TC Rol 1802

Texto completo

Santiago, treinta de agosto de dos mil diez.

Proveyendo ¡presentación de fojas 66: Téngase

presente.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 18 de agosto de 2010, la abogada
María Loreto Retamal Grimberg, en representación de
Hotelera Casablanca Limitada, de María Edulia Roco
Morales y de Mónica Alejandra Ochoa Roco, ha requerido a
esta Magistratura Constitucional para que declare la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso
cuarto del artículo 104 de la Ley General de Bancos, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene
en el D.F.L. N?* 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda,
en el proceso especial hipotecario Rol N” 903-2006, que
se sigue ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena,
según consta en certificado que se ha tenido a la vista -—
fojas 20-, emitido por la Secretaría del aludido
tribunal;

2%. Que, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Constitución
Política, es atribución de este Tribunal: "Resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario
o especial, resulte contraria a la Constitución.”;

A «su turno, el inciso decimoprimero del mismo
precepto señala: “En el caso del N* 6%, la cuestión podrá
ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez
que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal

ordinario o especial, que la aplicación del precepto

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alero, lo

legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución

de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad”;

39. Que la normativa aludida precedentemente se
complementa con la que se contiene en la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra
contenido en el D.F.L. N* 5, de 2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, la cual razona en
el sentido de que el pronunciamiento sobre la
admisibilidad de un requerimiento de esta naturaleza
establecido por la Ley Fundamental exige, previamente,
resolver sobre la admisión a trámite del requerimiento.
Así, el inciso primero del artículo 82 de dicho texto
legal establece que: “Para ser acogido a tramitación, el
requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas
en los artículos 79 y 80. En caso contrario, por
resolución fundada que se dictará en el plazo de tres
días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será
acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para
todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas
legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un

certificado expedido por el tribunal que conoce de la

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gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se
estiman transgredidas”;

42. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad
deducido en la Primera Sala de esta Magistratura;

5%. Que el examen de la acción constitucional
interpuesta permite concluir que ella no satisface la
exigencia prevista en el artículo 80, transcrito
precedentemente.

En efecto, si bien en el libelo se denuncia una
eventual infracción a los artículos 1%, 5%, 6%, 7% y 19,
numerales 24% y 26%, de la Carta Fundamental, que se
produciría por la aplicación del precepto legal impugnado
en la gestión judicial pendiente citada, no se exponen de

manera clara los fundamentos en que se apoya tal cuestión

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000075 a
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interés constitucional que se persigue que esta
Magistratura resuelva en sede de inaplicabilidad;

6%. Que el defecto observado impide a esta Sala
verificar si en este Caso efectivamente existe un
conflicto que deba resolver este Tribunal en ejercicio de
la atribución prevista en el numeral 6% del inciso
primero del artículo 93 constitucional Y; por
consiguiente, la acción deducida no puede ser admitida a
tramitación,

SE RESUELVE:

Que no se acoge a tramitación el requerimiento
deducido en lo principal de fojas uno, teniéndose por no
presentado, para todos los efectos legales; al primer
otrosí, ténganse por acompañados los documentos que
indica; al segundo otrosí, atendido lo resuelto a lo
principal, no ha lugar; al tercer otrosí, téngase
presente.

Notifíquese por carta certificada a la requirente.

Archívese.

ROL 1802-10-INA. Y, 7

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integraga por su Presidente (S), señor
Hernán Vodanovic SchnakXe, y por los Ministros señores
Mario Fernández Baeza, Enrique Navarro Beltrán y

Francisco Fernández Fredes.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.