TC Rol 1842

Texto completo

000062
Aesndi: y odo!

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

19. Que, con fecha 25 de octubre 2010, el abogado
Raúl Andrés San Martín Rodríguez, en representación de
Ruby Elisa del Carmen Gallardo Riquelme, ha deducido,
invocando el numeral 2% del inciso primero del artículo
93 de la Constitución, un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra del
inciso segundo del artículo 2% del Auto Acordado de la
Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección
de Garantías Constitucionales y solicita que esta
Magistratura declare: a) La inaplicabilidad de tal
precepto, por ser decisivo en la causa sobre acción de
protección Caratulada “Gallardo Riquelme, Ruby, con
Instituto de Previsión Social”, Rol de ingreso de la
Corte de Apelaciones de Santiago N” 6697-2010, y b) La
imposibilidad de que la Corte de Apelaciones y la Corte
Suprema puedan declarar inadmisible dicha acción
constitucional de protección a causa de la
inaplicabilidad solicitada, ya que la norma impugnada del
Auto Acordado indicado sería contraria a la Constitución

Y, por lo tanto, inaplicable al caso concreto;

2%. Que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N”* 2”, de la Constitución
Política, es atribución de este Tribunal “resolver sobre
las cuestiones de constitucionalidad de los autos
acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de

Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones”.

A su vez, el inciso tercero del mismo precepto
señala: “En el caso del N” 2%, el Tribunal podrá conocer
de la materia a requerimiento del Presidente de la
República, de cualquiera de las Cámaras o de diez de sus
miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda
persona que sea parte en juicio o gestión pendiente ante
un tribunal ordinario o especial, o desde la primera

actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en
el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo

dispuesto en el respectivo auto acordado”;

39, Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Así, los incisos segundo y tercero del
artículo 52 de dicho texto legal establecen que: “El
requerimiento deberá formularse en la forma señalada en
el inciso primero del artículo 63 y a él se acompañará el
respectivo auto acordado, con indicación concreta de la
parte impugnada y de la impugnación. Si lo interpone una
parte legitimada deberá, además, mencionar con precisión
la manera en que lo dispuesto en el auto acordado afecta

el ejercicio de sus derechos fundamentales.

La interposición del requerimiento no suspenderá la

aplicación del auto acordado impugnado”.

El artículo 63, inciso primero, Citado en la norma
legal transcrita, establece: El requerimiento deberá
contener una exposición clara de los hechos y fundamentos
de derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma
precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso,
el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen,
con indicación de las normas que se estiman

transgredidas”;

4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del requerimiento deducido en la Primera

Sala de esta Magistratura;

5%, Que, con fecha 3 de noviembre de 2010, esta
Sala ordenó a la parte requirente acreditar
suficientemente la existencia y el estado actual de
tramitación del proceso de protección que invoca. Con
fecha 10 de noviembre, el actor solicita tener por

cumplido lo ordenado tras señalar que interpuso un
recurso de queja ante la Corte Suprema, en contra de la
resolución que declaró la inadmisibilidad de su acción de
protección;

6%. Que el libelo de fojas 1 no contiene una
explicación clara de los fundamentos de derecho en que se
funda la acción. Además, el requirente no expone con
precisión suficiente la manera en que lo dispuesto en el
auto acordado afectaría el ejercicio de sus derechos
fundamentales, en los términos exigidos por el artículo
52 de la Ley N” 17.997. Adicionalmente, formula
erróneamente su petición, planteándola como acción de
inaplicabilidad del auto acordado, en circunstancias que
el control de constitucionalidad contemplado por el
numeral 2” del artículo 93 constitucional es una acción
de inconstitucionalidad con eventuales efectos
derogatorios de la norma impugnada, en lo que se
diferencia nítidamente de la acción de inaplicabilidad de
preceptos de rango legal;

72. Que, en mérito de lo expuesto y de los
antecedentes tenidos a la vista, esta Sala ha logrado
convicción en cuanto a que la acción constitucional
interpuesta en estos autos no puede ser acogida a
tramitación, por cuanto el requerimiento formulado no
cumple con los presupuestos establecidos por el artículo
52, inciso segundo, de la Ley N* 17.997,

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
93, ¡inciso primero, N”* 2%, e inciso tercero, de la
Constitución, 52 a 60 y demás normas pertinentes de la
Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,

SE DECLARA que no se acoge a tramitación el
requerimiento interpuesto en lo principal de fojas uno,
teniéndose por no presentado para todos los efectos
legales.

A los otrosíes primero, segundo y tercero, no ha
lugar, atendido lo resuelto a lo principal; al cuarto
otrosí, téngase presente. Proveyendo al escrito de fojas

52, estése al mérito de lo resuelto precedentemente.
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Acacia y ln |

Notifíquese por carta certificada al requirente.
Archívese.

Rol 1842-10-INA.

SE

A

Se certifica que los Ministros señores Hernán Vodanovic
Schnake, Mario Fernández Baeza y Francisco Fernández Fredes
concurrieron al acuerdo, pero no firman, por encontrarse los
dos primeros en comisión de servicio en el exterior y el

último con permiso.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente Ministro señor
Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros señores Hernán
Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Enrique Navarro
Beltrán y Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,

señora Marta de la Fuente Olguín.