TC Rol 17565

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DOSCIENTOS OCHENTA



Santiago, tres de junio de dos mil veintiséis.



A fojas 125 y 239, a todo, ténganse por acompañadas las piezas
remitidas.

A fojas 231, a lo principal, téngase como parte; al primer otrosí,
téngase por evacuado el traslado; al segundo otrosí, téngase presente.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 30 de abril de 2026, Benjamín Astorga Casanga
requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 196 ter inciso primero, segunda parte, de la Ley N°
18.290, de Tránsito, para que ello incida en el proceso penal RIT N° 43-
2025, RUC N° 2400656474-3, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de San Felipe, en conocimiento de la Corte de Apelaciones de
Valparaíso bajo el Rol N° 897-2026 (Penal);

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
la cuenta del requerimiento ante la Segunda Sala, acogiéndolo a
tramitación por resolución de 12 de mayo de 2026, a fojas 113,
oportunidad en que se confirió traslado a las demás partes de la gestión
invocada para examinar el cumplimiento de su requisitos de
admisibilidad;

3°. Que, precluido lo anterior, y analizando el requerimiento en
conjunto con todos sus antecedentes fundantes, se tiene la
configuración de la causal prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en
tanto carece de fundamento plausible o razonable;

4°. Que, la requirente indica que acciona en el marco de un
proceso penal seguido en su contra por presunto delito de conducción
en estado de ebriedad con resultado de muerte, tres resultados de
lesiones leves y dos resultados de daños (fojas 1).

Conforme certificación que se lee a fojas 11, el proceso penal se
encuentra con sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de San Felipe, recurrida de nulidad para ante la Corte
de Apelaciones de Valparaíso;




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5°. Que, al fundar el conflicto concreto de constitucionalidad,
argumenta que la aplicación del artículo 196 ter inciso primero, parte
segunda, de la Ley N° 18.290, de Tránsito, genera contravenciones a la
Carta Fundamental. Sostiene que configura “una diferencia de trato entre
personas que se encuentran en una situación similar, e incluso respecto de
personas que, en la lógica de la legislación, cometieron delitos aún más
graves, debido a que las penas asociadas a ellos son de mayor intensidad”
(fojas 6). Además, indica que se transgrede el principio de
proporcionalidad, por cuanto “el juez de la gestión pendiente verá
severamente limitada su capacidad de actuar con justicia según las
exigencias constitucionales del justo y racional proceso, ya que no podrá
considerar en toda su amplitud las características del caso y del sujeto
penalmente responsable” (fojas 8);

6°. Que, la disposición requerida de inaplicabilidad dispone lo que
a continuación se transcribe, en su parte destacada:

“Artículo 196 ter. Respecto del delito previsto en el inciso tercero del
artículo 196, será aplicable lo previsto en la ley Nº 18.216, conforme a las
reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena
sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el
condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de
libertad a la que fuere condenado”;

7°. Que, de acuerdo lo antes señalado y siguiendo lo resuelto en
causas Rol N° 16.863-25 y Rol N° 17.396-25, por esta Sala, surge la
declaración de inadmisibilidad del requerimiento al carecer de
fundamento plausible o razonable en los términos establecidos en los
artículos 84 N° 6 de la Ley N° 17.997 y 93 inciso undécimo de la
Constitución. El libelo se estructura sobre alegaciones genéricas de
vicios constitucionales y desatiende diversos pronunciamientos de este
Tribunal que han descartado la contravención a la Carta Fundamental a
partir del contraste del referido artículo 196 ter inciso primero, parte
segunda, de la Ley N° 18.290, de Tránsito, frente a principios como la
igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las sanciones, la reinserción
social y las facultades judiciales para determinar la pena concreta en
este tipo de gestiones, argumentos que, se lee de la presentación de
fojas 1 y siguientes, son reiterados.

En tal sentido, es necesario considerar la evolución que ha tenido
este Tribunal en conocimiento de impugnaciones de esta naturaleza.
Desde el primer requerimiento presentado en causa Rol N° 2897-15 INA,



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han sido dictadas más de cuatrocientas sentencias en torno al artículo
196 ter inciso primero de la Ley N° 18.290, de Tránsito. De su revisión
constan pronunciamientos estimatorios y desestimatorios. Por su parte,
las sentencias que han acogido la impugnación de inaplicabilidad han
calificado la suspensión de penas sustitutivas por un año como
“desproporcionada e inequitativa respecto a personas condenadas incluso
por delitos de mayor gravedad” e “inidónea para cumplir los fines de
reinserción social”. Así se tiene de la lectura de pronunciamientos en STC
Roles N° 2897, N° 2983 y N° 4575.

En contraste, en las sentencias desestimatorias el Tribunal ha
sostenido que “[s]olo impone una suspensión de la decisión judicial por un
año, imponiendo pena privativa de libertad”, por lo que, “[i]mpuesta que
sea la pena sustitutiva, al concluir su suspensión de un año, la decisión
judicial recobra todo su valor permitiendo extenderla o aplicarla en el modo,
tiempo y lugar que el juez competente determine”. Además, se ha
argumentado que “[e]l legislador debe tener políticas preventivas que
disuadan efectivamente los accidentes de tránsito con resultado de muerte”,
por lo que es “razonable que […] busque los medios de que las penas sean
efectivas”, cuestión que se torna en “un fin real y no meramente nominal”,
y no se afectan la proporcionalidad ni la igualdad ante la ley (STC Rol N°
5328-18, cc. 7° a 17°, reproducido en STC Roles N° 14.342, N° 14.036 y
N° 14.003, entre otras).

