TC Rol 17551

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DOSCIENTOS CUATRO




Santiago, cinco de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:



1°. Que, a fojas 1, con fecha 27 de abril de 2026, Gabriel Marcelo
Vargas Mella, en representación de Daniel Francisco Vargas Lepe, requiere
la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la
segunda parte del artículo 98 del Código Penal, que dispone "o desde el
quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta principiado a cumplirse",
para que ello incida en el recurso de apelación Rol N° 102-2026, seguido
ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó la
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala;

3°. Que, examinado el requerimiento en conjunto con todos sus
antecedentes fundantes, se tiene la configuración de la causal prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, en tanto carece de fundamento plausible o
razonable;

4°. Que, el requirente expone que el día 27 de septiembre de 2015,
don Daniel Francisco Vargas Lepe condujo en estado de ebriedad en la
ciudad de Punta Arenas, impactando al vehículo que lo antecedía y
causando lesiones leves a su conductor. Posteriormente se dirigió a su
domicilio, donde fue detenido por Carabineros. Por estos hechos fue
condenado mediante procedimiento abreviado, con fecha 10 de mayo de
2016, por dos delitos: conducción en estado de ebriedad con resultado de
lesiones leves (artículo 196 de la Ley N° 18.290) y no dar cuenta a la
autoridad (artículo 195 de la misma ley). Se le impuso pena de 61 días de
presidio menor en su grado mínimo por cada delito, con cumplimiento
mediante remisión condicional por un año, y como pena accesoria,
inhabilidad perpetua para la conducción de vehículos motorizados;

5°. Que, según certifica el Juzgado de Garantía de Punta Arenas con
fecha 2 de diciembre de 2025, todas las penas se encuentran cumplidas y
extinguidas, con excepción de la pena de inhabilidad perpetua para
conducir vehículos motorizados. Esta circunstancia motivó que el requirente
solicitara al tribunal de primera instancia el sobreseimiento definitivo y
rehabilitación de su licencia de conducir, fundado en la prescripción de la
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DOSCIENTOS CINCO



pena conforme al artículo 98 del Código Penal. El tribunal rechazó dicha
solicitud mediante resolución que señaló que no habiendo
quebrantamiento de la pena de inhabilidad, no se puede considerar un
plazo para la prescripción de la misma, toda vez que la inhabilidad se
encuentra actualmente vigente y en ejecución permanente. Contra dicha
resolución el requirente interpuso recurso de apelación ante la Corte de
Apelaciones de Punta Arenas;

6°. Que, al fundar la cuestión de inaplicabilidad respecto de la norma
contenida en la segunda parte del artículo 98 del Código Penal, el requirente
argumenta que su aplicación vulnera los artículos 1° inciso 4°, 5° inciso 2°,
19 N° 2, N° 3, N° 21 y N° 26 de la Constitución. Desarrolla que la norma
impugnada, al exigir el "quebrantamiento de la condena" para iniciar el
cómputo del plazo de prescripción, genera un absurdo jurídico e impone un
"incentivo perverso": para que la pena de inhabilidad perpetua pueda
prescribir, el condenado debería primero cometer un nuevo ilícito
conduciendo estando inhabilitado. Sostiene que esto se traduce en castigar
perpetuamente al ciudadano que cumple fielmente la sentencia, mientras
que quien infringe la prohibición podría eventualmente acceder a la
prescripción. Agrega que esta interpretación impide toda posibilidad de
revisión de la pena, vulnerando el principio de resocialización consagrado
en tratados internacionales, el principio de servicialidad del Estado, la
dignidad humana, la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar
actividades económicas y el derecho a la igual protección de la ley en el
ejercicio de los derechos;

7°. Que, dado lo expuesto, teniendo presente las peticiones
formuladas y los términos en que se somete el conflicto al conocimiento y
resolución de esta Magistratura, expresamente delimitado en el
requerimiento por las argumentaciones y petitoria del requirente, es que
debe ser declarado inadmisible al carecer de fundamento plausible o
razonable;

