TC Rol 17554

Texto completo

0000083 1
OCHENTA Y TRES




Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.



A fojas 78, téngase por acompañado.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º. Que, con fecha 27 de abril de 2026, Inmobiliaria Santa Julia S.A.
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 88, incisos primero, segundo y
tercero del Código de Procedimiento Civil, en el proceso Rol CAM A-5792-
2023, seguido ante el árbitro Álvaro Ortúzar Santa María, del Centro de
Arbitraje y Mediación de Santiago;

2°. Que la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó que
se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta
Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo así
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a trámite
y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de
la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878,
1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que el artículo 93, inciso primero, Nº 6º, y el inciso
decimoprimero del mismo de la Constitución Política, se complementa con
la preceptiva que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional, cuyo artículo 84 establece en su inciso
primero, numeral quinto, que un requerimiento deberá ser declarado
inadmisible cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se
promueve la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no ha de
tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto;

5°. Que, la requirente expone que el 11 de noviembre de 2025, en
causa A-5792-2023, el árbitro mixto de única instancia Álvaro Ortúzar
Santa María dictó laudo arbitral en el que la condenó al pago de
$324.675.965, más reajustes e intereses a favor de la demandante
reconvencional Inmobiliaria Antonio Bellet S.A.
0000084 2
OCHENTA Y CUATRO




Indica que Inmobiliaria Antonio Bellet solicitó la ejecución del laudo
arbitral ante el mismo árbitro mixto en diciembre de 2025, solicitando
diversos embargos en contra de activos de Inmobiliaria Santa Julia.

Señala que dedujo incidentes en contra del inicio de la ejecución
fundados en la extemporaneidad y la falta de jurisdicción y competencia
del árbitro para iniciar dicha etapa, todos los cuales fueron desestimados,
con costas.

Explica que en este contexto el árbitro aplicó la sanción prevista en
el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, obligando a la requirente
a consignar la suma de 5 UTM como condición para formular cualquier
incidente.

Refiere que en contra de esta decisión presentó recurso de
reposición, el cual también fue desestimado.

Luego, relata que ya efectuados diversos embargos, el juez árbitro
dictó la resolución de 20 de marzo de 2026, por la cual ordenó poner en
conocimiento de las partes la liquidación del crédito y tenerla por
aprobada si no fuere objetada dentro de tercero día.

Por ello, indica que en ejercicio del derecho procesal conferido por
el tribunal, con fecha 24 de marzo de 2026 objetó la liquidación, por
estimar que dentro de las partidas que ella contenía faltaba incorporar
bienes que disminuían el saldo deudor final y señala que el juez árbitro
confirió traslado de la objeción.

Sin embargo, expone que el 27 de marzo de 2026, a solicitud de
Inmobiliaria Antonio Bellet, y sin conferir traslado a su parte, el tribunal
dejó sin efecto el traslado de la objeción y ordenó a la requirente a
consignar la suma de 5 UTM como condición previa, bajo apercibimiento
de tenerla por no presentada, aplicando el artículo 88 del Código de
Procedimiento Civil.

Indica que con fecha 31 de marzo interpuso recurso de reposición
en contra de esta resolución, sosteniendo que la objeción a la liquidación
no constituía la promoción de un incidente en los términos del artículo 88
del Código de Procedimiento Civil, sino que el ejercicio de una facultad
procesal expresamente habilitada por el juez árbitro. Sin embargo, señala
que el 6 de abril el tribunal rechazó la impugnación, y ratificó la calificación
de “incidente” de la objeción a la liquidación y la procedencia de la
consignación previa.
0000085 3
OCHENTA Y CINCO




En este escenario, relata que con fecha 8 de abril y bajo expresa
protesta de la improcedencia de la exigencia indicada, consignó la suma
de 5 UTM y que el 10 de abril el tribunal la tuvo por acompañada, por lo
que confirió traslado de la objeción a la liquidación. Seguidamente
señala que con fecha 21 de abril el tribunal rechazó la objeción a la
liquidación, con costas.

