TC Rol 17573

Texto completo

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CIENTO VEINTISIETE




Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 4 de mayo de 2026, Rolando Darío Cerda Fuentes
ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos primero N° 4 y cuarto
transitorios, de la Ley N° 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad
Pública, en el proceso RIT T-2227-2025, RUC 25-4-0690043-9, seguido ante
el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago;

2°. Que, la señora Presidenta (S) del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, para el examen de admisión a trámite del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en autos, debe verificarse el cumplimiento de los
requisitos consignados en el artículo 93 de la Constitución Política de la
República, y en los artículos 42, inciso primero; y 80 de la Ley N° 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional;

4°. Que, el artículo 93 N° 6 de la Carta Fundamental establece que
“Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

5°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la
Constitución;”.

En tanto, el inciso decimo primero de dicha norma dispone que “En
el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión
siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda
resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté
fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la
ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del
procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

A su vez, el artículo 42, inciso primero de la ley orgánica
constitucional de esta Magistratura establece que “En los casos en que la
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CIENTO VEINTIOCHO




cuestión que se somete al Tribunal sea promovida mediante acción pública, o
por la parte en el juicio o gestión judicial en que se solicita la inaplicabilidad de
un precepto legal o la inconstitucionalidad de un auto acordado, las personas
naturales o jurídicas que lo promuevan deberán señalar en su primera
presentación al Tribunal un domicilio conocido dentro de la provincia de
Santiago. La presentación será patrocinada y suscrita por un abogado
habilitado para ejercer la profesión.”



En tanto, el artículo 80 de la citada ley establece que “El
requerimiento de inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de la
gestión pendiente o por una de las partes, deberá contener una exposición
clara de los hechos y fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen
como resultado la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o los
vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las
normas constitucionales que se estiman transgredidas”;

6°. Que, la presentación de fojas 1 no cumple con las exigencias
previstas tanto en la Carta Fundamental como en la ley orgánica
constitucional del Tribunal Constitucional.

En efecto, no se ha cumplido con la exigencia legal de la constitución
en forma del patrocinio y poder al abogado compareciente.

Además, el libelo no contiene una exposición clara de los hechos y
fundamentos en que se apoya y tampoco desarrolla mínimamente
argumentos que permitan comprender el conflicto constitucional
presentado a esta Magistratura, de manera tal de activar la competencia
conferida por el legislador orgánico constitucional.

En este sentido, se ha pronunciado esta Magistratura al señalar
"[Q]ue, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, la acción
interpuesta tampoco satisface la exigencia prevista en el artículo 47 B, arriba
reproducido, para poder ser acogida a tramitación, toda vez que el requirente
no indica claramente los hechos que constituyen la gestión pendiente ni
fundamenta debidamente cómo la aplicación de las normas que impugna
produciría una infracción de preceptos constitucionales precisos, sin que
resulten claros el o los vicios de inconstitucionalidad que aduce." (Rol 1630 c.
6);

7°. Que, anotadas así las falencias, se concluye que no se tiene un
requerimiento con las exigencias previstas por la Constitución y la Ley
Orgánica Constitucional Nº 17.997, por lo que no será admitido a trámite.
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CIENTO VEINTINUEVE




Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 6°, e inciso decimo primero, de la Constitución Política y
en los artículos 42, 80, 82, inciso primero, y demás pertinentes de la Ley Nº
17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura,



SE RESUELVE:

Que no se admite a tramitación el requerimiento deducido en lo
principal de fojas 1, teniéndose por no presentado. A los otrosíes,
estese a lo resuelto.


Notifíquese y archívese.

Rol N° 17.573-26-INA

Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 13/05/2026



Miguel Angel Fernández González
Fecha: 13/05/2026




Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señora Nancy Adriana Yáñez Fuenzalida, señor Miguel Ángel Fernández
González y señora Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 13/05/2026




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