TC Rol 17486

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CIENTO VEINTIOCHO




Santiago, veintiuno de abril de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 5 de abril de 2026, Daniel Ivo Amadei Requena
dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 369 quáter del Código Penal en la causa Ruc N°
2210057583-7, Rit N° 97-2025, del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Santiago, actualmente en conocimiento de la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Santiago, bajo el Ingreso Corte Penal N° 529-2026.
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura.
3°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción deducida no puede
prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura. El requerimiento no cumple con un esencial requisito en
sede de admisibilidad en torno a presentar y argumentar de forma
plausible un conflicto constitucional.
4°. Que la gestión pendiente en que incide el presente
requerimiento corresponde a un proceso penal seguido ante el Quinto
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en el que el requirente
fue condenado, por sentencia de fecha 22 de diciembre de 2025, por el
delito de abuso sexual de menor de catorce años, reiterado, previsto y
sancionado en el artículo 366 bis en relación con el artículo 366 ter,
ambos del Código Penal. En contra de dicha sentencia, la defensa del
requirente dedujo recurso de nulidad ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago, que actualmente se encuentra en tramitación
bajo el Ingreso Corte Penal N° 529-2026, constituyendo éste la gestión
pendiente en que incide el presente requerimiento.
5°. Que la norma impugnada corresponde al artículo 369 quáter
del Código Penal, en su texto vigente al momento de la comisión de los
hechos, en virtud de la cual ha de computarse el inicio del plazo de
prescripción de delitos sexuales cometidos en contra de menores de
edad una vez que la víctima alcanza la mayoría de edad. Dicha
disposición fue aplicada por el tribunal sustanciador para rechazar la
alegación de prescripción de la acción penal planteada por la defensa del
requirente, considerando que los hechos imputados habrían ocurrido


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entre los años 2012 y 2017, siendo la víctima menor de edad, habiéndose
formalizado investigación sólo el año 2023.
6°. Que el requirente sostiene que la aplicación de la disposición
legal referida vulnera los artículos 1° y 19, numerales 2° y 3°, de la
Constitución Política de la República, así como los artículos 1.1 y 24 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 2.1 y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En lo nuclear, el libelo
plantea primeramente que la norma impugnada establece una
diferencia de trato arbitraria e injustificada respecto de otros delitos de
igual o mayor gravedad, como los delitos contra la vida e integridad
corporal, que sí admiten prescripción bajo las reglas generales de
punición, aun cuando la víctima sea un menor de edad. En segundo
lugar, afirma que dicha restricción limita severamente la capacidad del
tribunal para actuar conforme a las exigencias de un procedimiento
racional y justo, vulnerando el artículo 19 N° 3 de la Constitución.

7°. Que como fuera resuelto en Rol N° 13.903-22-INA, c. 12°,
siguiendo lo ya resuelto en Rol N° 8.728, c. 13°, “el análisis de la Sala se
efectúa caso a caso, conforme las características y alegaciones que se
formulan no sólo en el libelo de inaplicabilidad, sino que, también, de la
concatenación de éstas con lo que la parte refiere, argumenta y pide en la
gestión pendiente”. Para satisfacer el estándar de fundamento plausible,
requisito previsto por el texto constitucional y desarrollado por
legislador orgánico constitucional, para que el requerimiento supere el
estándar de admisibilidad, ha de argüirse una contradicción directa,
clara y precisa del precepto legal eventualmente aplicable a un caso
concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la alegación de mera
legalidad o que las problemáticas que presente la requirente sean
corregidas por las vías recursivas, puesto que el parámetro de contraste
es la Constitución y no la ley, dado que el requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad busca garantizar la supremacía
constitucional (Rol N° 13.904, c. 6).

8°. Que, en la especie, según se ha expuesto previamente, el
requirente arguye un conflicto que descansa en una diferencia de trato
arbitraria ante una regla especial de prescripción en circunstancias de
que otros delitos de igual o mayor gravedad sí admiten la extinción de la
responsabilidad penal por esa vía. La cuestión constitucional reside
entonces en determinar la existencia de una transgresión del legislador
al establecer una regla punitiva diferenciada para extinción de la



