TC Rol 17482

Texto completo

0003349
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE



Santiago, seis de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 104, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 3331, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer, segundo y tercer otrosíes, téngase presente.

A fojas 3345, estese a lo que se resolverá.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que con fecha 2 de abril de 2026, Asesorías e Inversiones Sartor
S.A. requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 19 de la Ley N° 20.712, para que ello incida en el
proceso Rol N° 853-2024 (acumulado 3-2025) (Contencioso Administrativo),
seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en conocimiento de la
Excma. Corte Suprema bajo el Rol N° 53.811-2025;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional dispuso la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a tramitación
por resolución de 10 de abril de 2026, a fojas 94, confiriéndose traslado a las
demás partes de la gestión invocada para examinar el cumplimiento de sus
requisitos de admisibilidad. En tal mérito, rola presentación del Consejo de
Defensa del Estado, a fojas 3331, instando por la inadmisibilidad del libelo
de fojas 1;

3°. Que, precluido lo anterior y luego de examinar sus antecedentes,
desde ya se tiene la concurrencia de la causal prevista en el artículo 84 N° 6
de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. El requerimiento
carece de fundamento plausible o razonable en los términos en que ha sido
presentado para iniciar un contradictorio de inaplicabilidad de la ley;

4°. Que, el requirente expone que es accionista mayoritario de Sartor
Administradora General de Fondos S.A., entidad respecto de la cual la
Comisión para el Mercado Financiero dictó la Res. Ex. N° 12.118, de 20 de
diciembre de 2024, mediante la cual revocó su autorización de existencia y
ordenó su liquidación, con fundamento en el artículo 19 de la Ley N° 20.712.
Indica que dicha decisión fue adoptada sin previo procedimiento
administrativo sancionador, otorgándose un plazo de dos días para formular
observaciones mediante Ord. N° 167.462 de 16 de diciembre de 2024. Señala
que en contra de dicha resolución administrativa se interpusieron reclamos
de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, los que fueron
rechazados por sentencia de 11 de noviembre de 2025. Luego, en contra de

1
0003350
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA



dicha sentencia interpuso recursos de apelación para ante la Excma. Corte
Suprema;

5°. Que, al fundar el conflicto que supone la aplicación en dicha
gestión del artículo 19 de la Ley N° 20.712, argumenta que en el caso
concreto vulnera la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 19
N° 3 de la Constitución, por cuanto habilitó la imposición de una medida de
máxima gravedad, como es la revocación de la autorización de existencia y
la liquidación inmediata, sin que mediara un procedimiento administrativo
previo con las garantías de un racional y justo procedimiento. Refiere que no
existió formulación de cargos, no se abrió término probatorio, se
concedieron solo dos días para responder, y el Consejo de la CMF resolvió de
inmediato la revocación. Así, expone que la aplicación del precepto
impugnado permitió prescindir de toda comunicación de los hechos
investigados, de formulación formal de cargos, y de una etapa probatoria,
transgrediéndose con ello el núcleo esencial en los términos del artículo 19
N° 3 de la Constitución;

6°. Que, adicionalmente, precisa que la aplicación del artículo 19 de la
Ley N° 20.712 vulnera el principio de igualdad ante la ley consagrado en el
artículo 19 N° 2 de la Constitución, por cuanto le somete, por la sola
circunstancia de ser una administradora general de fondos, a un régimen
más gravoso que el previsto para el resto de los actores del mercado
financiero. Así, anota que mientras respecto de bancos, aseguradoras,
sociedades anónimas abiertas, corredores y demás entidades reguladas del
mercado financiero la revocación de la autorización de existencia sólo puede
imponerse como sanción administrativa previa tramitación de un
procedimiento administrativo sancionatorio completo conforme al Título IV
de la Ley N° 21.000, tratándose de administradoras de fondos la aplicación
del artículo 19 de la Ley N° 20.712 permite revocar de inmediato la
autorización de existencia y disponer la liquidación sin procedimiento
administrativo de contradicción efectiva y plena. Agrega que la historia de la
Ley N° 20.712 no expresa cuáles serían los motivos concretos que
justificarían someter únicamente a las administradoras de fondos a este
estatuto excepcional, configurándose así una diferencia de trato que carece
de fundamento razonable y resulta desproporcionada;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento y
resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del requirente, es que




