TC Rol 17519

Texto completo

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TREINTA Y DOS




Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que don Danilo Andrés Reyes Estrada acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 486 inciso primero del Código de
Procedimiento Civil, en el proceso Rol C-1752-2024, seguido ante el
Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
2°. Que, examinando el requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica
Constitucional de esta Magistratura. En la especie no se cumple con el
requisito esencial en torno a la estructuración argumentativa plausible
del conflicto constitucional vinculado con el caso concreto que se sigue
en la gestión pendiente.
3°. Que, según se lee de la presentación de fojas 1, el requirente
acciona en el marco de un juicio ejecutivo seguido ante el Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, caratulado “Banco de Crédito e Inversiones con
Reyes”, en el que Banco de Crédito e Inversiones demandó
ejecutivamente a don Danilo Andrés Reyes Estrada para el cobro de una
obligación de dinero. Conforme a la certificación acompañada a fojas 13,
se encuentra pendiente de realización subasta de un inmueble de su
propiedad, para el 12 de mayo de 2026.
4°. Que el requirente sostiene que la aplicación del precepto
impugnado vulnera las garantías constitucionales contempladas en el
artículo 19, numerales 2°, 3° y 24°, de la Constitución Política. Argumenta
que el artículo 486 inciso primero del Código de Procedimiento Civil
vulnera la igualdad ante la ley al imponer el avalúo fiscal como base de la
subasta, impidiendo obtener una tasación a valor de mercado; que
infringe el debido proceso al privarle de la posibilidad de ofrecer prueba
pericial y de recurrir de la resolución que rechazó su objeción; y que
atenta contra el derecho de propiedad al permitir que el inmueble sea
rematado por un valor sustancialmente inferior a su precio de mercado,
siendo éste el único bien del que dispone para regularizar su situación
financiera. Agrega que su condición de privado de libertad le habría
impedido ejercer oportunamente las facultades que la norma le confiere.
5°. Que, de la lectura del requerimiento se constata la
concurrencia de la causal contemplada en el numeral 6° del artículo 84


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de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, en cuanto no se
tiene en autos el desarrollo de un conflicto constitucional que posibilite
activar la competencia de este Tribunal con la finalidad de inaplicar en un
caso concreto una disposición legal vigente. Como ha razonado esta
Magistratura, la exigencia de fundamento plausible implica una
contradicción directa, clara y precisa del precepto legal eventualmente
aplicable a un caso concreto con la Constitución, lo que desvirtúa la
alegación de mera legalidad o que las problemáticas que presente el
requirente sean corregidas por las vías recursivas, puesto que el
parámetro de contraste es la Constitución y no la ley, dado que el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad busca
garantizar la supremacía constitucional (así, resoluciones de
inadmisibilidad en causas Roles N°s 15.265, 15.557, 16.067, 16.403,
17.087, 17.135, entre otras).
6°. Que del estado procesal actual de la gestión sub lite se verifica
que el ejecutado no opuso excepciones a la ejecución dentro del plazo
legal, según consta en certificación de fecha 30 de agosto de 2024.
Asimismo, según fuera resuelto en el marco de la gestión pendiente, el
requirente tuvo la oportunidad procesal de ejercer la facultad que el
propio artículo 486 inciso primero del Código de Procedimiento Civil le
confiere expresamente, pese a lo cual no dedujo objeción alguna dentro
del plazo legal, precluyendo su derecho. De tal manera, la objeción
deducida con posterioridad fue declarada extemporánea por resolución
de 18 de agosto de 2025.
7°. Que, en consecuencia, desde los supuestos concretos en los
cuales acciona la requirente no es posible tener por fundado
plausiblemente su libelo. No solo omite toda referencia específica a la
tramitación de las incidencias promovidas en la gestión, sino que
pretende estructurar el vicio constitucional denunciado desde la
privación de libertad que sufre como consecuencia de una sentencia
condenatoria dictada en su contra, alegación que no permite configurar
un contradictorio constitucional si se encuentra desconectada de los
términos específicos de la ritualidad procesal seguida en la gestión sub
lite y las incidencias promovidas o no promovidas por aquella.
De esta forma, el conflicto propuesto se estructura a partir de
alegaciones conocidas y desestimadas por esta Magistratura, lo que no
permite tenerlo por plausible o razonable e iniciar un contradictorio. Éste
se encuentra circunscrito al desarrollo argumental de la parte que ha




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accionado para lograr la inaplicabilidad de un precepto legal con relación
a su contradictoriedad concreta frente a la Constitución.
8°. Que, consecuencialmente, atendido el carácter eminentemente
concreto de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el
requirente no ha estructurado argumentativamente, de manera
plausible, un conflicto constitucional en el caso. Las alegadas
vulneraciones de las garantías constitucionales invocadas no revisten
fundamento plausible en los términos en que han sido planteadas en el
libelo, planteándose cuestiones cuyo conocimiento compete al juez del
fondo. Por lo expuesto, se declarará derechamente la inadmisibilidad del
requerimiento.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.519-26-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/04/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 28/04/2026 Fecha: 28/04/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/04/2026




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