De la revisión de este devenir jurisprudencial del Tribunal, se tiene
que desde noviembre de 2024 los requerimientos de inaplicabilidad en
torno al artículo 196 ter inciso primero, parte segunda, de la Ley N°
187.290, de Tránsito, han sido desestimados. Así, entre otras, han sido
dictadas las STC Roles N° 16.258, N° 16.305, N° 15.991, N° 15.820, N°
16.220, N° 16.206, N° 16.197, N° 16.068, N° 16.041, N° 15.927, N° 16.075,
N° 15.906. El Tribunal ha considerado que la norma impugnada no
vulnera los principios de igualdad ante la ley ni de proporcionalidad,
resultando improcedente la comparación abstracta con otros delitos del
sistema penal pues la diferenciación responde a una decisión razonable
de política criminal del legislador frente a delitos que afectan tanto la
seguridad vial como la vida humana, priorizando un objetivo retributivo
que no resulta prohibido por la Constitución;

8°. Que, de la lectura del requerimiento presentado en la presente
causa, consta que las contravenciones constitucionales denunciadas se
estructuran argumentativamente de forma análoga a los vicios ya




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examinados por esta Magistratura con relación al artículo 19 N° 2 y N° 3
de la Carta Fundamental y que vienen siendo sistemáticamente
rechazados.

Desde lo señalado, el requerimiento no precisa alegaciones
específicas que permitan efectuar distinciones relevantes por las
particularidades del caso concreto sometido a examen. Esta omisión es
de relevancia y pertinente, pues la estructuración de un conflicto
constitucional concreto en un proceso no puede prescindir de su estado
procesal y sus particularidades respecto del objeto de lo solicitado, dada
la naturaleza concreta de la acción de inaplicabilidad.

En contrario, ante su ausencia no es posible delimitar los términos
específicos en los cuales se plantea el vicio constitucional pretendido y
relacionado con las garantías fundamentales invocadas, conteniendo un
déficit argumentativo que le impide prosperar. Tal omisión constata la
ausencia de un conflicto constitucional claro, preciso y detallado de
modo tal que exprese argumentos concatenados que permitan
comprender la contrariedad a la Constitución que significaría la
aplicación de la normativa cuestionada y con ello las vulneraciones
alegadas. No basta a esos efectos una referencia de orden genérico a
eventuales vicios de inconstitucionalidad, en tanto toda alegación
hipotética en el marco de la prerrogativa contemplada en el artículo 93
inciso primero N° 6 de la Constitución no resulta compatible con la
naturaleza de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En
equivalentes términos se ha razonado en resoluciones de
inadmisibilidad en causas Roles N° 16.285, c. 8°; N° 16.229, c. 9°; N°
16.010, c. 7°; y N° 13.620, c. 20°, entre otras;

9°. Que, si bien las respectivas Salas han estimado en anteriores
oportunidades la admisibilidad en cuestiones de inaplicabilidad respecto
de la aplicación del artículo 196 ter inciso primero de la Ley N° 18.290,
de Tránsito, en la parte impugnada, de ello no puede derivarse que todo
cuestionamiento de esta naturaleza habilite para el nuevo inicio de un
contradictorio en esta competencia, lo que implicaría un examen
abstracto o genérico desatendiendo las particularidades del caso
concreto en que incide (Rol N° 14.022, c. 6°);

10°. Que, en estos términos, no puede tenerse por cumplido el
estándar de plausibilidad o razonabilidad requerido para la
admisibilidad. El conflicto concreto se reitera a partir de alegaciones que
vienen siendo rechazadas, sin que se aporten argumentos que orienten



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en la estructuración plausible del libelo. Es carga del requirente
demostrar argumentativamente que la situación concreta que se
desenvuelve en la gestión supone un genuino conflicto constitucional
para, de ser el caso, iniciar el examen de la eventual inaplicabilidad de
uno o más preceptos legales llamados a ser derecho decisivo para su
resolución.

Lo señalado no obsta a que puedan producirse modificaciones a
las declaraciones de admisibilidad o inadmisibilidad por las Salas del
Tribunal frente a alegaciones de inaplicabilidad, pero ello requiere la
entrega de alegaciones que, circunscritas al caso concreto, ameriten el
cambio respectivo. Los principios de seguridad jurídica y estabilidad en
las decisiones no sólo se dirigen a la deferencia razonada con que se
examina la constitucionalidad de la ley, sino que se vinculan
estrechamente con la competencia jurisdiccional y la estabilidad de las
decisiones judiciales;

11°. Que, ha de declararse la inadmisibilidad del requerimiento de
inaplicabilidad deducido a lo principal de fojas 1, al confluir la causal
establecida en los artículos 93 inciso undécimo y 84 N° 6 de la Ley N°
17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, al carecer
de fundamento plausible o razonable.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:



Inadmisible el requerimiento deducido a lo principal de fojas 1.
Álcese la suspensión decretada en autos.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.565-26-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 03/06/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz
Fecha: 03/06/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 03/06/2026 Fecha: 03/06/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario (S) del Tribunal Constitucional.


José Francisco Leyton Jiménez
Fecha: 03/06/2026




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