TC Rol 17477

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CIENTO SETENTA Y SIETE




Santiago, catorce de abril de dos mil veintiséis



A fojas 170 y 174, a todo, estese a lo que se resolverá.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 31 de marzo de 2026 la Caja de Ahorros de
Empleados Públicos deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 273 N° 3 y 277 del Código
de Procedimiento Civil, en la causa Rol C-14.755-2025, seguida ante el 11°
Juzgado Civil de Santiago, caratulada “Consultoría y Servicios
Profesionales Bcoord Limitada con Caja de Ahorros de Empleados
Públicos”, y en el recurso de apelación concedido en el solo efecto
devolutivo actualmente en tramitación ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago bajo el ingreso N° 5865-2026.
2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura.
3°. Que, examinado el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, esto es, adolecer de falta de
fundamento plausible.
4°. Que, la gestión judicial en que incide el requerimiento de autos
corresponde a una medida prejudicial preparatoria de exhibición de
documentos, promovida por Consultoría y Servicios Profesionales
Bcoord Limitada en contra de la requirente, al amparo del artículo 273 N°
3 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal de instancia acogió la
solicitud mediante resolución de 11 de diciembre de 2025, ordenando la
exhibición de los documentos singularizados en los literales A, B, C, D, E,
F, G y H de la presentación de la solicitante.
5°. Que, con fecha 9 de marzo de 2026, la requirente interpuso
recurso de reposición con apelación subsidiaria y, en subsidio, incidente
de oposición a la exhibición de documentos. En dicho escrito,
argumentó, entre otras razones, la improcedencia de la medida por falta
de necesidad procesal, la inconexión entre la acción anunciada y los




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documentos solicitados, la vaguedad e indeterminación de las categorías
documentales requeridas y la vulneración de garantías constitucionales.
6°. Que, en audiencia celebrada el 10 de marzo de 2026, el juez
titular del 11° Juzgado Civil de Santiago rechazó el recurso de reposición,
concedió la apelación subsidiaria en el solo efecto devolutivo y,
pronunciándose sobre el incidente de oposición, lo acogió parcialmente,
excluyendo de la exhibición los documentos comprendidos en los
literales C, D y E por estimar que no satisfacían un estándar de
determinación y suficiencia, manteniendo en cambio la orden de
exhibición respecto de los literales A, B, F, G y H.
7°. Que, la requirente sostiene en su libelo que la aplicación
conjunta de los artículos 273 N° 3 y 277 del Código de Procedimiento
Civil al caso concreto vulnera las garantías del debido proceso (artículo
19 N° 3), la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), la igual protección de la
ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N° 3 inciso primero) y la
garantía del artículo 19 N° 26 de la Constitución Política.
8°. Que, en lo nuclear, la requirente argumenta que el artículo 273
N° 3 del CPC carece de un estándar de especificidad para la
individualización de los documentos cuya exhibición se solicita,
permitiendo que en el caso concreto se haya decretado una exhibición
sobre categorías indeterminadas, y que el artículo 277 del Código de
Procedimiento Civil impone una sanción de pérdida del derecho a hacer
valer los documentos no exhibidos que, proyectada sobre dicho universo
indeterminado, resulta desproporcionada y lesiva del derecho a la
prueba.
9°. Que, el análisis que debe efectuar esta Sala en sede de
admisibilidad implica verificar no sólo que se ha cumplido con los
requisitos formales de existencia de gestión pendiente e impugnación de
persona legitimada respecto de un precepto de rango legal, sino
también que la normativa cuestionada será decisiva para resolver el
asunto y que ello, como un todo, constituye un conflicto constitucional
concreto que amerita su resolución final por el Pleno del Tribunal
Constitucional. Como ha resuelto esta Magistratura, “el análisis de la Sala
se efectúa caso a caso, conforme las características y alegaciones que se
formulan no sólo en el libelo de inaplicabilidad, sino que, también, de la
concatenación de éstas con lo que la parte refiere, argumenta y pide en
la gestión pendiente” (Rol N° 13.903, c. 12°).
10°. Que, examinado el requerimiento de autos, se advierte que el
pretendido conflicto constitucional no ha sido estructurado


