TC Rol 17491

Texto completo

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OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES



Santiago, veinte de abril de dos mil veintiséis.



A fojas 236, a lo principal, estese a lo que se resolverá; al primer
otrosí, ténganse por acompañados; al segundo otrosíes, téngase presente.
Como se pide a la forma de notificación solicitada.

A fojas 652 y 656, a todo, estese a lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 7 de abril de 2026, Enrique Hernández Soto
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto
del artículo 157 ter del Código Procesal Penal, para que ello incida en el
proceso penal RIT N° 962-2023, RUC N° 2310004490-0, seguido ante el
Juzgado de Garantía de San Antonio;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional dispuso la
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala;

3°. Que, luego de examinar sus antecedentes, desde ya se tiene la
concurrencia de la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, lo que imposibilita el examen de los
requisitos de admisión a trámite previstos en sus artículos 79 y 80. Los
preceptos cuestionados no son decisivos para la resolución del asunto
atendido el estado de la gestión invocada con relación a la impugnación de
inaplicabilidad;

4°. Que, la gestión se sustancia ante el Juzgado de Garantía de San
Antonio, en que se decretó medida cautelar real prevista en el artículo 157
ter del Código Procesal Penal mediante resolución de 9 de febrero de 2026,
decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en decisión
de 4 de marzo del mismo año (fojas 9) “quedando en espera de materializarse
entonces el citado desalojo”, según indica la parte requirente.

En tal contexto, a fojas 4 la requirente plantea que “[l]a aplicación de
artículo 157 ter del Código citado, vulnera desde ya el principio de
irretroactividad de la Ley Penal, dado que la querella de autos es anterior a la
fecha de entrada en vigencia según lo dispone la Ley N° 21.633”;

5°. Que, por lo señalado en el libelo, resulta necesario examinar si la
normativa cuestionada de inaplicabilidad puede tenerse por decisiva para la
resolución del asunto sometido al conocimiento y resolución del recién


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OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO



anotado tribunal. Siguiendo lo previsto en el artículo 93 inciso undécimo de
la Constitución y en el artículo 84, numeral 5°, de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, debe constatarse si la impugnación es
decisiva para resolver el asunto atendida la eventualidad de que, con la
aplicación de la norma cuestionada, el sentenciador pueda resolver y
producir el resultado contrario a la Constitución. La declaración de
inaplicabilidad permite evitar dicha consecuencia (así, resolución de
inadmisibilidad recaída en Rol N° 13.364-22, c. 7°);

6°. Que, según se tiene de los antecedentes expuestos en el
requerimiento y la sustanciación del proceso ante el Juzgado de Garantía de
San Antonio, con fecha 9 de febrero de 2026 se dispuso lo siguiente en
causa Rol RIT N° 962-2023: “Previo debate, se accede a la solicitud del
Ministerio Público y de la querellante, SE DECRETA EN CONTRA DE LOS
QUERELLADOS EDUARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ SOTO y ENRIQUE CRISTIAN
HERNÁNDEZ SOTO, la medida cautelar real del Art. 157 TER, por el Delitos de
usurpación de inmuebles y hurto, y se ordena el desalojo del o los ocupantes
ilegales con el auxilio de la fuerza pública, de la propiedad raíz inscrita a nombre
de Luis Alberto García Rojas a fojas 5129 v N°3383 en el Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, la que está constituida por las
Parcelas 183, 184, 185, 186, 187 y 188, que son parte de la Hijuela del Fundo
Santo Domingo de la Provincia de San Antonio, concediendo un plazo de 60 días
de plazo desde hoy para el desalojo”, conforme se lee en acta de audiencia
acompañada a fojas 198 y 199.

Posteriormente, impugnada que fue dicha resolución, aquella fue
confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 4 de marzo
de 2026 bajo el siguiente acuerdo: “[a]tendido el mérito de los antecedentes, lo
expuesto por los intervinientes en estrado, de acuerdo a sus propios
fundamentos, y de conformidad con lo previsto en los artículos 158 y 253 del
Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de nueve de febrero de
dos mil veintiséis, que dispuso la medida cautelar del artículo 157 ter del Código
Procesal Penal y no dio lugar a decretar el sobreseimiento definitivo”, decisión
que se lee a fojas 268 de estos autos;

7°. Que, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que
consagra la Constitución Política, de ser el caso, sólo puede generar la
inaplicación de preceptos legales vigentes en una específica gestión y no
produce la anulación de hitos procesales ya verificados ni permite el
cuestionamiento abstracto de una norma legal. Por ello, esta acción de
control concreto de constitucionalidad de la ley sólo puede incidir en una
gestión vigente y requiere analizar lo que en ésta, al presentarse el


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OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO



requerimiento de inaplicabilidad, se ha alegado y resuelto para comprender
la influencia decisiva que tendrá, posteriormente, en la decisión del asunto;

8°. Que, dado lo razonado, se configura la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 5° del artículo 84 del cuerpo legal orgánico
constitucional que rige el actuar de esta Magistratura, en atención a que no
se tiene, del estado actual de la gestión, que la normativa cuestionada
resulte decisiva para la resolución del asunto, en tanto fue previamente
aplicada por el tribunal en que se sustancia la gestión invocada y, apelada,
fue confirmada por al Corte de Apelaciones competente.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, previo a resolver sobre
los requisitos de admisión a trámite, estimó necesario apercibir a la
parte requirente con relación a la certificación acompañada, de acuerdo con
el artículo 82 inciso segundo de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de
este Tribunal, teniendo presente los requisitos de su artículo 79 inciso
segundo.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.491-26-INA.




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OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 20/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 20/04/2026 Fecha: 21/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 20/04/2026 Fecha: 20/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 21/04/2026




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