revisado al tenor de la remisión expresa del mismo al artículo 27 N° 1 del
Decreto Ley N ° 1859 de 1979 que regula la obligación del personal de
gendarmería a cumplir con la declaración de intereses y patrimonio. Y, en ese
sentido, resulta complemento indispensable de la norma orgánico
constitucional declarada como tal en virtud del artículo 8 de la Carta Magna.

7° Por ende, el personal de gendarmería de Chile determina en el ejercicio
legitimo de sus funciones al tenor de la Constitución y para la seguridad y los
derechos de las personas que trabajan en los recintos penitenciarios que: “ El
artículo 27 del Decreto Ley Nº1.859 de 1979, que fija la Ley Orgánica de
Gendarmería de Chile, establece “Artículo 27.- Se considerarán secretos los
siguientes documentos, cuya publicidad afectare la seguridad del personal de
Gendarmería de Chile o la seguridad de la Nación:

1.- Los relativos a la identificación tanto de los funcionarios de las plantas como,
en general, de otras dotaciones de su personal.

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de unidades penales u otras
instalaciones de la institución y los planes de operación o de servicio de la misma,
con sus respectivos antecedentes, considerando especialmente los horarios de
ingreso y salidas de los funcionarios penitenciarios desde y hacia las unidades
penales y los protocolos que traten sobre el traslado de personas privadas de
libertad.

3.- Los concernientes a las características de armas de fuego, partes y piezas de
ellas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere
la ley N° 17.798 usados por Gendarmería de Chile.

Con todo, la referida información deberá ser entregada siempre a requerimiento
de la Cámara de Diputados, los tribunales de justicia, la Contraloría General de la
República, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la
Dirección de Presupuestos, en el ejercicio de sus funciones.

En el caso a que se refiere el inciso precedente, la información entregada
mantendrá su carácter reservado para los funcionarios que accedan a ella con
ocasión de los referidos requerimientos”.

8° La ratio de la norma orgánico constitucional se fundamenta en la causal de
excepción constitucional de seguridad de la Nación y función del órgano. Ello


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porque “dado el aumento de la peligrosidad tanto por el cambio que ha
experimentado la organización social dentro de las cárceles y el aumento
del crimen organizado, es necesario asegurar a nuestros funcionarios
evitando que sean objeto de represalias o que se tenga conocimiento sobre
su paradero o familiares, para lo cual se introduce una norma que
establece secreto respecto de las dotaciones, que es lo mismo que ocurre
con las Fuerzas Armadas y Carabineros, sin embargo, en pos de la
transparencia estos documentos no son completamente secretos sino que
pueden darse a conocer a requerimiento de ciertas instituciones” (Historia
de la Ley Nº21.209, Informe de Comisión de Constitución). (El destacado es
nuestro).

9° Por tanto, la norma orgánico constitucional se fundamenta en el artículo
octavo inciso segundo, ya que la Constitución permite la reserva de
antecedentes por causales constitucionales que la ley establezca como en este
caso. Aquella reserva supone además que la norma legal examinada en control
preventivo cumple formalmente con el quorum constitucional de quorum
calificado exigido en la Carta Fundamental.

10° En coherencia con lo anterior, consta en la tramitación legislativa de la
norma que el “numeral 1 del artículo 1, el artículo 2 y el artículo primero
transitorio, referidos a la obligación de realizar declaración de intereses
y patrimonio en forma pública, tienen el carácter de normas de rango
orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 8° de la Constitución Política de la República. Además, el inciso
segundo del artículo 14 A propuesto, contenido en el numeral 1 del
artículo 1, y el numeral 2 del artículo 1 permanente, por establecer la
reserva o secreto de ciertos antecedentes, corresponden a una norma de
quorum calificado, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8°
de la Carta Fundamental”. (Véase al respecto, el Segundo Informe de la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, p. 2).

Por tanto, la norma controlada debido a la causal de reserva constitucional
debatida resulta conforme a la Constitución ya de fondo, ya de forma. Ello
porque la materia de reservada es constitucionalmente permitida, y cumple con
la votación de quorum calificado prescrito, además, por la Carta Fundamental
en estos casos excepcionales.

