TC Rol 17513

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DOSCIENTOS ONCE



Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 47 y 141, a todo, ténganse por acompañadas las piezas
remitidas.

A fojas 205, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:



1°. Que, con fecha 13 de abril de 2026, Oscar Jaures Retamal requiere
la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 370 del Código Procesal Penal, para que ello incida en el proceso
penal RIT N° 3751-2024, RUC N° 2401549994-6, seguido ante el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas bajo el Rol N° 88-2026 (Penal);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Primera Sala, acogiéndolo a tramitación
por resolución de 15 de abril de 2026, a fojas 37. En dicha oportunidad se
confirió traslado a las demás partes de la gestión para examinar el
cumplimiento de sus requisitos de admisibilidad.

Precluido lo anterior, y examinado el requerimiento en conjunto con
todos sus antecedentes fundantes, se tiene la concurrencia de la causal
prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, en tanto el precepto legal
impugnado no resulta decisivo en la resolución del asunto;

3°. Que, el requirente expone que fue imputado ante el Juzgado de
Garantía de Punta Arenas por presunto delito de amenazas en
procedimiento simplificado. Indica que en audiencia de 10 de febrero de
2026 no admitió responsabilidad conforme al artículo 395 del Código
Procesal Penal y se procedió a la preparación del juicio oral simplificado.
Luego, acota que en dicha audiencia la defensa adhirió a la prueba de cargo
y ofreció como prueba propia exclusivamente dos videos, quedando
terminada la etapa intermedia y fijada la audiencia de juicio para el 25 de
marzo de 2026.




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Refiere que ello es relevante, puesto que no ofreció relevante prueba
de descargo en esa audiencia, situación que imputa a la omisión de su
defensa anterior, la que aceptó la preparación sin consultar al imputado
sobre su prueba ni informarle que esa era su única oportunidad procesal
para ofrecerla. Ante esa situación, el 20 de marzo de 2026 su nueva defensa
dedujo incidente de nulidad procesal, el que fue rechazado mediante
resolución de 25 de marzo de 2026. Luego, interpuso recurso de apelación,
fundado en que se causa un gravamen que hace imposible la prosecución
del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 370 del Código
Procesal Penal.

Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró
inadmisible el recurso de apelación al estimarlo improcedente, teniendo en
consideración los artículos 165 inciso final, 352 y 370 del Código Procesal
Penal. Contra esa resolución su defensa interpuso recurso de hecho ante la
Corte de Apelaciones de esa ciudad, presentación que constituye la gestión
en que incide el requerimiento de inaplicabilidad deducido en esta causa
constitucional;

4°. Que, al fundar el conflicto que supone la aplicación del precepto
legal, argumenta vulneración al derecho al debido proceso y la tutela judicial
efectiva consagrados en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, así como su
artículo 76. Sostiene que llegará al juicio oral simplificado sin prueba de
descargo por omisión de la defensa anterior, configurándose una infracción
al estándar de defensa técnica eficaz, cuestión compleja, explica, en tanto el
rechazo de la nulidad consolidó ese gravamen clausurando el contradictorio.

Argumenta en tal sentido que la aplicación del artículo 370 del Código
Procesal Penal convierte dicha norma en un mecanismo de clausura
jurisdiccional que impide que tribunal alguno revise la validez de una etapa
procesal en que se vulneró el derecho a la defensa técnica eficaz. Agrega
que no existe dentro en el sistema procesal ningún otro recurso ni
mecanismo que permita al imputado obtener una revisión de lo ocurrido en
la audiencia de preparación;

5°. Que, para los efectos de declarar la admisibilidad de la cuestión
sometida al conocimiento de esta Magistratura es necesario que concurran
los siguientes requisitos: a) que exista una gestión pendiente ante un
tribunal ordinario o especial; b) que la acción de inaplicabilidad sea ejercida
por el juez que conoce del asunto o por alguna de las partes; c) que se
impugne la constitucionalidad de un precepto con rango legal; d) que la
aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisiva en la
resolución del asunto; y e) que la impugnación esté fundada


