TC Rol 17489

Texto completo

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OCHENTA Y UNO




2026

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
____________

Sentencia
Rol 17.489-26-CPR

[14 de mayo de 2026]

____________


CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
QUE MODIFICA LA LEY N° 20.019, QUE REGULA LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y
DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HINCHAS EN LA
PROPIEDAD DE LAS MISMAS, CORRESPONDIENTE AL BOLETÍN
N° 10.634-29


VISTOS Y CONSIDERANDO:



I. PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO: Que, por Oficio N° 21.134, de 6 de abril de 2026 - ingresado a esta
Magistratura con la misma fecha - la H. Cámara de Diputadas y Diputados ha
remitido copia autenticada del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional,
que modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas
Profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de
la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, correspondiente al
boletín N° 10.634-29, con el objeto de que este Tribunal Constitucional, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 1° de la Constitución
Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del numeral
10 del inciso primero del artículo 39 ter, contenido en el número 39 del artículo 1 del
proyecto de ley;

SEGUNDO: Que, el N° 1° del inciso primero del artículo 93 de la Carta
Fundamental establece que es atribución de este Tribunal Constitucional “[e]jercer el
control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de
las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias
propias de estas últimas, antes de su promulgación;”;




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TERCERO: Que, de acuerdo con el precepto invocado en el considerando
anterior, corresponde a esta Magistratura pronunciarse sobre las normas del proyecto
de ley remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente
ha reservado a una ley orgánica constitucional;



II. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

CUARTO: Que, la disposición del proyecto de ley remitido que ha sido
sometida a control de constitucionalidad es la que se destaca a continuación:

“Artículo 39 ter.- Los procedimientos administrativos sancionatorios a que dé lugar la
aplicación de esta ley y que deban ser llevados a cabo por el Instituto Nacional de Deportes, se
sujetarán a las reglas de este artículo:

[…]

10. En contra del acto administrativo que disponga sancionar al afectado
procederá un reclamo de ilegalidad que se interpondrá en el plazo de diez días hábiles,
según lo dispuesto en la ley N°19.880, contado desde la notificación del acto, ante la
Corte de Apelaciones de Santiago. Una vez interpuesto, dicha Corte lo admitirá a
tramitación y conferirá traslado al Instituto Nacional de Deportes por seis días
hábiles. Evacuado el traslado o acusada la rebeldía, la Corte recibirá alegatos en la
causa y dictará sentencia dentro del plazo de quince días. En contra de la decisión de
la Corte procederán únicamente los recursos de casación en la forma y en el fondo
ante la Corte Suprema.

[…];



III. NORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA QUE ESTABLECE EL
ÁMBITO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL RELACIONADA CON EL
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO

QUINTO: Que, el artículo 77, inciso primero, de la Constitución Política
determina que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones
de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en
todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente
deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las
personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”;



IV. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO QUE REVISTEN
NATURALEZA DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

SEXTO: Que, el proyecto de ley en examen modifica la Ley N° 20.019, que
regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, e introduce modificaciones
en la Ley N° 19.712, del Deporte y a la Ley N° 20.686, que crea el Ministerio del
Deporte.




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Esta iniciativa legal tuvo su origen en moción parlamentaria ingresada con
fecha 2 de mayo de 2016, y tuvo como idea matriz “Modernizar el actual modelo, agotado
y fracasado, de regulación a las Sociedades Anónimas Deportivas, estableciendo mayores
facultades de fiscalización a todos los clubes por parte de la Superintendencia de Valores y
Seguros, limitando los conflictos de interés y entregando la posibilidad a los clubes deportivos
de capitalizar e inyectar nuevos recursos a los clubes a través del ingreso de los hinchas a la
propiedad de las Sociedades y su respectiva administración real.”;

SÉPTIMO: Que, el proyecto de ley contempla cuatro disposiciones
permanentes y seis normas transitorias. Dentro de las normas permanentes se
contemplan modificaciones a disposiciones contenidas en el Título IV de la Ley N°
20.019, que regula la fiscalización de las organizaciones deportivas profesionales.