2
0003351
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO



debe ser declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o
razonable;

8°. Que, para razonar lo anterior se debe seguir lo que el Tribunal ha
resuelto al examinar el alcance de la exigencia de fundamento plausible o
razonable para el ejercicio de una acción constitucional de esta naturaleza.
La fundamentación razonable supone una condición que implica, como
exigencia básica, la aptitud del o de los preceptos legales objetados para
contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser
expuesto circunstanciadamente. Por lo mismo, ha asentado el Tribunal en
veinte años de jurisprudencia de inaplicabilidad, desde 2006, que la
explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas,
sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la
acción ejercitada.

De esta forma, el requerimiento no sólo debe señalar con precisión y
suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y cuáles son los preceptos
constitucionales que podrían verse transgredidos de ser aplicada la norma
legal impugnada; además, debe identificarse de manera clara, delimitada y
específica, la forma en que se podría producir la contradicción constitucional
en el asunto concreto que se discute en el proceso judicial (criterio asentado
a partir de roles N°s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 494);

9°. Que, la especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad
establecida en la Constitución la configura como un instrumento de
eliminación o supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de
reformulación de la normativa aplicable a una materia como la que ocurre
en la gestión invocada. Unido a lo anterior, y considerando el carácter
concreto de control constitucional de la ley, las alegaciones de la parte
requirente deben ser analizadas con relación a las peticiones y
argumentaciones entregadas en la gestión pendiente con que se vincula el
requerimiento presentado, lo que es expresión de la naturaleza jurídica de
una acción de control concreto de constitucionalidad de la ley (Rol N° 12.281-
21, c. 7°). En este sentido, la inaplicabilidad no permite transgredir la
distribución de competencias entre el Poder Judicial y este Tribunal, de que
dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto constitucional (Rol N° 15.036);

10°. Que, examinado el requerimiento siguiendo los criterios
desarrollados por este Tribunal, se constata que el conflicto sometido al
conocimiento de esta Magistratura no es, en su núcleo esencial, uno de
constitucionalidad concreta de la ley, sino un asunto propio de legalidad
relativo a la interpretación y aplicación del artículo 19 de la Ley N° 20.712 en
el contexto de las potestades de fiscalización y sanción de la Comisión para


3
0003352
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS



el Mercado Financiero. La argumentación del requirente no se dirige a
demostrar que el contenido normativo del precepto, esto es, la facultad de
revocar la autorización de existencia de una administradora en casos de
infracción grave o administración manifiestamente negligente, sea
incompatible con la Constitución. Más bien, lo alegado reside en la premisa
de que la aplicación concreta de dicho precepto por la autoridad
administrativa vulneró garantías constitucionales al no haberse sustanciado
un procedimiento administrativo previo que asegurara el debido proceso;

11°. Que, ese planteamiento del requerimiento no constituye una
impugnación de la aptitud del precepto para contrariar la Constitución; en
contrario, es una controversia sobre el alcance y los requisitos de aplicación
de la norma con relación a las garantías del debido proceso administrativo y
el principio de igualdad. En efecto, el artículo 19 de la Ley N° 20.712 no
establece expresamente que la revocación de la autorización de existencia
pueda adoptarse sin procedimiento administrativo previo, ni tampoco
dispone que deba prescindirse de las garantías básicas de defensa,
formulación de cargos o término probatorio. La determinación de si la
aplicación de dicho precepto por la autoridad administrativa en las
circunstancias del caso concreto, esto es, mediante Res. Ex. N° 12.118,
precedida únicamente por un oficio que otorgó dos días para formular
observaciones, resulta ajustada a derecho y compatible con las exigencias
constitucionales del debido proceso, corresponde precisamente al ámbito
de control jurisdiccional que ejerce la Excma. Corte Suprema al conocer del
recurso de apelación interpuesto e invocado como gestión para accionar de
inaplicabilidad en la presente causa;