11° Y, es que el Derecho es uno solo. La Constitución es una sola, una
interpretación diversa de la unidad normativa que regula el mandato de
transparencia supondría a contrario sensu, comprender que los bienes
jurídicos que la misma Constitución ampara carecerían de efecto útil porque la
publicidad sería prima facie, bajo cualquier circunstancia un valor absoluto, y
en el constitucionalismo de límites es la misma Carta Fundamental la que



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establece las causales de reserva como ocurre en este precepto legal declarado
orgánico constitucional.

12° En ese sentido, que la Carta Fundamental consagre un mandato amplio de
publicidad no significa que toda información pública deba o pueda ser conocida
por los particulares. En efecto, el derecho al acceso a la información pública no
es absoluto, pues es la misma Constitución ha considerado lícito y ha permitido
que cierta información sea reservada o secreta cuando su publicidad afectare:
el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos
de las personas, la seguridad de la Nación o e interés nacional; pues estas son las
cuatro causales taxativas de secreto o reserva que contempla la Carta
Fundamental en el artículo 8° inciso segundo.

Así, la posibilidad de que cierta información pública esté sujeta a secreto o
reserva, en abstracto, no es reprochable, tal como lo ha señalado esta
Magistratura al sostener que “el carácter reservado o secreto de un asunto no es
algo en sí mismo perverso, reprochable o susceptible de sospecha” (Véase
sentencia rol N°2.153, considerando 20);

13° Asimismo, cabe recordar que la norma legal de carácter orgánico
constitucional es conforme a la Carta Fundamental porque constituye una
unidad normativa que armoniza dos bienes jurídicos legítimos; esto es: el
mandato constitucional de publicidad y transparencia con los derechos de los
funcionarios y su seguridad.

14° Y, es que, la norma legal orgánico constitucional controlada por esta
Magistratura, supone la reserva parcial de la información solicitada. Ello
porque ciertos órganos determinados pueden acceder a la información
conforme a la revisión sistémica de las normas sometidas a control obligatorio
de constitucionalidad. A saber; Contraloría General de la República, la Cámara
de Diputados, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público o la Dirección de
Presupuestos solicita la información, siempre se deberá entregar la misma; lo
cual permite el control de las actuaciones y documentos de Gendarmería como
parte de los órganos encargados de la seguridad nacional en un Estado
constitucional y democrático de Derecho.



III. SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD COMO MECANISMO DE ULTIMA RATIO
Y LA INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN


15° A partir de lo anteriormente expuesto, cabe recordar que la doctrina
constitucional y jurisprudencial han desarrollado latamente el principio de
interpretación conforme a la Constitución. Aquel “consiste en buscar la
interpretación de las normas que permita resolver, dentro de lo posible, la
conformidad de una norma con la Constitución (véase, por ejemplo, sentencia


14
0000031
TREINTA Y UNO




rol n° 1209, c. 11.)” (Navarro Beltrán, Enrique y Carmona Santander, Carlos
(2011): Recopilación de jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1981-2011).
Cuadernos del Tribunal Constitucional, Nº45, pp. 465-466).

16° Finalmente, se colige que, a partir de la reciente reforma
constitucional en la materia, la naturaleza jurídica de la función del órgano y el
principio de interpretación conforme a la Constitución, de las diversas
interpretaciones constitucionales posibles, la norma no resulta contraria a la
Carta Fundamental porque su ratio es el bien jurídico protegido, esto es, la
seguridad de la Nación y de los funcionarios de Gendarmería en el ejercicio
legítimo de sus funciones.