En este sentido, el numeral 36 del artículo 1° del proyecto reemplaza el artículo
37 y señala en su inciso segundo que la fiscalización, control y vigilancia de las
organizaciones deportivas profesionales de base que no efectúen oferta pública de
acciones corresponde al Instituto Nacional de Deportes.

Luego, el numeral 38 del artículo 1° de la iniciativa legal sustituye el artículo
39 y determina la clasificación de las infracciones en atención a su gravedad.

En tanto, el numeral 39 del artículo 1° del proyecto agrega los artículos 39 bis
y 39 ter a la Ley N° 20.019. Así, el nuevo artículo 39 bis establece criterios para la
determinación de las multas en caso de infracción, detallados en los números 1 al 5.

En tanto, el nuevo artículo 39 ter establece en su inciso primero que los
procedimientos administrativos sancionatorios conocidos por el Instituto Nacional de
Deportes, en virtud de esta ley, se regirán por las diez reglas que enumera, y establece
en su inciso segundo la supletoriedad de la Ley N° 19.880 en lo no regulado en este
artículo;

OCTAVO: Que, el Oficio de la H. Cámara de Diputadas y Diputados,
conforme se dijo en el considerando primero del presente fallo, ha sometido a consulta
para ejercer el control de constitucionalidad el numeral 10 del inciso primero del
artículo 39 ter, contenido en el número 39 del artículo 1 del proyecto de ley.

Dicha disposición fue considerada de rango orgánico constitucional, al tenor
de lo prescrito en los artículos 77, inciso primero, y 66, inciso segundo, de la
Constitución Política de la República en el Segundo Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de 26 de enero de 2026, en segundo
trámite constitucional;

NOVENO: Que, el numeral 10 del inciso primero del artículo 39 ter,
contenido en el número 39 del artículo 1 del proyecto de ley determina que en contra
del acto administrativo sancionatorio que dicte el Instituto Nacional de Deportes
procederá un reclamo de ilegalidad que debe interponerse ante la Corte de
Apelaciones de Santiago en un plazo de diez días hábiles.

El precepto establece que una vez interpuesto, la Corte lo admitirá a
tramitación y conferirá traslado al Instituto por seis días hábiles, y que una vez
evacuado el traslado, o acusada la rebeldía, recibirá alegatos en la causa y deberá
dictar sentencia en un plazo de quince días. Agrega que en contra de esta decisión



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procederán únicamente los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte
Suprema;

DÉCIMO: Que, la primera frase, “En contra del acto administrativo que
disponga sancionar al afectado procederá un reclamo de ilegalidad que se interpondrá
en el plazo de diez días hábiles, según lo dispuesto en la ley N°19.880, contado desde
la notificación del acto, ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, contenida en la
norma consultada, es propia de la ley orgánica constitucional establecida en el artículo
77, inciso primero de la Carta Política, pues establece una nueva competencia a la
Corte de Apelaciones de Santiago para conocer del reclamo de ilegalidad que se
interponga en contra del acto administrativo sancionatorio dispuesto por el Instituto
Nacional de Deportes conforme el inciso primero del artículo 39 ter del proyecto de
ley. La frase, si bien contiene aspectos procedimentales en aquella parte que alude al
plazo de interposición del reclamo, alcanza en su totalidad el carácter de ley orgánica
constitucional, por cuanto el conjunto de disposiciones que contiene conforma un
enunciado lingüístico indisoluble y armónico.

Asimismo, la última frase, “En contra de la decisión de la Corte procederán
únicamente los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema”,
contemplada en el precepto legal en examen, también es materia de la señalada ley
orgánica constitucional, ya que establece una nueva atribución a la Corte Suprema
para conocer de los recursos de casación en la forma y en el fondo presentados en
contra de la decisión de la Corte de Apelaciones.