8°. Que, para razonar lo anterior se debe seguir lo que el Tribunal ha
resuelto al examinar el alcance de la exigencia de fundamento plausible o
razonable para el ejercicio de una acción constitucional de esta naturaleza.
La especial naturaleza jurídica de la acción de inaplicabilidad establecida en
la Constitución la configura como un instrumento de eliminación o
supresión concreta de uno o más preceptos legales y no de reformulación
de la normativa aplicable a una materia como la que ocurre en la gestión
invocada. Unido a lo anterior, y considerando el carácter concreto de control
constitucional de la ley, las alegaciones de la parte requirente deben ser
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DOSCIENTOS SEIS



analizadas con relación a las peticiones y argumentaciones entregadas en la
gestión pendiente con que se vincula el requerimiento presentado, lo que es
expresión de la naturaleza jurídica de una acción de control concreto de
constitucionalidad de la ley (Rol N° 12.281-21, c. 7°);

9°. Que, según se desprende de los antecedentes expuestos en el
requerimiento, la gestión corresponde a un recurso de apelación
interpuesto contra la resolución del Juzgado de Garantía de Punta Arenas
que rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo fundada en la
prescripción de la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos
motorizados. El conflicto de fondo radica en determinar si resulta
procedente declarar la prescripción de dicha pena conforme al artículo 98
del Código Penal, considerando que el requirente ha cumplido fielmente la
condena sin quebrantarla, y si la interpretación literal de la norma, que
exige el "quebrantamiento" para iniciar el cómputo del plazo de
prescripción, es la única posible o si, por el contrario, corresponde aplicar
una interpretación armónica con los principios constitucionales y los
derechos fundamentales del condenado;

10°. Que, desde lo argumentado no es posible fundar
plausiblemente un proceso de inaplicabilidad. Esta acción constitucional no
es idónea para buscar la enmienda o revocar lo que será resuelto por el
tribunal de alzada en ejercicio de sus competencias para determinar el
sentido y alcance de los preceptos legales aplicables al caso. Como fue
resuelto en causa Rol N° 16.390, ésta no busca corregir los eventuales
errores interpretativos que pudiera adoptar el juez del fondo en la forma en
que aplica la ley, propios de la legalidad, en tanto la ejercida en la presente
causa no constituye una instancia para revisar decisiones judiciales. Un
asunto de mera legalidad —como el presentado— ha de resolverse "en el
marco de la legislación vigente por la aplicación que, previa interpretación,
efectúa el juez del fondo, el cual tiene que obrar —en todo caso— en línea
con la Constitución, porque se lo exige el artículo 6° de la Carta
Fundamental" (STC Rol N° 5418-18, c. 33°);

11°. Que, si bien, lo ha advertido la STC Rol N° 15.066-24, c. 21°, es
factible que una determinada interpretación adoptada por un tribunal
pueda generar efectos inconstitucionales, activándose la competencia de
inaplicabilidad de la ley, esta Magistratura no está habilitada para la
corrección de errores interpretativos si, de existir, se han habilitado por el
legislador mecanismos de impugnación de esos actos y resoluciones. En
contrario, aceptar que esos defectos puedan ser subsanados por este
Tribunal transformaría la inaplicabilidad en un recurso procesal y la dotaría
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DOSCIENTOS SIETE



de una naturaleza que no posee de acuerdo con sus requisitos
constitucionales y legales. El control concreto que le corresponde efectuar
en el ámbito de la inaplicabilidad no radica sobre actuaciones de otros
poderes públicos, sino sobre preceptos legales que puedan resultar derecho
aplicable en la resolución de una concreta gestión, siendo en definitiva un
control de carácter normativo;

12°. Que, el conflicto planteado no se origina en la eventual
aplicación inconstitucional del precepto impugnado, sino en la
interpretación y alcance que debe darse al artículo 98 del Código Penal en
cuanto a si la pena de inhabilidad perpetua para conducir vehículos
motorizados puede prescribir y, de ser así, desde cuándo debe computarse
el plazo de prescripción. En efecto, la controversia de fondo se centra en
establecer si la norma legal impugnada, al disponer que el tiempo de
prescripción se cuenta "desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere
ésta principiado a cumplirse", debe interpretarse literalmente —impidiendo
el cómputo cuando el condenado cumple fielmente la pena— o si, por el
contrario, debe ser interpretada armónicamente con los principios
constitucionales y los tratados internacionales que consagran el derecho a
la resocialización, permitiendo computar el plazo desde la dictación de la
sentencia o desde otro hito relevante;