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responsabilidad penal para delitos sexuales cometidos contra menores
de edad.
9°. Que, a esta Magistratura Constitucional no corresponde la
valoración de las decisiones de política criminal adoptadas por el
legislador, a menos que tales decisiones violenten estándares
constitucionales en la gestión sub lite, atendida la naturaleza jurídica
propia de la inaplicabilidad (Rol N° 626-06-INA, cc. 8°, 9° y 10°).
Únicamente, al tenor del artículo 84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, corresponde verificar en sede
de admisibilidad si se ha estructurado argumentativamente un conflicto
constitucional desde el caso concreto en relación con la disposición
normativa cuestionada.
Lo anterior no ocurre en autos. El libelo construye su reproche de
inconstitucionalidad comparando el régimen de prescripción de los
delitos sexuales con el de otros tipos penales para afirmar que existe un
trato diferenciado arbitrario. Sin embargo, omite explicar por qué esos
delitos constituyen términos de comparación aptos para sustentar sus
alegaciones, sin adentrarse tampoco en eventuales razones para
efectuar una distinción basada en la naturaleza del bien jurídico
protegido, relacionada con la indemnidad sexual de menores de edad.
Del libelo únicamente se extraen deliberaciones desde un plano
abstracto, usando como baremo otros delitos de la legislación nacional,
fuera del contexto específico de la imputación penal efectuada en su
contra (Rol N° 13.903-22-INA, c. 14°).
10°. Que, debe considerarse asimismo que el requerimiento no
desarrolla el conflicto constitucional en relación con las particularidades
del caso concreto, sino que despliega consideraciones generales sobre
los fundamentos doctrinarios de la prescripción, tales como los
principios de humanidad, de olvido y seguridad jurídica, sin vincular esas
categorías con las circunstancias específicas de la imputación en su
contra, relacionadas con hechos acaecidos entre 2012 y 2017 contra una
víctima menor de edad.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Magistratura ha
identificado como una manifestación de falta de fundamento plausible
aquella en que el requerimiento no explicita la forma cómo la aplicación
del precepto legal objetado produce la infracción constitucional que se
denuncia, apareciendo en cambio como “una impugnación genérica y
abstracta” de la normativa cuestionada (STC roles N°s 1.956, 2.127, 2.297,
2.298, 2.311, 2.339 y 2.421, entre otras). Como se precisó en causa Rol N°


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2.315, es carga del requirente formular objeciones que liguen con
claridad el vicio que se alega con los hechos de la causa, exigencia que
no se satisface en el libelo de autos. Esta omisión constata la ausencia de
un conflicto constitucional claro, preciso y detallado, de modo tal que
permita la comprensión de la contrariedad a la Constitución que
significaría la aplicación de la norma cuestionada (Roles N°s 7.970-20-
INA, cc. 8° y 9°; y más recientemente en 13.620-22-INA, c. 20°).
11°. Que refuerza lo ya expuesto una omisión argumentativa de
relevancia en el libelo. El requirente construye un conflicto constitucional
obviando que la propia Constitución Política contiene disposiciones que
otorgan cobertura normativa a la opción legislativa impugnada y que
condicionan los términos en los cuales ha de comprenderse el conflicto
constitucional que se pretende.
En este sentido, el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental
asegura a todas las personas el derecho a la integridad física y psíquica,
bien jurídico que en el caso de víctimas de delitos sexuales menores de
edad se ve afectado de manera especialmente intensa. A su vez, el
artículo 19 N° 3 inciso cuarto de la Constitución reconoce expresamente
el derecho de las víctimas de delitos a ejercer la acción penal y ordena al
legislador arbitrar los medios para garantizarles su ejercicio efectivo, lo
que supone reconocer que dicho ejercicio puede requerir condiciones
especiales atendida la situación de la víctima. Finalmente, el artículo 83
de la Carta Fundamental confiere al Ministerio Público un mandato
constitucional expreso de protección de las víctimas, que no es ajeno al
diseño legislativo del régimen de prescripción cuando la víctima es un
menor que durante años no está en condiciones reales de denunciar.
El requirente no menciona ninguno de estos preceptos, ni intenta
explicar por qué la tensión entre la garantía invocada en su favor y la
protección constitucional de la víctima menor de edad debería resolverse
en su favor en el caso concreto. Esa ponderación constituye
precisamente el núcleo del conflicto constitucional que debía estructurar,
y su ausencia en el libelo confirma el déficit argumentativo que lo aqueja.
No basta argüir en términos abstractos la existencia de un conflicto
constitucional, sino que es deber del requirente delimitar con precisión
aquel, argumentando cómo una distinción es, en un caso concreto,
atentatoria contra la Carta Fundamental (Rol N° 13.903-22-INA, c. 14°).
12°. Que, por lo expuesto, el déficit argumentativo del que adolece
el requerimiento no permite constatar un conflicto constitucional
argüido en términos claros, precisos y detallados, de modo tal que


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permita la comprensión de la contrariedad a la Constitución que
significaría la aplicación de la normativa cuestionada (Rol N° 17.188-25-
INA, c. 13°). El requerimiento de autos adolece del debido fundamento
plausible para sortear el requisito negativo previsto en el artículo 84,
numeral 6°, de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, y así
será declarado.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.486-26-INA.




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Raúl Eduardo Mera Muñoz Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 21/04/2026 Fecha: 21/04/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 21/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta Subrogante, Ministra señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida,
y por sus Ministros señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Marcela Inés
Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 21/04/2026




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