TC Rol 17579

Texto completo

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CIENTO UNO




Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veintiséis.



VISTOS

Y CONSIDERANDO:

1°. Que, con fecha 05 de mayo de 2026, María Fernanda Celis Díaz
deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del artículo 137, inciso segundo de la Ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo, para que ello incida en el proceso sobre sumario
administrativo ordenado por Resolución Exenta N° 3506, de la Dirección
del Servicio Local de Educación de Colchagua;

2°. Que, la señora Presidenta del Tribunal Constitucional ordenó
que se diera cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de
esta Magistratura;

3°. Que, esta Magistratura Constitucional, teniendo presente lo
resuelto en oportunidades anteriores y atendido el mérito de cada caso
particular, ha determinado que un requerimiento de inaplicabilidad
puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que
pueda prosperar, siendo, así impertinente que la Sala efectúe un examen
previo de admisión a trámite y procediendo que la misma declare
derechamente la inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras,
sentencias roles N°s 1924, 1890, 1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788,
1771, 1749, 2811 y 2878);

4°. Que, como antecedentes de la gestión invocada expone que
con fecha 19 de diciembre de 2023, mediante Resolución Exenta N° 3506,
el Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, instruyó un sumario
administrativo en su contra, el cual fue posteriormente ampliado
mediante las Resoluciones Exentas que indica, formulándose cargos con
fecha 06 de octubre del referido año.

En dicho contexto, solicita copias íntegras de todas las piezas del
sumario administrativo. Sin embargo, la fiscal instructora sólo accedió a
la entrega de determinadas piezas del sumario, por lo que interpone
recurso de reposición, el que fue rechazado. Luego, interpone recurso de
nulidad de todo lo obrado, solicitando “se invalidara todo lo actuado con
posterioridad a la notificación de los cargos efectuada el 8 de octubre de
2025, por estimar que las resoluciones posteriores se encontraban afectadas




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CIENTO DOS




por infracciones sustanciales al debido proceso y al derecho de defensa”
(fojas 3). Sin embargo, afirma que dicho recurso nunca fue resuelto.

Relata que reiteró en varias oportunidades la entrega de las copias
del expediente administrativo, sin obtener resultado positivo. Y, con
fecha 22 de abril del presente año fue notificada de la Resolución Exenta
N° 0664 mediante la cual se le impuso la medida disciplinaria de término
de la relación laboral, por las causales de falta de probidad y de
incumplimiento grave de las obligaciones que impone la función
docente. A raíz de ello, solicita nuevamente las copias íntegras del
sumario administrativo, solicitud que una vez más le es denegada.
Refiere que recién con fecha 29 de abril de 2026, se le entregó el
documento denominado “Vista y Dictamen Fiscal”.

Finalmente, al fundamentar el conflicto concreto de
constitucionalidad, sostiene que la aplicación del precepto impugnado
en la gestión que invoca transgrede los artículos 8, inciso segundo; y 19
numerales 2 y 3, todos de la Constitución Política;

5°. Que, el artículo 93 inciso primero, numeral 6° de la
Constitución Política de la República establece que es atribución del
Tribunal Constitucional, “[r]esolver, por la mayoría de sus miembros en
ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier
gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a
la Constitución”. Por su parte, el inciso undécimo del referido artículo 93
también alude a la gestión pendiente ante un tribunal ordinario o
especial;

6°. Que, esta Magistratura ha sostenido que la expresión “gestión”
a que alude el numeral 6° del mencionado artículo 93 de la Carta
Fundamental se limita a gestiones de naturaleza jurisdiccional. Así, en la
STC causa Rol 15.603-24, c. 4° estableció que “la Constitución, a diferencia
de lo que dispone en relación al examen de los auto acordados respecto a los
cuales permite que puede intentarla toda persona que sea parte en “juicio o
gestión pendiente” (art. 93 inciso 3°), en cuanto a la inaplicabilidad “no
menciona los juicios o negocios jurisdiccionales en forma separada, de
manera tal que hay que entender lo natural: que no hay otros ámbitos a los
que esa norma se quiera referir, pues lo común es que los tribunales
conozcan de ese tipo de asuntos, esa es su misión constitucionalmente
asignada y, entonces, son las leyes que afecten los resultados de tales
negocios, las que se pueden atacar de inaplicabilidad” (STC N° 14.998, c. 7°)
…”.


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CIENTO TRES




Asimismo, en sede de admisibilidad la Segunda Sala de este
Tribunal declaró derechamente inadmisible un requerimiento de
inaplicabilidad, atendido a que “la gestión referida en el motivo que
precede no se constituye como una gestión judicial pendiente, sino como un
procedimiento administrativo disciplinario, por lo que no se cumple en la
especie un presupuesto esencial a la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad de un precepto legal, como lo es precisamente la
incidencia de ese precepto legal en una gestión judicial y no administrativa,
conforme lo exige el artículo 93, N° 6, Constitucional, en concordancia con el
artículo 84 numeral 3° de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta
Magistratura” (Rol N° 16.445, c. 6°).

En un sentido análogo se pronunció la Primera Sala en el año
2014, al señalar que “con el mérito de los antecedentes tenidos a la vista,
resulta evidente que el requerimiento de autos no cumple con la exigencia de
incidir en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, desde
el momento que el Consejo para la Transparencia no actúa como órgano
jurisdiccional sino como órgano administrativo” (rol 2.745).

Del mismo modo, resolvió la referida Sala en la causa Rol N° 1477,
al declarar inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad respecto de
preceptos de la Ley de Navegación que incidían en un procedimiento
administrativo, consistente en la investigación sumaria administrativa
marítima iniciada a instancias del Gobernador Marítimo de Valparaíso.
En efecto, estableció que “la Gobernación Marítima del Valparaíso y la
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante no actúa en
calidad de tribunal -ni ordinario ni especial-“, pues “cuando dichos
organismos intervienen en la denominada investigación sumaria
administrativa marítima, regulada en el Decreto Ley N° 2.222, de 1978, lo
hacen en ejercicio de la potestad sancionadora de carácter administrativo
que la ley les confiere …”. (En el mismo sentido, causa Rol N° 15.728, c. 6°);

7°. Que, del examen del requerimiento interpuesto, y atendido el
carácter meramente administrativo de la gestión pendiente invocada por
la actora -sumario administrativo instruido por el Servicio Local de
Educación Pública de Colchagua-, esta Sala ha logrado formarse
convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede
prosperar, por lo que será declarada derechamente inadmisible, al
concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el
numeral 3° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta




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CIENTO CUATRO




Magistratura, esto es, “cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada”.



Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 93,
inciso primero, N° 3°, e inciso undécimo, de la Constitución Política y en
los artículos 84, N° 3 y demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura,



SE DECLARA:

Derechamente inadmisible el requerimiento deducido a lo
principal, de fojas 1; a los otrosíes, estese a lo resuelto.



Notifíquese. Comuníquese. Archívese.

Rol N° 17.579-26-INA.




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CIENTO CINCO


Daniela Beatriz Marzi Muñoz
Fecha: 19/05/2026



Miguel Angel Fernández González Héctor Antonio Mery Romero
Fecha: 19/05/2026 Fecha: 19/05/2026



Alejandra Precht Rorris
Fecha: 19/05/2026


Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, integrada por
su Presidenta, Ministra señora Daniela Beatriz Marzi Muñoz, y por sus Ministros
señor Miguel Ángel Fernández González, señor Héctor Mery Romero y señora
Alejandra Precht Rorris.

Autoriza el Secretario abogado (i) del Tribunal Constitucional.


Sebastián Andrés López Magnasco
Fecha: 19/05/2026




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