TC Rol 1751

Texto completo

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diecinueve

Santiago, veintinueve de Junio de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%, Que, con fecha 16 de Junio de 2010, el egresado
de Derecho señor Jorge Eduardo Ramos Ordenes ha requerido
a este Tribunal para que se declare la inaplicabilidad
por inconstitucionalidad del artículo 431, inciso final,
del Código del Trabajo, en relación con los autos por
despido injustificado RIT 0-992-2010, caratulados “Rojas
con Ferrosalud S. A.”, seguidos ante el 2” Juzgado de

Letras del Trabajo de Santiago.

2%. Que, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Constitución
Política, es atribución de este Tribunal: “Resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario

o especial, resulte contraria a la Constitución.”

A su turno, el inciso decimoprimero del mismo
precepto señala: “En el caso del N* 6%, la cuestión podrá
ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez
que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto
legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución

de un asunto, que la impugnación esté fundada

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veia le

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad”;

32. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17,997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, la cual razona en el sentido de que el
pronunciamiento sobre la admisibilidad establecido por la
Ley Fundamental exige, previamente, resolver sobre la
admisión a trámite del requerimiento. Así, el inciso
primero del artículo 47 D de dicho texto legal establece
que: “Para ser acogido a tramitación, el requerimiento
deberá cumplir con las exigencias señaladas en los
artículos 47 A y 47 B. En caso contrario, por resolución
fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado
desde que se dé cuenta del mismo, no será acogido a
tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los

efectos legales”.

Por su parte, los artículos 47 A y 47 B del

mismo cuerpo legal establecen:

“Artículo 47 A.- En el caso del número 6” del
artículo 93 de la Constitución Política, es órgano
legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en
que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son

personas legitimadas las partes en dicha gestión.

090021 >

veinfivno

Si la cuestión es promovida por una parte
ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá
acompañar un certificado expedido por el tribunal que
conoce de la gestión judicial, en que conste la
existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la
calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio

de las partes y de sus apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el
expediente de haber recurrido ante el Tribunal
Constitucional y notificará de ello a las partes del

proceso”.

“Artículo 47 B.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de
la gestión pendiente o por una de las partes, deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado
la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo,
el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación precisa de las normas constitucionales que

se estiman transgredidas”;

4%, Que el Presidente del Tribunal ordenó con fecha

16 de junio del presente año que se diera cuenta del

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yeinfédos

requerimiento de inaplicabilidad deducido en la Segunda

Sala de esta Magistratura;

5%. Que, según señala el actor, en el juicio en que
incide el presente requerimiento el señor Carlos Dante
Rojas Hernández interpuso una demanda por despido
injustificado en contra de la Isapre Ferrosalud S. A.
“confiriéndole patrocinio y poder al abogado habilitado
para el ejercicio don Paulo García-Huidobro Honorato,
quién, en ese mismo acto, delegó el poder conferido en el

habilitado de derecho don Jorge Ramos Ordenes” (fojas 1);

6%. Que, a su vez, en el certificado otorgado por el
2? Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que rola a
fojas 17 de autos, se deja constancia que el demandante
en dicha causa es el señor Carlos Dante Rojas Hernández y
la demandada es la Isapre Ferrosalud S. A. (puntos 5” y
6%);

79. Que, el artículo 47 A, inciso primero, de la Ley
N* 17.997, establece que en el caso del artículo 93,
inciso primero, N” 6”, de la Constitución Política, "es
órgano legitimado el juez que conoce de una gestión
pendiente en que deba aplicarse el precepto legal
impugnado, y son personas legitimadas las partes en dicha

gestión” (el destacado es nuestro);

8%. Que el inciso segundo del mismo precepto dispone
que, si la cuestión se promueve “por una parte ejerciendo
la acción de i¡naplicabilidad, se deberá acompañar un

certificado expedido por el tribunal que conoce de la

000023 s

yelatitíes

gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados” (el destacado es nuestro);

9%. Que, de los antecedentes reseñados se desprende
que el requirente ante esta Magistratura, señor Jorge
Eduardo Ramos Ordenes no tiene la calidad de parte en el
Juicio en que incide el requerimiento deducido, sino que
es representante de una de ellas, el demandante señor
Carlos Dante Rojas Hernández, en virtud de la delegación
de poder que le hiciera su abogado patrocinante y

apoderado señor Paulo García-Huidobro Honorato.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 47 A de
la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional carece, en consecuencia, de legitimación
para presentar la acción de inaplicabilidad que ha

interpuesto;

10%. Que el artículo 47 D de la Ley N” 17.997, señala
que para ser admitido a tramitación, “el requerimiento
“deberá cumplir con Jlas exigencias señaladas en los

artículos 47 A y 47 B” de dicho cuerpo legal;

11%. Que de lo que se termina de exponer se concluye
que el requerimiento deducido no cumple con lo dispuesto
en el artículo 47 A de la Ley Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, en relación con el artículo 47 D
del mismo cuerpo normativo, para que pueda ser acogido a

tramitación.

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yernlicualre

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículo 6”,
79 y 93, inciso primero, N* 6%, e inciso decimoprimero de
la Constitución Política de la República, y en los

artículos 47 A y 47 D de la Ley N* 17.997,
SE DECLARA:

Que no se admite a tramitación el requerimiento
deducido en lo principal de fojas uno, teniéndoselo así

por no presentado, para todos los efectos legales.

Al primero otrosí, por acompañados bajo

apercibimiento legal.
Al segundo otrosí, estése a lo resuelto.

Al tercero otrosí, por acompañadce bajo

apercibimiento legal.
Al cuarto otrosí, téngase presente.

Notifíquese la presente resolución por carta

certificada.

ROL 1.751-2010-INA.

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Vejnlieinco

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor José
Luis Cea Egaña, y por los Ministros señores Raúl
Bertelsen Repetto, señora Marisol Peña Torres y señores
Carlos Carmona Santander y VJosé Antonio Viera-Gallo
Quesney.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín.