TC Rol 17516

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DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS




Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 13 de abril de 2026, Herman Chadwick Larraín ha
presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, para que ello
incida en el proceso Rol C-41615-2018, seguido ante el Décimo Noveno
Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en conocimiento de la Corte de
Apelaciones de Santiago bajo el Rol N° 10181-2023 (Civil);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala.

Luego, al examinarlo en conjunto con sus antecedentes fundantes,
desde ya esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción
constitucional deducida no puede prosperar, al concurrir la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. El requerimiento carece de fundamento
plausible o razonable, cuestión que imposibilita, antes, el examen del
cumplimiento de los requisitos de admisión a trámite contemplados en sus
artículos 79 y 80;

3°. Que el requirente expone que, en su calidad de ex síndico de
quiebras, fue condenado en marzo de 2018 por el Juzgado de Garantía de
Rancagua y bajo las reglas del procedimiento penal abreviado.
Posteriormente, en juicio civil de indemnización de perjuicios seguido ante
el Decimonoveno Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, explica que la
parte demandante ha invocado el artículo 178 del Código de Procedimiento
Civil para conferir efecto de cosa juzgada civil a esa sentencia penal, de
modo que los hechos aceptados en el procedimiento abreviado sean
tenidos por inamovibles en sede civil, privando al tribunal de conocer y
resolver autónomamente sus presupuestos esenciales (fojas 2).

Expone que el procedimiento abreviado es una modalidad de justicia
penal consensuada que se aparta del principio de contradicción. En él, el
imputado renuncia expresamente al juicio oral y a su derecho a rendir
prueba, aceptando los hechos de la acusación con el único fin de obtener los
beneficios punitivos que el modelo procesal prevé. No hay, por tanto, anota
a fojas 2 y 3, una verificación judicial de la verdad material ni una
determinación probatoria del dolo o la culpa. Así, “extender los efectos de una
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sentencia obtenida en esas condiciones al ámbito civil significa privar al
afectado de un juicio racional y justo sobre su responsabilidad patrimonial,
trasladando al proceso civil una “verdad procesal negociada” carente de
sustento probatorio. La consecuencia práctica es la supresión del contradictorio
civil y la pérdida del derecho a ser oído con plena jurisdicción, infringiendo el
núcleo esencial del derecho de defensa”;

4°. Que, derivado de lo anterior y al fundar la cuestión de
constitucionalidad, el requirente argumenta que la aplicación del artículo
178 del Código de Procedimiento Civil vulnera el derecho al debido proceso
y el derecho de defensa consagrados en el artículo 19 N° 3 de la
Constitución, en tanto le es suprimido el contradictorio civil y pierde el
derecho a ser oído con plena jurisdicción, infringiendo el núcleo esencial del
derecho de defensa; la igualdad ante la ley garantizada en el artículo 19 N°
2, al generar una diferencia arbitraria entre quienes enfrentan un juicio civil
ordinario y quienes son perseguidos civilmente tras un proceso penal
abreviado (fojas 3); y el artículo 19 N° 26, al desnaturalizar la esencia del
derecho de defensa y del debido proceso (fojas 3).

Subsidiariamente, a fojas 22, “ y para el evento de no acogerse la
declaración de inaplicabilidad pura y simple, solicit[a] que este Excmo. Tribunal
declare que la única interpretación conforme a la Constitución del artículo 178
del Código de Procedimiento Civil es aquella según la cual las sentencias penales
obtenidas en procedimientos abreviados carecen de efecto de cosa juzgada civil,
pudiendo ser valoradas únicamente como confesiones extrajudiciales,
ponderables junto al resto de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica”;

5°. Que, para los efectos de declarar la admisibilidad de la cuestión
sometida al conocimiento de este Tribunal, es necesario que concurran los
siguientes requisitos: a) que exista una gestión pendiente ante un tribunal
ordinario o especial; b) que la acción sea ejercida por el juez que conoce del
asunto o por alguna de las partes; c) que se impugne la constitucionalidad
de un precepto legal; d) que la aplicación del precepto legal impugnado
pueda resultar decisiva en la resolución del asunto; y e) que la impugnación
esté fundada razonablemente (roles N°s 638, 717, 1.139, 1.780, entre otras).
Sobre tales presupuestos, el artículo 84, N° 6°, de la Ley N° 17.997 establece
que procede declarar la inadmisibilidad cuando el requerimiento carezca de
fundamento plausible, expresión que el legislador orgánico empleó como
equivalente a la exigencia constitucional de que la acción se encuentre
“fundada razonablemente”, consagrada en el artículo 93 inciso undécimo de
la Constitución, conforme lo precisó esta Magistratura al ejercer el control
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preventivo de constitucionalidad de la Ley N° 20.381 (Rol N° 1.288, reiterado
en roles N°s 1.624 y 1.749);

6°. Que, en cuanto al contenido sustantivo de la exigencia, la
jurisprudencia del Tribunal ha elaborado sus elementos definitorios en
veinte años del conocimiento de la acción de inaplicabilidad, tanto por vía
de inclusión (aquello que la caracteriza) como por vía de exclusión (lo que no
envuelve fundamento plausible). Se ha precisado que la fundamentación
razonable “supone una condición que implica -como exigencia básica- la aptitud
del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso
concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente”, y que
“la explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas,
sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la
acción ejercitada” (roles N°s 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 494, 1.665,
1.708, 1.780, 1.956 y 2.088, entre otras).

Por lo mismo, ya en el año 2006 el Tribunal falló que el término
“razonablemente” supone “la idea de conforme a la razón, y adicionalmente,
más que meridianamente”, en tanto “fundar” importa “razón principal o motivo
con que se pretende afianzar y asegurar una cosa”, por lo que la exigencia
constitucional supone “una suficiente y meridiana motivación, de modo que
pueda comprenderse en términos intelectuales la pretensión que se solicita al
tribunal” (roles N°s 495, 617, 643 y 693). Desde esa perspectiva de
interpretación de la exigencia constitucional y legal, para que ésta se
entienda satisfecha, el requerimiento “no sólo debe señalar con precisión y
suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y también indicar cuáles son los
preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicada la o las
determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial pendiente, sino
que, además, debe señalarse de manera clara, delimitada y específica, la forma
en que se podría producir la contradicción constitucional en el asunto concreto
que se discute en el mismo proceso judicial” (Rol N° 2.121, reiterado en roles
N°s 2.717, 2.749, 2.756 y 3.019);

7°. Que, bajo esta aproximación interpretativa, la jurisprudencia del
Tribunal ha desarrollado criterios para determinar la ausencia de
fundamento plausible. Así, el requerimiento carece de este requisito cuando
lo planteado no es una contradicción directa, clara y precisa entre el
precepto legal y la Constitución, sino una discrepancia sobre la
interpretación o calificación jurídica que el tribunal del fondo dio a la norma,
pues “en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el Tribunal
Constitucional sólo ha sido autorizado por la Carta Fundamental para efectuar
el control de constitucionalidad concreto de los preceptos legales objetados y,
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por consiguiente, no ha sido llamado a resolver sobre la aplicación e
interpretación de normas legales, cuestión que, de conformidad a la amplia
jurisprudencia recaída en requerimientos de inaplicabilidad, es de competencia
de los jueces del fondo” (roles N°s 1.314 y 1.351). Además, carece de
fundamento plausible el requerimiento que desarrolla un conflicto entre
normas legales, ya no entre la ley y la Constitución, pues “la determinación
del sentido y alcance del precepto impugnado en los procesos seguidos ante los
jueces del fondo no es una materia propia de esta jurisdicción constitucional,
dado que esto último importa una cuestión de legalidad cuya resolución es
propia de los jueces de fondo” (STC roles N°s 2.465, 3.066 a 3.077 y 3.104).

Unido a lo anterior, se ha estimado que no cuenta con fundamento
plausible el requerimiento cuyo petitorio principal o subsidiario solicita al
Tribunal dictar una sentencia interpretativa que fije el sentido correcto de la
norma o declare cuál es su única lectura constitucionalmente admisible,
pues la inaplicabilidad sólo puede producir la no-aplicación del precepto en
el caso concreto, sin habilitar al Tribunal para fijar el sentido que los jueces
del fondo deben darle (roles N°s 693, 777 y 1.832), siendo incompatible con
la naturaleza de la acción toda petición orientada a obtener un
pronunciamiento que brinde fundamentos para la aplicación del precepto
por un juez. Lo anterior, por cuanto, debe declararse la inadmisibilidad
cuando no es “solicitada la inaplicabilidad de un precepto legal, sino más bien
la inaplicabilidad de una determinada interpretación de aquél que no se aviene
a las pretensiones del recurrente” (Rol N° 1.832, c. 11°);

8°. Que, examinado el requerimiento siguiendo los criterios
desarrollados por el Tribunal, se constata que el conflicto sometido al
conocimiento de esta Magistratura no es, en su núcleo esencial, un conflicto
de constitucionalidad, sino un conflicto de legalidad relativo a la
interpretación y aplicación del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil
en el contexto del sistema procesal penal. La argumentación del requirente
no se dirige a demostrar que el contenido normativo del precepto (la regla
según la cual las sentencias penales condenatorias pueden hacerse valer en
juicios civiles) sea incompatible con la Constitución. Más bien, lo sostenido
descansa en una premisa que necesita comparar la norma cuestionada
(concebida bajo el antiguo sistema inquisitivo del Código de Procedimiento
Penal) con la estructura del proceso penal vigente y concluir que no debería
ser aplicada a las sentencias dictadas en procedimiento abreviado, en tanto
éste carecería de las condiciones epistémicas y de garantías que justificaban
la vinculación entre el orden penal y el civil en el sistema anterior.
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TRESCIENTOS



Ese planteamiento del requerimiento no constituye una
impugnación de la aptitud del precepto para contrariar la Constitución; en
contrario, es una controversia sobre el ámbito de aplicación de la norma
teniendo en consideración las reglas y sistemática que introduce el Código
Procesal Penal. Por lo mismo, la determinación de si el artículo 178 del
Código de Procedimiento Civil resulta aplicable (y en qué medida) a las
sentencias dictadas en procedimiento abreviado es el tipo de cuestión que
corresponde resolver a los jueces del fondo en ejercicio de su competencia
para determinar el derecho aplicable a la gestión invocada ante la Corte de
Apelaciones de Santiago y que, en el caso de existir una interpretación
errada, es susceptible de enmienda a través de los recursos pendientes y
que, precisamente, han sido interpuestos, según se lee a fojas 192 y
siguientes.

