INA-STC

Texto completo

000142, 1
Cienlo ctra 7 des

Santiago, diez de mayo de dos mil once.
VISTOS:

La abogada Galit Perla Kohen Frías, en representación
del señor Felipe Kohen Motles, ha deducido ante este
Tribunal Constitucional acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 38 ter de la
Ley N% 18.933, que actualmente corresponde al artículo
199 del Decreto con Fuerza de Ley N” 1, de 2005, del
Ministerio de Salud, en la Causa sobre recurso de
protección interpuesto por su parte en contra de Isapre
Banmédica S.A., la que se encuentra actualmente pendiente
ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol de

ingreso N* 6720-2010.

Como antecedentes de la referida gestión se indica
que el requirente suscribió un contrato de salud con la

mencionada Isapre el 7 de diciembre de 2007 (fojas 70) y

que mediante carta fechada el 21 de septiembre de 2010
(fojas 34), ésta le informó el aumento que sufriría el
precio de su plan de salud -de 4,869 a 5,734 Unidades de
Fomento mensuales-, por efecto del cambio del factor de
riesgo que correspondía aplicar a raíz de la variación de
la edad de dos beneficiarias del plan (de 55 y 25 años de

edad, respectivamente, a la fecha de la carta).

En cuanto al conflicto constitucional que se somete
al conocimiento y resolución de esta Magistratura, el
actor sostiene que la aplicación del precepto legal
impugnado ¡para la resolución del asunto judicial
pendiente invocado, resulta contraria al inciso segundo
del artículo 5% de la Carta Fundamental, en relación con
el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, como asimismo a las
000143 2

Cie ele carne 7

garantías que aseguran los N*s 2%, 9%, 18% y 24% del

artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como fundamento de lo expresado, el requirente
expone, inicialmente, la situación de cautividad en que
se encuentran todos los beneficiarios de su plan de
salud. En ese sentido afirma que tanto la edad del
requirente (64 años), la de su cónyuge (55 años), y el
género, edad y condiciones orgánicas de su hija (25 años)
impiden o restringen considerablemente sus posibilidades

de contratar con otra institución de salud previsional.

Argumenta que al autorizarse a las Isapres para
ajustar los precios de los contratos de salud en relación
con la edad y el sexo de los beneficiarios, la norma
legal impugnada vulneraría “el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental”, que se encuentra reconocido en el artículo 12
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, ratificado por Chile, y que en virtud de lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 5% de la
Carta Fundamental formaría parte de la Constitución
material. Señala el actor que, conforme a la Observación
General N*14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la
salud se relaciona con la dignidad humana y con los
derechos a la vida y a la igualdad, por cuanto todos
ellos conformarían un orden público objetivo y serían
exigibles incluso en las relaciones convencionales entre

particulares.

Estima, asimismo, vulnerado su derecho a la igualdad,
puesto que la norma legal impugnada establece una
diferencia entre los distintos grupos etarios y entre los
hombres y las mujeres, de modo que, para acceder al mismo

beneficio, algunos -los de mayor edad y, dentro de ellos,

Tres
000144, 3

las mujeres- pagan más que otros. Esta diferencia sería
arbitraria, ya que la edad y el sexo constituyen hechos
involuntarios, correspondientes a estados naturales
inimputables a las personas que los viven. En este punto,
el actor también plantea que la norma legal impugnada
atentaría en contra de la justicia al aumentar el precio
del contrato de salud en la medida que aumenta la

vulnerabilidad de la persona.

Agrega, en seguida, que el precepto legal cuestionado
supone una cortapisa a la garantía del libre e
igualitario acceso a la protección de la salud y al
derecho a elegir el sistema al que la persona desee
acogerse, sea estatal o privado, ya que el fuerte y
creciente aumento del precio del plan de salud es una
forma indirecta de obligarla a salir del sistema privado

de salud.

Considera también afectado su derecho a la seguridad
social y al goce de prestaciones básicas uniformes, ya
que de aplicarse la norma legal impugnada para resolver
el asunto pendiente de que se trata, el contrato de salud
previsional perdería su naturaleza de institución de
seguridad social y se transformaría en un contrato de
seguro privado. Señala que forma parte del sentido
intrínseco de la seguridad social proteger a la persona
de los estados de necesidad derivados de contingencias
vitales de universal ocurrencia y que uno de ellos sería
el envejecimiento natural del individuo, por lo que los
efectos de la aplicación de la norma legal cuestionada en

este caso irían en contra de dicho valor fundamental.

