TC Rol 17567

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CIENTO TREINTA




Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que Inversiones, Comercial y Agrícola La Chimba S.A. acciona
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 227 N° 4
del Código Orgánico de Tribunales y de los artículos 17 y 18 del Código
de Procedimiento Civil, para que ello incida en la causa Rol N° 54.808-
2025, caratulada “Inversiones, Comercial y Agrícola La Chimba S.A. con
Mamani y otros”, seguida ante la Excelentísima Corte Suprema;
2°. Que la señora Presidenta S. del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Segunda Sala de
esta Magistratura;
3°. Que, del examen del requerimiento deducido, esta Sala ha
logrado formarse convicción de que la acción constitucional deducida no
puede prosperar, al concurrir la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional
de esta Magistratura, desde que el requerimiento no ha estructurado
argumentativamente de manera plausible un conflicto constitucional
vinculado con el caso concreto, por las razones que se pasan a exponer;
4°. Que la gestión invocada corresponde a un juicio ordinario de
indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual
deducido ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta. El
tribunal de primera instancia acogió la excepción dilatoria de
incompetencia absoluta, decisión que fue confirmada por la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Antofagasta por sentencia de 12 de noviembre
de 2025. En contra de dicha sentencia, la requirente dedujo recursos de
casación en la forma y en el fondo ante la Excelentísima Corte Suprema.
La casación en la forma fue declarada inadmisible, encontrándose el
recurso de casación en el fondo actualmente en estado de relación;
5°. Que la requirente sostiene que la aplicación del artículo 227 N°
4 del Código Orgánico de Tribunales y de los artículos 17 y 18 del Código
de Procedimiento Civil vulnera los artículos 19 N°s 3 y 24 de la
Constitución Política, así como el artículo 76 de la misma, por cuanto su
aplicación concreta permite que una acción de indemnización de
perjuicios por responsabilidad extracontractual sea sustraída del tribunal
civil ordinario y remitida forzosamente a arbitraje, mediante una
interpretación expansiva del arbitraje forzoso y una tesis de
indivisibilidad del cúmulo de acciones acumuladas;


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6°. Que, conforme a lo exigido por el artículo 93 inciso undécimo
de la Constitución y el artículo 84 numeral 6° de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional de esta Magistratura, el requerimiento de
inaplicabilidad debe estructurar un conflicto constitucional argüido en
términos claros, precisos y detallados, de modo que permita comprender
la contrariedad a la Constitución que significaría la aplicación de la
norma cuestionada en el caso concreto. Como ha precisado esta
Magistratura, la inaplicabilidad constituye un instrumento de supresión
concreta de un precepto legal y no de hermenéutica que se desenvuelva
en el plano de la legalidad, por lo que la determinación del sentido de la
normativa legal excede la naturaleza de esta acción (STC Rol N° 15.196, c.
13°);
7°. Que, en primer término, el requerimiento ha planteado el
conflicto constitucional en términos que lo sitúan en el plano de la
interpretación legal. En efecto, la controversia medular que la requirente
somete a esta Magistratura consiste en determinar si la cláusula arbitral
contenida en el contrato de asociación o cuentas en participación
comprende o no la acción de responsabilidad extracontractual deducida,
esto es, si los artículos 17 y 18 del Código de Procedimiento Civil
autorizan o impiden dividir el cúmulo de acciones acumuladas en la
demanda y cuál es el alcance subjetivo del compromiso arbitral respecto
de los demandados que no suscribieron dicho pacto. Al estructurarse en
esos términos, el libelo sitúa la controversia en el plano de la
hermenéutica procesal y civil, cuya resolución corresponde al juez del
fondo en ejercicio de sus competencias exclusivas. La determinación del
sentido y alcance de los preceptos impugnados en el caso concreto no
configura un conflicto constitucional susceptible de ser resuelto
mediante la acción de inaplicabilidad;
8°. Que, en segundo término, el requerimiento presenta una
incompatibilidad argumentativa que impide fundar plausiblemente un
conflicto constitucional. Del examen de los antecedentes de la gestión
pendiente consta que la requirente dedujo recurso de casación en el
fondo en contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Antofagasta, invocando como normas infringidas, con influencia
sustancial en lo dispositivo del fallo, el artículo 227 N° 4 del Código
Orgánico de Tribunales y los artículos 17 y 18 del Código de
Procedimiento Civil. Los preceptos cuya inaplicabilidad se solicita ante
esta Magistratura son, precisamente, los mismos que la requirente
invoca como normas cuya correcta aplicación debió conducir a un


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resultado distinto en la gestión pendiente. Esta incompatibilidad entre la
posición procesal sostenida por la requirente ante la Excelentísima Corte
Suprema y el conflicto constitucional planteado ante esta Magistratura
priva al requerimiento de la coherencia argumentativa exigible para
configurar una controversia constitucional plausible vinculada al caso
concreto;
9°. Que, consecuencialmente, el libelo no satisface el estándar de
plausibilidad exigido por el artículo 93 inciso undécimo de la Constitución
Política y por el artículo 84 numeral 6° de la Ley N° 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura, en cuanto el déficit argumentativo
del que adolece el requerimiento no permite constatar un conflicto
constitucional argüido en términos claros, precisos y detallados de modo
tal que permita la comprensión de la contrariedad a la Constitución que
significaría la aplicación de las normas cuestionadas en el caso concreto.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 6 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE: Que se declara derechamente inadmisible el
requerimiento deducido en lo principal de fojas 1.



Acordado con el voto en contra de la Ministra señora Marcela
Peredo Rojas, quien estuvo por apercibir a la requirente para aclarar los
términos de la impugnación de autos, atendida las referencias
normativas de fojas 23 a los artículos 47 A, 47 B, 47 C, 47 D, 47 E y 47 F de
la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.



Notifíquese, comuníquese y archívese.

Rol N° 17.567-26-INA.




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María Pía Silva Gallinato
Fecha: 11/05/2026



Raúl Eduardo Mera Muñoz Catalina Adriana Lagos Tschorne
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026



Marcela Inés Peredo Rojas Mario René Gómez Montoya
Fecha: 11/05/2026 Fecha: 11/05/2026


Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada
por su Presidenta, Ministra señora María Pía Silva Gallinato, y por sus Ministros
señor Raúl Eduardo Mera Muñoz, señora Catalina Adriana Lagos Tschorne,
señora Marcela Inés Peredo Rojas y señor Mario René Gómez Montoya.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 12/05/2026




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