A fojas 5, la actora señala que a la fecha de presentación de este
requerimiento se encontraba pendiente el plazo para presentar un
recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó la objeción a
la liquidación, lo que a su juicio “constituye la certeza de la gestión judicial
pendiente en que incide el presente requerimiento” (fs. 5).

Por presentación de 30 de abril, de fojas 78, la parte requirente
acompañó el recurso de reposición deducido en contra de la resolución de
21 de abril de 2026;

6°. Que, del análisis de los hitos procesales de la gestión pendiente
se advierte que los preceptos legales impugnados en autos ya fueron
aplicados por el tribunal arbitral, pues el 27 de marzo de 2026 ordenó a la
requirente que consignara la suma de 5 UTM como condición previa para
la tramitación de la objeción a la liquidación, de conformidad con el
artículo 88 del Código de Procedimiento Civil.

Se advierte, en este sentido, que esta resolución se encuentra firme
y ejecutoriada, pues el 6 de abril pasado fue rechazado el recurso de
reposición deducido por la requirente.

Además, la misma actora reconoce que con fecha 8 de abril de 2026
procedió a consignar la suma de 5 UTM a efectos de que el tribunal
continuara la tramitación de la objeción a la liquidación, la que en
definitiva fue rechazada.

Por todo lo señalado, se puede concluir que se encuentra agotado
el ámbito de aplicación de los preceptos legales impugnados;

7°. Que, en consonancia con lo ya señalado, se puede constatar que
lo que resta por resolver es el recurso de reposición ejercido en contra de
la resolución que rechazó la objeción a la liquidación, el que se dedujo por
estimar que en ella faltaba incorporar bienes que disminuían el saldo
deudor final.

En dicha gestión, los incisos primero, segundo y tercero del artículo
88 del Código de Procedimiento Civil no tienen incidencia alguna, por lo
0000086 4
OCHENTA Y SEIS




que en los términos del legislador orgánico constitucional no resultan
decisivas para la decisión pendiente.

En este contexto, el hecho de que la requirente haya efectuado la
consignación “bajo protesta” en nada modifica lo señalado, pues la
requirente ejerció su derecho a impugnar la resolución que le ordenó la
consignación mediante un recurso de reposición, el cual fue finalmente
rechazado;

8°. Que, como ha razonado en fallos anteriores este Tribunal
Constitucional, en dicho estado procesal la acción constitucional deducida
no puede prosperar, en virtud de que los preceptos legales impugnados
han agotado su ámbito de aplicación, no resultando decisivos en lo que
resta del procedimiento de ejecución seguido en contra de la requirente.

Así, ha resuelto esta Magistratura “[Q]ue, en consideración a los
antecedentes referidos y, en especial, al estado de tramitación de los autos en
los que incide esta acción de inaplicabilidad, esta Sala ha verificado que la
disposición legal cuestionada, al haber sido ya aplicada en la fase procesal
pertinente, no resultará decisiva en la resolución del asunto que se halla
pendiente de resolver por los tribunales del fondo en este caso concreto,
incumpliéndose, por consiguiente, una de las exigencias de admisibilidad de
esta clase de requerimientos.” (Rol 1828 c. 8).



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso
primero, Nº 6º, e inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la
República y en el artículo 84 N° 5, y demás pertinentes de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,




SE RESUELVE:

Que se declara derechamente inadmisible el requerimiento
interpuesto en lo principal de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo
resuelto.



Notifíquese y archívese.

Rol Nº 17.554-26 INA
0000087
OCHENTA Y SIETE


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 12/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 12/05/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señor Héctor Mery Romero.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




DAE6AB3F-AC40-4C11-A334-C3D2FCB9919D
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su
validez puede ser consultada en www.tribunalconstitucional.cl con el
código de verificación indicado bajo el código de barras.