TC Rol 17539

Texto completo

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OCHENTA Y CINCO




Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 29, ténganse por acompañados los antecedentes remitidos.

A fojas 84, estese a lo que se resolverá.



VISTOS
Y CONSIDERANDO:


1°. Que, con fecha 20 de abril de 2026, Pamela Allende Vargas
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 75 de la Ley N° 21.724, que declara interpretado el
inciso segundo del artículo noveno transitorio de la Ley N° 21.040, que
crea el Sistema de Educación Pública, para que ello incida en causa RIT
O-910-2025, seguida ante el Juzgado del Trabajo de La Serena.

Derivada la cuenta del requerimiento a la Segunda Sala, a fojas 18,
por resolución de 30 de abril de 2026 se resolvió admitirlo a tramitación y
conferir traslado a las demás partes para examinar el cumplimiento de
sus requisitos de admisibilidad.

Precluido lo anterior, y examinados el requerimiento y los
antecedentes de la gestión invocada, se tiene que éste carece de
fundamento plausible, constatándose que confluye la causal de
inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal;

2°. Que la requirente expone que prestó servicios como educadora
diferencial desde el año 2000 para la Corporación Municipal Gabriel
González Videla, en virtud de un contrato de trabajo indefinido regido por
el Código del Trabajo y con una jornada de 44 horas semanales. Señala
que dicha Corporación incumplió la obligación de enterar sus cotizaciones
previsionales y de seguridad social durante períodos comprendidos entre
los años 2018 y 2025, por lo que hizo uso de la facultad de autodespido
establecida en el artículo 171 del Código del Trabajo, invocando la causal
del artículo 160 N° 7 del mismo cuerpo legal. Refiere que el Servicio Local
de Educación Pública de Elqui, en tanto sucesor de la Corporación
Municipal en virtud de la Ley N° 21.040, opuso excepción de falta de
legitimación pasiva en la gestión pendiente, amparándose en el artículo



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75 de la Ley N° 21.724, que excluye del traspaso las obligaciones y deudas
generadas con anterioridad a la fecha en que el servicio educativo le fue
traspasado.

Esa excepción, explica la actora, fue fijada como hecho a probar en
la audiencia preparatoria y será resuelta en la sentencia definitiva;

3°. Que, al fundar la cuestión de inaplicabilidad, la requirente
señala que el precepto impugnado infringe los artículos 1°, 5° inciso
segundo, 19 N°s 2, 16, 19 y 26 de la Constitución, así como los artículos
1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Estima que la disposición requerida establece una discriminación
arbitraria en su perjuicio, al impedir la configuración del principio de
continuidad del empleador previsto en el artículo 4° inciso segundo del
Código del Trabajo, generando condiciones laborales distintas entre
trabajadores que desarrollan funciones similares o idénticas según si
fueron contratados antes o después del traspaso del sistema de
educación pública al Servicio Local, sin que exista una justificación
racional. Agrega que ello produce inseguridad jurídica y afecta la tutela
judicial efectiva, vulnerando, además, el artículo 19 N° 26 de la
Constitución;

4°. Que, para los efectos de declarar la admisibilidad de la cuestión
sometida al conocimiento de esta Magistratura, es necesario que
concurran, entre otros, los requisitos de que la acción sea ejercida por
persona legitimada, que exista gestión pendiente ante tribunal ordinario
o especial, que se impugne un precepto de rango legal y que la
impugnación esté fundada razonablemente (STC roles N°s 638, 717,
1.139, 1.780, entre otras). A partir de estos presupuestos, el artículo 84, N°
6°, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, establece que procede declarar la inadmisibilidad cuando
el requerimiento carezca de fundamento plausible, expresión equivalente
a la exigencia constitucional de que la acción se encuentre “fundada
razonablemente”, conforme al artículo 93 inciso undécimo de la
Constitución (Rol N° 1.288, reiterado en Roles N°s 1.624 y 1.749);

5°. Que el fundamento razonable constituye una condición de
admisibilidad de naturaleza sustantiva que opera como umbral mínimo
de plausibilidad constitucional que el requerimiento debe superar antes
de que Tribunal pueda avocarse a su conocimiento de fondo. Busca




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verificar que el requerimiento supere un estándar procesal que permita
dar inicio a un contradictorio en la competencia que ha sido ejercida y de
acuerdo con la naturaleza jurídica de esta acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley vigente (Rol N° 1.182, c. 8°, reiterado en Roles
N°s 5.645, c. 12°, y 7.072, c. 5°).

