TC Rol 17487

Texto completo

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CUARENTA Y CUATRO




Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 35, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 37, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente.

A fojas 43, téngase presente.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 6 de abril de 2026, Gonzalo Alejandro Muñoz
Veliz ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter, inciso primero,
segunda parte; e inciso segundo, de la Ley N° 18.290, de tránsito, en el
proceso penal RIT N° 8491-2025, RUC N° 2501593616-1, seguido ante el
Juzgado de Garantía de Copiapó;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, el cual fue acogido a tramitación el 14 de abril de
2026, a fojas 27;

3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible,
al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, por adolecer de falta de fundamento plausible;

4°. Que, la actora relata que el 9 de noviembre de 2025, ante el
Juzgado de Garantía de Copiapó, fue formalizado por el delito de
conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado
de lesiones graves, que se decretaron medidas cautelares de arresto
domiciliario parcial y arraigo nacional, y que el plazo de investigación se
encuentra vigente.

Debe considerarse que el Ministerio Público en su presentación de
fojas 43 ha hecho presente a esta Sala que la víctima de los hechos
investigados en la gestión pendiente falleció el día 19 de diciembre de
2025, y que se encuentra fijada una audiencia para el 1 de junio de 2026
para proceder a reformalizar al imputado, requirente en estos autos;
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CUARENTA Y CINCO




5°. Que, la requirente a fojas 5 y siguientes reclama que las
normas cuestionadas producen infracciones constitucionales a las
garantías contenidas en los artículos 1 y 19 N° 2 de la Constitución, que
amparan el principio de igualdad y no discriminación, en relación con los
artículos 2.1 y 26 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Agrega que se infringe además la idoneidad de la pena y el
principio de resocialización del penado y con ello el artículo 19 N° 3,
inciso sexto de la Carta Fundamental;

6°. Que, de acuerdo lo antes señalado, surge la declaración de
inadmisibilidad del requerimiento al carecer de fundamento plausible o
razonable en los términos establecidos en los artículos 84 N° 6 de la Ley
N° 17.997 y 93 inciso undécimo de la Constitución. El libelo se estructura
sobre alegaciones genéricas de vicios constitucionales y desatiende
diversos pronunciamientos de este Tribunal que han descartado la
contravención a la Carta Fundamental a partir del contraste de los
preceptos legales impugnados frente a principios como la igualdad ante
la ley, la idoneidad de la pena y la reinserción social.

Para lo anterior, es necesario considerar la evolución que ha
tenido este Tribunal en conocimiento de impugnaciones de esta
naturaleza. Desde el primer requerimiento presentado en causa Rol N°
2897-15 INA, han sido dictadas más de cuatrocientas sentencias en torno
al artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, de Tránsito. De su revisión constan
pronunciamientos estimatorios y desestimatorios. Por su parte, las
sentencias que han acogido la impugnación de inaplicabilidad han
calificado la suspensión de penas sustitutivas por un año como
“desproporcionada e inequitativa respecto a personas condenadas
incluso por delitos de mayor gravedad” e “inidónea para cumplir los fines
de reinserción social”. Así se tiene de la lectura de pronunciamientos en
STC Roles N° 2897, N° 2983 y N° 4575;

7°. Que, en contraste, en las sentencias desestimatorias el Tribunal
ha sostenido que “[s]olo impone una suspensión de la decisión judicial por
un año, imponiendo pena privativa de libertad”, por lo que, “[i]mpuesta que
sea la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de un año, la decisión
judicial recobra todo su valor permitiendo extenderla o aplicarla en el modo,
tiempo y lugar que el juez competente determine”. Además, se ha
argumentado que “[e]l legislador debe tener políticas preventivas que
disuadan efectivamente los accidentes de tránsito con resultado de muerte”,
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CUARENTA Y SEIS




por lo que es “razonable que […] busque los medios de que las penas sean
efectivas”, cuestión que se torna en “un fin real y no meramente nominal”, y
no se afectan la proporcionalidad ni la igualdad ante la ley (STC Rol N°
5328-18, cc. 7° a 17°, reproducido en STC Roles N° 14.342, N° 14.036 y N°
14.003, entre otras).

De la revisión de este devenir jurisprudencial del Tribunal, se tiene
que desde noviembre de 2024 todos los requerimientos de
inaplicabilidad en torno al artículo 196 ter inciso primero, parte segunda,
de la Ley N° 18.290, de Tránsito, han sido desestimados. Así, entre otras,
han sido dictadas las STC Roles N° 16.258, N° 16.305, N° 15.991, N°
15.820, N° 16.220, N° 16.206, N° 16.197, N° 16.068, N° 16.041, N° 15.927,
N° 16.075, N° 15.906. El Tribunal ha considerado que la norma
impugnada no vulnera los principios de igualdad ante la ley ni de
proporcionalidad, resultando improcedente la comparación abstracta
con otros delitos del sistema penal pues la diferenciación responde a una
decisión razonable de política criminal del legislador frente a delitos que
afectan tanto la seguridad vial como la vida humana, priorizando un
objetivo retributivo que no resulta prohibido por la Constitución.

