TC Rol 17472

Texto completo

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SETECIENTOS SESENTA Y DOS


Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 62 y 100, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 708, a lo principal: téngase por evacuado traslado; al primer
otrosí: téngase por acompañado; al segundo otrosí: como se pide.

A fojas 758, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Andrés Guzmán Devoto acciona de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del inciso primero del artículo 486 del Código
de Procedimiento Civil, para que ello incida en la causa Rol C-16.806-2023,
caratulada “Banco de Crédito e Inversiones con Guzmán Devoto y otra”,
seguida ante el Séptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago;

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura;

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir las causales de inadmisibilidad previstas en
los numerales 5° y 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. Por una parte, el precepto legal
impugnado no resulta decisivo para la resolución del asunto ventilado en
la gestión judicial pendiente y, por otra, el requerimiento no ha
estructurado argumentativamente de manera plausible un conflicto
constitucional vinculado con el caso concreto;

4°. Que la gestión invocada corresponde al juicio ejecutivo seguido
por el Banco de Crédito e Inversiones en contra del requirente y de doña
Magdalena Rivadeneira Ruiz Tagle ante el 7° Juzgado Civil de Santiago. En
el marco de dicho proceso, el tribunal despachó mandamiento de
ejecución y embargo, se opusieron excepciones por los ejecutados, estas
fueron rechazadas y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

Según se lee de las piezas del expediente remitidas, en la etapa de
apremio, el ejecutante solicitó que se tuviera como tasación del inmueble
embargado el avalúo fiscal vigente, en conformidad con el inciso primero
del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. Seguidamente, el
requirente objetó dicha tasación y solicitó la designación de perito para
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SETECIENTOS SESENTA Y TRES


practicar una nueva, ejerciendo así el mecanismo correctivo que el propio
precepto impugnado contempla en su inciso segundo. Sin embargo, por
resolución de 8 de abril de 2025, el tribunal tuvo al requirente por desistido
de la diligencia pericial, al haber incurrido en el apercibimiento decretado
conforme al inciso final del artículo 411 del mismo Código, por no haber
consignado los honorarios del perito designado.

Con posterioridad, por resolución de 23 de febrero de 2026, el
tribunal tuvo por actualizado el mínimo de la subasta en la suma de
$124.692.942, correspondiente al avalúo fiscal vigente para el primer
semestre del año 2026. Deducida reposición con apelación subsidiaria por
el requirente, la reposición fue rechazada y la apelación concedida en el
solo efecto devolutivo por resolución de 5 de marzo de 2026,
encontrándose el remate del inmueble fijado para el día 22 de abril de
2026.

El requerimiento de autos fue admitido a tramitación con fecha 16
de abril de 2026, según consta a fojas 53;

5°. Que el requirente sostiene que la aplicación del inciso primero
del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto permite que
el mínimo económico de la subasta del inmueble embargado quede
determinado sobre la base de su avalúo fiscal, vulnera los artículos 19 N°s
3 inciso sexto y 24 de la Constitución Política, por cuanto habilita una
realización patrimonial forzada sobre un parámetro de naturaleza
tributaria que no expresa razonablemente el valor económico real del bien,
produciendo una afectación desproporcionada del derecho de propiedad
del ejecutado y una distorsión en la racionalidad y justicia del
procedimiento ejecutivo;

6°. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 inciso
undécimo de la Constitución y en el artículo 84 numeral 5° de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se exigen diversos
elementos que, concatenados, permiten constatar si la impugnación es
decisiva para resolver el asunto, los que se expresan en que, con la
aplicación de la norma invocada, eventualmente, el sentenciador fallará el
asunto y con ello se producirá el resultado contrario a la Constitución. La
declaración de inaplicabilidad permite evitar dicho resultado no buscado
por el Constituyente;