De esta forma, en su contenido sustantivo, el fundamento plausible
supone la concurrencia acumulativa de elementos definitorios: primero,
un conflicto de constitucionalidad y no de legalidad, esto es, una
“contradicción directa, clara y precisa entre determinado precepto legal que
se pretende aplicar en el caso concreto con la propia Constitución” (Roles N°s
810, 1.740, 2.481 y 2.756); segundo, la aptitud del precepto impugnado,
considerado en su contenido normativo, para contrariar la Constitución
en el caso concreto, lo que debe ser “expuesto circunstanciadamente” y no
puede predicarse de un sistema legal completo o de la política pública
que el precepto envuelve, sino del texto que dispone la norma (Roles N°s
482 a 494, 718, 1.569 y 1.780); tercero, la exposición circunstanciada del
nexo causal entre la aplicación de la norma requerida y el efecto
inconstitucional concreto, articulando de manera “clara, delimitada y
específica, la forma en que se podría producir la contradicción constitucional
en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso judicial” (Roles N°s
2.121, 2.717, 2.749, 2.756 y 3.019); cuarto, la coherencia interna y
compatibilidad del requerimiento con la naturaleza y objeto de la acción,
que exige que el libelo deducido “haga inteligible para esta Magistratura la
pretensión que se hace valer y la competencia específica que se requiere” (Rol
N° 7.072, c. 4°); y, quinto, la individualización precisa del precepto
cuestionado y su vinculación con los hechos del caso, sin que sea
admisible la impugnación difusa o abstracta de un régimen legal
completo (Roles N°s 523, 1.311 y 3.019).

Desde lo anterior, el fundamento plausible surge como la condición
por la cual el requirente debe demostrar, de manera circunstanciada,
lógica y coherente, la aptitud del precepto legal concretamente
identificado para producir, en su aplicación a los hechos específicos de la
gestión pendiente y en razón de su propio contenido normativo, un efecto
contrario a la Constitución que sólo la declaración de inaplicabilidad tenga
aptitud de evitar, no siendo suficiente la corrección interpretativa por los
jueces del fondo ni por cualquier otra vía procesal que franquee el
sistema legal;




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OCHENTA Y OCHO




6°. Que, examinado el requerimiento de acuerdo con estos
criterios, se constata que mantiene una deficiencia estructural que
compromete su fundamento plausible: la invocación de preceptos
constitucionales sin desarrollar respecto de ellos el modo en que el
artículo 75 de la Ley N° 21.724 los contraría en las circunstancias
específicas de la gestión pendiente.

Así, el requerimiento introduce como infringidos los artículos 1°, 5°
inciso segundo, 19 N°s 2, 16, 19 y 26 de la Constitución, y disposiciones de
tratados internacionales, pero esta enumeración no va acompañada de
una exposición que demuestre, respecto de cada garantía invocada, cuál
es el contenido normativo del precepto impugnado que la contradice, de
qué manera específica esa contradicción se producirá al aplicarse la
norma a las específicas particularidades del caso concreto y por qué esa
consecuencia transgrede la Carta Fundamental. La jurisprudencia de esta
Magistratura ha precisado que “la explicación de la forma en que se produce
la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente,
constituye la base indispensable de la acción ejercitada” (Roles N°s 482 a 494
y 1.780), y que no basta con “una referencia nominal” a derechos
constitucionales “sin explicar en qué términos se vulneraría” cada uno (Rol
N° 495, c. 14°). La mera enunciación de garantías constitucionales,
aunque sea extensa, no satisface el estándar de fundamento plausible si
no se articula el nexo causal específico entre la norma y el resultado
inconstitucional que se producirá en la gestión concreta (Rol N° 3.019, c.
6°);

7°. Que, esta deficiencia se constata respecto de los artículos 19 N°s
16 y 19 de la Constitución, que son mencionados a propósito de los vicios
de inconstitucionalidad por la requirente, pero no reciben desarrollo en el
requerimiento para fundamentar la acción de inaplicabilidad ejercida. Esa
omisión impide a esta Magistratura identificar un conflicto constitucional
que resolver en relación con esos preceptos, pues no ilustra
suficientemente acerca de la identificación del conflicto jurídico que se
pretende formular y someter a su conocimiento;

7°. Que, por lo razonado, confluye la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal.




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Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6, y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal, de fojas 1.
Álcese la suspensión del procedimiento decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.539-26-INA.




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NOVENTA


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 28/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 28/05/2026 Fecha: 28/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas
Fecha: 28/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne y
señora Marcela Inés Peredo Rojas.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 28/05/2026




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