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razonablemente (roles N°s 638, 717, 1.139 y 1.780, entre otras). Sobre estos
presupuestos, el artículo 84, N° 5°, de la Ley N° 17.997 establece que
procede declarar la inadmisibilidad del requerimiento cuando, de los
antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión,
aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o no
resultará decisivo en la resolución del asunto;

6°. Que, la jurisprudencia de esta Magistratura ha precisado este
requisito en veinte años de ejercicio de la competencia de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de la ley, que le fuera entregada en el año 2005 por
medio de la Ley N° 20.050, de Reforma Constitucional. Se ha razonado que
esta acción “instaura un proceso dirigido a examinar la constitucionalidad de un
precepto legal cuya aplicación en una gestión pendiente que se siga ante un
tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”, siendo un
“medio de accionar en contra de la aplicación de normas legales determinadas
contenidas en una gestión judicial y que puedan resultar derecho aplicable” en
ella (rol N° 1.062). Estos asertos derivan de su naturaleza concreta: el control
no recae sobre la norma en abstracto, sino sobre “el examen concreto de si un
determinado precepto legal invocado en una gestión judicial pendiente y
correctamente interpretado producirá efectos o resultados contrarios a la
Constitución”, de manera que “la decisión jurisdiccional de esta Magistratura ha
de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación
del precepto impugnado pueda tener en un caso concreto y no necesariamente
en su contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional” (rol N°
1.569);

7°. Que, en sus primeras decisiones en ejercicio de esta competencia
el Tribunal asentó que, para satisfacer el requisito de aplicación decisiva,
basta con que la aplicación del precepto legal en cuestión “pueda” resultar
decisiva en la gestión pendiente, o bien que el juez del fondo tenga la
“posibilidad” de aplicar dicho precepto (roles N°s 501, 505, 634, 709, 943 y
1.405, citados en rol N° 1.741). Esta comprensión inicial fue posteriormente
precisada, razonando que dicha posibilidad no puede ser meramente
hipotética o indeterminada. Para ello, se estimó que el requisito
constitucional y legal envuelve una exigencia de análisis concreto:
determinar si “de los antecedentes allegados al requerimiento puede concluirse
que el juez necesariamente ha de tener en cuenta la aplicación de la norma legal
que se impugna, para decidir la gestión” (roles N°s 668, 809 y 2.228). Así, el
carácter decisivo de la norma impugnada de inaplicabilidad está
inescindiblemente ligado al control concreto de constitucionalidad de la ley:
no basta que el precepto pueda en algún sentido ser considerado en la
gestión; es preciso que el sentenciador de fondo, esto es, aquel llamado

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constitucionalmente a resolverla, deba necesariamente acudir a él para
resolver el asunto pendiente;

8°. Que, en desarrollo de ese estándar para comprender la influencia
decisiva de la impugnación, la jurisprudencia ha identificado el contenido
positivo de la exigencia. La norma cuestionada ha de tener “incidencia en la
decisión sustantiva de la gestión que ha motivado la interposición de la acción,
atendida la naturaleza de la misma” (rol N° 764). En este sentido, a vía
ejemplar, una disposición que “contempla un trámite ajeno a la resolución
sustantiva del asunto” no puede ser calificada como decisiva, aunque forme
parte del procedimiento en que la gestión se tramita (rol N° 668). Del mismo
modo, se ha estimado que no resulta decisiva la norma cuyo reproche se
funda en la interpretación o aplicación que los tribunales de fondo le han
dado, pues ello constituye “un asunto que compete a los jueces de fondo
resolver” y que “es de resorte exclusivo” de ellos (rol N° 1.660). Tampoco
satisface la exigencia el precepto impugnado cuando, aun de acogerse el
requerimiento, el resultado inconstitucional denunciado se mantendría en
virtud de otras normas no impugnadas, ni cuando la norma objetada no
constituye “derecho aplicable en la gestión judicial” de que se trata (rol N°
684). Deriva de lo anterior que la exigencia de incidencia decisiva supone
que el precepto sea el que el sentenciador habrá de aplicar para adoptar la
decisión relevante en la gestión pendiente que se ha invocado y que de esa
aplicación pueda derivarse el efecto inconstitucional que la parte requirente
denuncia;