Finaliza señalando que la norma legal cuestionada en
autos también infringiría su derecho de propiedad, ya que

el alza del precio de su plan de salud motivada en el

Elena cur pato / Cu TZ
000145 4
Ciento cuavenla. y anto

cambio etario que afecta y afectará a sus beneficiarias,
les impedirá continuar soportando el costo para mantener
vigente el contrato de salud previsional de que se trata
y terminará privándolo de su derecho a hacer uso del
sistema privado de salud por el cual optó en su

oportunidad.

La Primera Sala de este Tribunal, por resolución de
1% de diciembre de 2010 (fojas 57), admitió a tramitación
el requerimiento y ordenó la suspensión del procedimiento
en que incide; posteriormente, por resolución de 29 de

diciembre de 2010 (fojas 82), lo declaró admisible.

Pasados los autos al Pleno para su sustanciación, el
Tribunal ordenó practicar las comunicaciones y
notificaciones previstas en el artículo 86 de la Ley

Orgánica Constitucional de esta Magistratura.

Consta en autos que sólo la Isapre Banmédica S.A.,

representada por el abogado Omar Matus de la Parra Sardá,
mediante presentación de fecha 24 de febrero de 2011,
formuló observaciones al requerimiento deducido,
solicitando al Tribunal rechazarlo en todas sus partes

(fojas 98).

La institución requerida argumenta que el legislador
ha reconocido que el precio del plan de salud puede
experimentar variaciones en el tiempo debido a elementos
distintos del costo de la vida, entre los cuales se
consagran expresamente la edad y el sexo. Lo anterior,
señala, se justifica por el carácter indefinido del
contrato de salud, ya que la variación del valor permite
lograr un equilibrio dentro del mismo. Por otra parte,
indica, de acuerdo al artículo 170, letra n), del DFL N*1
de 2005, del Ministerio de Salud, la tabla en cuestión no

puede sufrir alteraciones a lo largo de la vigencia del
Y00146 5,

Ciento cuarenta y 5 ]

plan. Añade que la tabla de factores constituye una
protección para los afiliados, ya que es una fórmula
basada en datos objetivos (como son el sexo y la edad),
determinada y conocida con antelación por los

contratantes.

Sostiene que el precepto legal impugnado no es
arbitrario ni vulnera la igualdad ante la ley, ya que a
través del señalado mecanismo de variación de precio
precisamente se busca brindar un tratamiento igualitario

a quienes se encuentran en la misma situación.

Afirma que tampoco se infringiría el derecho a la
protección de la salud, dado que éste no implica que al
afiliado le sea permitido acceder a las acciones de
protección, promoción y recuperación virtualmente sin
costo o con el costo que él estime razonable, ya que ello
haría inviable el funcionamiento de las Isapres, a lo que
agrega que el propio sistema tiene prevista la

posibilidad de que una persona no pueda pagar su

permanencia en el sistema privado y para eso contempla la

cobertura de FONASA.

Añade que el derecho a la seguridad social y
específicamente el acceso a prestaciones básicas
uniformes, puede satisfacerse a través de instituciones
públicas o privadas, las que a su vez pueden emplear
distintas figuras jurídicas para lograr su cometido,
entre las cuales se contempla el contrato de seguro.
Señala que las Isapres operan precisamente con contratos
de seguro, lo que permite compensar los riesgos de sus
afiliados, ya que la población menos riesgosa compensa a
la más riesgosa, favoreciendo, de ese modo, los objetivos
de la seguridad social. Considerando lo anterior, señala,
el ajuste del precio del plan de salud no es

inconstitucional y no vulnera el derecho a la seguridad

yovid, o

Cieñlo cuarea E se

social, a lo que debe agregarse el hecho de que el
afiliado que no acepta el alza del precio de su plan,

puede optar siempre por un plan alternativo.

Aduce, en cuanto a la supuesta infracción del derecho
de propiedad, que el cambio de factor de ponderación en
que se apoya el aumento del precio del plan de salud,
constaba desde un primer momento en el contrato de salud
previsional suscrito por el requirente, de modo que éste
sabía con claridad que su factor de ponderación iba a

variar y cuándo iba a hacerlo.

Indica, por último, en relación al derecho al más
alto nivel posible de salud, que las Isapres son
instituciones privadas cuyo fin es contribuir al alcance
de dicho derecho, pero ello no significa que el disfrute
de las respectivas prestaciones de salud no lleve
asociado un costo, puesto que se necesitan recursos para
financiar el sistema. Esto es coherente, afirma, con lo
dispuesto en el mismo Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de acuerdo al cual el
disfrute del derecho en cuestión está condicionado por la

realidad de cada Estado.

