INA-Inadmisibilidad

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Corbor. co-

Santiago, primero de julio de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 22 de junio de 2010, el abogado
Patricio Alberto Otayza Carrazola, en representación de
la Sociedad Minera Antuco Limitada, ha deducido un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
de los artículos 8% al 25% de la Ley N” 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, y del Decreto N* 30,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
publicado en el Diario Oficial de 3 de abril de 1997, que
aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Se indica textualmente en el libelo que la razón que
motiva la interposición de tal requerimiento ante esta
Magistratura Constitucional es que los impugnados son
“preceptos legales que se han aplicado retroactivamente
en los autos Rol: C-3785-2002 del Cuarto Juzgado Civil de
Santiago y Rol: 841-2008 de la TIltma. Corte de
Apelaciones de Santiago, elevados en casación en el
fondo, recúrso 71-2010 actualmente en tramitación en la
Excma. Corte Suprema, caratulados “Fisco de Chile con
Sociedad Minera Antuco lLtda.”, aplicación que infringe
los artículos 19 N* 8 y 21 de la Constitución Política”;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Ley Fundamental establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

A su turno, el inciso undécimo del mismo precepto

fundamental señala: “En el caso del número 6%," la

000013 ,

Quin cz.

cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

39. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 47 D
de dicho texto legal establece que: "Para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplix con las
exigencias señaladas en los artículos 47 A y 47 B. En
caso contrario, por resolución fundada que se dictará en
el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no
presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 47 A y 47 B de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 47 A.- En el caso del número 6” del
artículo 93 de la Constitución Política, es órgano
legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en
que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son
personas legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un

certificado expedido por el tribunal que conoce de la

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gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 47 B.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de
la gestión pendiente o por una de las partes, deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado
la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo,
el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación precisa de las normas constitucionales que
se estiman transgredidas”.

El artículo 47 F de la misma ley establece, por su
parte, que: “Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1% Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2%? Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia

respectiva;

066617 .

TD ieasier.

3* Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6* Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la ¡inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad 0
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del requerimiento deducido en la Primera
Sala de esta Magistratura;

5%. Que, atendido el mérito de los antecedentes
tenidos a la vista, esta Sala ha logrado convicción en
cuanto a que la acción constitucional deducida en estos
autos no puede prosperar, siendo impertinente, por ende,
que previo a su examen de admisibilidad ésta sea acogida
a tramitación;

6%. Que, en efecto, no puede prosperar la acción
deducida en autos en la parte que se dirige en contra del
acto administrativo reglamentario que el actor
individualiza -—Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por el Decreto Supremo N* 30,

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,

000018 s

TD ea OOO

publicado en el Diario Oficial de 3 de abril de 1997-. Lo
anterior, por cuanto, como lo establece imperativamente
la normativa constitucional y legal transcrita, el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
persigue que esta Magistratura examine si la aplicación
de preceptos de jerarquía legal en una gestión pendiente
que se siga ante un tribunal ordinario o especial,
produce efectos contrarios a la Constitución. En
consecuencia, se trata de un medio de accionar en contra
de la aplicación de normas legales determinadas
concernidas en una gestión judicial y que puedan resultar
derecho aplicable en ella;

7%. Que, por otra parte, el requerimiento en examen,
en cuanto se dirige en contra de normas determinadas de
la Ley N”* 19.300 -artículos 8 al 25, contenidos en el
párrafo 2% titulado “Del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental”-, tampoco satisface la exigencia
constitucional de contener una impugnación "fundada
razonablemente”, misma que la citada ley orgánica
constitucional reitera en el N” 6” del inciso primero de
su artículo 47 F, mediante la expresión “fundamento
plausible”, según ha resuelto esta Magistratura en la
sentencia Rol N” 1.288-2008 (punto resolutivo N* 11);

8%. Que esta Magistratura ha sostenido que la
exigencia constitucional de fundamentar razonablemente un
requerimiento de “i¡inaplicabilidad, para los efectos de
declarar su admisibilidad, supone una "condición que
implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los
preceptos legales objetados para contrariar, en su
aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe
ser expuesto circunstanciadamente. la explicación de la
forma en que se produce la contradicción entre las
normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la

base indispensable de la acción ejercitada” (Sentencias

000619 *

"Te UNvewWe .

roles N*s. 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492 y 494, entre
otras).

También el Tribunal ha expresado que para que la
acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad pueda
prosperar, "debe estarse siempre en presencia de un
conflicto de constitucionalidad, esto es, frente a una
contradicción directa, clara y precisa, entre determinado
precepto legal que se pretende aplicar en el caso
concreto, con la propia Constitución, pues el juez
constitucional no puede interpretar o corregir la ley
ordinaria si no es con relación a su constitucionalidad.
La tarea de interpretar la ley le corresponde a los
tribunales de justicia, sean ordinarios o especiales, Y,
en nuestro sistema judicial, el órgano llamado a unificar
su “interpretación es la Corte Suprema, a través del
recurso de casación. La labor del Tribunal Constitucional
consiste en velar por el respeto del principio de
supremacía constitucional y, por ende, tratándose de una
acción de esta clase, resolver si la aplicación en el
caso concreto de que se trate del precepto legal
impugnado, resulta o no contraria a la Carta Fundamental
y, Como efecto natural de una decisión estimatoria,
prohibir al juez de la causa aplicarlo en la resolución
de ese caso concreto” (Sentencia Rol N” 810);

92. Que no puede estimarse cumplido el aludido
requisito de admisibilidad si, como ocurre en este caso,
sólo se identifican las normas constitucionales que
podrían resultar vulneradas y no se argumenta con la
claridad y precisión exigidas por la normativa transcrita
precedentemente, la forma en que las disposiciones
legales impugnadas podrían producir el conflicto
constitucional que se pide conocer y resolver a este

Tribunal en ejercicio de sus atribuciones;

10%. Que, habiéndose verificado que la acción
deducida no satisface los requisitos aludidos
precedentemente, esta Magistratura debe declararla

inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso undécimo, de la
Constitución, 47 A al 47 N y demás normas pertinentes de
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno.

Al primer otrosí, no ha lugar, atendido lo resuelto
a lo principal; a los otrosíes segundo y tercero,
ténganse por acompañados los documentos que indica, bajo
apercibimiento legal; al cuarto otrosí, téngase presente.

Notifíquese por carta certificada a la requirente, a
la Corte Suprema, que conoce de la gestión judicial
invocada en el libelo, y al Fisco de Chile, en su
condición de parte de esa misma causa, según consta en el
certificado que rola a fojas 9

Archívese.

Rol 1'753-10-INA.

PH -

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal

Constitucional, integrada por su Presidente, señor
Marcelo Venegas Palacios, y los Ministros señores Raúl
Bertelsen Repetto, Mario Fernández Baeza y Enrique

Navarro Beltrán.

Autoriza la Secretaria del Tribunal,
Fuente Olguín.

000021 *

Venda u no”

señora Marta de la

QUA