INA-Inadmisibilidad

Texto completo

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

19. Que, con fecha 18 de octubre de 2010, Manuel
Vicente Córdoba Salinas, en representación de Juan
Benedicto Salgado Mella, Juan Benedicto Salgado Mella y
Claudia Angélica Salgado Mella, ha requerido a esta
Magistratura Constitucional para que declare la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
artículo 129 bis 5, inciso cuarto, del Código de Aguas ,
en el marco del proceso ejecutivo civil rol N”* 38.075,
caratulado “FISCO con JUAN SALGADO MELLA”, seguido ante

el Juzgado de Letras de Lota;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N”* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria

a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que “en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.”;

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2

3", Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado Y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N%* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 10 de
agosto de 2010. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que "para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la

legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las

piezas principales del respectivo expediente, indicando

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se

estiman transgredidas.”;

4%. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha ley

orgánica constitucional establece que:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los

siguientes casos:

1? Cuando el requerimiento no es formulado por una

persona u órgano legitimado;

2% Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia

respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, O se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;

4

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella

no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6* Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos

los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad oO
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de

recurso alguno.”

5%. Que, con fecha 18 de octubre, el Presidente del
Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento

deducido en la Segunda Sala de esta Magistratura;

6”. Que, no se ha acompañado por la parte requirente
el certificado exigido por el ya transcrito artículo 79
de la Ley N”* 17.997. También puede constatarse que los
nombres de dos personas cuya representación se invoca a
fojas 1 no coinciden con la identidad de quienes se
singularizan en la escritura de mandato, la inscripción
de los derechos de aguas y mandamientos de ejecución que

se acompañan a fojas 14 y siquientes;

7%. Que, por otra parte, el requirente indica como
infringida la garantía constitucional del derecho de
propiedad, al señalar que el precepto impugnado establece
el pago de una patente por parte del titular del derecho
de aprovechamiento de aguas, lo que, a su juicio,
significa un menoscabo patrimonial, considerando

especialmente que sus representados son pequeños

beneficiarios de un derecho adquirido legítimamente y
estarían exentos del pago de la misma. De igual forma,
argumenta que la patente debe pagarse de acuerdo a la
cantidad de volumen de agua por unidad de tiempo
existente al momento de constituirse el derecho de

M

aprovechamiento y que sin embargo el volumen queda
dentro de la exención que el mismo artículo señala, lo
que hace que el artículo tantas veces señalado sea
inconstitucional” (foja 1 vuelta) , pues “obliga a pagar
patente a beneficio fiscal a aquellas personas que,
atendido el volumen, no están obligados por disponerlo el
mismo artículo”. De lo expuesto se desprende claramente
que no se expresan, con claridad, los hechos y
fundamentos en que se basa la acción deducida y que, por
otra parte, la materia planteada es de mera
interpretación legal Y no un conflicto de
constitucionalidad de aquellos que se encuentran dentro
de la órbita de atribuciones de esta Magistratura,
motivos por los cuales, de acuerdo a la normativa legal
ya transcrita, no puede ser acogido a trámite el

requerimiento de fojas 1, al no concurrir los

presupuestos necesarios para ello;

8”. Que, sin perjuicio de lo razonado
precedentemente, a partir del mérito de lo antecedentes
tenidos a la vista, esta Sala ha logrado convicción en
cuanto a que la acción deducida en estos autos no puede
prosperar, siendo impertinente, por ende, que previo a su
examen de admisibilidad ésta sea acogida a tramitación,
toda vez que, además de no cumplir con las exigencias
constitucionales y legales antes transcritas, al no
haberse acompañado el certificado exigido por el artículo
79 de la Ley N”* 17.997, no expresar con claridad los
hechos y fundamentos en que se apoya y plantear una

cuestión de simple interpretación legal, además no se

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verifica la exigencia constitucional de estar
razonablemente fundado el libelo de fojas 1,

concurriendo, en la especie, la causal de inadmisibilidad
del número 6” del artículo 84 de la ley orgánica

constitucional de este Tribunal;

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en los artículos 79, 80, 82 y 84,
N* 6%, y demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N”* 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
publicado en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA inadmisible el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Notifíquese por carta certificada a la parte
requirente.

Comuníquese por oficio al Juzgado de Letras de Lota,
que conoce del proceso ejecutivo civil rol N% 38.075,
caratulado “FISCO con JUAN SALGADO MELLA”, invocado en el
requerimiento de fojas l.

Archivese.

Rol N” 1839-10-INA.

dir

A

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidenta (s), Ministra
señora Marisol Peña Torres, y los Ministros señores
Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo

Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de

la Fuente Olguín.

Cudulo