TC Rol 17562

Texto completo

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CINCUENTA Y UNO




Santiago, doce de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 28 de abril de 2026, Vicente Cristián Godoy
Leporati deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 1º, inciso segundo, de la Ley 18.216, para que ello
incida en el proceso penal RIT N° 286-2025, RUC N° 2400370002-6, seguido
ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Viña del Mar, en conocimiento de
la Corte Suprema, por recurso de nulidad, bajo el Rol N° 20243-2026;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó dar
cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala de esta Magistratura;

3°. Que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades
anteriores y atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado
que un requerimiento de inaplicabilidad puede adolecer de vicios o
defectos tales que hagan imposible que pueda prosperar, siendo, así,
impertinente que la Sala efectúe un examen previo de admisión a trámite
y procediendo que la misma declare derechamente la inadmisibilidad de
la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878,
1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional
deducida no puede prosperar, por lo que ella será declarada inadmisible,
al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6°, del artículo 84, de la Ley Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, esto es, por adolecer de falta de fundamento plausible;

5°. Que, como ha sido ya señalado en diversas oportunidades por
este Tribunal Constitucional, no resulta posible declarar admisible un
requerimiento si contiene argumentaciones insuficientes para explicitar
las presuntas vulneraciones a la Constitución Política que produciría la
aplicación de la norma cuestionada en la gestión pendiente, como ocurre
con la presentación de fojas 1;

6°. Que, la actora impugna la norma contenida en el artículo 1°,
inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en razón de la prohibición que
establece dicha norma de otorgar eventuales penas sustitutivas a la pena
privativa de libertad, entre otros, a los autores del delito consumado de
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CINCUENTA Y DOS




violación de mayor de catorce años, contenido en el artículo 361 del
Código Penal;

7°. Que, lo anterior es presentado en el contexto de una causa
criminal seguida contra la parte requirente, en la que se encuentra
condenado a la pena de tres años y un día de presidio menor en grado
máximo por el delito de violación de mayor de catorce años, contemplado
en el artículo 361 N° 1 del Código Penal, en que se encuentra pendiente un
recurso de nulidad ante la Corte Suprema.

Señala la actora que la imposibilidad de acceder a pena sustitutiva,
en su caso, produce contravención a la Constitución en sus artículos 1° y
19 N° 2 y 3, así como a los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y a los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (fojas 4 y ss);

8°. Que, conforme se aprecia en las modificaciones introducidas a la
Ley N° 18.216, se constata que en el año 1999 se excepcionó del
otorgamiento de penas sustitutivas a los autores de los delitos previstos
en los artículos 362 y 372 bis del Código Penal (en aquel entonces,
violación de menor de doce años y violación con homicidio), cuestión
extendida en 2012, a través de la Ley N° 20.603, a los delitos consumados
previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 361,
362, 372 bis, 390, y 391, N° 1, del Código Penal y, en 2014 con la Ley N°
20.779, al crimen previsto en el artículo 391 N° 2 del catálogo punitivo;

9°. Que, el cuerpo de delitos introducidos por el legislador a través
de la anotada normativa tiene una característica basal: se trata de tipos
penales que, conforme lo dispone el artículo 3° del Código Penal, se
consideran crímenes, en que su rango punitivo abstracto, en todos los
casos, comienza en los cinco años y un día de presidio mayor en su grado
mínimo de privación de libertad, llegando en ciertos casos a la máxima
sanción que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esto es, el presidio
perpetuo calificado. La penalidad asociada a este grupo de delitos
descansa no sólo en consideraciones relativas al bien jurídico protegido
(vida, libertad ambulatoria, autonomía e indemnidad sexual), sino
también a la especial lesividad de dichas conductas, cuestión que fue
tenida en consideración por el legislador para exceptuar así del eventual
otorgamiento de penas sustitutivas;

10°. Que lo anterior ha sido recogido por este Tribunal
Constitucional en sentencias posteriores al Rol 6509-19, que han
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CINCUENTA Y TRES




rechazado requerimientos en los que se ha cuestionado la misma norma
que sería aplicable a los condenados por el mismo delito que se imputa al
actor en la gestión pendiente que da origen al presente requerimiento de
inaplicabilidad, sin que el libelo se haga cargo de tal jurisprudencia para
entregar nuevos argumentos que la desvirtúen (STC Roles 8248 y 10.010);

11°. Que, cabe hacer presente que además la requirente sustenta
sus argumentos en la STC 14.599, en que se acogió una requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del mismo precepto
legal impugnado en autos, en un caso en que se imputaba un delito de
violación impropia.

Sin embargo, dicha referencia resulta equívoca, pues tal como se
determina en el fallo señalado, las circunstancias de hecho que motivaron
la acusación penal en la gestión pendiente eran radicalmente distintas.
Así, en el considerando 20° se estableció que “[a]tendida la particularidad e
impronta de la causa de mérito en la cual los hechos configuran que estamos
en presencia de relaciones sexuales “consentidas”, fruto del cual nació una
niña de iniciales A.A.L.A., se decanta que en el contexto de la interacción sexual
carece de coactividad o abuso, sino que más bien se trata de una relación
sentimental entre una menor de 13 años y un joven de 18 años, todo lo cual
implica conocimiento familiar y consentimiento.”.

Por ello, la invocación de dicha sentencia para estos autos no tiene
base alguna, pues en la gestión pendiente la parte requirente se
encuentra condenada por el delito de violación con la circunstancia de
fuerza o intimidación, contenida en el numeral 1 del artículo 361 del
Código Penal, situación completamente distinta a la del citado fallo;

12°. Que, por lo expuesto, el requerimiento de autos adolece del
debido fundamento plausible para sortear el requisito negativo previsto
en el artículo 84, numeral 6° de la Ley orgánica Constitucional de esta
Magistratura. La actora no entrega elementos nuevos y diversos para
explicar la forma en que la gestión pendiente permitiría acreditar la
existencia de una contravención constitucional, de ser aplicada la regla
impugnada. Por el contrario, su argumentación desplegada en el libelo de
fojas 1 no se aparta de los razonamientos vertidos en otros casos
presentados con infracciones a delitos de menor lesividad, en que esta
Magistratura ha optado, en algunos casos, por acoger las impugnaciones;

13°. Que, por ello, al no desarrollar argumentaciones en derecho
claras, específicas y delimitadas para comprender la contradicción
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CINCUENTA Y CUATRO




constitucional que reseña a fojas 1 y en su petitoria, la acción deducida no
supera el estándar que el legislador orgánico ha establecido en el artículo
84, numeral 6° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura, por lo que no puede prosperar y así será declarado.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los
artículos 84 N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Se declara derechamente inadmisible el requerimiento
deducido a lo principal, de fojas 1. A los otrosíes, estese a lo resuelto.



Acordada con el voto en contra del Ministro señor MARIO GÓMEZ
MONTOYA, quien estuvo por conceder el plazo contemplado en el
artículo 82 de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura a efectos de que la requirente aclare el requerimiento
respecto de la gestión pendiente, pues en varios pasajes del mismo se
refiere al impedimento que le genera el precepto legal impugnado
respecto de la posibilidad de obtener una pena mixta, lo que no
concuerda con el resto de la presentación.




Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.562-26-INA

María Pía Silva Gallinato
Fecha: 12/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 12/05/2026 Fecha: 12/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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