TC Rol 1781

Texto completo

Santiago, cinco de agosto de dos mil diez.

Proveyendo a fojas 45: Téngase presente la

delegación de poder.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

19. Que, con fecha 23 de julio de 2010, el abogado
Oscar Contreras Blanco, en representación de Alfredo Rock
Tarud, ha deducido un requerimiento de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo
131 del Código de Aguas en la causa sobre reclamación de
aguas Rol de ingreso N* 1.204-2004 de la Corte de
Apelaciones de Talca, de la que actualmente conoce la
Corte Suprema por recursos de casación en la forma y en
el fondo, bajo el Rol de ingreso N* 6.111-2008, según
consta en certificado que se ha tenido a la vista -fojas
43- extendido por la Secretaría de dicho tribunal;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Ley Fundamental establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

A su turno, el inciso undécimo del mismo precepto
fundamental señala: “En el caso del número 6%, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante

el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del

|

precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

39. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional. Así, el inciso primero del artículo 47 D
de dicho texto legal establece que: “Para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 47 A y 47 B. En
caso contrario, por resolución fundada que se dictará en
el plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no
presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 47 A y 47 B de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 47 A.- En el caso del número 6” del
artículo 93 de la Constitución Política, es órgano
legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente en
que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y son
personas legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que

conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá

900030 2

Cintue tHe

formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

"Artículo 47 B.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce de
la gestión pendiente o por una de las partes, deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
en que se apoya y de cómo ellos producen como resultado
la infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo,
el o los vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación precisa de las normas constitucionales que
se estiman transgredidas”.

El artículo 47 F de la misma ley establece, por su
parte, que: “Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1% Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2” Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3 Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, 0 se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión

pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el

000091 +

Gntuenta Y unóO ,

precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6” Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

42. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del requerimiento deducido en la Segunda
Sala de esta Magistratura;

5*. Que, con el mérito de los antecedentes tenidos a
la vista, esta Sala ha logrado convicción en cuanto a que
la acción constitucional deducida no puede prosperar,
siendo impertinente, por ende, que ésta sea acogida a
tramitación previo a su examen de admisibilidad.

Lo anterior, por cuanto aquélla no satisface la
exigencia constitucional de contener una impugnación
“fundada razonablemente”, misma que la Citada ley
orgánica constitucional reitera en el N* 6% del inciso
primero de su artículo 47 F, mediante la expresión
“fundamento plausible”, según ha resuelto esta
Magistratura en la sentencia Rol N” 1.288-2008 (punto
resolutivo N* 11);

6. Que el reparo observado se funda en el hecho,
evidente para esta Sala, de ¿que el requerimiento en
examen no plantea un conflicto de constitucionalidad que
pueda ser resuelto en sede de inaplicabilidad, sino que
en él se formula una cuestión que cabe resolver al

tribunal que conoce de la gestión de que se trata. En

000052

Cincututa y DOS,

otros términos, en este caso no se ha formulado a esta
Magistratura una impugnación que consista y se fundamente
en la existencia de "una contradicción directa, clara y
precisa entre determinado precepto legal que se pretende
aplicar en el caso concreto, con la propia Constitución”,
de la manera señalada en el fallo Rol N* 810;

7%. Que, en efecto, del análisis del libelo resulta
claro que el actor persigue que sea esta Magistratura
Constitucional la que declare cuál es la forma correcta
en la que ha de interpretarse el precepto legal
impugnado, tomando en consideración las circunstancias
concretas del caso en el que se aplicó y que se relatan
con detalle en el mismo escrito. O bien, que se pronuncie
directamente acerca de si ha sido válida o no una
publicación practicada en un medio de prensa escrita
durante el desarrollo de un determinado procedimiento
encaminado a resolver el otorgamiento de un derecho de
aprovechamiento de aguas en la VII Región;

8. Que, conforme se expresa en otros pasajes de la
misma presentación, el requirente formula ante esta
Magistratura una crítica en cuanto a la forma en que
habrían actuado tanto la Dirección General y Regional de
Aguas del Ministerio de Obras Públicas, como la
Contraloría General de la República, en la tramitación de
solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas en el
mismo sector de la VIl Región en el cual el actor
pretende se le conceda uno en particular, para la
utilización del recurso hídrico en la actividad de
generación eléctrica y, en seguida, argumenta, a fojas 10
y 11, en el sentido que: "debe declararse inaplicable el
artículo 131 inciso 2? del Código de Aguas para este caso
particular, pues hay evidencia en la causa pendiente, de
que existen numerosos casos iguales, no sólo semejante

(sic) o análogos sino idénticos, en los que se han hecho

000053 +

Cinta Er tor q + $

ya las publicaciones y en el que han dictado las
Resoluciones concediendo los derechos de aprovechamiento,
las que han sido tomadas de razón por el órgano
contralor, que ha admitido dichas publicaciones sin
objeción alguna y durante años. La declaración de
inaplicabilidad del mismo, para este caso concreto,

evitará la ocurrencia de una diferencia arbitraria y de

una clara violación de la norma constitucional del

artículo 19 N? 2 de la Constitución Política, en

prejuicio de mi representado”;

92, Que asuntos como los señalados en los dos
considerandos precedentes no se refieren propiamente a
los efectos inconstitucionales que pueda provocar la
aplicación del inciso segundo del artículo 131 del Código
de Aguas en los recursos de casación de que conoce la
Corte Suprema y que se invocan como gestión pendiente a
los efectos de la interposición del requerimiento de
autos, sino que dicen relación con cuestiones de
interpretación legal o de control de la actividad
administrativa, en las cuales no le compete intervenir a
este Tribunal Constitucional;

10%. Que, habiéndose verificado que la acción no
satisface el requisito referido, esta Magistratura debe
declararla inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
93, inciso primero, N* 6%, e inciso undécimo, de la
Constitución, 47 A al 47 N y demás normas pertinentes de
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno.

A los otrosíes primero, tercero y cuarto, atendido

lo resuelto a lo principal, no ha lugar; a los otrosíes

Cr ta y Ur
egundo y sexto, ténganse por acompañados los documentos
que indica; al quinto otrosí, téngase presente.

Notifíquese por carta certificada al requirente, a
la Corte Suprema, que conoce de la gestión Judicial
invocada en el libelo, y a las partes de esa misma causa
que se individualizan en el certificado de fojas 43.
Archívese.

Rol 1781-10-INA.

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor Raúl
Bertelsen Repetto, y por la Ministra señora Marisol Peña
Torres y los Ministros señores Carlos Carmona Santander,
José Antonio Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica
Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.

7) y

7

000954.