TC Rol 17531

Texto completo

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OCHENTA Y CINCO




Santiago, treinta de abril de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 16 de abril de 2026, Karin Alejandra Mendoza
Sepúlveda deduce requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 552 inciso segundo del Código
Orgánico de Tribunales, para que ello incida en el proceso Rol N° 6196-
2026, sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Apelaciones
de Concepción;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad puede
adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que pueda
prosperar, siendo, así impertinente que la Sala efectúe un examen previo
de admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente
la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s
1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible al
concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo
84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, esto es, por
adolecer de falta de fundamento plausible;

5°. Que, como antecedentes de la gestión pendiente explica que
encontrándose hospitalizada por un cuadro de salud mental grave, envió
un correo a la Corporación Administrativa del Poder Judicial de la Región
del Bío Bío, presentando su renuncia voluntaria a su cargo. La que es
inmediatamente aceptada sin acoger los recursos de reposición que
presentó retractándose de dicha renuncia por haber estado carente de
voluntad y capacidad libre.

Indica que en el caso sub lite el Juez a quo ordenó la certificación a
que se refiere la norma impugnada de oficio, subrogando una facultad
personalísima de la funcionaria, quien se encontraba en la UCI,
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OCHENTA Y SEIS




presentando luego licencia médica. Sin embargo, “el empleador en tiempo
exprés acogió la renuncia y aunque se comprobó que a la fecha de emisión no
estaba con una voluntad y capacidad libres, mantuvo la medida y llamó a
concurso” (fojas 3);

6°. Que, conforme con el certificado de la gestión pendiente
agregado a fojas 11, el recurso de protección interpuesto por la actora en
contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y en contra del
Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción señor Pablo Zavala
Fernández, se encuentra en tramitación con informe pendiente de
proveer.

De acuerdo con dicho certificado, los actos arbitrarios e ilegales que
alega la requirente son: a) la tramitación de las gestiones previas a la
dictación de la Resolución Exenta N 558 (que acepta una renuncia
jurídicamente inexistente por vicio absoluto del consentimiento); b) el
Oficio 6RH N 1608 (que se niega ilegalmente a tramitar las licencias
médicas de la recurrente); c) la retención y no pago de su remuneración
íntegra correspondiente al mes de marzo de 2026; y d) el llamado a
Concurso Público para proveer su cargo, todo esto ejecutado mediante
vías de hecho y estando pendiente de resolución un recurso jerárquico
interpuesto por la recurrente;

7°. Que, al fundamentar el conflicto concreto de constitucionalidad,
alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera el derecho a la
vida y a la integridad, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución,
pues el Estado-empleador ignorando su deber de cuidado, soslayó
absolutamente el estado de salud que atravesaba la funcionaria,
aceptando inmediatamente la renuncia, en circunstancias que su voluntad
y capacidad no estaban aptas para formular dicha renuncia.

Al mismo tiempo, estima que al configurar una respuesta estatal
meramente formal que clausura la tutela judicial, se transgrede la
garantía de la igual protección de la ley y el debido proceso (artículo 19 N°
3).

Junto con ello, alega que la aplicación automática del inciso segundo
del artículo 552 del Código Orgánico de Tribunales, transgrede el artículo
19 N° 19 de la Carta Política, atendido a que la funcionaria detenta el cargo
de secretaria nacional de la Asociación Nacional de Empleados del Poder
Judicial, por lo que gozaba de fuero gremial.
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OCHENTA Y SIETE




Asimismo, al validarse la renuncia aplicando el precepto
cuestionado, se afecta el derecho de propiedad, pues alega que se le han
retenido remuneraciones, bonos de metas y subsidios escolares y,
además, la Corporación Administrativa del Poder Judicial se niega a
tramitar las licencias médicas iniciadas el 08 de marzo del presente año,
privándola de su derecho de propiedad sobre sus subsidios por
incapacidad ante Isapre Consalud;