13°. Que, dicha determinación corresponde al ámbito de
interpretación y aplicación que es propio de la Corte de Apelaciones de
Punta Arenas que conoce de la gestión pendiente. Será dicho tribunal quien
deberá ponderar, en el marco del recurso de apelación interpuesto, si la
interpretación literal adoptada por el tribunal de primera instancia resulta
compatible con los principios constitucionales invocados por el requirente,
considerando la finalidad resocializadora de las penas, los estándares de
proporcionalidad, los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile, y si existen otras vías de interpretación que permitan
armonizar la norma legal con las garantías constitucionales sin vulnerar el
tenor literal del precepto. En tal mérito, la alegación del requirente se
desenvuelve en cuestiones de interpretación legal que son ajenas al control
de constitucionalidad que ejerce esta Magistratura a través de la acción de
inaplicabilidad;

14°. Que, en efecto, lo que se solicita a este Tribunal es que declare
inaplicable la segunda parte del artículo 98 del Código Penal para permitir
que se compute el plazo de prescripción desde la dictación de la sentencia,
lo que en definitiva implica determinar la interpretación
constitucionalmente adecuada del precepto legal. Esta cuestión excede la
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naturaleza del control concreto de inaplicabilidad y corresponde ser resuelta
por el tribunal de alzada en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales,
aplicando las normas legales en armonía con la Constitución conforme lo
exige el artículo 6° de la Carta Fundamental. No corresponde a esta
Magistratura sustituir al juez del fondo en la determinación del sentido y
alcance de los preceptos legales aplicables, sino únicamente pronunciarse
sobre la constitucionalidad de su aplicación cuando el conflicto está
claramente delimitado y no admite solución mediante la interpretación
judicial ordinaria;

15°. Que, adicionalmente, cabe señalar que el requirente dispone del
mecanismo procesal propio del recurso de apelación para impugnar la
interpretación que efectuó el tribunal de primera instancia respecto del
artículo 98 del Código Penal. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el
conocimiento del recurso pendiente, tiene plena competencia para revisar la
decisión del Juzgado de Garantía y determinar si la interpretación adoptada
resulta ajustada a derecho o si, por el contrario, corresponde aplicar otra
inteligencia de la norma que resulte más armónica con los principios
constitucionales y los derechos fundamentales del condenado. Por ello,
aceptar el requerimiento y conocer del fondo del asunto implicaría
transformar la acción de inaplicabilidad en una instancia de revisión
anticipada de la interpretación que efectuará el tribunal competente,
desnaturalizando su función constitucional;

16°. Que, como corolario de lo que se viene resolviendo, la acción de
inaplicabilidad no permite "transgredir la distribución de competencias
entre el Poder Judicial y este tribunal, de que dan cuenta los capítulos VI y
VIII del texto constitucional, y los cuerpos legales que regulan las
atribuciones de estos órganos constitucionales" (STC Rol N° 15.036), criterio
que debe ser asentado en esta oportunidad, puesto que no puede tenerse
por razonablemente fundado un requerimiento que, más bien, busca
obtener una determinada interpretación de un precepto legal que será
aplicado por el juez del fondo en el ejercicio de sus competencias propias.
Por ello es claro que la inaplicabilidad de autos se centra en trasladar, a esta
sede, lo que será resuelto en la instancia respectiva, cuestión que excede el
ámbito de esta acción constitucional;

17°. Que, por todo lo expuesto, el requerimiento de autos adolece de
falta de debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha
previsto el legislador orgánico constitucional de la Ley N° 17.997, en su
artículo 84 N° 6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto
por la judicatura competente, y así será declarado.
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DOSCIENTOS NUEVE




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93, inciso
primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



El Ministro señor Mario Gómez Montoya, previo a proveer sobre la
admisión a trámite del requerimiento, estimó procedente apercibir a la
parte requirente en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.551-26-INA.

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 06/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 05/05/2026 Fecha: 05/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 05/05/2026 Fecha: 05/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 06/05/2026




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