12°. Que, en este sentido, lo que el requirente impugna en definitiva
no es el artículo 19 de la Ley N° 20.712 en su contradictoriedad concreta
frente a la Constitución; antes, busca controvertir la interpretación y
aplicación que de aquella disposición efectuó la Comisión para el Mercado
Financiero, confirmada por la sentencia de la Corte de Apelaciones de
Santiago, en cuanto a que dicha norma habilitaría la revocación de la
autorización de existencia sin necesidad de sustanciar previamente un
procedimiento administrativo sancionatorio con todas las garantías del
debido proceso. Así, el requirente solicita que este Tribunal declare
inaplicable el precepto para impedir que la Excma. Corte Suprema valide esa
interpretación y, consecuencialmente, confirme la decisión administrativa
impugnada. Sin embargo, la determinación del sentido y alcance del artículo
19 de la Ley N° 20.712, en particular, si su aplicación exige o no la
sustanciación previa de un procedimiento administrativo reglado, y si la
ausencia de tal procedimiento en el caso concreto vicia de ilegalidad la Res.

4
0003353
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES



Ex. N° 12.118, es el tipo de cuestión que corresponde resolver a los jueces
del fondo en ejercicio de su competencia para determinar el derecho
aplicable a la gestión pendiente.

Esa labor interpretativa y de control de juridicidad del acto
administrativo es propia de la judicatura ordinaria y no puede ser sustituida
por este Tribunal a través de la acción de inaplicabilidad;

13°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar plausiblemente
una cuestión de inaplicabilidad. Esta acción constitucional no es idónea para
buscar la enmienda o revocar lo que será resuelto por el tribunal de alzada
en ejercicio de sus competencias para determinar el sentido y alcance de los
preceptos legales aplicables al caso y, en particular, para controlar la
juridicidad de la actuación administrativa impugnada. Como fue resuelto en
causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales errores
interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en que
aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente causa
no constituye una instancia para revisar decisiones judiciales. Un asunto de
mera legalidad, como el desarrollado en el requerimiento de fojas 1, ha de
resolverse en el marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa
interpretación, efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar en todo caso
de acuerdo con la Constitución, imperativo que surge desde el artículo 6° de
la Carta Fundamental (STC Rol N° 5418-18, c. 33°);

14°. Que, si bien, lo ha advertido la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es
factible que una determinada interpretación adoptada por un tribunal
pueda generar efectos inconstitucionales, activándose la competencia de
inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está habilitada para la
corrección de errores interpretativos si, de existir, se han habilitado por el
legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones. En
contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por este
Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la dotaría
de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde efectuar
en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones de otros
poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan resultar derecho
aplicable en la resolución de una concreta gestión, siendo en definitiva un
control de carácter normativo;

15°. Que, por todo lo expuesto, el requerimiento deducido a fojas 1 no
cuenta con fundamento plausible o razonable para sortear el requisito que
ha previsto el legislador orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su



5
0003354
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO



artículo 84 N° 6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto
por la judicatura competente, y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Acordada con el voto en contra del Ministro señor Héctor Mery
Romero, quien estuvo por declarar la admisibilidad del requerimiento, al
no estimar la concurrencia de ninguna de las causales previstas en el
artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, con
relación a lo establecido en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución.
Por ello, estima que el conflicto constitucional desarrollado en el
requerimiento debe ser conocido por el Pleno del Tribunal para resolver la
competencia de inaplicabilidad que ha sido ejercida.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.482-26-INA.




6
0003355
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 06/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 06/05/2026 Fecha: 06/05/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




B76D502D-04D5-41A1-856E-F023BF23DC93
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.