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argumentativamente en términos plausibles conforme al estándar fijado
en la normativa orgánica que rige a esta Magistratura constitucional.
En primer lugar, la requirente dirige su impugnación contra el
artículo 273 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que
carece de un estándar de especificidad que permita delimitar los
documentos cuya exhibición puede ordenarse. Sin embargo, de los
antecedentes acompañados por la propia requirente se desprende que
el tribunal de instancia, en aplicación de dicha norma, ejerció un control
concreto de determinación y suficiencia, acogiendo parcialmente el
incidente de oposición y excluyendo de la exhibición los literales C, D y E
por estimar que no satisfacían el estándar exigible. Este hecho permite
comprender que las alegaciones relativas a la pertinencia, especificidad y
suficiencia de los documentos cuya exhibición se solicita fueron
planteadas y discutidas en el caso concreto, existiendo una ponderación
judicial al respecto que culminó con la exclusión parcial de aquellos
literales que el tribunal estimó insuficientemente determinados.
11°. Que, desde lo anterior, más que una impugnación directa de
la preceptiva antes identificada, subyace al libelo un cuestionamiento a la
decisión del tribunal de instancia de no extender dicha exclusión a los
literales A, B, F, G y H. Esta es una discrepancia sobre la intensidad o
corrección del control de especificidad ejercido por el juez, esto es, una
cuestión de legalidad que corresponde ser resuelta por los tribunales del
fondo en el marco de sus facultades de dirección del proceso y control
probatorio, y no mediante la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.
12°. Que, en segundo lugar, la impugnación del artículo 277 del
Código de Procedimiento Civil es derivada de la premisa anterior. La
supuesta inconstitucionalidad de la sanción de preclusión probatoria
depende de que la exhibición decretada sea efectivamente
indeterminada. Sin embargo, como se ha señalado, el tribunal de
instancia ya ejerció un control de especificidad excluyendo aquellos
documentos que calificó como insuficientemente determinados, y la
requirente tiene abierta la vía de apelación para impugnar la decisión de
mantener los restantes literales. El artículo 277, por sí mismo, no genera
la vulneración alegada pues esta sólo se produciría, en la hipótesis de la
requirente, como consecuencia de una interpretación judicial que la
requirente estima incorrecta.
13°. Que, debe considerarse en este sentido que la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no constituye una instancia para


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revisar la corrección de las decisiones judiciales que interpretan y aplican
la ley, ni para sustituir al juez del fondo en la ponderación de
circunstancias fácticas como la especificidad, pertinencia o
proporcionalidad de una medida prejudicial preparatoria. Como ha
resuelto esta Magistratura, la acción de inaplicabilidad “no busca corregir
los eventuales errores interpretativos o de ponderación que pudiera
adoptar el juez del fondo en la forma en que aplica la ley, propios de la
legalidad, en tanto la ejercida en la presente causa no constituye una
instancia para revisar decisiones judiciales” (Rol N° 16.390-25 INA, c. 8°).
14°. Que, a mayor abundamiento, la requirente ha deducido ante
los tribunales ordinarios los recursos procesales que el ordenamiento
jurídico contempla para impugnar la decisión que le causa agravio,
obteniendo un pronunciamiento parcialmente favorable (exclusión de los
literales C, D y E). La apelación ha sido concedida y se encuentra
actualmente pendiente de resolución ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago. Es en dicha instancia donde corresponde que la
requirente ventile sus alegaciones sobre la incorrecta aplicación del
artículo 273 N° 3 y sobre la desproporción de mantener la exhibición
respecto de los literales A, B, F, G y H. Pretender que esta Magistratura,
vía acción de inaplicabilidad, revise el mérito de dicha decisión constituye
un uso impropio de esta acción constitucional.
15°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de
falta de fundamento plausible, al no estructurar un conflicto
constitucional concreto, claro y preciso. Lo que la requirente plantea es,
en esencia, una cuestión de legalidad procesal relativa al ejercicio de las
facultades del tribunal sustanciador para determinar la especificidad,
pertinencia y alcance de una medida prejudicial preparatoria de
exhibición de documentos, así como de la consecuente aplicación de la
sanción prevista en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.
Estas materias deben ser resueltas por los jueces del fondo en el
ejercicio de sus competencias, no siendo la acción de inaplicabilidad la
vía idónea para corregir o revisar las decisiones judiciales adoptadas en
dicha esfera.
16°. Que, concurre en la especie, por tanto, la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, y así será declarado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en


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los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.477-26-INA.




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Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida
Fecha: 15/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 14/04/2026 Fecha: 14/04/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 14/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Marcela Inés
Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 15/04/2026




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