TC Rol 17464

Texto completo

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TREINTA



Santiago, dos de abril de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 26 de marzo de 2026, André Dattwyler Ramírez
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los
artículos 499, N° 2, y 500, N° 2, del Código de Procedimiento Civil, y del
artículo 1.891 del Código Civil, para que ello incida en el proceso Rol C-2695-
2024, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala;

3°. Que, luego de examinar los antecedentes expuestos en el libelo y
el devenir procesal de la gestión invocada con relación al conflicto propuesto
por la requirente, esta Sala se ha formado convicción en la concurrencia de
la causal prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional de
esta Magistratura. El requerimiento no cuenta con fundamento plausible o
razonable, cuestión que imposibilita examinarlo en fase de admisión a
trámite;

4°. Que, la gestión invocada consiste en proceso ejecutivo de cobro de
obligaciones tributarias sustanciado ante el Primer Juzgado de letras de
Coyhaique, en que se decretó un nuevo llamado para la subasta de un bien
raíz, en tanto, indica a fojas 4, en el anterior no se presentaron postores.
Junto con detallar los principales hitos procesales, el actor indica a fojas 9
que “tanto [el] artículo 499 del Código de Procedimiento Civil, que deja a
discreción del juez la rebaja en el mínimo de la subasta, a su “prudencia”,
limitándolo a un tercio del mínimo original, como también [el] artículo 500 del
mismo cuerpo normativo, que sin siquiera acudir a la “prudencia”, sencillamente
deja a criterio del juez el fijar el mínimo para la subasta, sin ningún tipo de
parámetro o límite en su aplicación, y que en los presentes autos implica una
rebaja de cerca de $ 850.000.000 (ochocientos cincuenta millones de pesos) en el
mínimo de la subasta a partir del avalúo fiscal para efectos de la determinación
del impuesto territorial del bien embargado, es por mucho inferior a la mitad del
justo precio de la cosa, pues como se alegará la norma del artículo 1891 impide
aplicar la lesión enorme a las subastas públicas”.

En dicho contexto, alega vulneración a las garantías “de un debido
proceso, la igualdad ante la ley, la proscripción de impuestos expropiatorios, y




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una afectación del derecho de propiedad” (fojas 5), por la aplicación que
pudiera otorgarse a las normas cuestionadas;

5°. Que, conforme la certificación que rola a fojas 23, se sustancia ante
el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique proceso de ejecución seguido en
contra del requirente, como demandado, encontrándose fecha de remate
para el día 13 de abril de 2026;

6°. Que, por lo expuesto y luego de analizar los hitos procesales de la
gestión invocada, resulta necesario examinar si la normativa cuestionada de
inaplicabilidad puede tenerse por decisiva para la resolución del proceso
que se sustancia ante el Primer Juzgado de Letras de Coyhaique, para, luego,
evaluar la razonabilidad o plausibilidad del conflicto constitucional
propuesto por la aplicación de los artículos 499, N° 2, y 500, N° 2, del Código
de Procedimiento Civil, y del artículo 1.891 del Código Civil en la específica
gestión.

Siguiendo lo previsto en el artículo 93 inciso undécimo de la
Constitución y en el artículo 84 numeral 5°, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, se exige la concatenación de diversos
elementos para constatar si la impugnación es decisiva para resolver el
asunto y si, a partir de ello, se podría producir un resultado contrario a la
Constitución. Además, y de conformidad con su numeral 6°, el
requerimiento debe contener fundamento plausible o razonable para iniciar
un contradictorio en esta sede que, de ameritarlo el Pleno del Tribunal,
pueda generar la inaplicación de una disposición legal vigente en un
concreto caso por contravenir los principios y normas de la Carta
Fundamental.

En este sentido, la aplicación decisiva de las normas cuestionadas
permite analizar –consecuencialmente- el fundamento razonable del
conflicto constitucional que puede ameritar la pérdida concreta de vigencia
de uno o más preceptos legales llamados a ser considerados como derecho
aplicable para fallar un asunto;

7°. Que, para resolver lo anterior se ha de tener presente que el
conflicto desarrollado por el requirente se estructura en contravenciones a
la Constitución que, enlazadas, generarían una afectación “de su derecho de
propiedad, pues disminuyen considerablemente el mínimo para la subasta del
inmueble embargado e impiden accionar por lesión enorme, sin una ley general
que autorice la expropiación y que garantice una indemnización pertinente”
(fojas 15);




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8°. Que, ese planteamiento no permite configurar un genuino
conflicto de constitucionalidad concreta de la ley. Siguiendo lo que se razonó
en resolución de causa Rol N° 14.383-23 CAA, c. 11°, “en el juicio ejecutivo no
se discute (la) propiedad respecto de un bien raíz; por el contrario, se persigue el
cumplimiento de una obligación”. Así, ha señalado la doctrina, “es básico en
todo proceso de ejecución que el mérito ejecutivo del título exista al momento de
interponerse la acción”, dando cuenta, precisamente, que este tipo de juicio
busca materializar dicho cumplimiento indubitado, puesto que “no hay
ejecución sin título” (Romero Seguel, Alejandro (1999). “La sentencia que
causa ejecutoria como título ejecutivo”. En Revista Chilena de Derecho, Vol.
26, p. 189).