8°. Que, en sede de admisibilidad, y siguiendo lo razonado en
resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 14.479, c. 7°, “la exigencia
constitucional y legal de fundamento plausible o razonable implica verificar
por la Sala respectiva que se está en presencia de un conflicto constitucional
para iniciar un contradictorio en esta sede por la vía de una acción de
inaplicabilidad. Éste debe vincularse con una gestión pendiente en que la
pérdida de vigencia concreta de una disposición legal debe ser la única forma
de hacer valer, en ese especial y concreto caso, la supremacía constitucional.
Por ello, las alegaciones de quien acciona ante este Tribunal deben ser
analizadas en relación con las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado y expresa la
naturaleza jurídica de una acción de control concreto de constitucionalidad de
la ley (en igual sentido, resolución de inadmisibilidad en causa Rol N° 12.281-
21, c. 7°)”;

9°. Que, en la especie ello no se verifica, toda vez que, no se visualiza
un conflicto de constitucionalidad acotado que permita comprender la
contrariedad de la Constitución con la aplicación de la norma cuestionada,
pues ésta sólo alude a una certificación de no encontrarse la funcionaria
sometida a un sumario administrativo como requisito para aceptar una
renuncia.

En consecuencia, lo verdaderamente cuestionado no es que la
autoridad judicial haya ordenado certificar de oficio dicha circunstancia,
sino que haya aceptado una renuncia voluntaria sin considerar el estado
crítico de salud que enfrentaba la funcionaria ni el fuero gremial que la
protegía por desempeñar el cargo de secretaria nacional de la Asociación
Nacional de Empleados del Poder Judicial. Y, que tampoco se haya acogido
la posterior solicitud de retractación de la renuncia presentada por la
funcionaria.

Además, conforme los antecedentes allegados al expediente, al
ampliar el recurso de protección se alega la arbitrariedad e ilegalidad de
la Resolución N° Pleno-373-2026 dictada por el Presidente de la Corte de
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Apelaciones de Concepción que ordena retener arbitrariamente sus
remuneraciones y niega tramitar licencias médicas válidamente emitidas,
y procede mediante los Decretos Económicos N° 104-2026 y N° 116-2026 a
llamar a concurso y nombrar a un reemplazante interino (fojas 21).

Asimismo, el Presidente de dicho tribunal de alzada al evacuar el
informe respectivo indicó que el Departamento Jurídico de la
Administración Zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial “
informó categóricamente que en el presente caso, es improcedente la
retractación (Desistimiento) siendo determinante la jurisprudencia de la
Contraloría General de la República en orden a que la retractación de una
renuncia voluntaria solo es válida si se presenta “antes de la total tramitación”
del acto administrativo que la acepta y siempre que el funcionario no haya
abandonado efectivamente el servicio. Ambas situaciones, en el presente caso,
no acontecen, ya que según refirió la Corporación Administrativa del Poder
Judicial, en el presente caso, la Resolución Exenta N°558-2026 ya fue dictada,
encontrándose totalmente tramitada, cuya renuncia se hizo efectiva el 9 de
marzo de 2026, encontrándose el acto administrativo “afinado y ha producido
plenos efectos jurídicos”, por lo que la simple solicitud de “dejar sin efecto” por
retractación, es extemporánea” (fojas 30);

10°. Que, conforme lo anotado, el requerimiento será declarado
derechamente inadmisible al concurrir la causal contemplada en el
artículo 84 N° 6 de Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura,
atendido a que el debate no es de índole constitucional, sino que se refiere
cuestiones fácticas que rodean el acto de renuncia al cargo, solicitud de
retractación, aceptación de la renuncia voluntaria y Decretos Económicos
dictados por la autoridad judicial respecto al llamado a concurso y
nombramiento de reemplazante interino en el cargo que ha quedado
vacante por la referida renuncia, entre otras; actuaciones cuya ilegalidad o
arbitrariedad corresponde sean determinadas por el juez de fondo. En
consecuencia, en el presente caso, no se puede tener por cumplido el
estándar de plausibilidad exigido por la Constitución y la ley orgánica
constitucional que rige el actuar de este Tribunal,



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,
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SE RESUELVE:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1. A los otrosíes, a todo, estese a lo resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.531-26-INA.

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 30/04/2026



Miguel Angel Fernández González Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 30/04/2026 Fecha: 30/04/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señora Catalina Adriana Lagos
Tschorne y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 30/04/2026




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