TC Rol 17529

Texto completo

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TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO


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Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis


A fojas 98, a lo principal, téngase por evacuado el traslado; al
primer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, como se pide a la
forma de notificación.

A fojas 107 y 134, ténganse por acompañadas las piezas remitidas.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 16 de abril de 2026, Multiservicios OK S.A.
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 429 inciso primero, frase final; y 162 inciso
quinto, oración final; e incisos sexto, y séptimo, frase final, del Código del
Trabajo, para que ello incida en el proceso RIT C-2832-2011, RUC N° 11-4-
0033248-9, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo
el Rol N° 560-2026 (Laboral Cobranza);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura, siendo acogido a trámite con fecha 20 de abril de
2026 a fojas 83. En dicha oportunidad, se confirió traslado a las demás
partes de la gestión invocada para su pronunciamiento en torno al
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, formulando
observaciones la parte requerida, instando por la inadmisibilidad del
requerimiento;

3°. Que, precluido lo anterior, y luego de examinar el libelo y sus
argumentaciones para fundar un conflicto concreto de
constitucionalidad de la ley en la gestión indicada, esta Sala ha logrado
formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida
no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible, al
concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 5° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura;

4°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente explica que
doña Elba del Carmen Salgado Correa presentó demanda de nulidad del
despido y cobro de prestaciones laborales en contra de la empresa Aseos
y Ornamentación Romero y Quijada y Compañía Limitada, y
solidariamente en contra de Multiservicios Ok S.A. (RIT M-1559-2011)
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-requirente en autos-, ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago. La
demanda fue acogida con fecha 12 de noviembre de 2011, iniciándose el
procedimiento de cumplimiento de la sentencia condenatoria ante el
Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago (RIT C-2832-
2011).

Refiere que con fecha 05 de enero de 2012 pagó el monto
correspondiente a la liquidación de la deuda. Luego de una segunda
liquidación de fecha 22 de mayo del 2012, aparece un saldo pendiente de
$44.202 pesos. Indica que en el año 2025 la ejecutante retomó el juicio y
según nueva liquidación, el monto adeudado ascendió a la suma de
$128.098.443 pesos.

En dicho contexto y atendido el tiempo transcurrido, deduce
incidente de abandono del procedimiento con fecha 17 de diciembre de
2025 y, en subsidio, la prescripción de la deuda, peticiones que fueron
rechazadas por el tribunal, por lo que presenta reposición y apelación
subsidiaria. La primera fue rechazada y respecto de la apelación, la Corte
de Apelaciones de Santiago declaró su inadmisibilidad con fecha 23 de
marzo de 2026, disponiendo que “de conformidad a lo establecido en el
artículo 472 del Código del Trabajo el recurso de apelación en materia de
cobranza laboral, no procede sino en el caso contemplado en el inciso
segundo del artículo 470 del mismo cuerpo legal, naturaleza jurídica que, en
la especie no se cumple, razón por la cual el presente recurso no puede ser
admitido a tramitación” (fojas 117).

En contra de dicha resolución, y según las piezas allegadas al
expediente (fojas 128), la ejecutada solidaria interpone recurso de
casación en el fondo, alegando la infracción del artículo 152 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil, artículos 476 y 477 del Código del
Trabajo, artículo 19 N° 3 de la Constitución y los principios generales del
derecho procesal de impugnabilidad, bilateralidad de la audiencia y
tutela judicial efectiva;

5°. Que, al fundamentar el conflicto concreto de constitucionalidad
alega que la aplicación de los preceptos impugnados infringe el principio
de la seguridad jurídica consagrado en el artículo 19 N° 26 de la
Constitución, pues dichas normas permiten que se “devenguen
obligaciones para MULTISERVICIOS OK S.A., y de manera continua,
indefinida, creciente e ilimitada, contraviniendo cualquier y toda lógica de
Seguridad Jurídica” (fojas 15). Al mismo tiempo, estima transgredido el
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principio de la igualdad ante la ley y el debido proceso, artículo 19
numerales 2 y 3 de la Carta Fundamental.

A su vez, a fojas 20 señala que se “vulnera el Principio de la
Proporcionalidad de las sanciones, comprendido en las garantías de no
discriminación arbitraria (consagrada en el N° 2° del artículo 19 de la
Constitución Política) y de debido proceso (consagrada en el N° 3° del
artículo 19 de la Constitución Política)”.

Por último, estima que en el caso concreto se transgrede el artículo
19 N° 24 de la Constitución, pues sin justificación suficiente se dispone
arbitrariamente del patrimonio de una persona -el demandado
solidario-, “sanción pecuniaria que no guarda relación alguna con la
conducta a que se la asocia, carece de justificación suficiente y se acrecienta
en el tiempo sin límite alguno” (fojas 25);

6°. Que, esta Magistratura, al realizar el examen de admisibilidad de
un requerimiento de inaplicabilidad, debe analizar “si el precepto legal
impugnado resulta decisorio litis, al tenor de lo prescrito en la Constitución.
Aquel requisito se desprende, específicamente de la exigencia de procedencia
de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se deriva del
artículo 93 inciso primero N°6 en la voz “cuya aplicación”. De modo tal, que
la densidad normativa del precepto constitucional exige que la norma
impugnada por el requirente sea decisiva para la resolución del asunto sobre
el que trata la gestión pendiente” (STC Rol N°14.717, c. 7°).

