INA-Inadmisibilidad

Texto completo

Santiago, diecinueve de agosto de dos mil diez.

Proveyendo a fojas 13: Ténganse por acompañados los

documentos que indica.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 13 de agosto de 2010, el abogado
señor Juan Pablo Lorenzini Paci, en representación de la
concesionaria de distribución eléctrica Cooperativa de
Abastecimiento de Energía Eléctrica de Socoroma Ltda. O
COOPERSOL Ltda., ha requerido a esta Magistratura
Constitucional para que declare la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 19
de la Ley N”* 18.410, en los autos sobre reclamo de
ilegalidad deducido en contra de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles ante la Corte de Apelaciones
de Arica, Rol de ingreso N* 247-2010, que se encuentra
pendiente conforme consta en certificado de fojas 11 y
antecedentes acompañados en escrito de fojas 13;

2%. Que, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Constitución
Política, es atribución de este Tribunal: “Resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario
o especial, resulte contraria a la Constitución.”;

A su turno, el inciso decimoprimero del mismo
precepto señala: “En el caso del N”* 6%, la cuestión podrá
ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez
que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto
legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución
de un asunto, que la impugnación esté fundada

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
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Dieciecho

establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado La acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad”;

39. Que la normativa aludida precedentemente se
complementa con la que se contiene en la Ley N”* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional -cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado
por Decreto con Fuerza de ley N”* 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia-, la cual
razona en el sentido de que el pronunciamiento sobre la
admisibilidad de un requerimiento de esta naturaleza
establecido por la Ley Fundamental exige, previamente,
resolver sobre la admisión a trámite del requerimiento.
Así, el inciso primero del artículo 82 de dicho texto
legal establece que: "Para ser acogido a tramitación, el
requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas
en los artículos 79 y 80. En caso contrario, por
resolución fundada que se dictará en el plazo de tres
días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será
acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para
todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas
legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

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Dienvueve

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se
estiman transgredidas”;

4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad
deducido en la Primera Sala de esta Magistratura;

5%. Que el examen de la acción constitucional
interpuesta permite concluir que ella no satisface las
exigencias previstas en los artículos 79 y 80,
transcritos precedentemente, para que pueda ser acogida a
tramitación.

En efecto, el certificado expedido por el tribunal
de la causa sub lite, que fue acompañado por el
requirente, no contiene todas las menciones que exige el
citado artículo 79. A su vez, si bien en el libelo se
denuncia una eventual infracción al artículo 19, N* 3%,
de la Carta Fundamental, que se produciría por la
aplicación del precepto legal impugnado en la gestión
judicial pendiente Citada, no resulta clara la exposición
de los hechos ni de los argumentos que sustentan tal
cuestión de inconstitucionalidad y tampoco se acompañan

documentos que faciliten su comprensión, esto es, el
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e

vetaló

requerimiento no es preciso en los términos que exige el
también referido artículo 80.

SE RESUELVE :

Que no se acoge a tramitación el requerimiento
deducido en lo principal de fojas uno, teniéndose por no
presentado, para todos los efectos legales; al primer
otrosí, ténganse por acompañados los documentos que
indica; al segundo otrosí, atendido lo resuelto a lo
principal, no ha lugar; al tercer otrosí, téngase
presente.

Notifíquese por carta certificada al requirente.

Archívese.

ROL 1799-10-INA.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor
Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros señores
Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique
Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. !

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín. AT )
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