TC Rol 17553

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TRESCIENTOS DOS


Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.



A fojas 116, a lo principal: téngase por evacuado; al primer otrosí:
ténganse por acompañados; al segundo otrosí: téngase presente.

A fojas 205, estese a lo resuelto.

A fojas 294, téngase por acompañado.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que la Ilustre Municipalidad de Talcahuano acciona de
inaplicabilidad respecto del artículo 162 inciso quinto del Código del
Trabajo en la oración “Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de
dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no
producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”, en el proceso
Rit T-235-2025, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de
Concepción, bajo Rol N° 1067-2025 (Laboral Cobranza);

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de esta
Magistratura, admitiéndose a tramitación con fecha 5 de mayo de 2026, a
fojas 107;

3°. Que la requirente expone que fue demandada en procedimiento
de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión
del despido y reconocimiento de relación laboral, causa en que el Juzgado
de Letras del Trabajo de Concepción, por sentencia de 28 de noviembre de
2025, declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde
el 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2024, acogió la denuncia de
tutela por discriminación fundada en opinión política, y condenó a la
Municipalidad al pago de diversas prestaciones laborales y al entero de
cotizaciones previsionales y de salud.

Contra dicha sentencia la requirente interpuso recurso de nulidad
laboral fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por
infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, y en la
del artículo 478 letra c) del mismo cuerpo legal, esto es, cuando sea
necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos sin modificar
las conclusiones fácticas del tribunal inferior;
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TRESCIENTOS TRES


4°. Que el precepto impugnado dispone que si el empleador no
hubiere efectuado el íntegro de las cotizaciones previsionales al momento
del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de
trabajo. La requirente sostiene que su aplicación al caso concreto vulnera
los artículos 6° y 7° de la Constitución, por cuanto siendo un órgano
público que actuó al amparo de una habilitación legal expresa conforme al
artículo 4° de la Ley N° 18.883, se le impone retroactivamente una
obligación previsional que jurídicamente no podía cumplir durante la
vigencia del vínculo. Agrega que se infringe el artículo 19 N° 2 de la
Constitución, al equipararla con un empleador privado ordinario sin
justificación suficiente, y el artículo 19 N° 26, por el efecto
desproporcionado que genera la condena previsional retroactiva;

5°. Que, para los efectos de declarar la admisibilidad de la cuestión
sometida al conocimiento de esta Magistratura, es necesario que
concurran los siguientes requisitos: a) que exista una gestión pendiente
ante un tribunal ordinario o especial; b) que la acción de inaplicabilidad sea
ejercida por el juez que conoce del asunto o por alguna de las partes; c)
que se impugne la constitucionalidad de un precepto con rango legal; d)
que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisiva en
la resolución del asunto; y e) que la impugnación esté fundada
razonablemente. Sobre este último presupuesto, el artículo 84 N° 5 de la
Ley N° 17.997 establece que procede declarar la inadmisibilidad del
requerimiento cuando, de los antecedentes de la gestión pendiente en que
se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha
de tener aplicación o no resultará decisivo en la resolución del asunto;

6°. Que la jurisprudencia de esta Magistratura ha precisado el
requisito de aplicación decisiva en el sentido de que no basta con que el
precepto pueda en algún sentido ser considerado en la gestión, sino que
es preciso que el sentenciador de fondo deba necesariamente acudir a él
para resolver el asunto pendiente. La norma cuestionada ha de tener
incidencia en la decisión sustantiva de la gestión, de modo que la
declaración de inaplicabilidad sea el medio previsto para evitar el efecto
contrario a la Constitución que de su aplicación pudiera derivarse (Roles
N°s 764, 1.062, 1.569, 2.970, entre otros). Del mismo modo, no satisface
esta exigencia el precepto impugnado cuando, aun de acogerse el
requerimiento, el resultado denunciado se mantendría en virtud de otras
normas no impugnadas, ni cuando la norma objetada no constituye
derecho aplicable en la gestión judicial de que se trata (Rol N° 684);
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TRESCIENTOS CUATRO


