TC Rol 17543

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SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE




Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Cristina Andrea Torres Gómez requiere la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 486 inciso primero
del Código de Procedimiento Civil, para que ello incida en el proceso
ejecutivo Rol C-25-2025, seguido ante el Segundo Juzgado de Letras en lo
Civil de Punta Arenas;
2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento en la Segunda Sala;
3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores ha resuelto, conforme al mérito de cada caso particular, que si
un requerimiento de inaplicabilidad adolece de vicios o defectos tales
que hacen imposible que pueda prosperar, resulta inconducente que la
Sala respectiva efectúe un examen previo de admisión a trámite,
procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de la
acción deducida (entre otras, resoluciones recaídas en causas roles N°s
13.620, 15.076, 15.112, 17.091 y 17.197);
4°. Que del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible
al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del
artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible;
5°. Que el libelo de autos cuestiona el artículo 486 inciso primero
del Código de Procedimiento Civil, fundándose, en lo nuclear, en
infracciones al artículo 19 N°s 2, 3 y 24 de la Carta Fundamental. Ello en
relación con un juicio ejecutivo seguido en su contra, sustanciado bajo
Rol C-25-2025, ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Punta
Arenas.
Al respecto sostiene que la aplicación de la norma impugnada
obliga a tasar el inmueble embargado conforme a su avalúo fiscal,
cuando su valor comercial sería sustancialmente superior, tratándose
además de su vivienda familiar, conculcándose la igualdad ante la ley, el
debido proceso y el derecho de propiedad;
6°. Que para descartar la existencia de un conflicto constitucional
fundado en autos debe primeramente considerarse que, previamente,
con fecha 21 de noviembre de 2025, esta Magistratura declaró
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inadmisible el requerimiento Rol N° 17.109-25-INA, deducido por la
misma requirente, respecto del mismo precepto legal y en la misma
gestión judicial sub lite, por no existir gestión pendiente en los términos
del artículo 84 N° 3 de la Ley N° 17.997.
Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de 2025, esta
Magistratura declaró inadmisible el requerimiento Rol N° 17.197-25-INA,
también deducido por Cristina Andrea Torres Gómez, respecto del
mismo artículo 486 inciso primero del Código de Procedimiento Civil y en
la misma causa Rol C-25-2025, por adolecer de falta de fundamento
plausible al reproducir sustancialmente el mismo conflicto constitucional
ya resuelto;
7°. Que en el requerimiento Rol N° 17.197-25-INA, la requirente
cuestionó el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil invocando la
vulneración de los mismos derechos constitucionales que ahora reitera
(artículos 19 N°s 2, 3 y 24), y sustentando su impugnación en
argumentos idénticos a los expuestos en el presente requerimiento en
cuanto el avalúo fiscal del inmueble embargado es sustancialmente
inferior a su valor real, resultando la aplicación del precepto impugnado
en un despojo patrimonial al forzar la subasta a un valor inferior,
vulnerando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de
propiedad;
8°. Que según lo expuesto, es posible verificar que la requirente ha
accionado de inaplicabilidad en distintas oportunidades en relación con
un mismo supuesto fáctico ventilado en el proceso que se ha invocado
como gestión judicial pendiente, sustentándose en alegaciones que
resultan sustancialmente análogas.
Al efecto, en causas Roles N°s 17.109-25-INA y 17.197-25-INA se
cuestionó idéntica disposición legal en base a infracciones de los
artículos 19 N°s 2, 3 y 24 constitucionales, mismas normas que se
impugnan en autos, invocándose igualmente la existencia de vicios
relacionados con la tasación fiscal del inmueble embargado y el remate a
un valor que estima injusto;
9°. Que no puede sino concluirse que a este respecto el libelo de
autos no satisface el estándar mínimo de plausibilidad argumentativa
exigido por la ley orgánica constitucional, puesto que las mismas
pretensiones han sido hechas ya valer previamente en la tramitación de
acciones de inaplicabilidad resueltas, compartiendo objeto de
impugnación, fundamentos y gestión judicial subyacente. En este
sentido, el conflicto de constitucionalidad que se plantea bajo la presente
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acción de inaplicabilidad ya se resolvió, incurriendo en un vicio que le
impide prosperar (en igual sentido, resoluciones de inadmisibilidad Roles
N°s 13.690, 13.851, 14.024, 14.478, 17.091 y 17.197);
10°. Que debe considerarse además que el hecho de que los
requerimientos anteriores hayan sido declarados inadmisibles por
distintas causales no obsta a la aplicación de esta última en el presente
caso. Lo relevante es que la requirente ya tuvo la oportunidad de
plantear su conflicto constitucional ante este Tribunal en dos ocasiones,
obteniendo pronunciamientos firmes que declararon la inadmisibilidad
de su acción. Pretender reabrir el debate mediante un nuevo
requerimiento que reproduce sustancialmente los mismos términos
importa un intento de revisión de lo ya decidido, lo que carece de
fundamento plausible y atenta contra la seguridad jurídica y el carácter
excepcional de la acción de inaplicabilidad;
11°. Que cabe agregar que la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, no contempla mecanismos de
impugnación frente a la resolución que se pronuncie declarando la
inadmisibilidad de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
de conformidad al tenor literal del artículo 84, inciso segundo, de la
referida ley, cuestión que resulta del todo pertinente, en la medida que
un segundo pronunciamiento sobre un requerimiento ya deducido
implicaría una revisión de lo ya decidido. En igual sentido, su artículo 90
dispone que, resuelta la cuestión de inaplicabilidad, no podrá ser
intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o
grados de la gestión en que se hubiere promovido. Lo anterior resulta
del todo pertinente, en la medida en que un nuevo pronunciamiento
sobre un requerimiento ya resuelto implicaría una revisión de lo ya
decidido;
12°. Que la imposibilidad de recurrir en contra de lo resuelto por
esta Magistratura no sólo encuentra sustento en el plano orgánico
constitucional, según ya se ha expuesto precedentemente, sino que
también a nivel constitucional, según lo dispone el artículo 94, inciso
primero, de la Carta Fundamental, en la medida que contempla la
improcedencia de recursos en contra de sus “resoluciones”, voz que, bajo
su sentido natural y obvio, abarca los pronunciamientos sobre
admisibilidad. Así, manteniéndose el conflicto constitucional planteado
en los requerimientos correlacionados, no resulta posible una revisión de
lo ya decidido. Dicha cuestión encuentra fundamento en el criterio
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sostenido por este Tribunal en causas Roles N°s 1281, 1671, 1672, 1834,
2395, 5085, 5136, 8555, 8899, entre otras;
13°. Que, en consecuencia, debe concluirse que la acción
constitucional deducida no puede prosperar, por lo que ella será
declarada inadmisible al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista
en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.


Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,


SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



La Ministra señora MARCELA PEREDO ROJAS concurre a la ratio de la
decisión de inadmisibilidad únicamente en virtud de la causal del artículo
84 N° 6 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura. Por ende, no comparte lo expuesto en el considerando 11°.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.543-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 04/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 04/05/2026 Fecha: 05/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 04/05/2026 Fecha: 05/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 05/05/2026




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