7°. Que, del examen del requerimiento y de los antecedentes de la
gestión pendiente, esta Sala advierte que el precepto impugnado ya
desplegó sus efectos en la causa en los términos en que resulta relevante
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SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO


para la controversia que el requirente somete a esta Magistratura. En
efecto, el inciso primero del artículo 486 del Código de Procedimiento Civil
fue aplicado para determinar el mínimo de la subasta del inmueble
embargado, y dicha determinación se encuentra procesalmente
consolidada como consecuencia de que el propio requirente, habiendo
ejercido oportunamente el mecanismo correctivo que el inciso segundo del
mismo precepto contempla, fue tenido por desistido de la diligencia
pericial por resolución de 8 de abril de 2025, al no haber consignado los
honorarios del perito en la oportunidad correspondiente;

8°. Que, en tales condiciones, una eventual declaración de
inaplicabilidad del inciso primero del artículo 486 del Código de
Procedimiento Civil no alteraría el resultado de la gestión pendiente, desde
que el mínimo de subasta ha quedado fijado conforme al avalúo fiscal en
virtud de una situación procesal consolidada que no depende de una
aplicación futura del precepto, sino de actuaciones ya cumplidas en el
proceso. La decisión que en definitiva recaiga sobre el remate del inmueble
no dependerá, por tanto, de la aplicación del precepto impugnado en los
términos planteados por el requirente. Se configura, de esta manera, la
causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley
N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.

Lo anterior no se desvirtúa por la circunstancia de que la subasta no
se haya verificado, desde que la subsistencia del acto de realización
pendiente no suple la ausencia de decisividad del precepto cuando el
parámetro cuestionado quedó determinado en virtud de la conducta
procesal del propio requirente y no como consecuencia necesaria e
inevitable de la norma impugnada;

9°. Que, a mayor abundamiento, las alegaciones desarrolladas por el
requirente para fundar el conflicto constitucional adolecen igualmente de
falta de fundamento plausible en los términos del artículo 84 N° 6 de la Ley
N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura. El requerimiento
construye su argumentación sobre la base de que el inciso primero del
artículo 486 del Código de Procedimiento Civil impone al ejecutado, de
manera ineludible, el avalúo fiscal como único parámetro de realización
patrimonial forzada, sin posibilidad de corrección. Sin embargo, dicha
premisa no da cuenta de las particularidades procesales del caso sub lite,
toda vez que el mismo precepto impugnado contempla en su inciso
segundo un mecanismo de corrección mediante tasación pericial, del que
el requirente hizo uso al objetar la tasación y solicitar la designación de
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SETECIENTOS SESENTA Y CINCO


perito, para luego ser tenido por desistido de dicha diligencia al no
consignar los honorarios correspondientes;

10°. Que, al omitir esta circunstancia procesal relevante, el
requerimiento no logra configurar plausiblemente un conflicto de orden
constitucional propio de una acción de inaplicabilidad. La argumentación
formulada no se estructura en torno a que sea el precepto legal
impugnado el que produce el resultado que la requirente estima contrario
a la Constitución, sino que más bien, guarda relación con la conducta
procesal de aquel en el marco del procedimiento establecido por la norma.
En estas condiciones, el libelo carece de la coherencia argumentativa
mínima para configurar una controversia constitucional plausible vinculada
al caso concreto, y las alegaciones relativas a la vulneración de los artículos
19 N°s 3 inciso sexto y 24 de la Constitución no pueden entenderse
referidas al precepto impugnado en los términos en que este fue
efectivamente aplicado en la gestión pendiente. Como ha señalado esta
Magistratura, la acción de inaplicabilidad no es idónea para buscar la
enmienda o revocar lo resuelto por un tribunal en ejercicio de sus
competencias, en tanto no constituye una instancia para revisar decisiones
judiciales (entre otras, causas Roles N°s 493, 2465, 14.945, 15.021, 15.079,
15.084 y 15.936);

11°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, y en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución Política,
configurándose asimismo la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de dicho cuerpo legal, en cuanto el déficit
argumentativo del que adolece el requerimiento no permite constatar un
conflicto constitucional argüido en términos claros, precisos y detallados
de modo tal que permita la comprensión de la contrariedad a la
Constitución que significaría la aplicación de la norma cuestionada en el
caso concreto.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N°s 5 y 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA: inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1. Álcese la suspensión decretada en autos.
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SETECIENTOS SESENTA Y SEIS




Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.472-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 11/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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