Conforme lo asentara esta Magistratura en la STC Rol N° 1151, c. 6°, y en la
STC Rol N° 3489, c. 11°, la determinación de competencias a un tribunal es siempre
constitucional en el entendido de que ésta sea referida a normativa de naturaleza
orgánica constitucional, toda vez que la expresión “atribuciones” que emplea la Carta
Fundamental en el artículo 77, en su sentido natural y obvio, y en el contexto
normativo en cuestión, debe ser comprendida como la facultad que tiene cada juez o
tribunal para conocer de las materias que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus
funciones (Así, STC 9673 y 10.513).

En este punto, en STC 15.801, c. 10, se determinó que “[l]os criterios para
identificar el marco competencial de lo fijado por el precepto constitucional referido han sido
definidos en pronunciamientos múltiples por esta Magistratura, existiendo fallos recientes en
STC Roles N°s 15.368, 15.380, 15.525, 15.619 y 15.796-24, sistematizando y orientando la
calificación de normativa orgánica constitucional para determinar el sentido y alcance de la
expresión “organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta
y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República”. Todo ello en
remisión a la temprana jurisprudencia del Tribunal consignada en STC Rol N° 4, c. 4°,
desarrollado en STC recaídas en Roles N° 297, N° 1243, N° 1528, N° 1583, N° 2649, N° 2713
y N° 8297.

A partir de lo señalado, se ha resuelto que el concepto “organización” de los tribunales
“se refiere a la estructura básica del Poder Judicial en cuanto ella no está reglada por la propia
Carta Fundamental, pues dice relación con lo necesario para la pronta y cumplida
administración de justicia en todo el territorio de la República", como expresamente se refiere
en STC Rol N° 4, c. 4°, desarrollándose tal conceptualización durante la primera etapa en que
fue ejercido el control preventivo de constitucionalidad de leyes orgánicas constitucionales para


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examinar el alcance del artículo 74, actual artículo 77 de la Constitución, en STC Roles N° 9,
N°62, N° 131 y N° 171, criterios que fueron refrendados en STC Rol N° 15.796, c. 29°.”;

Mientras tanto, la misma STC 15.801, al fijar luego el sentido y alcance del
concepto “atribuciones”, vuelve a señalar que éste debe entenderse como sinónimo de
“competencia” - reproduciendo al efecto la comprensión que la jurisprudencia previa
le ha dado a tal vocablo y de la cual ya dimos cuenta -, para después sostener que el
ámbito de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Carta
Fundamental en dicha materia comprende “sólo las reglas que digan relación con aquella,
sea ésta absoluta o relativa, o si se quiere, en términos más amplios y genéricos, con la
“jurisdicción”. Así se ha sostenido en STC Rol N° 271, c. 14°; reiterándose en STC Rol N°
15.525, c. 13° y STC Rol N° 15.796-24, c. 29°” (c. 10°);



V. NORMAS DEL PROYECTO DE LEY SOMETIDAS A CONTROL
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS CUALES NO SE
PRONUNCIARÁ ESTA MAGISTRATURA, POR NO CONTENER MATERIAS
PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL

UNDÉCIMO: Que, por el contrario, la frase “Una vez interpuesto, dicha Corte
lo admitirá a tramitación y conferirá traslado al Instituto Nacional de Deportes por
seis días hábiles. Evacuado el traslado o acusada la rebeldía, la Corte recibirá
alegatos en la causa y dictará sentencia dentro del plazo de quince días”,
comprendida en el precepto legal en estudio, no alcanza el ámbito regido por la ley
orgánica constitucional prevista en el artículo 77, inciso primero de la Carta
Fundamental, pues se refiere a aspectos procedimentales relativos al reclamo de
ilegalidad, que no innovan en la organización y atribuciones de los Tribunales de
Justicia.

