TC Rol 17511

Texto completo

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UNO MIL CIENTO SETENTA Y DOS


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Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis


A fojas 60, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, no ha lugar; al segundo otrosí, ténganse por
acompañados; al tercer y cuarto otrosí, téngase presente; al quinto
otrosí, como se pide a la forma de notificación.

A fojas 76, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, téngase por acompañado; al segundo otrosí, téngase
presente.

A fojas 88, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 11 de abril de 2026, Jerónimo Reiner Troncoso
Acuña deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 137 inciso segundo, de la Ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, para que ello incida en el proceso RIT T-29-2025,
RUC 25-4-0641348-1, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de
Rancagua;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 16 de abril de
2026 a fojas 52. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, formulando
observaciones las partes requeridas, las que instan por la inadmisibilidad
del requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de
constitucionalidad de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida
no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al
concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura;

4°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente explica que
con fecha 25 de enero de 2025 interpuso denuncia en procedimiento de
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tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en contra del
Hospital Regional de Rancagua Dr. Franco Ravera Zunino y en contra del
Servicio de Salud O’Higgins ante el Juzgado de Letras del Trabajo de
Rancagua.

Por otro lado, y como consecuencia de los actos de hostigamiento o
moving que relata efectuó denuncia por la Ley Karin, por lo que el
Hospital Regional de Rancagua Dr. Franco Ravera Zunino instruyó un
sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° 5653 de fecha 27
de diciembre de 2024, en el cual constan las indagatorias, oficios,
documentos, declaraciones de testigos y demás antecedentes que
constituyen la base probatoria de la acción judicial de tutela.

Indica que en la audiencia preparatoria de fecha 31 de marzo de
2025 solicitó como medio de prueba la exhibición de las denuncias
presentadas en contra de la Jefa del Servicio de Neonatología doña María
José Céspedes y copia del sumario indicado precedentemente,
ordenando el tribunal dicha exhibición por resultar estrictamente
pertinentes a la cuestión debatida y a la teoría del caso de la parte
denunciante.

Seguidamente, refiere que en la audiencia de juicio celebrada con
fecha 09 de septiembre de 2025 la demandada solo exhibió copia de la
Resolución Exenta N°5653 de 27 de diciembre de 2024, que ordenó la
instrucción del sumario administrativo por los hechos denunciados por el
actor, y no exhibió las copias de dicho sumario, atendido a lo dispuesto
en el artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo, que
dispone que el sumario es secreto para los denunciantes y para el
inculpado hasta la fecha de la formulación de cargos.

De conformidad con el certificado de la gestión pendiente
agregado a fojas 19, la continuación de la audiencia de juicio quedó
reprogramada para el 11 de mayo del presente año;

5°. Que, al fundamentar el conflicto concreto de constitucionalidad
alega que la aplicación del artículo 137 inciso segundo de la Ley 18.834
en la gestión pendiente, contraviene lo dispuesto en el artículo 8 y
artículo 19 numerales 2 y 3, todos de la Constitución, haciendo presente
que en materia laboral existe libertad probatoria. Sin embargo, en el
juicio de tutela laboral y por aplicación de la norma impugnada, se le
impide presentar como medio de prueba el contenido del expediente
sumarial instruido por el Hospital, afectando con ello su derecho a
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defensa que forma parte de la garantía constitucional del debido
proceso. Asimismo, considera vulnerando el artículo 8 del Pacto de San
José de Costa Rica y, por consiguiente, el artículo 5° inciso segundo de la
Constitución Política de la República.

Por otro lado, indica que conforme con el artículo 8 de la Carta
Fundamental solo una Ley de quórum calificado puede establecer
reservas o secretos de los actos y resoluciones del Estado cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el
interés nacional. Sin embargo, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto
Administrativo no tiene dicho carácter, por lo que la reserva establecida
en el artículo 137 inciso segundo contraviene el mandato constitucional
contemplado en el mencionado artículo 8.

Del mismo modo, la aplicación del precepto cuestionado transgrede
la igualdad ante la ley, desde que existirían grupos privilegiados que sí
pueden tener acceso a todo el expediente de una investigación
administrativa, mientras que otros no, lo que genera una diferencia
arbitraria, como ocurre en la especie;

6°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad de
un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que
la densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°).

Para comprobar si el precepto legal impugnado es decisivo o no,
esta Judicatura ha desarrollado múltiples criterios. Entre ellos, ha
explicado que, al realizar el análisis de la decisoriedad de la norma, es
importante considerar el estado procesal de la gestión pendiente. Esto
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ha motivado a que las Salas de este Tribunal declaren inadmisibles
requerimientos cuando “en el actual estado en que se encuentra la
sustanciación del reclamo en comento, la aplicación del precepto impugnado
no resulta decisiva” (STC Rol N°3.278, c. 7°). Por tanto, esta Magistratura
tendrá presente el estado actual de la gestión pendiente invocada al
momento de analizar si la norma que la parte requirente pretende
inaplicar es decisiva o no;

7°. Que, de conformidad con el requerimiento, particularmente
con lo consignado en el acta de la audiencia de juicio agregada a fojas 41
en relación con la exhibición de documentos por parte del Hospital Dr.
Franco Ravera Zunino, consta que se exhibió la Resolución Exenta
N°5653 de 27 de diciembre de 2024, que ordenó la instrucción del
sumario administrativo y, consta, además, que “[l]a parte demandada
principal señala que existe un sumario administrativo en curso, si es que a la
fecha de la próxima audiencia estuviese terminado, solicita que se autorizara
a que se exhiba. La parte demandante está de acuerdo. El Tribunal resuelve
que en la audiencia de juicio si está terminado deberá ser exhibido”;

8°. Que, en dicha audiencia el requirente no objetó la exhibición de
la resolución exenta indicada, ni alegó afectación a su derecho a la
prueba y, además, estuvo de acuerdo en que se exhiba el contenido del
expediente sumarial en la nueva fecha que se fije para la realización de la
continuación de la audiencia de juicio si dicho sumario estuviere afinado,
por lo que el precepto impugnado ya fue aplicado por juez laboral. En
consecuencia, el libelo no puede prosperar al concurrir la causal de
inadmisibilidad establecida en el numeral 5 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84 N° 5, y demás pertinentes de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a fojas
1.



Notifíquese, comuníquese y archívese.
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Rol Nº 17.511-26 INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 13/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 13/05/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 13/05/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/05/2026




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