TC Rol 17469

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SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE




Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 52, ténganse por acompañados los antecedentes remitidos.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 27 de marzo de 2026, la I. Municipalidad de Tiltil
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 3 inciso segundo, en la frase “Se presumirá de
derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo
artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las
respectivas remuneraciones a los trabajadores” y 22 inciso sexto, en la frase
“dicho interés se capitalizará mensualmente”, de la Ley N° 17.322, que
establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y
multas de las instituciones de seguridad social; y del artículo 19 inciso
decimotercero, en la frase “el interés que se determine en conformidad a lo
dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará mensualmente”, del D.L. N°
3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones, para que ello
incida en el en el proceso RIT T-49-2025, RUC 25-4-0653990-6, seguido
ante el Juzgado de Letras de Colina.

Derivada la cuenta del requerimiento a la Segunda Sala del
Tribunal, fue acogido a trámite por resolución de 10 de abril de 2026, a
fojas 44, confiriéndose traslado a las demás partes de la gestión invocada
para su pronunciamiento respecto del cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad;

2°. Que, precluido lo anterior, y examinando el requerimiento y sus
antecedentes fundantes, así como la incidencia de las normas
cuestionadas en la gestión pendiente invocada, se verifica el
cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 93 inciso
decimoprimero de la Constitución Política con relación a los artículos 83 y
84 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, para declararlo admisible en la impugnación a los artículos
22 inciso sexto, en la frase “dicho interés se capitalizará mensualmente”, de
la Ley N° 17.322, que establece normas para la cobranza judicial de
cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social, y
19 inciso decimotercero, en la frase “el interés que se determine en



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conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se capitalizará
mensualmente”, del D.L. N° 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema
de pensiones;

3º. Que, respecto al cuestionamiento a la frase “Se presumirá de
derecho que se han efectuado los descuentos a que se refiere ese mismo
artículo, por el solo hecho de haberse pagado total o parcialmente las
respectivas remuneraciones a los trabajadores”, de la Ley N° 17.322, se
constata la causal de falta de fundamento plausible (así, Rol N° 14.790).

En aquella parte, el conflicto que se presenta al conocimiento del
Tribunal carece de fundamento razonable, manteniéndose
argumentaciones ya desvirtuadas al examinar antecedentes análogos al
que nuevamente se invoca por la parte requirente, igualmente
sustentados en la impugnación de disposiciones provenientes de la Ley
N° 17.322 en su artículo 3°;

4°. Que, lo que se está resolviendo no implica dejar de considerar
que en causas anteriores de inaplicabilidad se ha declarado admisible la
impugnación al artículo 3° inciso segundo de la Ley N° 17.322, cuestión
propia del control concreto que supone examinar cada acción de este tipo
en su mérito y diferenciación, en tanto lo previamente decidido no genera
una regla única que imposibilite analizar los nuevos casos que deben ser
conocidos y resueltos.

En este sentido, el criterio o estándar que surge desde el análisis de
admisibilidad a partir de los requisitos previstos en el artículo 93 inciso
primero de la Constitución y en el artículo 84 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal, debe perfilarse en la
concatenación de las alegaciones constitucionales que presenta cada
requirente, el devenir procesal de la gestión pendiente en que se sustenta
la acción de inaplicabilidad respecto de uno o más preceptos legales que
sean incidentes como derecho aplicable y, también, teniendo presente lo
que se falla en los diversos procesos que conoce el Tribunal, decisiones
que no obligan en la resolución de otros y nuevos asuntos, pero posibilita
la construcción de estándares como criterios orientadores para la
decisión y entrega a los justiciables las herramientas necesarias para
estructurar y presentar alegaciones idóneas en derecho en el marco de
sus pretensiones ante la jurisdicción constitucional que ejerce esta
Magistratura.

En ello es relevante no sólo el examen de las sentencias que se
dictan por el Pleno de este Tribunal al resolver en el fondo los diversos


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casos de inaplicabilidad, sino que, con anterioridad a ello, y considerando
la naturaleza jurídica de esta acción que supone un control concreto de
constitucionalidad de la ley con aristas específicas y diferenciadoras en
cada proceso, se releva el rol competencial de sus Salas al examinar el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Al pronunciarse en uno u
otro sentido y a pesar de la distinción de cada proceso, van surgiendo
elementos generalizadores para dotar de contenido a requisitos como la
exigencia de “fundamento plausible” o “razonable” que no han sido
definidos en la Constitución ni en la ley, pero que pueden extraerse desde
la comprensión del objeto de esta acción consagrada en la Carta
Fundamental y, precisamente, la práctica que se desarrolla al producir y
explicitar estándares que identifiquen sus elementos integradores o
pautas que deben ser cumplidas, expresión de la garantía de seguridad
jurídica que se contiene en el artículo 19 N° 26 de la Constitución y el
deber de fundamentación de las decisiones de este Tribunal que emana
de los artículos 8°, 19 N° 3 inciso sexto y 92 incisos sexto y séptimo de la
Constitución, y se desprende con claridad de este último, al derivar a una
ley orgánica constitucional la configuración de “procedimientos” para
accionar en esta sede.