Así, en STC 15.043, c. 16° se estableció que [a] su turno, la primera parte del párrafo
segundo y la primera parte del párrafo cuarto de la letra k) del artículo 11; la segunda parte del
inciso primero del artículo 46 y sus literales a), b), c), d), e), f), g) e i), y la frase “dentro del
plazo de diez días hábiles, la que resolverá en cuenta” del literal h), precedentemente transcritos
en el considerando tercero, no alcanzan a la ley orgánica constitucional prevista en el artículo
77 inciso primero de la Constitución, puesto que, de acuerdo con el sentido y alcance de estas
disposiciones, sólo desarrollan aspectos procedimentales respecto de las competencias que,
según sea el caso, pasan a otorgarse a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, a
dicho Tribunal de Alzada en segunda instancia o a la Corte Suprema para conocer de los
recursos con que el proyecto innova. En tal sentido, y siguiendo lo que resolviera la STC Rol
N° 3130-16, 32°, las cuestiones que configuran los respectivos procedimientos no alcanzan al
legislador orgánico constitucional y se enmarcan, más bien, en el ámbito del artículo 63 N° 3°
de la Constitución.

Para el razonamiento anterior, igualmente se debe tener presente lo que el Tribunal
tempranamente fallara en la STC Rol N° 4-81, al resolver que el concepto constitucional de
“organización y atribuciones de los tribunales” debe vincularse, en su aspecto competencial,
con la reserva entregada al legislador en el artículo 63 N° 3° (entonces artículo 60 N° 3°), para
aspectos que son propios de la “codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra”. El
ámbito en que inciden ambos legisladores, según lo disponen los numerales 1° y 3° del señalado



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artículo 63, requiere una “interpretación armónica”, precisamente, a partir del sentido y
alcance que ha de otorgarse a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso primero de la
Constitución (STC Rol N° 30-85, c. 3°), por lo que las reglas de procedimiento antes transcritas
no se encuentran en la competencia de la ley orgánica constitucional referida;



VI. NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DEL PROYECTO
DE LEY REMITIDO, QUE EL TRIBUNAL DECLARARÁ CONFORMES CON LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DUODÉCIMO: Que, la primera frase “En contra del acto administrativo que
disponga sancionar al afectado procederá un reclamo de ilegalidad que se interpondrá
en el plazo de diez días hábiles, según lo dispuesto en la ley N°19.880, contado desde
la notificación del acto, ante la Corte de Apelaciones de Santiago” y la última frase
“En contra de la decisión de la Corte procederán únicamente los recursos de casación
en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema.” comprendidas en el numeral 10 del
inciso primero del artículo 39 ter, contenido en el número 39 del artículo 1 del
proyecto de ley son conformes con la Constitución Política de la República;


VII. CUMPLIMIENTO DE LOS QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS
NORMAS DEL PROYECTO DE LEY EN EXAMEN

DÉCIMO TERCERO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, consta que
las normas sobre las cuales este Tribunal emite pronunciamiento fueron aprobadas,
en ambas Cámaras del Congreso Nacional, con las mayorías requeridas por el inciso
segundo del artículo 66 de la Constitución Política;



VIII. INFORME DE LA CORTE SUPREMA EN MATERIAS DE SU
COMPETENCIA
DÉCIMO CUARTO: Que, en lo pertinente se ha oído previamente a la Corte
Suprema, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución
Política, conforme consta en Oficio N° 34-2018, de 27 de febrero de 2018, que rola a
fojas 62, y Oficio N° 57-2026, de 17 de febrero de 2026, que rola a fojas 69.



Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los artículos 77, inciso
primero y 93, inciso primero, de la Constitución Política de la República y lo prescrito
en los artículos 48 a 51 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura,



SE DECLARA:

1. QUE, LAS FRASES “EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE
DISPONGA SANCIONAR AL AFECTADO PROCEDERÁ UN RECLAMO DE
ILEGALIDAD QUE SE INTERPONDRÁ EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS
HÁBILES, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY N°19.880, CONTADO DESDE
LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO, ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE



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SANTIAGO” Y “EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE LA CORTE
PROCEDERÁN ÚNICAMENTE LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LA
FORMA Y EN EL FONDO ANTE LA CORTE SUPREMA.”
COMPRENDIDAS EN EL NUMERAL 10 DEL INCISO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 39 TER, CONTENIDO EN EL NÚMERO 39 DEL ARTÍCULO 1
DEL PROYECTO DE LEY SON CONFORMES CON LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA.

