INA-Inadmisibilidad

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Santiago, siete de septiembre de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 23 de julio de 2010, los abogados
Cristóbal Carmona Caldera, Renato Felipe Jiménez Ramírez
Y Carlos Enrique Herrera Tardón, invocando la
representación de las personas individualizadas a fojas
1, han requerido a esta Magistratura Constitucional para
que declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto del inciso primero del artículo 230 y del
artículo 248, letra c), ambos del Código Procesal Penal,
en el marco del proceso Rit 48-2006, seguido ante el

Tribunal de Garantía de San José de la Mariquina;

2%. Que, a fojas 81l, esta Sala acogió a trámite el

requerimiento, confiriendo traslado y posteriormente
decretando alegatos, para resolver acerca de la
admisibilidad;

3. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria

a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que

establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá

resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.”;

4”. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado Y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 10 de
agosto de 2010. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que "para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres dias, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos "79 y 80 de la

legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que

conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá

formularse por oficio y acompañarse de una copla de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se

estiman transgredidas”.

A su vez, el artículo 84 de la misma ley orgánica

establece:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los

siguientes casos:

1? Cuando el requerimiento no es formulado por una

persona u órgano legitimado;

2%? Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia

respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oo se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella

no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6* Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos

los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad O
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de

recurso alguno.”;

5%. Que esta Sala ha logrado convicción acerca de la
inadmisibilidad del requerimiento, el cual no puede
prosperar, al carecer de fundamento plausible y al no
resultar decisiva en la gestión invocada la aplicación de

los preceptos impugnados;

6”. Que, en este sentido, la exigencia de fundamento
plausible, para los efectos de declarar la admisibilidad,
supone una condición que implica -como exigencia básica-
la aptitud del o de los preceptos legales objetados para
contrariar, en “su aplicación al caso concreto, la
Constitución, lo que debe ser expuesto
circunstanciadamente, motivo por el cual la explicación
de la forma en que se produce la contradicción entre las
normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la
base indispensable de la acción ejercitada. En este
sentido, el requerimiento de fojas 1 no cumple con dicha
exigencia, especialmente en lo que respecta a la
aplicación inconstitucional del artículo 248 letra c) del

Código Procesal Penal;

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7?. Que, por otra parte, el control de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad no constituye
una vía idónea ¡para revisar lo obrado por el Ministerio
Público, cuestión que escapa a la competencia de esta
Magistratura en esta sede. En relación a la causal de
inadmisibilidad contemplada en el N” 4% del inciso
primero del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional
del Tribunal Constitucional, esta misma Magistratura ha
resuelto en varias oportunidades que ello implica que la
acción de inaplicabilidad no procede como medio de
impugnación de resoluciones judiciales, Cuestión que
también es aplicable respecto lo obrado por el Ministerio
Público. A mayor abundamiento, esta Magistratura se ha
pronunciado en el sentido que: “la inaplicabilidad no es
vía idónea para declarar que un Tribunal ha actuado
ilegalmente, aunque se alegue que, con ese actuar ilegal,
se haya excedido la competencia y con ello afectado la
Carta Fundamental; pues la acción constitucional referida
sólo está llamada a pronunciarse en caso que la
afectación de la Constitución Política se produzca en
razón de la aplicación de lo dispuesto en un precepto
legal. (Roles N*s. 1008, 1018 y 1049). Y tal criterio
puede extenderse también, en este caso, a la actuación de
los órganos del Ministerio Público a que se ha hecho

alusión” (Roles N*s. 1264 y 1286);

8. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Constitución Política exige que el precepto legal pueda
resultar decisivo en la resolución del asunto o gestión
pendiente, “lo que implica que la inaplicabilidad
declarada deba ser considerada por el juez llamado a
resolverla, tanto en lo que se refiere a los fundamentos
de ésta cuanto a todo otro razonamiento que implique que
la decisión del asunto no resultará contraria a la
Constitución”. (Rol N* 472/2006. En el mismo sentido
roles N*s 809 y 831, ambos de 2007). De lo que se trata

en definitiva es de efectuar "un análisis para determinar

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si de los antecedentes allegados al requerimiento puede
concluirse que el juez necesariamente ha de tener en
cuenta la aplicación de la norma legal que se impugna,
para decidir la gestión”. (Roles N*s 688 y 809). En este
sentido, al encontrarse agotada la investigación que data
del año 2006 y restar sólo la comunicación de la decisión
de no perseverar por parte del Ministerio Público, la
aplicación de los preceptos impugnados no puede resultar

decisiva en la resolución de la gestión invocada;

9. Que de lo expuesto fluye que no concurre en la
especie la exigencia constitucional de resultar decisiva
la aplicación de los preceptos impugnados, además de no
encontrarse razonablemente fundado el requerimiento, lo
que se traduce, además, en la concurrencia de las
causales de inadmisibilidad de los números 5 y 6” del

artículo 84 de la Ley N” 17.997.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en los Nos. 5% y 6” del artículo
84 y demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N” 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
publicado en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales. Déjase sin efecto la
suspensión del procedimiento decretada a fojas 84.

Notifíquese por carta certificada a las partes.

Comuníquese al Tribunal que conoce de la gestión
judicial pendiente.

Archívese.

Los Ministros señores Francisco Fernández Fredes y

José Antonio Viera-Gallo Quesney previenen que concurren

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a la presente resolución teniendo además presente que en
la especie se verifican los supuestos de la causal de
inadmisibilidad establecida en el número 2” del artículo
84 de la Ley N” 17.997, en tanto los preceptos impugnados
han sido anteriormente cuestionados mediante diversos
requerimientos, fundados en los mismos vicios planteados
por los actores, los Cuales han sido rechazados con
declaración expresa acerca de la constitucionalidad de la
normativa en. examen, bastando Citar al efecto las
sentencias roles Ns 1244, 1337, 1341, 1380, 1394, 1404,
1445 y 1467.
Rol N” 1780-10-INA.

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Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidenta (S), la Ministra
señora Marisol Peña Torres, y los Ministros señores Francisco
Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio

Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguí