TC Rol 17512

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0002078
DOS MIL SETENTA Y OCHO




Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis



A fojas 408 y 1018, ténganse por acompañadas las piezas
remitidas.

A fojas 1688, téngase por evacuado traslado.

A fojas 1709, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

A fojas 2073, a lo principal: téngase presente; al otrosí: téngase por
acompañado.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Sociedad Constructora Terrada Ltda. acciona de
inaplicabilidad respecto de los artículos 18-J y 18-K, de la Ley N° 18.101,
que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en
el proceso Rol C-1086-2025, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de
Melipilla, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San
Miguel, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 1679-2025 (Civil).
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;
3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de esta Magistratura, desde que el requerimiento no ha estructurado
argumentativamente de manera plausible un conflicto constitucional
vinculado con el caso concreto, por las razones que se pasan a exponer;
4°. Que la gestión invocada corresponde a una acción de precario
en procedimiento monitorio deducida ante el Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Melipilla, en cuyo marco el tribunal de primera instancia
declaró terminado el procedimiento monitorio por resolución de 5 de
agosto de 2025. Apelada dicha resolución, la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de San Miguel la revocó por sentencia de 20 de marzo de
2026, ordenando seguir adelante con el procedimiento monitorio. En
contra de dicha sentencia, la requirente dedujo recurso de casación en el
fondo ante la Excelentísima Corte Suprema;




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5°. Que la requirente sostiene que la aplicación de los artículos 18-J
y 18-K de la Ley N° 18.101 vulnera los artículos 1°, 19 N°s 2 y 3, 6° y 7° de
la Constitución Política, así como diversas disposiciones de tratados
internacionales sobre igualdad ante la ley y no discriminación, por
cuanto la extensión del procedimiento monitorio a la acción de precario
del artículo 2195 del Código Civil impondría al ejecutado limitaciones
desproporcionadas en materia de defensa;
6°. Que, conforme a lo exigido por el artículo 93 inciso undécimo
de la Constitución y el artículo 84 numeral 6° de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, el requerimiento de
inaplicabilidad debe estructurar un conflicto constitucional argüido en
términos claros, precisos y detallados, de modo que permita comprender
la contrariedad a la Constitución que significaría la aplicación de la
norma cuestionada en el caso concreto. La acción de inaplicabilidad
constituye un mecanismo de control concreto que permite suprimir la
aplicación de un precepto legal en un caso específico, y no un
instrumento para cuestionar en abstracto modelos normativos,
reformular el contenido de las normas vigentes o suplir eventuales
insuficiencias regulatorias (STC Rol N° 14.009-23, c. 18°);
7°. Que, en primer término, del examen del libelo se advierte que
el requerimiento cuestiona, en lo medular, el sistema procedimental
establecido en el Título III bis de la Ley N° 18.101, y no la aplicación
concreta de los preceptos singularizados en el caso específico. En efecto,
las alegaciones de la requirente se dirigen a objetar la estructura general
del procedimiento monitorio desde su diseño recursivo y su extensión a
la acción de precario del artículo 2195 del Código Civil. Ello no resulta
compatible con la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, que exige un
cuestionamiento concreto a uno o varios preceptos legales cuya
aplicación, en la gestión pendiente, derive en un resultado contrario a la
Carta Fundamental, en relación precisamente con dicha gestión.
En esta línea, como ha señalado esta Magistratura, no puede
considerarse razonablemente fundado un requerimiento que en lo
esencial ataca de manera abstracta un sistema, esto es, la sustanciación
de un procedimiento seguido en contra del requirente (Roles N°s 2.970,
cc. 6° y 7°; 4.702, c. 6°; 2.151, c. 11°; 13.620, c. 22°; 15.196, c. 13°);
8°. Que, en segundo término, el requerimiento presenta una
incompatibilidad argumentativa que impide fundar plausiblemente un
conflicto constitucional. Del examen de los antecedentes de la gestión
pendiente consta que la requirente dedujo recurso de casación en el


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fondo en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
San Miguel de 20 de marzo de 2026, invocando como normas infringidas,
con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, los artículos 1°, 18-F,
18-H, 18-J y 18-K de la Ley N° 18.101, en relación con el artículo 2195 del
Código Civil.
En consecuencia, los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita ante
esta Magistratura son los mismos que la requirente invoca como normas
cuya correcta aplicación debió conducir a un resultado distinto en la
gestión pendiente. Esta incompatibilidad entre la posición procesal
sostenida por la requirente ante la Excelentísima Corte Suprema y el
conflicto constitucional planteado ante esta Magistratura priva al
requerimiento de la coherencia argumentativa exigible para configurar
una controversia constitucional plausible vinculada al caso concreto,
desde que la inaplicabilidad constituye un instrumento de supresión
concreta de un precepto legal y no de hermenéutica que se desenvuelva
en el plano de la legalidad (STC Rol N° 15.196, c. 13°; 13.620, cc. 20° y
22°);
9°. Que, en tercer término, el libelo prescinde de referir
antecedentes relativos al proceso penal conexo a la gestión pendiente
que fuera sustanciado ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Melipilla. Esa omisión impide constatar, en los términos exigidos por el
artículo 93 inciso undécimo de la Constitución, de qué manera la
aplicación de los preceptos impugnados produciría en el caso concreto
un resultado contrario a la Carta Fundamental, lo que es lo propio de la
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Como ha precisado
esta Magistratura, la omisión de una contextualización constata la
ausencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado que
exprese argumentos concatenados y permita comprender la
contrariedad a la Constitución que significaría la aplicación de la norma
cuestionada (Rol N° 13.620, c. 20°);
10°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución
Política y por el artículo 84 numeral 6° de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, en cuanto el déficit argumentativo
del que adolece el requerimiento no permite constatar un conflicto
constitucional argüido en términos claros, precisos y detallados de modo
tal que permita la comprensión de la contrariedad a la Constitución que
significaría la aplicación de las normas cuestionadas en el caso concreto.




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DOS MIL OCHENTA Y UNO




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE: Que se declara inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.512-26-INA.




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DOS MIL OCHENTA Y DOS


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 11/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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