TC Rol 17493

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CIENTO VEINTIDOS




Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiséis.



A fojas 111 y 121, a todo, estese a lo que se resolverá.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 8 de abril de 2026, Leonora Moreno Santander ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 13 en relación con el artículo 8° inciso segundo,
numeral 9), de la Ley 18.101 que fija normas especiales sobre
arrendamiento de predios urbanos, para que ello incida en el proceso Rol
C-109-2025, seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Rancagua bajo el Rol N° 474-
2026 (Civil);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala.

3°. Que, al examinar el requerimiento deducido, desde ya esta Sala
ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura.

4°. Que, en sede de admisibilidad el requerimiento debe satisfacer la
necesidad de contar con fundamento razonable, es decir, contener una línea
argumental con suficiente y meridiana motivación, así como fundamentos
suficientemente sólidos, de tal como que, articulados, hagan inteligible para
el tribunal la pretensión que se hace valer y la competencia específica que se
requiere, siendo sinónimo de la exigencia de fundamento plausible que ha
previsto el Constituyente en el artículo 93, inciso decimoprimero.

5°. Que, la exigencia de fundamentación razonable tiene un doble fin
en derecho: por una parte, evitar que esta Magistratura se avoque a
resolver cuestiones que en su presentación inicial no satisfacen un mínimo
estándar de plausibilidad y, por otra, que no se traben procesos en sede de
inaplicabilidad cuyo objeto resulte tan difuso o confuso que el tribunal no
pueda determinar su propia competencia específica o la contraparte
comprender lo accionado, así como sus fundamentos. Así, en un criterio que
debe ser reafirmado, se ha establecido que en ambos casos se trata de
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CIENTO VEINTITRES



objetivos prácticos que no consisten en la medición de la excelencia de la
argumentación, lo que es propio del quehacer académico, sino que, más
bien, de superar un estándar procesal que permita dar inicio a un
contradictorio constitucional (STC Rol N° 1182, c. 8).

6°. Que, el libelo de inaplicabilidad presentado en esta causa
cuestiona la norma prevista en la Ley N° 18.101 que establece la concesión
del recurso de apelación solo en el efecto devolutivo para su conocimiento y
resolución por el Tribunal de Alzada competente. A dicho efecto arguye un
conflicto constitucional desde una eventual vulneración a su derecho a un
justo y racional procedimiento (fojas 5), y a la garantía de contenido esencial
de los derechos (fojas 7).

7°. De la lectura del libelo incoado se tiene que los capítulos de
inconstitucionalidad alegados son similares a diversos requerimientos de
inaplicabilidad presentados al conocimiento y juzgamiento de esta
Magistratura que, al igual que la actora de estos autos, han sido fundados
en los capítulos aludidos. En la especie, en este caso concreto no se aprecia
un esfuerzo argumentativo de la parte requirente de hacerse cargo de las
sentencias que, en dicho contexto, han sido expedidas por esta
Magistratura constitucional rechazándose las acciones deducidas.

8°. Conforme lo dispone la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley N°17.997, para ser conocida en Pleno la
acción de inaplicabilidad deducida, ésta no debe adolecer de falta de
fundamento plausible. En dicha consideración, se tiene que en la acción de
autos se constata el aludido vicio, toda vez que no se comprueba el estándar
argumentativo que exige, a lo menos meridianamente, hacerse cargo de los
pronunciamientos previos de esta Magistratura, limitándose el actor a
reproducir argumentaciones anteriores, ya debatidas en fallos previamente
expedidos.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.
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CIENTO VEINTICUATRO




Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.493-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 23/04/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 24/04/2026



Héctor Antonio Mery Romero Alejandra Precht Rorris
Fecha: 23/04/2026 Fecha: 23/04/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González, señor Héctor Mery Romero y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 24/04/2026




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