Para ello, el legislador ha establecido una serie de actos procesales
que, cumplidos y agotados, permiten materializar la ejecución y que tienen
como elementos de origen lo previsto en los artículos 434 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, esto es, iniciarse sólo a través de
determinados títulos que ostentan fuerza ejecutiva (artículo 434), que
contengan obligaciones actualmente exigibles (artículo 437), líquidas
(artículo 439) y no prescritas (artículo 442). Ello posibilita al Tribunal
competente despachar mandamiento de ejecución y embargo (artículo 441),
de constatarse lo anterior, con determinados requisitos que el legislador
también exige (artículo 443). A su vez, se norman las cuestiones relacionadas
con el embargo (artículos 450 y siguientes), y las excepciones que es posible
oponer por el ejecutado y el régimen probatorio respectivo (artículos 464 y
siguientes).

Luego, en los artículos 479 y siguientes el Código de Procedimiento
Civil regula el procedimiento de apremio, estableciendo su artículo 481 que
“notificada que sea la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes
embargados”, regulando con ello un hito procesal relevante para el
cumplimiento de la obligación. A su turno, el artículo 486 norma la forma en
que se realiza la tasación respectiva conforme las siguientes reglas:

“La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para
los efectos de la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite que
se haga nueva tasación.

En este caso la tasación se practicará por peritos nombrados en la forma
que dispone el artículo 414, haciéndose el nombramiento en la audiencia del
segundo día hábil después de notificada la sentencia sin necesidad de nueva
notificación.

En el caso que la designación de peritos deba hacerla el tribunal, no podrá
recaer en empleados o dependientes a cualquier título del mismo tribunal.

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Puesta en conocimiento de las partes la tasación, tendrán el término de
tres días para impugnarla.”.

Posteriormente, el artículo 487 establece las eventuales
impugnaciones a la tasación y la resolución que puede adoptar el Tribunal
civil competente en tal sentido, pudiendo aprobarla, rectificarla o fijar por sí
mismo el “justiprecio de los bienes”. Con ello, establece el artículo 488 de
dicho Código, y aprobada que es la tasación, se señala día y hora para la
subasta a través de anuncios que son regulados en el artículo 489.

Entre las reglas para realizar la subasta, los artículos 499 y 500 del
Código de Procedimiento Civil establecen diversas hipótesis ante la ausencia
de postores. Por la trascendencia de ambas normas vinculadas al conflicto
constitucional propuesto por la requirente resulta necesario transcribirlas:

“Artículo 499. Si no se presentan postores en el día señalado, podrá el
acreedor solicitar cualesquiera de estas dos cosas, a su elección:

1a. Que se le adjudiquen por los dos tercios de la tasación los bienes
embargados; y

2a. Que se reduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado.
La reducción no podrá exceder de una tercera parte de este avalúo.

Artículo 500. Si puestos a remate los bienes embargados por los dos
tercios del nuevo avalúo, hecho de conformidad al número 2° del artículo
anterior, tampoco se presentan postores, podrá el acreedor pedir cualquiera de
estas tres cosas, a su elección:

1a. Que se le adjudiquen los bienes por los dichos dos tercios;

2a. Que se pongan por tercera vez a remate, por el precio que el tribunal
designe; y

3a. Que se le entreguen en prenda pretoria.

Si la ejecución fuere en moneda extranjera, para hacer uso del derecho
que confiere el número 1° del artículo anterior e igual número del presente
artículo, el ejecutante deberá hacer liquidar su crédito en moneda nacional, al
tipo medio de cambio libre que certifique un Banco de la plaza.”;

9°. Que, por lo expuesto precedentemente, el legislador ha regulado
diversas fases relacionadas con el proceso ejecutivo para el cumplimiento de
una obligación.

Y ello es relevante para examinar la razonabilidad de un conflicto
constitucional que pueda significar, eventualmente, inaplicar una
disposición legal que es parte integrante de una sistemática con que se


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estructura el procedimiento de ejecución civil. Para cumplir con el requisito
de admisibilidad que exigen los artículos 93 inciso undécimo de la
Constitución y 84 N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal,
deben explicarse por el requirente de forma circunstanciada -una vez
sucedidas todas las fases previas de tramitación del juicio que constituye la
gestión pendiente invocada- que no pudo ejercer determinados derechos de
los que le han sido otorgados por la ley procesal como ejecutado y que, al
estar vedadas las vías de impugnación respectivas y eventualmente
enmendables a través de los recursos franqueados por la ley, ello pueda
generar una afectación a sus garantías fundamentales que pueda ser
subsanada mediante la inaplicación requerida ante este Tribunal.

Por lo señalado, de no acreditarse una argumentación en tal sentido y
encontrarse fijada la fecha para realización de una subasta que implica el
agotamiento de diversas etapas o fases previas en que pudo impugnarse la
tasación a partir de la cual el Tribunal competente puede reducir
prudencialmente el avalúo, el requerimiento no puede tenerse por
razonablemente fundado. De no constatarse lo indicado, más bien, el
cuestionamiento se dirigiría a la decisión del sentenciador de ejecución, no
siendo la vía de inaplicabilidad idónea para la eventual enmienda de lo que
pueda ser resuelto en el ámbito de su competencia;

10°. Que, por lo indicado, el requerimiento de inaplicabilidad adolece
de falta de fundamento plausible o razonable, configurándose la causal
prevista en el artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de este Tribunal. No se tiene un conflicto constitucional en que esta
Magistratura pueda resultar competente para un pronunciamiento de fondo
al examinar las alegaciones de la parte requirente en la gestión pendiente
vinculada con los capítulos de inconstitucionalidad propuestos;

11°. Que, por todas las razones precedentes ha de declararse la
inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad deducido.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1.

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Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.464-26-INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 02/04/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 02/04/2026 Fecha: 02/04/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 02/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Héctor Mery Romero y señora
Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 02/04/2026




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