Los Ministros señor HÉCTOR MERY ROMERO, señora MARCELA PEREDO
ROJAS y señor MARIO GÓMEZ MONTOYA declararon como ley orgánica
constitucional conforme a lo establecido en el artículo 8°, inciso tercero, de la
Carta Fundamental, las disposiciones contenidas en el artículo primero
transitorio del proyecto de ley remitido, en tanto aquella incide y regula la
entrada en vigencia de forma gradual de la obligación de efectuar declaraciones
de intereses y patrimonio contenidas en la normativa permanente del proyecto, de
modo que su carácter de ley orgánica constitucional de la norma resulta
complemento indispensable de la norma permanente declarada con idéntica
naturaleza jurídica, además, por las consideraciones que se explican a
continuación:

1º. El juez constitucional debe contrastar las disposiciones de la Carta
Fundamental que confían la regulación legislativa a materias de ley orgánica
constitucional con los preceptos legales sometidos a examen de control de
constitucionalidad preventivo obligatorio como ocurre en este caso. Por esto, el
test de control normativo abstracto considera el mandato constitucional del
artículo 8º, inciso tercero, de la Constitución, que obliga a “El Presidente de la
República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás
autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán
declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”.

2º. En consonancia con lo anterior, el artículo primero transitorio del
proyecto de ley controlado regula explícitamente “Artículo primero.- La
obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio de conformidad
con la ley Nº 20.880 del personal que, según el artículo 14 A del decreto ley N º 2. 8
5 9, incorporado por el numeral 1 del artículo 1, pasa a estar obligado a
efectuarlas, entrará en vigencia de forma gradual de acuerdo con lo que se
dispone a continuación:




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TREINTA Y DOS




Primera etapa: A partir del cuarto mes desde la publicación en el Diario
Oficial de esta ley, para el personal de la planta de Oficiales Penitenciarios, de la
planta de Directivos y de aquellas personas contratadas a honorarios en la
institución.

Segunda etapa: A partir del octavo mes desde la publicación en el Diario
Oficial de esta ley, para el personal de la planta de Suboficiales Penitenciarios y
Gendarmes.

Tercera etapa: A partir del duodécimo mes desde la publicación en el
Diario Oficial de esta ley, para el personal de las Plantas de Profesionales
Funcionarios regidos por la ley Nº 15.076, el de Profesionales, de Técnicos, de
Administra ti vos y de Auxiliares, y para los funcionarios a contrata asimilados a
ellas.

El personal de Gendarmería de Chile que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley ya se encontraba obligado a realizar una declaración de
intereses y patrimonio, continuará afecto a ella en los términos señalados en la ley
Nº 20.880”.

3º. Por ende, el contenido del artículo primero transitorio del proyecto de
ley regula a las autoridades que deben efectuar las declaraciones de intereses y
patrimonio, exigiendo el cumplimiento de la obligación en etapas, en relación
con el articulado permanente del proyecto de ley. Así, la disposición controlada
no se limita a establecer el ámbito de aplicación temporal de un precepto legal
únicamente, sino que, además, regula en sentido material a las autoridades y
funcionarios que deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública
en cada etapa, materia reservada al legislador orgánico en el artículo 8º inciso
tercero de la Carta Fundamental.

4º. Con razón, este Tribunal ha explicado en su jurisprudencia reciente
que son orgánicas constitucionales las normas que obligan a los miembros de
un órgano parte de la organización básica de un órgano de la Administración
del Estado a prestar declaración de patrimonio e intereses, en virtud del artículo
8º, inciso tercero, de la Constitución. Así, esta Magistratura ha razonado a saber;
en sentencias roles Nº15.043 y Nº15.412.

Por tanto, debido a todo lo expuesto, estos ministros califican como
materia de ley orgánica constitucional al artículo primero transitorio del
proyecto de ley controlado en conformidad al artículo octavo de la Carta
Fundamental.



Redactaron la sentencia y sus disidencias, las señoras y los señores
Ministros que respectivamente las suscriben.


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TREINTA Y TRES




Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados, regístrese y archívese.

Rol N° 17.462-26 CPR




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TREINTA Y CUATRO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 13/05/2026



María Pía Silva Gallinato
Fecha: 13/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 13/05/2026 Fecha: 13/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 13/05/2026 Fecha: 13/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 13/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Raúl Eduardo
Mera Muñoz, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/05/2026




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