INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veintitrés de noviembre de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 09 de noviembre de 2010, Jorge
Mohor Zagmutt, en representación de TRANS ARAUCARIA S.A.
ha requerido a esta Magistratura Constitucional para que
declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los preceptos contenidos en los incisos
primero y segundo del artículo 45, del Libro IV del
Código de Comercio, contenido en el artículo único de la
Ley N” 20.080, en el marco del ¡proceso concursal Rol N”
19936-10, seguido en su contra ante el Primer Juzgado

Civil de San Miguel;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N”* 6%, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria

a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.”;
000076
SIETEMAA! EA

2

3. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 10 de
agosto de 2010. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que "para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de. la

legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de ¡inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las

piezas principales del respectivo expediente, indicando
000077
SETENADAGR ETE

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se

estiman transgredidas.”;

4%. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha ley

orgánica constitucional establece que:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los

siguientes casos:

1* Cuando el requerimiento no es formulado por una

persona u órgano legitimado;

2? Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia

respectiva;

3% Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, o se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;
Nfloneoro

<ETEMAM OO

4

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella

no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6” Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos

los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad oO
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de

recurso alguno.”

5. Que, con fecha 9 de noviembre, el Presidente
del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento

deducido en la Segunda Sala de esta Magistratura;

6”. Que, el certificado acompañado por la parte
requirente a fojas 15, de fecha 8 de noviembre de 2010,
no contiene todas las menciones que exige el ya
transcrito artículo 79 de la Ley Orgánica de este
Tribunal, motivo por el cual el requerimiento no podrá

ser acogido a trámite;

7. Que, por otra parte, a fojas 43 se hace parte
Pablo Luis Hirám Cifuentes Corona, en su calidad de
síndico de quiebras designado provisionalmente en la
gestión invocada en el requerimiento, quién expone una
serie de consideraciones de hecho y derecho, para
formular un conjunto de peticiones, entre las cuales se
encuentra la declaración de inadmisibilidad del
requerimiento. Además de señalar que el certificado de

fojas 15 no contiene las menciones exigidas por la ley,
agrega que no da cuenta del estado procesal del juicio al
momento de presentarse el requerimiento de
inaplicabilidad. En efecto, señala a fojas 44 que el 8 de
noviembre ya se había dictado la sentencia que declaraba
la quiebra y lo nombraba como síndico, de lo cual resulta
claro que la preceptiva impugnada no podrá tener ya una
aplicación que resulte decisiva en la resolución del
asunto. Agrega que, además, el requerimiento carece de
fundamento plausible, en la medida que no contiene ningún
argumento nuevo, del cual esta Magistratura no se haya
hecho cargo en las sentencias roles Ns 1200, 1239 y
1280. Acompaña, además, copias autorizadas de la
sentencia de quiebra, de la publicación de la misma en el
Diario Oficial y de su designación y aceptación como

síndico;

8. Que a fojas 49, la demandante de quiebras,
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A., se hace parte,
formulado consideraciones de hecho y derecho de similar
tenor, y agregando otras referidas al fondo de las
infracciones a la Constitución que se ¡invocan en el
requerimiento de fojas 1. Agrega que en requirente
formuló oposición a la solicitud de quiebras, formuló
defensas y alegaciones y ejerció todos sus derechos
procesales, sin controvertir los hechos en que se funda
la petición de quiebras. Agrega consideraciones acerca de
la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, citando
Jurisprudencia de esta Magistratura y solicita la
declaración de inadmisibilidad, porque la preceptiva
impugnada ya recibió aplicación y fue declarada ajustada
a la Carta Fundamental en sentencias anteriores,
referidas a los mismos vicios invocados, en las causas
roles N*s 1200, 1202 y 1239. Acompaña, además, copia del
juicio de quiebras, de la sentencia dictada en él y de la

publicación de la misma en el Diario Oficial;
000080
Otras »

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9, Que, a mayor abundamiento, del mérito de lo
expuesto y de los documentos acompañados, se colige
claramente que la declaración de inaplicabilidad
solicitada por la requirente ya no puede tener efecto
alguno en el estado procesal en que actualmente se
encuentra el proceso de quiebra, puesto que las normas
impugnadas ya recibieron aplicación y la sentencia de
quiebras fue dictada, el síndico asumió en el cargo y se
realizó la respectiva publicación en el Diario Oficial,
motivo por el cual concurre la causal de inadmisibilidad
contenida en el numeral 5 del artículo 84 de la Ley N”

17.997;

10”. Que, por otra parte, esta Magistratura
efectivamente se ha pronunciado sobre requerimientos
recaídos en la misma norma y en función de las mismas
normas constitucionales ¡invocadas, en las sentencias
citadas por la demandante de quiebras y por el síndico en
sus presentaciones de fojas 43 y 49. Cabe señalar que la
parte requirente no se hace cargo de este hecho en su
libelo, lo cual lleva a esta Sala a concluir que el
requerimiento deducido carece de fundamento razonable,
cuestión que además se traduce en la concurrencia de la
causal de inadmisibilidad del numeral 6” del mismo

artículo 84;

11%. Que, sin perjuicio de lo razonado en el
considerando 6” de la presente resolución, a partir del
mérito de lo antecedentes tenidos a la vista, esta Sala
ha logrado convicción en cuanto a que la acción deducida
en estos autos no puede prosperar, siendo impertinente,
por ende, que previo a su examen de admisibilidad ésta
sea acogida a tramitación, toda vez que, además de no
cumplir con las exigencias constitucionales y legales
antes transcritas, al haberse acompañado un certificado

que no cumple con los presupuestos exigidos por el
000081
Dunas UNO

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artículo 79 de la Ley N” 17.997, además no se verifica la
exigencia constitucional de estar razonablemente fundado
el libelo de fojas 1, concurriendo, en la especie, la
causal de inadmisibilidad del número 6” del artículo 84
de la ley orgánica constitucional de este Tribunal, sin
perjuicio de concurrir además la causal del número 5” del
mismo artículo, toda vez que la preceptiva impugnada ya
recibió aplicación;

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en los artículos 79, 80, 82 y 84,
N* 6%, y demás normas pertinentes de la Ley N” 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de Ley N” 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
publicado en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA inadmisible el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Proveyendo a los escritos de fojas 43 y 49, estése
al mérito de lo resuelto precedentemente. Atendido el
volumen de los documentos acompañados, custódiense.

Notifíquese por Carta certificada a la parte
requirente.

Comuníquese por oficio al Primer Juzgado Civil de
San Miguel, que conoce del proceso concursal Rol N”
19936-10, invocado en el requerimiento de fojas l.

Archívese conjuntamente con los documentos
custodiados.

Rol N” 1850-10-INA.

e.

000082
COLMENA Doz,

ET A
Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Raúl Bertelsen Repetto, los Ministros señores
Carlos Carmona Santander e Iván Aróstica Maldonado y el

suplente de Ministro señor Ricardo Israel Zipper.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de

Jud

la Fuente Olguín.