2. QUE, NO SE EMITE PRONUNCIAMIENTO, EN EXAMEN
PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DEL RESTO DE
LAS DISPOSICIONES CONSULTADAS, POR NO VERSAR SOBRE
MATERIAS PROPIAS DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL.



Desestimado el carácter de ley orgánica constitucional de la frase “Una vez
interpuesto, dicha Corte lo admitirá a tramitación y conferirá traslado al Instituto Nacional de
Deportes por seis días hábiles. Evacuado el traslado o acusada la rebeldía, la Corte recibirá
alegatos en la causa y dictará sentencia dentro del plazo de quince días.” contenida en la
norma consultada con el voto dirimente de la Presidenta del Tribunal Constitucional,
Ministra señora DANIELA MARZI MUÑOZ, de conformidad con lo previsto en el literal
g) del artículo 8° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional.



DISIDENCIAS

Acordada con el voto en contra de los Ministros señores MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, RAÚL MERA MUÑOZ y HÉCTOR MERY ROMERO, señora
MARCELA PEREDO ROJAS y señor MARIO GÓMEZ MONTOYA, declaran el numeral
décimo del inciso primero del artículo 39 ter, como ley orgánica constitucional en
razón del artículo 77 de la Constitución Política íntegramente. Ello porque dicho
precepto legal reconoce atribuciones y competencias a la Corte de Apelaciones de
Santiago y a la Corte Suprema.



I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY SOMETIDO A CONTROL PREVENTIVO
OBLIGATORIO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD


A. NORMA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MATERIA RESERVADA POR LA
CONSTITUCIÓN AL LEGISLADOR ORGÁNICO
1°. Que, la Honorable Cámara de Diputados ha remitido mediante Oficio
Nº21.134 de 6 de abril de 2026, el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional,
que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de
conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las
mismas, correspondiente al Boletín N°10.634-29.

2°. Que, en virtud del artículo 93, numeral primero de la Constitución Política
de la República es atribución de esta Magistratura “Ejercer el control de
constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las



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leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias
propias de estas últimas, antes de su promulgación”. Por ende, la norma contenida en el
proyecto de ley que estos jueces constitucionales subsumimos al tenor de la fuerza
normativa de la Carta Fundamental, y que calificamos como ley orgánica
constitucional, es la siguiente:

i. El numeral 10 del inciso primero del artículo 39 ter, contenido en el
número 39 del artículo 1º del proyecto de ley. Otorga y regula la competencia de la
Corte de Apelaciones de Santiago para conocer de los reclamos de ilegalidad
interpuestos en contra de los actos administrativos sancionatorios del Instituto
Nacional de Deportes en materia de sociedades anónimas deportivas profesionales.
Y, asimismo, regula la competencia de la Corte Suprema en esa materia para conocer
de los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestos contra la sentencia
dictada por el Tribunal de Alzada. Por tanto, la norma es orgánica constitucional en
virtud del artículo 77, inciso primero, de la Constitución.

3°. En consonancia con lo anteriormente expuesto, la razón jurídica de la
calificación del precepto legal controlado en el presente proyecto de ley radica en las
fuentes del derecho constitucional chileno.

4°. En primer término, porque la Constitución es fuente directa y primaria que
determina las materias derivadas al legislador orgánico constitucional. Y, porque,
además, en virtud de la norma normarum las normas que crean, modifican o derogan
materias orgánicas constitucionales poseen el mismo carácter conforme al artículo 66
de nuestra Carta Magna.

5°. En segundo término, porque la jurisprudencia de esta Magistratura es
fuente secundaria del derecho constitucional chileno, por ende, para estos ministros,
resulta evidente que las materias que han sido declaradas como orgánico
constitucionales por jurisprudencia anterior, fundamentan entonces la coherencia
sistémica del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio que, lo anterior no obsta para el
control a posteriori, si existe vulneración de derechos adquiridos reconocidos por la
Carta Fundamental.



B. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA DECLARACIÓN DE LEY ORGÁNICA
6°. Este Tribunal es el garante de la Ley Suprema en nuestro ordenamiento
jurídico. Por ello, los jueces de esta Magistratura controlan el proyecto de ley sometido
a su conocimiento para dilucidar si aquellas disposiciones relativas a competencias
propias de leyes orgánicas constitucionales han cumplido con los requisitos de forma
y fondo que la Carta Fundamental exige. Ello porque “la Constitución es un todo
orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas
la debida correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que conduzca a
anular o a privar de eficacia algún precepto de ella” (sentencia rol N°33, c. 19°).

7°. En efecto, evitar el reduccionismo de las materias confiadas al legislador
orgánico es esencial si se tiene en cuenta que las normas orgánicas constitucionales
son verdadera fuente del derecho constitucional al complementar la regulación
contenida en la Carta Fundamental. Así lo ha explicado la doctrina comparada al
señalar que “en muchos países existe un cuerpo importante de normas legales dictadas por el



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legislativo que -no en teoría, pero sí en la práctica- complementan, desarrollan, modifican
o adaptan la constitución. Estas leyes, que suelen ser de rango superior a las demás, reciben
diversos nombres: “constitucionales” (Italia), “orgánicas” (España), etc. Las materias que
regulan suelen ser de gran trascendencia, como la organización judicial. Como decíamos en
el capítulo anterior, estas leyes son muy importantes porque ninguna Constitución (en sentido
material) puede ni debe estar sólo en una única ley, y ninguna Constitución (en sentido formal)
puede regularlo todo, ni debe siquiera intentarlo” (PEREIRA MENAUT, Antonio-Carlos
(2006): Teoría constitucional. Santiago, Editorial LexisNexis, segunda edición, p. 39).

8°. Por tanto, “[L]a Constitución debe aplicarse y no debe ser sólo una
declaración lírica y programática, de allí que el cumplimiento de sus normas se sujete a
distintos tipos de control previo y a posteriori, de allí también que la ley orgánica por su
contenido deba obligatoriamente sujetarse al texto constitucional y controlarse
previamente como requisito en su proceso formador” (BULNES ALDUNATE, Luz (1984):
La ley orgánica constitucional. Revista chilena de Derecho, vol. 11, N°2 y 3, pp. 228-
239).

9°. Con razón, el constituyente chileno, inspirado en modelos de derecho
comparado, vale recordar, Constitución Francesa de 1958, Constitución española de
1978, ha reconocido este tipo de leyes que por razones de competencia exigen un
quórum de aprobación de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio para crear,
modificar o derogar una ley orgánica constitucional. Con razón, De Otto explica que
“las normas relativas a ciertas materias queden sujetas a un procedimiento especial, que exige
una mayoría cualificada” (DE OTTO, Ignacio (1988): Derecho constitucional. Sistema de
fuentes. Barcelona, Editorial Ariel S.A., segunda edición, pp. 111-113).

A mayor abundamiento, se advierte en el derecho constitucional francés que
las leyes orgánicas versan sobre temáticas “indispensables para el funcionamiento del
mismo sistema constitucional” (PARDO FALCON, Javier (1990): El Consejo Constitucional
francés. La jurisdicción constitucional en la Quinta República. Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, p. 164).



II. SOBRE LA RATIO DEL PRECEPTO LEGAL CALIFICADO COMO ORGÁNICO
CONSTITUCIONAL SOBRE ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LA CORTE DE
APELACIONES Y CORTE SUPREMA SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS PARA SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS
PROFESIONALES.
10°. El artículo 77 inciso primero de la Constitución mandata al legislador
orgánico constitucional la “organización y atribuciones” de los tribunales de justicia. Y
es que, es la Constitución la que dispone en sus propios artículos y a través de su
densidad normativa qué materias serán reguladas por leyes orgánicas
constitucionales.

11°. Por tanto, la Constitución determina que “organización y atribuciones”,
supone “[l]a facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”. De esta
manera, bajo la norma constitucional del actual artículo 77, está entregado a dicho
legislador la “organización y atribuciones de los tribunales”, mediante la reserva que ha



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dispuesto la propia Constitución a la ley orgánica constitucional. Así fue resuelto en
sentencia rol N°80, c. 9°, por ejemplo, a propósito de la determinación del alcance del
artículo 77 de la Carta Fundamental.