Por lo mismo, razonó el Tribunal en Rol N° 15.036, aceptar una tesis
contraria significaría “transgredir la distribución de competencias entre el
Poder Judicial y este tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto
constitucional, y los cuerpos legales que regulan las atribuciones de estos
órganos constitucionales. En este sentido, conviene enfatizar que esta
Magistratura se encuentra impedida constitucional y legalmente de revisar una
decisión judicial que ha producido cosa juzgada y, más aún, que hacerlo
importaría una transgresión de los principios de independencia judicial,
separación de poderes y juridicidad”;

9°. Que, además, la constatación de que el requerimiento envuelve
un conflicto de legalidad y no de constitucionalidad se confirma al examinar
su petitorio subsidiario. En éste, el requirente solicita expresamente que
este Tribunal “declare que la única interpretación conforme a la Constitución
del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil es aquella según la cual las
sentencias penales obtenidas en procedimientos abreviados carecen de efecto de
cosa juzgada civil, pudiendo ser valoradas únicamente como confesiones
extrajudiciales, ponderables junto al resto de la prueba conforme a las reglas de
la sana crítica”. Esa petición es incompatible con la naturaleza de la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Como lo ha precisado la
jurisprudencia de esta Magistratura, la inaplicabilidad sólo puede producir la
inaplicación de un precepto legal en el caso concreto y no lo habilita para
fijar el sentido o alcance que los jueces del fondo deben darle. La petición
subsidiaria de una “sentencia interpretativa” de este tipo, que en los hechos
equivale a pedirle al Tribunal que establezca la hermenéutica correcta del
artículo 178 del Código de Procedimiento Civil para todos los casos de
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procedimiento abreviado, es “manifiestamente improcedente” y no se
aviene con el objeto y finalidad de la acción de inaplicabilidad (Rol N° 2.017)

En este sentido, en Rol N° 693 se precisó que la acción de
inaplicabilidad no es el instrumento para obtener pronunciamientos que
fijen el sentido correcto de la norma, pues tal pretensión importa en los
hechos que el Tribunal Constitucional asuma una labor que no le
corresponde. Esa situación se reproduce en el presente caso, en que el
petitorio subsidiario aspira a que este Tribunal fije la interpretación del
artículo 178 del Código de Procedimiento Civil que la Corte de Apelaciones
de Santiago debiera seguir al conocer los recursos pendientes, cuestión
improcedente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad que entrega directamente la
Constitución;

10°. Que, consecuencialmente, el requerimiento confluye en una
contradicción que refuerza la conclusión sobre la ausencia de fundamento
plausible. Si el actor deduce simultáneamente, y como peticiones principales
y subsidiarias, la inaplicabilidad del precepto y la declaración de cuál es su
única interpretación conforme a la Constitución, necesariamente debe
concluirse que ambas peticiones son incompatibles entre sí: si el precepto
es inconstitucional en su aplicación al caso, debe ser excluido del complejo
normativo de la gestión; si, en cambio, la disposición legal cuestionada
admite una lectura conforme a la Constitución, como el propio requirente
refiere, entonces el conflicto no es uno de constitucionalidad, sino de
determinación del correcto alcance de la norma, lo que corresponde
resolver al juez del fondo.

Por lo mismo, la formulación simultánea de ambas peticiones revela
que el requerimiento no articula un conflicto de constitucionalidad concreta
de la ley; en rigor, persigue orientar la decisión de la Corte de Apelaciones
de Santiago al resolver los recursos pendientes en la gestión. La
jurisprudencia de esta Magistratura ha considerado que la existencia de
esas contradicciones internas es indicativa de la ausencia de fundamento
plausible, pues impide identificar con claridad el conflicto constitucional
cuya resolución se somete a la competencia del Tribunal (Rol N° 2.925);

11°. Que, por lo razonado, se tiene por concurrente la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal. El requerimiento no articula un
conflicto de constitucionalidad concreto y circunstanciado respecto del
contenido normativo del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil,
limitándose a plantear un conflicto de legalidad relativo al ámbito de
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aplicación correcto del precepto frente al diseño normativo del Código
Procesal Penal. Luego, cuestiona la interpretación que se dio a la norma en
la gestión invocada, materia que corresponde resolver a los jueces del fondo
a través de los recursos que el ordenamiento establece y que el propio
requirente ha deducido; formula una petición subsidiaria de dictación por
este Tribunal de una sentencia interpretativa que es incompatible con la
naturaleza de la acción de inaplicabilidad; y, en fin, exhibe una contradicción
interna entre sus peticiones principal y subsidiaria que impide identificar el
conflicto constitucional cuya resolución somete a esta Magistratura en el
ámbito de la acción ejercida en la presente causa.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.516-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/04/2026




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