TC Rol 17532

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Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, a fojas 1, con fecha 17 de abril de 2026, Mario Momberg
Mohr, requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento
Civil, y de los artículos 41 inciso primero y 171 inciso primero del Código de
Aguas, en la parte que disponen “serán responsabilidad del interesado” y “Las
personas naturales”, respectivamente, para que ello incida en Rol N° 70-2025
(Contencioso-Administrativo), seguido ante la Corte de Apelaciones de
Puerto Montt;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala;

3°. Que, examinado el libelo en conjunto con todos sus antecedentes
fundantes, se tiene la configuración de la causal prevista en el numeral 6°
del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, en tanto carece de fundamento plausible o razonable;

4°. Que, el requirente expone que es administrador o gerente de la
sociedad Tres M SpA., propietaria del predio ribereño denominado Botadero
Chifín, colindante con el cauce del río Chifín. Indica que se realizaron obras
consistentes en una defensa fluvial en dicho cauce sin permiso
administrativo de la Dirección General de Aguas ni aprobación de la
Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Señala que
los propietarios del predio ribereño colindante hicieron una denuncia ante
la DGA en su contra, lo que dio inicio a un procedimiento administrativo que
culminó con una resolución sancionatoria que lo sancionó personalmente,
en su calidad de administrador de la persona jurídica propietaria, con una
multa de 75 UTM y la orden de destrucción de la obra mediante el retiro de
todo el material depositado en un tramo de 75 metros. Agrega que
interpuso recurso de reclamación conforme al artículo 137 del Código de
Aguas en contra de dicha resolución ante la Corte de Apelaciones de Puerto
Montt;

5°. Que, respecto del artículo 768 inciso segundo del Código de
Procedimiento Civil, argumenta que su aplicación vulnera la garantía de
igualdad ante la ley procesal y el debido proceso legal, por cuanto dicha
norma discrimina a los justiciables sujetos a procedimientos previstos en


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leyes especiales, al negarles la posibilidad de interponer recurso de casación
en la forma cuando la sentencia no contiene las consideraciones de hecho y
fundamentos de derecho en que se apoya, o cuando existe omisión de
trámites esenciales. Refiere que la reclamación contencioso administrativa
impugna dos vicios anulatorios consistentes en la omisión de
consideraciones de hecho, falta de análisis de la prueba rendida en sede
administrativa, omisión del trámite esencial de recepción a prueba, y no
contener consideraciones de derecho al no mencionar qué norma autoriza
sancionar a un administrador de una persona jurídica por infracciones en
que ésta incurra. Acota, además, que si la Corte de Apelaciones no se
pronuncia sobre dichos vicios, no cabría entablar recurso de casación en la
forma por las causales de los numerales 5° y 9° del artículo 768, porque el
precepto impugnado niega lugar al recurso de forma por dichos vicios;

6°. Que, respecto de los artículos 41 inciso primero y 171 inciso
primero del Código de Aguas, desarrolla que su aplicación en el caso
concreto infringe los artículos 6°, 7° y 19 N° 3 incisos sexto, séptimo y octavo
y N° 24 de la Constitución, por cuanto el propietario del predio donde se
realizaron las obras no es él sino una persona jurídica, la sociedad Tres M
SpA., siendo él únicamente su administrador o gerente. Indica que no existe
norma expresa en el Código de Aguas que autorice sancionar al
administrador o representante de una persona jurídica en tal calidad por las
eventuales infracciones que cometa la persona jurídica propietaria, a
diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos legales que expresamente
hacen responsables a los administradores, mandatarios o representantes.
Agrega que esto vulnera los principios de juridicidad, legalidad, tipicidad y
culpabilidad aplicables a las infracciones y sanciones administrativas;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento y
resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del requirente, es que
debe ser declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o
razonable;

8°. Que, para razonar lo anterior se debe seguir lo que el Tribunal ha
resuelto al examinar el alcance de la exigencia de fundamento plausible o
razonable para el ejercicio de una acción constitucional de esta naturaleza.
La especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en
la Constitución la configura como un instrumento de eliminación o
supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de reformulación
de la normativa aplicable a una materia como la que ocurre en la gestión


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invocada. Unido a lo anterior, y considerando el carácter concreto de control
constitucional de la ley, las alegaciones de la parte requirente deben ser
analizadas con relación a las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es
expresión de la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (Rol N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, según se desprende de los antecedentes expuestos en el
requerimiento, la gestión corresponde a un recurso de reclamación
interpuesto conforme al artículo 137 del Código de Aguas en contra de la
resolución administrativa sancionatoria dictada por la Dirección General de
Aguas. El conflicto de fondo radica en determinar la legalidad de dicha
resolución administrativa, particularmente si resulta procedente sancionar
al requirente en su calidad de administrador o representante de la persona
jurídica propietaria del predio ribereño donde se ejecutaron las obras, y si la
resolución sancionatoria adolece de vicios de forma y fondo que justifiquen
su anulación;

10°. Que, respecto de la impugnación del inciso segundo del artículo
768 del Código de Procedimiento Civil, la alegación del requirente se funda
en la eventual imposibilidad futura de interponer recurso de casación en la
forma contra la sentencia que dictará la Corte de Apelaciones en caso de
que ésta contenga determinados vicios formales. Esta argumentación
carece de fundamento plausible por cuanto se sustenta en una situación
hipotética que aún no se ha configurado: que la Corte de Apelaciones dicte
una sentencia que adolezca de vicios formales, que el requirente pretenda
impugnar dicha sentencia mediante recurso de casación en la forma, y que
dicho recurso sea declarado inadmisible en aplicación de la norma
impugnada. La acción de inaplicabilidad no está concebida para resolver
preventivamente conflictos constitucionales que aún no se han producido ni
para asegurar anticipadamente la disponibilidad de recursos procesales
futuros e inciertos;

