TC Rol 17520

Texto completo

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CINCUENTA




Santiago, seis de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 48, estese a lo que se resolverá; al otrosí, téngase por
acompañado.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 13 de abril de 2026, Soraya Mercedes Bracho
González ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad para que ello incida en el proceso Rol N° 7078-2026,
sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones de
Concepción;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, para el examen de admisión a trámite del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en autos, debe verificarse el cumplimiento de los
requisitos consignados en el artículos 80 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional;

4°. Que, con fecha 17 de abril de 2026, esta Sala apercibió a la parte
requirente para que, junto con acompañar un certificado de la gestión
pendiente, cumpliera con aclarar el precepto legal impugnado de manera
de hacer inteligible el conflicto constitucional que plantea, toda vez que
solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del
artículo 70 N° 1 de la Ley N° 21.325, en circunstancias que en varios
pasajes del libelo cuestiona el artículo 90 N° 2 del mismo cuerpo legal;

5°. Que, por presentación de 22 de abril de 2026, la actora cumple
con acompañar el certificado solicitado, y señala que el precepto legal
cuya inaplicabilidad solicita es el artículo 70 N° 1 de la Ley N° 21.325, de
Migración y Extranjería;

6°. Que, la actora refiere ingresó a Chile en octubre de 2017 y que
desde febrero del 2020 mantiene permiso de residencia definitiva. Indica
que vive con sus dos hijos que mantienen situación migratoria regular, y
con su madre de 96 años de edad.

Agrega que es médico cirujano de la Universidad de Carabobo,
Venezuela, con especialización en traumatología y ortopedia.
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CINCUENTA Y UNO




Relata que la Superintendencia de Seguridad Social mediante
Resolución Exenta N° D-01-S-00526-2024 impuso a la requirente una
sanción administrativa de carácter pecuniario por la emisión de licencias
médicas con ausencia de fundamento clínico, y que el 25 de junio de 2025,
mediante Oficio Ordinario N° 984, dicha entidad remitió al Servicio
Nacional de Migraciones estos antecedentes.

Así, expone que el SERMIG, en base a esos antecedentes, inició un
procedimiento sancionatorio y dictó la Resolución Exenta N° 7004, de 5 de
marzo de 2026, que:

(i) revocó el permiso de residencia definitiva de la requirente;

(ii) le ordenó abandonar el país en el plazo de quince días contados
desde la notificación; y

(iii) le impuso una prohibición de ingreso al territorio nacional por el
término de tres años.

7°. Que, la requirente a fojas 4 y ss. desarrolla vicios de
constitucionalidad en torno a la vulneración al principio de tipicidad y
legalidad sancionatoria y al principio de non bis in idem, centrados en
cuestionar el artículo 90 N° 2 de la Ley N° 21.325, el cual establece que
podrán revocarse los permisos de residencia a quienes “No cumplan con
los requisitos que habilitan para obtener o conservar los permisos de
residencia o permanencia establecidos en esta ley, su reglamento y los
decretos respectivos que fijen las subcategorías migratorias.”;

8°. Que, por su parte, el artículo 70 de la Ley N° 21.325 establece que
un decreto supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
definirá la nómina y fijará los requisitos de las subcategorías de residencia
temporal, y que dicho decreto deberá comprender al menos una de las
situaciones que enumera, y el numeral 1 determina la subcategoría de
“Extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con
residentes definitivos.”;

9°. Que, el artículo 80 de la Ley N° 17.997 establece que “El
requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las
normas constitucionales que se estiman transgredidas”;
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CINCUENTA Y DOS




10°. Que, para resolver se tendrá presente que el artículo 70 N° 1 de
la Ley N° 21.325 no fue la norma legal invocada por el SERMIG en la
Resolución Exenta N° 7004 para revocar el permiso de residencia definitiva
de la requirente, sino que el artículo 90 N° 2 del mismo cuerpo legal.

Por ello, se concluye que el libelo no contiene una exposición clara
de los fundamentos en que se apoya, pues la requirente solicita la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto legal que no ha
sido aplicado en la gestión pendiente y que podría incluso ser invocado en
su favor.

Además, el conflicto constitucional que desarrolla la requirente se
centra en cuestionar el artículo 90 N° 2 ya referido, y no en el artículo 70
N°1, por lo que existen discordancias y contradicciones argumentativas
que no pueden ser soslayadas;

11°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que no se tiene un
requerimiento con las exigencias previstas por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 17.997, por lo que no será admitido a trámite.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso decimo primero, de la Constitución Política y
en los artículos 80, 82, inciso primero, y demás pertinentes de la Ley Nº
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.520-26-INA

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 06/05/2026



Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida Miguel Angel Fernández González
Fecha: 06/05/2026 Fecha: 06/05/2026
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CINCUENTA Y TRES




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 07/05/2026




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