Y, es que, el contenido normativo de la “organización y atribuciones” reservada
a la ley orgánica constitucional del artículo 77 inciso primero supone que no se
desnaturalice o vacíe de contenido la expresa reserva entregada por la Constitución a
la ley orgánica constitucional.

12°. En coherencia con lo anterior, el precepto legal controlado atribuye a la
Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, en su caso, el conocimiento de las
sanciones administrativas que determine el Instituto Nacional de Deportes,
especialmente en materia de fiscalización y conflicto de interés en las sociedades
anónimas deportivas. Ello porque la norma controlada dispone que: “En contra del
acto administrativo que disponga sancionar al afectado procederá un reclamo de ilegalidad que
se interpondrá en el plazo de diez días hábiles, según lo dispuesto en la ley N°19.880, contado
desde la notificación del acto, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Una vez interpuesto,
dicha Corte lo admitirá a tramitación y conferirá traslado al Instituto Nacional de Deportes
por seis días hábiles. Evacuado el traslado o acusada la rebeldía, la Corte recibirá alegatos en la
causa y dictará sentencia dentro del plazo de quince días. En contra de la decisión de la Corte
procederán únicamente los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte
Suprema”.

13°. Finalmente, y en consonancia con lo anterior, esta Magistratura ha
sostenido el criterio constitucional que reconoce que toda vez que “se amplían las
atribuciones de las Cortes de Apelaciones para conocer y resolver impugnaciones
administrativas, aspecto reservado a la ley orgánica constitucional en el artículo 77 inciso
primero de la Constitución” (sentencia Rol Nº15.043-23, c. 15º). Y, en materias de
conflicto de interés , fiscalización y fomento de participación de los hinchas como
mecanismo de transparencia en el futbol profesional la atribución de las Cortes,
supone el ejercicio legítimo de la atribución jurisdiccional reconocida en la Carta
Fundamental expresamente.



PREVENCIÓN

Las Ministras señoras DANIELA MARZI MUÑOZ (Presidenta) y CATALINA
LAGOS TSCHORNE previenen que estuvieron por calificar como orgánico
constitucionales únicamente las frases “En contra del acto administrativo que
disponga sancionar al afectado procederá un reclamo de ilegalidad”, “ante la Corte
de Apelaciones de Santiago” y “En contra de la decisión de la Corte procederán
únicamente los recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema.”
contenidas en la norma consultada, pues son únicamente aquellas disposiciones
legales las que determinan nuevas atribuciones a los Tribunales de Justicia, y por tanto
son materia de la ley orgánica constitucional a que se refiere el inciso primero del
artículo 77 de la Carta Fundamental, conforme los criterios señalados en el
considerando 10° del presente fallo.



Redactaron la sentencia las señoras y los señores Ministros que la suscriben.


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Comuníquese a la H. Cámara de Diputadas y Diputados. Regístrese y
archívese.

Rol N° 17.489-26-CPR




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 14/05/2026



María Pía Silva Gallinato
Fecha: 14/05/2026



Miguel Angel Fernández González Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 14/05/2026 Fecha: 14/05/2026



Catalina Adriana Lagos Tschorne Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 14/05/2026 Fecha: 14/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Alejandra Precht Rorris
Fecha: 14/05/2026 Fecha: 14/05/2026



Mario René Gómez Montoya
Fecha: 14/05/2026


Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por su Presidenta,
Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros señora Nancy
Adriana Yáñez Fuenzalida, señora María Pía Silva Gallinato, señor Miguel Ángel
Fernández González, señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana
Lagos Tschorne, señor Héctor Mery Romero, señora Marcela Inés Peredo Rojas,
señora Alejandra Precht Rorris y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional, señor Sebastián
López Magnasco.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 14/05/2026




E6AFFD0A-F383-4E12-B579-9EA5A948AE76
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