11°. Que, en efecto, la gestión pendiente es el recurso de
reclamación contra la resolución administrativa sancionatoria, en cuyo
marco corresponde a la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre la
legalidad de dicha resolución, analizando los vicios que se le imputan y
resolviendo si procede o no acoger la reclamación. El artículo 768 inciso
segundo del Código de Procedimiento Civil no tiene aplicación directa ni
resulta decisivo en la resolución de dicha gestión, toda vez que su eventual
aplicación sólo se produciría en una etapa procesal posterior e hipotética,
consistente en la interposición de un recurso de casación en la forma contra


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la sentencia que aún no se ha dictado. Por ello, no puede tenerse por
configurado el requisito de que el precepto impugnado resulte decisivo en
la resolución de la gestión pendiente;

12°. Que, respecto de la impugnación de los artículos 41 inciso
primero y 171 inciso primero del Código de Aguas, el conflicto planteado no
se origina en la eventual aplicación inconstitucional de dichos preceptos,
sino en la interpretación y alcance que debe darse a los mismos en cuanto a
la determinación del sujeto pasivo de la obligación de obtener los permisos
administrativos correspondientes y, consecuencialmente, del sujeto pasivo
de las sanciones administrativas por incumplimiento de dicha obligación. En
efecto, la controversia de fondo se centra en establecer si las normas del
Código de Aguas permiten o no sancionar al administrador o representante
de una persona jurídica propietaria por infracciones cometidas en el
ejercicio de su administración, o si, por el contrario, únicamente pueden ser
sancionadas las personas jurídicas propietarias directamente responsables;

13°. Que, dicha determinación corresponde al ámbito de
interpretación y aplicación que es propio de la Corte de Apelaciones de
Puerto Montt que conoce de la gestión pendiente. Será dicho tribunal quien
deberá ponderar, en el marco del recurso de reclamación interpuesto, si la
interpretación adoptada por la Dirección General de Aguas en su resolución
sancionatoria resulta ajustada a derecho, considerando el tenor literal de los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, su interpretación sistemática en
relación con otras disposiciones del mismo cuerpo legal, los principios de
legalidad, tipicidad y culpabilidad aplicables en materia de sanciones
administrativas, y si existen o no otras normas que permitan extender la
responsabilidad sancionatoria a los administradores o representantes de
personas jurídicas. En tal mérito, la alegación del requirente se desenvuelve
en cuestiones de interpretación legal y de legalidad administrativa que son
ajenas al control de constitucionalidad que ejerce esta Magistratura a través
de la acción de inaplicabilidad;

14°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional no
es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que será resuelto por el
tribunal de alzada en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de los preceptos legales aplicables al caso. Como fue
resuelto en causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales
errores interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en
que aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente
causa no constituye una instancia para revisar decisiones judiciales. Un


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asunto de mera legalidad, como el presentado, ha de resolverse “en el marco
de la legislación vigente por la aplicación que, previa interpretación, efectúa el
juez del fondo, el cual tiene que obrar -en todo caso- en línea con la
Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la Carta Fundamental” (STC Rol
N° 5418-18, c. 33°);

15°. Que, en efecto, lo que se solicita a este Tribunal es que declare
la inaplicabilidad de los artículos 41 y 171 del Código de Aguas para impedir
que se sancione al requirente en su calidad de administrador de la persona
jurídica propietaria, lo que en definitiva implica determinar si la
interpretación de dichas normas que efectuó la autoridad administrativa
resulta o no ajustada a derecho. Esta cuestión excede la naturaleza del
control concreto de inaplicabilidad y corresponde ser resuelta por la Corte
de Apelaciones en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales, por lo que
no corresponde a esta Magistratura sustituir al juez del fondo en la
determinación del sentido y alcance de los preceptos legales aplicables;

16°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la acción de
inaplicabilidad no permite “transgredir la distribución de competencias entre el
Poder Judicial y este tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y VIII del texto
constitucional, y los cuerpos legales que regulan las atribuciones de estos
órganos constitucionales” (STC Rol N° 15.036), criterio que debe ser asentado
en esta oportunidad, puesto que no puede tenerse por razonablemente
fundado un requerimiento que, más bien, busca obtener una determinada
interpretación de un precepto legal que será aplicado por el juez del fondo
en el ejercicio de sus competencias propias. Por ello es claro que la
inaplicabilidad deducida se centra en trasladar, a esta sede, lo que será
resuelto en la instancia respectiva, cuestión que excede el ámbito de esta
acción constitucional;

17°. Que, por todo lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de
falta de debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha
previsto el legislador orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su
artículo 84 N° 6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto
por la judicatura competente, y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,




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SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



El Ministro señor Mario Gómez Montoya, previo a pronunciarse
sobre la admisibilidad del requerimiento, estimó procedente admitirlo
a tramitación y conferir traslado a las demás partes de la gestión al efecto,
en los términos previstos en los artículos 82 y 83 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de este Tribunal.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.532-26-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 11/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 11/05/2026




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