7°. Que, a fin de determinar si el precepto impugnado resulta
decisivo en la gestión invocada, es necesario precisar cuál fue el objeto de
controversia en el recurso de nulidad que sirve de gestión pendiente. La
requirente fundó dicho recurso en dos causales: infracción de ley por
haber calificado como relación laboral un vínculo que, a su juicio, se rige
por el estatuto municipal especial contenido en el artículo 4° de la Ley N°
18.883; y error de calificación jurídica, por cuanto los hechos establecidos
correspondían a una relación de carácter civil y no laboral. En ambos casos,
el debate en la gestión giró en torno a la naturaleza jurídica del vínculo y al
estatuto normativo aplicable, no sobre la procedencia ni los efectos de la
norma que regula la nulidad del despido por falta de pago de cotizaciones;

8°. Que, así planteado el objeto del debate en la gestión pendiente,
el precepto impugnado no resulta decisivo para su resolución. La Corte de
Apelaciones de Concepción debía pronunciarse sobre si el tribunal de
primera instancia incurrió en infracción de ley o en error de calificación
jurídica al declarar la existencia de una relación laboral; esto es, debía
resolver una cuestión de calificación del vínculo y del estatuto aplicable. El
artículo 162 inciso quinto parte final del Código del Trabajo no constituía el
fundamento normativo de ninguna de las causales invocadas ni era el
precepto que el tribunal de alzada debía aplicar para resolver el recurso,
sin que en esa decisión el precepto impugnado tuviera participación
alguna como norma determinante;

9°. Que, a lo anterior se añade que la condena al entero de
cotizaciones previsionales contenida en la sentencia de primera instancia
no descansa en la oración final del inciso quinto del artículo 162 del Código
del Trabajo, sino en la declaración judicial de existencia del contrato de
trabajo y en las obligaciones de seguridad social que son consecuencia
natural de dicho reconocimiento. La propia requirente reconoce en su
libelo que la sentencia laboral no contiene una condena resolutiva explícita
de nulidad del despido en los términos del precepto impugnado. De este
modo, el conflicto constitucional que la requirente construye en torno al
artículo 162 inciso quinto parte final reproduce, en rigor, el mismo debate
sobre calificación del vínculo y aplicación del estatuto laboral que fue
objeto y fue resuelto en la gestión pendiente, sin que el precepto
impugnado constituya la norma que sustenta la decisión gravosa que se
pretende evitar;

10°. Que, por último, tampoco podría sostenerse que el precepto
impugnado resultaría decisivo en una eventual gestión futura. Si contra la
sentencia que resolvió el recurso de nulidad se interpusiera recurso de
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TRESCIENTOS CINCO


unificación de jurisprudencia, conforme al artículo 483 del Código del
Trabajo, dicho recurso versaría sobre la materia de derecho objeto del
juicio, que en este caso corresponde a la procedencia de calificar como
laboral una relación contraída bajo el estatuto de honorarios del artículo 4°
de la Ley N° 18.883. El precepto impugnado es consecuencia eventual de
esa declaración, no su fundamento, de modo que tampoco en ese
escenario revestiría el carácter de norma decisiva en los términos que
exige el artículo 84 N° 5 de la Ley N° 17.997;

11°. Que, por lo razonado, confluye la causal de inadmisibilidad
prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de este Tribunal. El precepto impugnado no constituía el
fundamento normativo de la controversia ventilada en la gestión
pendiente ni resulta decisivo para su resolución, desde que el objeto del
recurso de nulidad se circunscribía a la calificación jurídica del vínculo y al
estatuto aplicable, materias que fueron resueltas por la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Concepción sin que el artículo 162 inciso quinto parte
final del Código del Trabajo tuviera incidencia en esa decisión.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84, N° 5 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA: inadmisible el requerimiento deducido a lo principal,
de fojas 1.




Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Marcela Peredo
Rojas y del Ministro señor Mario Gómez Montoya, quienes estuvieron por
declarar la admisibilidad del libelo, al no verificarse en la especie causales
de inadmisibilidad de aquellas contempladas en el artículo 84 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.



Notifíquese. Archívese.

Rol N° 17.553-26-INA
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TRESCIENTOS SEIS


María Pía Silva Gallinato
Fecha: 01/06/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 01/06/2026 Fecha: 01/06/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 01/06/2026 Fecha: 01/06/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional.


José Francisco Leyton Jiménez
Fecha: 01/06/2026




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