Asimismo, respecto a la impugnación al inciso segundo del artículo
196 ter de la Ley de Tránsito se ha determinado que “[n]o se ve
suficientemente razonado en el libelo requirente que exista una diferencia de
trato que implique discriminación atentatoria contra la igualdad ante la ley,
teniendo presente para ello, que la concesión de una pena sustitutiva en el
actual y nuevo sistema de penas de la Ley N°18.216 está dirigido a
configurar un mecanismo destinado a acceder a la libertad vigilada
intensiva, y en especial, a cambiar el cumplimiento efectivo de una pena y no,
mediante la normativa específica del inciso segundo del artículo 196 ter de la
Ley de Tránsito, eliminar u omitir los antecedentes penales conforme al inciso
primero del artículo 38 de la Ley N°18.216, toda vez, que esta última
disposición legal requiere el cumplimiento de requisitos y fundamentos
suficientes para la procedencia de la eliminación de dichas anotaciones, de
modo tal que se requiere acceder al beneficio de eliminación de anotaciones
y antecedentes, siempre y cuando se cumplan y consten en autos los
requisitos señalados en el artículo 33 de la Ley N°18.216, lo cual no se
condice con los fundamentos a los que acceden estos sentenciadores, en la
presente causa.” (STC 13.256-22, cc.38. En el mismo sentido STC 15.729-
24, cc. 29°);
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CUARENTA Y SIETE




8°. Que, de la lectura del requerimiento presentado por la
requirente en la presente causa, consta que las contravenciones
constitucionales denunciadas se estructuran argumentativamente de
forma análoga a los vicios ya examinados por esta Magistratura con
relación a los artículos 1° y 19 N° 2 y N° 3 de la Carta Fundamental y que
vienen siendo sistemáticamente rechazados.

Desde lo señalado, el requerimiento no precisa alegaciones
específicas que permitan efectuar distinciones relevantes por las
particularidades del caso concreto sometido a examen. Esta omisión es
de relevancia y pertinente, pues la estructuración de un conflicto
constitucional concreto en un proceso no puede prescindir de su estado
procesal y sus particularidades respecto del objeto de lo solicitado, dada
la naturaleza concreta de la acción de inaplicabilidad.

En contrario, ante su ausencia no es posible delimitar los términos
específicos en los cuales se plantea el vicio constitucional pretendido y
relacionado con las garantías fundamentales invocadas, conteniendo un
déficit argumentativo que le impide prosperar. Tal omisión constata la
ausencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado de
modo tal que exprese argumentos concatenados que permitan
comprender la contrariedad a la Constitución que significaría la
aplicación de la normativa cuestionada y con ello las vulneraciones
alegadas. No basta a esos efectos una referencia de orden genérico a
eventuales vicios de inconstitucionalidad, en tanto toda alegación
hipotética en el marco de la prerrogativa contemplada en el artículo 93
inciso primero N° 6 de la Constitución no resulta compatible con la
naturaleza de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En
equivalentes términos se ha razonado en resoluciones de inadmisibilidad
en causas Roles N° 16.285, c. 8°; N° 16.229, c. 9°; N° 16.010, c. 7°; y N°
13.620, c. 20°, entre otras;

9°. Que, si bien las respectivas Salas han estimado en anteriores
oportunidades la admisibilidad en cuestiones de inaplicabilidad respecto
de la aplicación del artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, de Tránsito, en la
parte impugnada, de ello no puede derivarse que todo cuestionamiento
de esta naturaleza habilite para el nuevo inicio de un contradictorio en
esta competencia, lo que implicaría un examen abstracto o genérico
desatendiendo las particularidades del caso concreto en que incide (Rol
N° 14.022, c. 6°);
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CUARENTA Y OCHO




10°. Que, en estos términos, no puede tenerse por cumplido el
estándar de plausibilidad o razonabilidad requerido para la
admisibilidad. El conflicto concreto se reitera a partir de alegaciones que
vienen siendo desestimadas, sin que se aporten argumentos que
orienten en la estructuración plausible del libelo. Es carga del requirente
demostrar argumentativamente que la situación concreta que se
desenvuelve en la gestión supone un genuino conflicto constitucional
para, de ser el caso, iniciar el examen de la eventual inaplicabilidad de
uno o más preceptos legales llamados a ser derecho decisivo para su
resolución.

Lo señalado no obsta a que puedan producirse modificaciones a
las declaraciones de admisibilidad o inadmisibilidad por las Salas del
Tribunal frente a alegaciones de inaplicabilidad, pero ello requiere la
entrega de alegaciones que, circunscritas al caso concreto, ameriten el
cambio respectivo. Los principios de seguridad jurídica y estabilidad en
las decisiones no sólo se dirigen a la deferencia razonada con que se
examina la constitucionalidad de la ley, sino que se vinculan
estrechamente con la competencia jurisdiccional y la estabilidad de las
decisiones judiciales;

11°. Que, ha de declararse la inadmisibilidad del requerimiento de
inaplicabilidad deducido a lo principal de fojas 1, al confluir la causal
establecida en los artículos 93 inciso undécimo y 84 N° 6 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al carecer de
fundamento plausible o razonable



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas
1.




Notifíquese, comuníquese y archívese.
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CUARENTA Y NUEVE




Rol N° 17.487-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 12/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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