Habiéndose traído los autos en relación, el día 21 de
abril de dos mil once se procedió a la vista de la causa,
en forma conjunta con las causas roles 1791-2010, 1770-
2010 y 1841-2010, oyéndose sólo la relación, ya que
ninguna de las partes de este proceso se presentó a

alegar en la respectiva audiencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conforme con el artículo 93, incisos
primero, N% 6%, y undécimo, de la Constitución Política
de la República, según se señala en la parte expositiva
de esta sentencia, en la acción deducida en autos se

solicita inaplicar -en lo pertinente- el artículo 38 ter

He
000148 7.
Ciento eu Añade yodo

de la Ley N% 18.933, sobre Instituciones de Salud
Previsional, porque su aplicación al caso específico de
que se trata, resultaría contraria a los invocados
derechos reconocidos por la Constitución;

SEGUNDO: Que, por sentencia de 6 de agosto de 2010
(Rol 1710), expedida con arreglo al artículo 93, incisos
primero, N* 7%, y duodécimo, de la Constitución, este
Tribunal ya se pronunció sobre la materia, declarando
inconstitucionales los números 1, 2, 3 y 4 del inciso
tercero del referido precepto legal, precisamente por
contravenir la Carta Fundamental;

TERCERO: Que, por ende, a partir de la publicación
del aludido fallo en el Diario Oficial, ocurrida el 9 de
agosto de 2010, las reglas sobre alzas que preveían los
N%s 1 al 4 del inciso tercero del cuestionado artículo 38
ter, correspondiente al artículo 199 del Decreto con

Fuerza de Ley N* 1, de 2005, del Ministerio de Salud,

perdieron validez general, de modo que no pueden seguir
aplicándose, tal como razonó esta Magistratura en ese
mismo veredicto (considerandos 169% al 171%) y en su
posterior sentencia recaída en los autos Rol 1552-2009;

CUARTO: Que, así las cosas, en procura de hacer
eficaz lo resuelto en la mencionada sentencia de
inconstitucionalidad y a fin de evitar cualquier
posibilidad de que la norma legal objetada pueda,
eventualmente, aplicarse por los tribunales que conocen
de la gestión pendiente y que, al hacerlo, se vulnere la
Constitución, el presente recurso de inaplicabilidad será
acogido.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE lo prescrito en los
artículos 6% y 7% de la Carta Fundamental, así como las
disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica

Constitucional del Tribunal Constitucional,
900149 s

SE RESUELVE:

QUE SE ACOGE EL REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD
DEDUCIDO A FOJAS UNO. SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA A FOJAS 57 DE AUTOS, DEBIENDO
OFICIARSE AL EFECTO A LA CORTE DE APELACIONES DE
SANTIAGO.

Se previene que la Ministra señora Marisol Peña
Torres concurre aa lo resuelto teniendo presente,
únicamente, que el alza del precio del plan de salud del
requirente fue comunicada por carta fechada el 21 de
septiembre de 2010, esto es, con posterioridad a la fecha
de publicación en el Diario Oficial de la sentencia de
esta Magistratura que declaró ¡inconstitucionales los
números 1 al 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de
la Ley N* 18.933 (Rol N”* 1.710), los que deben entenderse
derogados a partir de la fecha de esa publicación, esto
es, desde el 9 de agosto de 2010, y sin efecto
retroactivo, según lo previsto en el inciso segundo del
artículo 94 de la Constitución Política.

Se previene que el Ministro señor Enrique Navarro
Beltrán concurre a lo resuelto, teniendo presente las
consideraciones ya expuestas en las prevenciones
incluidas en las sentencias roles 1540-2009, 1786-2010,
LIFFZALO, 1703-2010, 1712-2010, 1746-2010, 1747-2010 y
1748-2010, en relación a la referencia contenida en la
parte considerativa de esta sentencia respecto de la
jurisprudencia posterior a la inconstitucionalidad y, en

particular, a la sentencia Rol 1552-2009.

Redactaron la sentencia los Ministros que la

suscriben y las prevenciones, sus respectivos autores.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol 1847-10-INA.

Ciento cuare ala y nueve
v0Vi50, 9

Cierto Ántaea

Bío

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional,
integrado por los Ministros señores Marcelo Venegas
Palacios (Presidente), Raúl Bertelsen Repetto, Hernán
Vodanovic Schnake, señora Marisol Peña Torres y señores
Enrique Navarro Beltrán, Francisco Fernández Fredes,
Carlos Carmona Santander, Iván Aróstica Maldonado y
Gonzalo García Pino.

Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional,

señora Marta de la Fuente Olguín.

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da Ercuendo y ano.