9°. Que, asimismo, la jurisprudencia consolidó una vertiente de tipo
temporal para la exigencia: si la disposición legal cuestionada ya fue
aplicada en la fase procesal pertinente, “no resultará decisiva en la resolución
del asunto que se halla pendiente de resolver por los tribunales del fondo” (rol
N° 1.728). Esta doctrina fue sistematizada en rol N° 1.546, en que el Tribunal
razonó que, si la aplicación del precepto “ya acaeció, produjo sus efectos y se
agotó”, impide considerarla decisiva en la resolución del recurso pendiente,
cuando la normativa cuestionada se refiere exclusivamente a la gestión o
fase procesal ya concluida. Ese criterio fue reiterado en roles N°s 2.543 y
2.547, entre otras. En el mismo sentido, en rol N° 5.366 se declaró
inadmisible un requerimiento respecto de una norma que, atendido el
estado procesal de la causa, “ya no es aplicable en forma decisiva para la
resolución de ese particular asunto, sin perjuicio de la discusión que corresponda
continuar sobre el fondo del juicio”, habida cuenta de que el conflicto que
motivaba la impugnación había quedado resuelto.




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Con todo, se trata de una aproximación interpretativa a la exigencia
constitucional y legal que halla su fundamento en la naturaleza de la acción:
como lo ha advertido la doctrina recogida por este Tribunal, si la gestión de
que se trata se encuentra agotada, “la declaración de inaplicabilidad ya no
tendría la virtud de evitar el efecto inconstitucional que le da sentido” (Correa
Sutil, Jorge (2011). Inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Santiago: Legal Publishing, p. 89, citado en roles
N°s 3.049, 3.050 y 3.051). Así, la acción de inaplicabilidad sólo puede incidir
en una gestión vigente y requiere analizar lo que, en ésta, al presentarse el
requerimiento, se ha alegado y resuelto para comprender la influencia
decisiva que la norma habrá de tener en la decisión del asunto (rol N°
17.335), decisión que, por cierto, debe encontrarse pendiente;

10°. Que, teniendo a la vista estos antecedentes y siguiendo lo
previsto en el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución y en el artículo
84, N° 5°, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
la Sala debe constatar si la impugnación es decisiva para resolver el asunto
atendida la eventualidad de que, con la aplicación de la norma cuestionada,
el sentenciador pueda resolver y producir el resultado contrario a la
Constitución, siendo la declaración de inaplicabilidad el medio previsto
directamente por aquella para evitar dicha consecuencia;

11°. Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en el
requerimiento y sus documentos acompañados, el artículo 370 del Código
Procesal Penal ya fue aplicado por el Juez de Garantía de Punta Arenas y
produjo sus efectos en la resolución de 1 de abril de 2026 que declaró
inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que
rechazó el incidente de nulidad procesal. En dicha oportunidad, el precepto
cuestionado cumplió su función al servir de fundamento, junto con los
artículos 165 inciso final y 352 del Código Procesal Penal, para concluir que
no procedía el recurso de apelación, agotando su espectro normativo en esa
fase procesal. Si bien se interpuso recurso de hecho contra esa decisión, el
que ha servido de base para deducir el presente requerimiento de
inaplicabilidad, esa impugnación debe ser examinada con los restantes
requisitos y doctrina que ha asentado este Tribunal para analizar la
influencia decisiva que pudiera tener la impugnación de inaplicabilidad para
fallar ese recurso ejercido;

12°. Que, en efecto, el específico medio recursivo que se ha invocado
como gestión pendiente, el recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas, no será exclusivamente resuelto en mérito del artículo 370
del Código Procesal Penal que el requirente impugna. Aquel tiene por objeto


