INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 12 de noviembre de 2010, la
abogada Guacolda Salas Santana, en representación de
Víctor Rapiman, ha deducido ante esta Magistratura un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
“del inciso quinto del artículo 480 del Código del
Trabajo que irradia, proyecta y trasciende sus efectos al
precepto contemplado en el inciso segundo de la citada
norma y que hoy aparece incorporada al texto del Código
bajo el número 510”, en la causa sobre juicio del trabajo
por despido indirecto, caratulada “Rapiman con Beckett y
otra”, que se encuentra actualmente pendiente ante la
Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol de ingreso
N* 10.468-2009, según consta del certificado acompañado a
fojas 14;

2%. Que, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N” 6*, de la Constitución
Política, es atribución de este Tribunal: “Resolver, por
la mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en
cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario
o especial, resulte contraria a la Constitución”;

A su turno, el inciso decimoprimero del mismo
precepto señala: “En el caso del N* 6”, la cuestión podrá
ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez
que conoce del asunto. Corresponderá a cualquiera de las
salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la
admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la
existencia de una gestión pendiente ante el tribunal
ordinario o especial, que la aplicación del precepto
legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución
de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá

resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
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originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad”;

39. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N”* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N2 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que exige que con anterioridad al
pronunciamiento sobre la admisibilidad de un
requerimiento de esta naturaleza, se resuelva acerca de
su admisión a trámite. Así, los incisos primero y segundo
del artículo 82 de dicho texto legal establecen:

“Para ser acogido a tramitación, el requerimiento
deberá cumplir con las exigencias señaladas en los
artículos 79 y 80. En caso contrario, por resolución
fundada que se dictará en el plazo de tres días, contado
desde que se dé cuenta del mismo, no será acogido a
tramitación y se tendrá por no presentado, para todos los
efectos legales.

No obstante, tratándose de defectos de forma o de la
omisión de antecedentes que debían acompañarse, el
Tribunal, en la misma resolución a que se refiere el
inciso anterior, otorgará a los interesados un plazo de
tres días para que subsanen aquéllos o completen éstos.
Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no
presentado, para todos los efectos legales.”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la
legislación aludida establecen:

vArtículo 79.- En el caso del número 6% del artículo
93 de la Constitución Política, es Órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas
legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo

la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
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certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
Piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se
estiman transgredidas”;

4%. Que, a fojas 17, el Presidente del Tribunal
ordenó que se diera cuenta del requerimiento de
inaplicabilidad deducido en la Segunda Sala de esta
Magistratura;

5%”. Que el examen de la acción constitucional
interpuesta permite concluir que ella no satisface la
exigencia prevista en el inciso segundo del artículo 709,
transcrito precedentemente, para que pueda ser acogida a
tramitación. En efecto, si bien la requirente acompañó un
certificado expedido por la Secretaria de la Corte de
Apelaciones de Santiago, que conoce de la causa sub lite,
dicha certificación no cumple con todas la exigencias

establecidas en el referido precepto legal, y
6%. Que del estudio de la acción constitucional
interpuesta, se concluye, asimismo, que no se ha cumplido
la exigencia prevista en el artículo 80, arriba
reproducido, desde que, en su presentación, la requirente
no indica en forma clara y fundada la forma en que se
produciría una infracción de preceptos constitucionales
precisos y, en consecuencia, no señala un conflicto de
constitucionalidad que se pudiera someter a la decisión
de esta Magistratura, por lo que no se podrá admitir a
trámite el requerimiento y así se declarará.

SE RESUELVE:

Que no se acoge a tramitación el requerimiento
deducido a lo principal de fojas uno, teniéndose por no
presentado, para todos los efectos legales. Al primer
otrosí, ténganse por acompañado el documento; al segundo
otrosí, estése a lo resuelto en lo principal, y al tercer
otrosí, ténganse presente y por acompañado el documento.

Notifíquese por carta certificada a la requirente.

Archívese.

ROL 1855-10-INA.

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Pronunciada por la Segunda Sala Á- Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Raúl Bertelsen Repetto, y por los Ministros señores
Carlos Carmona — Santander, José Antonio Viera-Gallo
Quesney e Iván Aróstica Maldonado;
Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

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