M0
Santiago, 10 de mayo de 2011.
OFICIO N? 5.978
Remite sentencia.
EXCMO. SEÑOR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta
Magistratura con fecha 10 de mayo de 2011, en el proceso Rol N” 1.847-10-INA, acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N*
6720-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago

(Secretaría Criminal), en contra de Isapre Banmédica S.A.

Dios guarde a V.E.

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MARCELO VENEGAS PALACIOS

Presidente ; -

y:

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MARTA DEFAFUENTE OLGUÍN

Secretaria

AS.E. EL SA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ho e
DON SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE
PALACIO DE LA MONEDA

PRESENTE,

Santiago, 10 de mayo de 2011.

m.0.0.

OFICIO N* 5.979

Remite sentencia.

EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DEL H. SENADO

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta
Magistratura con fecha 10 de mayo de 2011, en el proceso Rol N” 1.847-10-INA, acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N?
6720-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago

(Secretaría Criminal), en contra de Isapre Banmédica S.A.

Dios guarde a V.E.

Secretaria

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AS.E. EL |
PRESIDENTE DEL H. SENADO li
DON GUIDO GIRARDI LAVÍN E
SENADO DE LA REPUBLICA

VALPARAISO
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Canto Entente y Heo.

Santiago, 10 de mayo de 2011.

m.0.0.

OFICIO N” 5.980

Remite sentencia.

EXCMO. SEÑOR .
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS:

Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta
Magistratura con fecha 10 de mayo de 2011, en el proceso Rol N* 1.847-10-INA, acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N”
6720-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago

(Secretaría Criminal), en contra de Isapre Banmédica S.A.

Dios guarde a V.E.

MARCÉLO VENEGAS PALACIOS

¿

£ Presidente | a

MARTA DELA-FUENTE OLGUÍN TS

Secretaria

1 1 MAYO 201

a

[__ RECEPCIÓN DOC

AS.E. EL

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DON PATRICIO MELERO ABAROA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISO
000154 Ap
Leds maca y lucho .

E APELACIONES DE SANTIAGO
NINO; 6720-2010 FOLIO: 67334

ECHA: 14/05/2011 Ñ
LBRO: Proteccion Santiago, 10 de mayo de 2011.

HORA: 11:08 CASTGCBD 3 : ;
Escrito : Peticion que indica Duplicado

OFICIO N? 5.981

Remite sentencia.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA
L CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO:

Remito a V.S.I. copia autorizada de la sentencia dictada por esta Magistratura
con fecha 10 de mayo de 2011, en el proceso Rol N” 1.847-10-INA, acción de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N* 6720-2010, sobre
recurso de protección interpuesto ante esa Corte de Apelaciones de Santiago (Secretaría

Criminal), en contra de Isapre Banmédica S.A., a los efectos que indica.

Saluda atentamente a V.S.L

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MARCELO VENEGAS PAJACIOS

“ Presidente

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MARTA D UENTE OLGUÍN

Secretaria

SEÑOR PRESIDENTE DE LA

L CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO
DON JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR
PALACIO DE TRIBUNALES

PRESENTE.
000155
Limbo Emecaida y Comen

Santiago, 10 de mayo de 2011.

m.o0.0.

Señora
Galit Perla Kohen Frías
Calle Cruz del Sur 133., oficina 403, Las Condes

Santiago

Remito a Ud. la sentencia dictada por esta Magistratura con fecha 10 de
mayo en curso en el proceso Rol N” 1847-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 38 ter de la ley 18.933, que corresponde al
artículo 199 del DFL N? 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en los autos Rol N* 6720-
2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago
(Secretaria Criminal).

Saluda atentamente a Ud.

¿Qu vente Olguín

Secretaria

Santo Domingo N% 689 + Santiago de Chile + Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 18 20 +* Fax [56-2] 640 1828 + secretaria Otcchile.cl + www.tcchile.cl
000156
Leido Cucutdo ¡0

Santiago, 10 de mayo de 2011.

m.o0.o.

Señor
Omar Matus de la Parra Sarda
Miraflores 178, piso 15

Santiago

Remito a Ud. la sentencia dictada por esta Magistratura con fecha 10 de
mayo en curso en el proceso Rol N* 1847-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del artículo 38 ter de la ley 18.933, que corresponde al
artículo 199 del DFL N* 1, de 2005, del Ministerio de Salud, en los autos Rol N* 6720-
2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago

(Secretaria Criminal).

Saluda atentamente a Ud.

de la Ftrente duo

Secretaria

Santo Domingo N% 689 + Santiago de Chile » Teléfonos [56-2] 640 18 00 - 640 1820 + Fax [56-2] 6401825 +* secretaria Otcchile.cl + www.techile.cl