Los requisitos que se contienen en el artículo 84 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional expresan este
cumplimiento y explicitan el deber jurisdiccional de dotarlos de contenido
para su aplicación concreta por las Salas y el Tribunal en Pleno en sus
respectivos ámbitos de competencia;

5°. Que, por ello, los criterios o estándares para resolver la
admisibilidad no sólo deben moldearse para resolver los diversos
procesos de inaplicabilidad y obtener decisiones con una cierta
pretensión de uniformidad, sino que, también, y en necesaria
consecuencia, es necesario advertir cuando éstos son modificados o
precisados. Ello, precisamente, es lo que sucede parcialmente en esta
oportunidad;

6°. Que, la declaración de admisibilidad en procesos anteriores de
inaplicabilidad que guardan similitud con la presente causa, tanto en su
fundamentación constitucional como en la sustanciación de las gestiones
invocadas, fue idónea para conocer y resolver el conflicto que se invocaba
frente a la Constitución, pero de ello no se extrae, sin más, que al
mantenerse una análoga alegación se genere la consecuente declaración
de admisibilidad de nuevos procesos.



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Más bien, de lo examinado en la presentación de la requirente en
su necesaria concatenación con el devenir procesal de la gestión que se
invoca ante el Juzgado de Letras de Colina, se mantiene la invocación a
cuestiones que exceden la competencia constitucional de inaplicabilidad y
que ameritaron rechazar cuestionamientos a estas normas en procesos
previos, como se tiene de las sentencias en causas Roles N° 14.382, N°
14.211, N° 14.428, N° 14.177, N° 14.229, N° 14.439, N° 14.460, entre otras.
Ello necesariamente envuelve la declaración de inadmisibilidad parcial del
requerimiento;

7°. Que, sin embargo, en el cuestionamiento de inaplicabilidad a los
artículos 22 inciso sexto, en la frase “dicho interés se capitalizará
mensualmente”, de la Ley N° 17.322, que establece normas para la
cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de
seguridad social, y 19 inciso decimotercero, en la frase “el interés que se
determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente”, del D.L. N° 3.500, de 1980, que establece
nuevo sistema de pensiones, dicho estándar se cumple por la parte
requirente. Al desarrollarse en su específico cuestionamiento una
cuestión de constitucionalidad concreta que puede incidir en la gestión
pendiente, el conflicto alegado amerita un pronunciamiento de fondo por
el Pleno del Tribunal para ser resuelto en definitiva y posibilita realizar
una distinción en lo resolutivo de esta decisión.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93 incisos
primero, Nº 6º, y decimoprimero, de la Constitución Política y en los
artículos 83, 84 y demás disposiciones pertinentes de la Ley Nº 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,




SE RESUELVE:



1. Que se declara admisible el requerimiento deducido a fojas 1
respecto de la impugnación a los artículos 22 inciso sexto, en la
frase “dicho interés se capitalizará mensualmente”, de la Ley N°
17.322, que establece normas para la cobranza judicial de



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cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad
social, y 19 inciso decimotercero, en la frase “el interés que se
determine en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores se
capitalizará mensualmente”, del D.L. N° 3.500, de 1980, que
establece nuevo sistema de pensiones, e inadmisible en lo demás.
En consecuencia, modifíquese la carátula del expediente digital de
estos autos.

2. Que se mantiene la suspensión del procedimiento decretada por
resolución de 10 de abril de 2026, a fojas 44.

3. Notifíquese la presente resolución a todas las partes de la gestión
judicial en que incide el requerimiento deducido, confiriéndoles un
plazo de veinte días para que formulen observaciones y presenten
antecedentes.

4. Póngase el requerimiento en conocimiento de S.E el Presidente
de la República, del H. Senado y de la H. Cámara de Diputadas y
Diputados, enviándoles copia del mismo y de la presente
resolución, confiriéndoles un plazo de veinte días para formular
observaciones y presentar antecedentes.



Notifíquese. Comuníquese.

Rol N° 17.469-26-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 11/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 11/05/2026




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