TC Rol 17524

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CIENTO VEINTICUATRO




Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 112, a todo, no ha lugar. Estese a lo que se resolverá.

A fojas 121, a todo, a sus antecedentes.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, con fecha 14 de abril de 2026, Roberto Gregorio Fregosi
Gordon acciona de inaplicabilidad respecto de los artículos 8°, inciso
primero; y 19, letra f), de la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en el proceso penal RIT N° 46-
2025, RUC N° 2 2400435456-3, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Melipilla, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de San
Miguel, por recurso de nulidad, bajo el Rol 3912-2025 (Penal);

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo, así,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a trámite
y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de
la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878,
1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible,
al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 3° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, pues no existe gestión judicial pendiente en tramitación;

5°. Que, la requirente expone que el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Melipilla, por sentencia de 30 de junio de 2025, lo condenó en
calidad de autor del delito de cultivo de cannabis sativa, previsto y
sancionado en el artículo 8° de la Ley N° 20.000. Señala que se le impuso la
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CIENTO VEINTICINCO




pena de cuatro años de presidio menor en grado máximo, 40 UTM y
accesorias legales.

Explica que en el considerando 15° del fallo el tribunal estableció
que era aplicable la agravante contenida en el artículo 19 letra f) de la
señalada ley, pues el delito se cometió en las inmediaciones de un
establecimiento educacional.

La requirente invoca como gestión pendiente un recurso de nulidad
deducido para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual ingresó
bajo el Rol N° 3912-2025 (Penal), el que se encuentra en estado de
acuerdo, y con fecha de lectura de sentencia para el 21 de abril de 2026;



6°. Que, para resolver es necesario examinar si la gestión en que
incide el requerimiento se encuentra pendiente, de modo que una
eventual sentencia que declare la inaplicabilidad pueda surtir efecto en la
misma en el contexto de los antecedentes procesales de ésta que se
encuentran acompañados al expediente constitucional;

7°. Que, de acuerdo con la información que se tiene a la vista en
Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el
inciso final del artículo 4° de la Ley N° 20.886, respecto del estado procesal
de la gestión pendiente invocada, se constata que con fecha 21 de abril de
2026, la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad
intentado por la requirente, y que con la misma fecha fueron devueltos los
autos al juzgado de origen, hechos que son ratificados por el certificado
acompañado por la actora a fojas 121;

8°. Que, como ha razonado en fallos anteriores este Tribunal
Constitucional, en dicho estado procesal la acción constitucional deducida
no puede prosperar, pues “[e]s indubitado que no existe en la actualidad la
gestión judicial pendiente en la cual el actor pretendía la inaplicación del
precepto impugnado (…)” (Rol N° 1727 c.8°).
En efecto, el recurso de nulidad invocado como gestión pendiente
ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial
en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad solicitada por la parte requirente (STC roles N°s
500, c. 4; y, 1276, c. 4°).
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CIENTO VEINTISEIS




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, N° 3, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,



SE RESUELVE:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo
resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol Nº 17.524-26 INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 06/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 05/05/2026 Fecha: 05/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 05/05/2026 Fecha: 05/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 06/05/2026




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