En concordancia con lo anterior, se ha señalado que “la acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad consagrada en el artículo 93, N°6 de
la Carta Fundamental requiere, para su declaración que el precepto legal
impugnado resulte decisivo en la resolución de un asunto judicial, y que su
aplicación tenga un efecto contrario a la Constitución” (STC Rol N°4.871, c.
3°).

Para comprobar si el precepto legal impugnado es decisivo o no,
esta Judicatura ha desarrollado múltiples criterios. Entre ellos, ha
explicado que, al realizar el análisis de la decisoriedad de la norma, es
importante considerar el estado procesal de la gestión pendiente. Esto
ha motivado a que las Salas de este Tribunal declaren inadmisibles
requerimientos cuando “en el actual estado en que se encuentra la
sustanciación del reclamo en comento, la aplicación del precepto
impugnado no resulta decisiva” (STC Rol N°3.278, c. 7°). Por tanto, esta
Magistratura tendrá presente el estado actual de la gestión pendiente
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invocada al momento de analizar si la norma que la parte requirente
pretende inaplicar es decisiva o no;

7°. Que, de conformidad con el requerimiento, la actora solicita la
declaración de inaplicabilidad de los artículos 162, inciso quinto, oración
final; e incisos sexto, y séptimo, frase final; y 429, inciso primero, frase
final del Código del Trabajo, por estimar que su aplicación produce
efectos inconstitucionales en la gestión pendiente que invoca. Sin
embargo, de acuerdo con los antecedentes de la causa, dicha preceptiva
no es decisoria litis, por lo que en ambos casos concurre la causal de
inadmisibilidad prevista en el artículo 84 N° 5 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional;
8°. Que, en efecto, en lo relativo a la impugnación del artículo 162
en los incisos indicados, la norma impugnada ya fue aplicada por el juez
de fondo en la sentencia declarativa que condenó a la demandada
solidaria al pago de las prestaciones laborales allí indicadas (RIT M 1559-
2011). En este sentido, cabe hacer presente que el procedimiento de
ejecución es la continuación de aquel juicio declarativo donde la norma
cuestionada recibió los efectos procesales, por lo que en la etapa de
cumplimiento de la sentencia condenatoria dicho precepto no es decisivo
para la resolución del asunto.
Respecto de la impugnación del artículo 429, inciso primero parte
final del Código del Trabajo, que establece la improcedencia del
abandono del procedimiento en materia laboral, igualmente concurre la
causal establecida en el numeral 5 de la referida Ley Orgánica
Constitucional. Conforme con las piezas allegadas al expediente
constitucional, se invoca como gestión pendiente un recurso de casación
en el fondo interpuesto en contra de la resolución de la Corte de
Apelaciones de Santiago que declaró inadmisible el recurso de apelación
interpuesto subsidiariamente en contra de la resolución del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de Santiago que rechazó el incidente de
abandono del procedimiento.
Al respecto, cabe advertir que la requirente invoca como
fundamento legal del recurso de casación en el fondo, los artículos 477 y
siguientes del Código del Trabajo, solicitando “la invalidación de dicho
fallo por haber sido dictado con infracción de ley que ha influido
sustancialmente en lo dispositivo del mismo, resultando agraviante para mi
representada, y dictar sentencia de reemplazo que declare admisible el
recurso de apelación, ordenando su conocimiento conforme a derecho (fojas
128). Sin embargo, dicha normativa regula el recurso de nulidad en
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materia laboral, su finalidad, causales de procedencia, admisibilidad,
entre otros aspectos;
9°. Que, en consecuencia, al no tratarse de un recurso procesal
apto o idóneo para impugnar la resolución que declaró inadmisible la
apelación subsidiaria respecto del abandono del procedimiento, y que
constituye la gestión pendiente invocada por la requirente, procede la
declaración de inadmisibilidad conforme el artículo 84 numeral 5 de la
Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, pues el artículo 429
inciso primero en la frase respectiva del Código del Trabajo, no tendrá
aplicación alguna en la resolución del recurso de casación en el fondo
intentado por la requirente en autos.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84, N° 5, y demás pertinentes de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE RESUELVE:

1) Que se declara inadmisible el requerimiento deducido a
fojas 1.

2) Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento
decretada a fojas 83. Ofíciese.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS, y el Ministro señor
MARIO GÓMEZ MONTOYA, estuvieron por declarar admisible el
requerimiento por estimar que en el presente caso no concurre ninguna
de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 84 de la Ley
N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.



Notifíquese, comuníquese y archívese.
Rol Nº 17.529-26 INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 12/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026
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Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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