INA-Inadmisibilidad

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090157 >

Santiago, once de agosto de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 24 de junio de 2010, el abogado
Mario Rojas Sepúlveda, en representación de las
sociedades Inversiones Valmar Limitada e Inmobiliaria
Lomas de San Andrés Limitada, ha deducido ante esta
Magistratura un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del artículo 220 del Código de
Procedimiento Civil, en la gestión judicial sobre
incidente de inexistencia procesal, en subsidio, nulidad
de derecho público y, en subsidio, nulidad procesal de
resolución judicial, de que Conoce la Corte de

Apelaciones de Concepción bajo el Rol de Ingreso N?

-1.079-2009, y que se encuentra actualmente pendiente;

2%. Que, por resolución de 8 de julio de 2010 -a
fojas 72-, esta Sala acogió a tramitación el
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
deducido y dispuso, para pronunciarse sobre su
admisibilidad, que se confiriera traslado a las demás
partes de la gestión judicial en que incide, por el plazo
de cinco días, traslado que no fue evacuado en tiempo y
forma;

3. Que el artículo 93, inciso primero, N”* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que “en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá

a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin

Gienlo crncvenlA ¿side
900198 2

ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

4%. Que, por su parte, el artículo 84 de la Ley N?
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N*5/2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 10 de
agosto de 2010, establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

10 Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u Órgano legitimado;

22 Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3 Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, O se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

40 Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5 Cuando de los antecedentes de la gestión

pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el

”

Cienlo encuenta y ocho

0001599 3
Ciento cncventa, y noe

precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6% Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

5%. Que respecto de la causal de ¡inadmisibilidad
contemplada en el N* 6% del inciso primero del artículo
84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, esta Magistratura resolvió en la
sentencia Rol NO 1.288-2008 - sobre control de
constitucionalidad del proyecto de ley que modificaba la
antedicha ley orgánica constitucional, que luego se
promulgó como Ley N* 20.381 (D.O. 28.10.2009)- que "el N“
6% del inciso primero del artículo 47 G [actual 84 de la
Ley N* 17.997] que el artículo único, N* 57, del proyecto
remitido incorpora a la Ley N* 17.997 es constitucional
en el entendido que la expresión 'fundamento plausible”
que en él se contiene corresponde a la exigencia
contemplada en el artículo 93, inciso decimoprimero, de
la Constitución Política, de que la acción interpuesta
esté '*fundada razonablemente'”.” (Punto resolutivo N* 11);

6%. Que esta Magistratura ha sostenido que la
exigencia constitucional de fundamentar razonablemente un
requerimiento de inaplicabilidad, para los efectos de
declarar su admisibilidad, supone una “condición que
implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los

preceptos legales objetados para contrariar, en su

000160 s

Cienle sesenta

aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe
ser expuesto circunstanciadamente. La explicación de la
forma en que se produce la contradicción entre las
normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la
base indispensable de la acción ejercitada.” (Sentencias
roles N* 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492 y 494, entre
otras);

7%, Que, del estudio del requerimiento interpuesto,
esta Sala ha llegado a la convicción de que él no cumple
con la exigencia constitucional de contener una
impugnación que esté fundada razonablemente, del modo
recién expuesto, ya que no indica claramente la forma en
que la norma impugnada podría contrariar la Constitución
en su aplicación al caso concreto, por lo que se
declarará inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en el N* 6% del artículo 84 y
demás normas pertinentes de la Ley N” 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley N*5/2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, publicado en el
Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor
Mario Fernández Baeza, quien estuvo por declarar
admisible el requerimiento de inaplicabilidad deducido,
teniendo para ello en consideración lo siguiente:

1. Que, como lo señaló este Ministro disidente en el
acápite VIT en su voto particular sobre la sentencia

de esta Magistratura recaída en el control obligatorio

DOG1G61 >

de constitucionalidad de su ley orgánica
constitucional: “El acceso a la justicia es de
aquellos derechos fundamentales que, por obvio y
antiguo, no recibe la consagración positiva
suficientemente unívoca y específica que merece”,
agregando que en el Constitución chilena tal derecho
se encuentra “diseminado, principalmente en el número
3% del artículo 19; el artículo 20 y el inciso segundo
del artículo 38, y también de un modo específico, en
los números 6% y 7% del artículo 93 de la
Constitución”. Estas referencias fueron formuladas por
el voto citado para referirse al concepto de costas
como un resabio de antiguas legislaciones que limita
el acceso a la justicia y vulnera la igualdad ante la
ley y la denominada igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos.

Que, en efecto, en el voto referido, este Ministro
disidente califica las costas judiciales como “La
obligación de su pago obedece a un concepto comercial
o privatista del servicio que presta el Estado al
poner a disposición de los ciudadanos la
administración de justicia, por una parte, pero
también a la apreciación riesgosa que se asigna a la
litigación por parte de quien la inicia. En otras
palabras quien decide ocurrir a la justicia debe pagar
en el evento de que se equivoque. Se trata de una
situación equivalente a la persona con beneficio de
pobreza que acude a un centro de salud y debe pagar si
después del examen de rigor resulta estar sano”.

Que abundando en lo expresado, la calificación de
temeraria que se haga de una acción judicial para
justificar la “imposición de costas, representa un
elemento inhibitorio para buscar la actividad

jurisdiccional para proteger los derechos. Por ello es

Ciento sesenla ¡ono

que la justificación de la existencia de esta
anacrónica institución se ubica en una época en que la
justicia era un privilegio, no un derecho, y que su
financiación se basaba en parte en los usuarios de sus
servicios y no en un gasto del Estado por un servicio
público y por lo tanto, sin costo oneroso para los
ciudadanos.

4. Que a lo señalado, que sustenta la opinión de que las
costas judiciales son inconstitucionales, se agrega la
disparidad de pareceres entre las dos instancias
jurisdiccionales sobre la tasación de los montos de
las costas personales en la causa de autos, lo que da
sustento razonable para declarar admisible la especie
por esta Magistratura.

Notifíquese por carta certificada al requirente y a

las demás partes de la gestión judicial en que incide.
Comuníquese a la Corte de Apelaciones de Concepción.
Archívese.

Rol 1754-10-INA.

P

¿ Cad,

Se certifica que el Ministro señor” Marcelo Venegas
Palacios concurre al acuerdo y fallo pero no firma por
encontrarse con permiso.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros
señores Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza y
Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín. QUITE
A

llo