TC Rol 17541

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DIECISIETE




Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Raúl Eduardo Mejías Mejías requiere la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248 letra c), inciso
final del artículo 259, y artículo 261 letra a), todos del Código Procesal
Penal, para que ello incida en el proceso penal Rit N° 7639-2023, Ruc N°
1900602161-4, seguido ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago;
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento en la Segunda Sala;
3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores ha resuelto, conforme al mérito de cada caso particular, que si
un requerimiento de inaplicabilidad adolece de vicios o defectos tales
que hacen imposible que pueda prosperar, resulta inconducente que la
Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite,
procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la
acción deducida (entre otras, resoluciones recaídas en causas roles N°s
13.620, 15.076, 15.112 y 17.091);
4°. Que del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible
al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del
artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible;
5°. Que el libelo de autos cuestiona los artículos 248 letra c), inciso
final del artículo 259, y artículo 261 letra a), todos del Código Procesal
Penal, fundándose, en lo nuclear, en infracciones al artículo 19 N°s 3 y
26, como así también con relación al artículo 83 de la Carta Fundamental.
Ello en relación con un proceso penal seguido por querella del
requirente, sustanciado bajo Rit N° 7639-2023, seguido ante el Cuarto
Juzgado de Garantía de Santiago.
Al respecto sostiene que la decisión del Ministerio Público de no
perseverar en el procedimiento, acogida al artículo 248 letra c) del
Código Procesal Penal, habría carecido de control judicial suficiente,
impidiendo al requirente ejercer la acción penal y vulnerando las
garantías del debido proceso);
6°. Que para descartar la existencia de un conflicto constitucional
fundado en autos debe primeramente considerarse que, previamente,
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DIECIOCHO




con fecha 15 de enero de 2026, Raúl Eduardo Mejías Mejías dedujo
requerimiento ante esta Magistratura, solicitando se declarara
inaplicable por inconstitucionalidad los mismos preceptos contenidos en
los artículos 248 letra c), inciso final del artículo 259, y artículo 261 letra
a), todos del Código Procesal Penal, para que ello incidiera en
equivalente gestión sub lite invocada en autos, esto es, el proceso Rit N°
7639-2023, seguido ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en
conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol N° 5790-
2025 (Penal);
7°. Que el antes referido requerimiento se siguió bajo Rol N°
17.287-26, fundándose en infracciones a los artículos 19 N°s 3 y 26, y 83
de la Constitución. Al respecto el núcleo del conflicto denunciado
guardaba relación con la vulneración del debido proceso y la
imposibilidad de ejercer la acción penal como querellante, todo ello
vinculado a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la
investigación.
Dicho requerimiento fue declarado inadmisible por la Segunda
Sala de esta Magistratura, con fecha 6 de febrero de 2026, por haber
concluido la gestión pendiente invocada (artículo 84 N° 3 de la Ley N°
17.997), al haberse declarado abandonado el recurso de apelación que
servía de sustento a la acción constitucional;
8°. Que, según lo expuesto, es posible verificar que el requirente
ha accionado de inaplicabilidad en dos oportunidades en relación con un
mismo supuesto fáctico ventilado en el proceso que se ha invocado
como gestión judicial pendiente, sustentándose en alegaciones que
resultan sustancialmente análogas.
Al efecto, en causa Rol N° 17.287-26-INA se cuestionaron idénticas
disposiciones legales en base a infracciones de los artículos 19 N°s 3 y 26
y 83 constitucionales, mismas normas que se impugnan en autos,
invocándose igualmente la existencia de vicios relacionados con la
decisión de no perseverar del Ministerio Público y la falta de control
judicial;
9°. Que no puede sino concluirse que a este respecto el libelo de
autos no satisface el estándar mínimo de plausibilidad argumentativa
exigido por la ley orgánica constitucional, puesto que las mismas
pretensiones han sido hechas ya valer previamente en la tramitación de
una acción de inaplicabilidad resuelta, compartiendo objeto de
impugnación, fundamentos y gestión judicial subyacente. En este
sentido, el conflicto de constitucionalidad que se plantea bajo la presente
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DIECINUEVE




acción de inaplicabilidad ya se resolvió, incurriendo en un vicio que le
impide prosperar (en igual sentido, resoluciones de inadmisibilidad Roles
N°s 13.690, 13.851, 14.024, 14.478 y 17.091);
10°. Que debe considerarse además que el hecho de que el primer
requerimiento (Rol N° 17.287-26) haya sido declarado inadmisible por la
causal del artículo 84 N° 3 y no por la causal N° 6 (falta de fundamento
plausible) no obsta a la aplicación de esta última en el presente caso. Lo
relevante es que el requirente ya tuvo la oportunidad de plantear su
conflicto constitucional ante este Tribunal, obteniendo un
pronunciamiento firme que declaró la inadmisibilidad de su acción.
Pretender reabrir el debate mediante un nuevo requerimiento que
reproduce sustancialmente los mismos términos importa un intento de
revisión de lo ya decidido, lo que carece de fundamento plausible y
atenta contra la seguridad jurídica y el carácter excepcional de la acción
de inaplicabilidad;
11°. Que cabe agregar que la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, no contempla mecanismos de
impugnación frente a la resolución que se pronuncie declarando la
inadmisibilidad de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
de conformidad al tenor literal del artículo 84, inciso segundo, de la
referida ley, cuestión que resulta del todo pertinente, en la medida que
un segundo pronunciamiento sobre un requerimiento ya deducido
implicaría una revisión de lo ya decidido. En igual sentido, su artículo 90
dispone que, resuelta la cuestión de inaplicabilidad, no podrá ser
intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o
grados de la gestión en que se hubiere promovido. Lo anterior resulta
del todo pertinente, en la medida en que un segundo pronunciamiento
sobre un requerimiento ya resuelto implicaría una revisión de lo ya
decidido;
12°. Que la imposibilidad de recurrir en contra de lo resuelto por
esta Magistratura no sólo encuentra sustento en el plano orgánico
constitucional, según ya se ha expuesto precedentemente, sino que
también a nivel constitucional, según lo dispone el artículo 94, inciso
primero, de la Carta Fundamental, en la medida que contempla la
improcedencia de recursos en contra de sus "resoluciones", voz que,
bajo su sentido natural y obvio, abarca los pronunciamientos sobre
admisibilidad. Así, manteniéndose el conflicto constitucional planteado
en ambos requerimientos correlacionados, no resulta posible una
revisión de lo ya decidido. Dicha cuestión encuentra fundamento en el
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VEINTE




criterio sostenido por este Tribunal en causas Roles N°s 1281, 1671,
1672, 1834, 2395, 5085, 5136, 8555, 8899, entre otras;
13°. Que, en consecuencia, debe concluirse que la acción
constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella será
declarada inadmisible al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista
en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,


SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS concurre a la ratio de la
decisión de inadmisibilidad únicamente en virtud de la causal del artículo
84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura. Por ende, no comparte lo expuesto en el considerando 11°.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.541-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 04/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 04/05/2026 Fecha: 05/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 04/05/2026 Fecha: 05/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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VEINTIUNO


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 05/05/2026




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