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que la Corte de Apelaciones examine si el Juez de Garantía incurrió en error
al declarar inadmisible el recurso de apelación, para lo cual el Tribunal de
Alzada podrá considerar el conjunto normativo que regula la apelabilidad de
las resoluciones dictadas por el Juez de Garantía. En particular, deberá
ponderar no solo el artículo 370 del Código Procesal Penal, que establece los
casos en que las resoluciones del Juez de Garantía son apelables, sino,
también, el artículo 165 inciso final del mismo Código, en cuanto prescribe
que las resoluciones que fallan las cuestiones de nulidad no son susceptibles
de recurso alguno, y el artículo 352 del Código Procesal Penal, que consagra
el principio de taxatividad de los recursos al establecer que los intervinientes
podrán recurrir “sólo por los medios y en los casos expresamente
establecidos en la ley”.

Así, la normativa cuestionada, referida a los casos en que procede la
apelación, no constituye exclusivamente derecho aplicable para decidir el
fondo de la gestión invocada (el recurso de hecho contra la inadmisibilidad
de la apelación), la que se ventilará considerando el sistema recursivo del
Código Procesal Penal en su conjunto;

13°. Que, adicionalmente, y como lo ha explicado el Ministerio Público
en su traslado, aun de declararse inaplicable el artículo 370 del Código
Procesal Penal en la gestión pendiente, el resultado que el requirente
denuncia como inconstitucional, esto es, la imposibilidad de impugnar la
resolución que rechazó el incidente de nulidad, se mantendría en virtud de
otras disposiciones no impugnadas.

En efecto, el artículo 165 inciso final del Código Procesal Penal
establece expresamente que las resoluciones que fallan las cuestiones sobre
nulidad procesal “no serán susceptibles de recurso alguno”, y su artículo 352
consagra que los intervinientes sólo podrán recurrir “por los medios y en los
casos expresamente establecidos en la ley”. De este modo, con la eventual
declaración de inaplicabilidad del artículo 370 del Código Procesal Penal
subsistirían otras normas que impiden recurrir contra las resoluciones que
rechazan incidentes de nulidad y que exigen que los recursos procedan
únicamente en los casos que la ley expresamente contempla.

Como lo señaló este Tribunal en rol N° 684, no satisface la exigencia
de incidencia decisiva el precepto impugnado cuando, aun de acogerse el
requerimiento, el resultado inconstitucional denunciado se mantendría en
virtud de otras normas no impugnadas. En la presente causa concurre esa
hipótesis, desde que el impedimento recursivo que el requirente denuncia
no deriva exclusivamente del artículo 370 del Código Procesal Penal, sino del



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conjunto normativo integrado por los artículos 165 inciso final, 352 y 370 del
Código Procesal Penal, de los cuales sólo se ha impugnado este último;

14°. Que, en fin, como lo señaló el Tribunal en causa rol N° 2.970, la
exigencia de incidencia decisiva implica que la inaplicabilidad declarada
“deba ser considerada por el juez llamado a resolverla” en la decisión del
asunto, condición que no se satisface en la presente causa atendidos los
argumentos que se desarrollan en el requerimiento y, en particular, en la
relación de lo alegado con el específico y delimitado avance procesal de la
gestión.

A ese respecto, retoma sentido lo razonado en la resolución de causa
rol N° 873, en tanto “[l]a Constitución optó por disponer que solicitada la
inaplicabilidad, declarada admisible y luego acogida por el Tribunal
Constitucional, ello sólo produce efectos desde la notificación de la sentencia al
tribunal que está en condiciones de aplicar la norma cuya inaplicabilidad se
solicitó, o sea, no le dio, ni pudo darle efecto retroactivo alguno, pues el efecto de
la inaplicabilidad se producirá necesariamente después de su declaración”;

15°. Que, por lo razonado, confluye la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. No se aprecia, a partir del requerimiento
deducido, que el artículo 370 del Código Procesal Penal resulte actualmente
decisivo en la resolución del recurso de hecho invocado como gestión
pendiente.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
incisos primero, N° 6°, y undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.513-26-INA.




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Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 12/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 12/05/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/05/2026




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