TC Rol 17563

Texto completo

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CIENTO TRECE




Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 29 de abril de 2026, Ramón Isidro Labrador
Moraga ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 1 de la Ley N° 14.908,
especialmente en lo relativo a la regla de inadmisibilidad contenida en su
inciso tercero, en relación con el artículo 54-1 de la Ley N° 19.968, sobre
abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en el proceso RIT
C-139-2026, seguido ante el Juzgado de Familia de Constitución;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, para el examen de admisión a trámite del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en autos, debe verificarse el cumplimiento de los
requisitos consignados en el artículo 93 de la Constitución Política de la
República, y en los artículos 79, incisos primero y segundo; y 80 de la Ley
N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional;

4°. Que, el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental establece que
“Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

5°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución;”.

En tanto, el inciso decimo primero de dicha norma dispone que “En
el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté
fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la
ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del
procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;
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CIENTO CATORCE




A su vez, el artículo 79, inciso segundo dispone que “Si la cuestión
es promovida por una parte ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá
acompañar un certificado expedido por el tribunal que conoce de la gestión
judicial, en que conste la existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la
calidad de parte del requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados”.

Por su parte, el artículo 80 de la citada ley establece que “El
requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las
normas constitucionales que se estiman transgredidas”;

6°. Que, la presentación de fojas 1 no cumple con las exigencias
previstas tanto en la Carta Fundamental como en la ley orgánica
constitucional del Tribunal Constitucional.

En efecto, no se ha acompañado un certificado expedido por el
tribunal que conoce de la gestión judicial con las menciones previstas en el
artículo 79, inciso segundo ya indicado.

Además, el petitorio de fojas 20 solicita “tener por deducido
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 1 de la Ley N° 14.908, especialmente en lo relativo a la regla de
inadmisibilidad contenida en su inciso tercero, en relación con el artículo 54-1
de la Ley N° 19.968; admitirlo a tramitación; declararlo admisible; y, en
definitiva, acogerlo, declarando inaplicables dichos preceptos legales en las
gestiones judiciales pendientes ya individualizadas, únicamente en cuanto su
aplicación impida al requirente obtener un pronunciamiento jurisdiccional de
fondo sobre la pérdida sobreviniente de la calidad de alimentaria de doña
VALENTINA ALEJANDRA LABRADOR FUENTES, por la sola existencia de
inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de
Alimentos y sin ponderar la excepción legal de antecedentes calificados”.

En dichos términos la solicitud resulta confusa, pues no determina
con precisión los preceptos legales impugnados al pedir la inaplicabilidad
por inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley N° 14.908 en relación con
el artículo 54-1 de la Ley N° 19.968.

Finalmente, el desarrollo del conflicto constitucional y el petitorio no
se comprenden en los términos en que están formulados, pues la solicitud
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CIENTO QUINCE




de inaplicabilidad se realiza en el contexto de la interpretación que a juicio
de la requirente se ha efectuado respecto de la posibilidad de ponderar
antecedentes calificados para dar curso a la demanda de cese de
alimentos, y no tener en consideración la inscripción de la actora en el
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuestión ajena
a la competencia de esta Magistratura;

7°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que no se tiene un
requerimiento con las exigencias previstas por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 17.997, por lo que no será admitido a trámite.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso decimo primero, de la Constitución Política y
en los artículos 79, 80, 82, inciso primero, y demás pertinentes de la Ley Nº
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.563-26-INA

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 13/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 13/05/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.
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CIENTO DIECISEIS


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/05/2026




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