TC Rol 1860

Texto completo

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Santiago, siete de diciembre de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

19. Que, con fecha 22 de noviembre de 2010, el
abogado Samuel Ginsberg Rojas, en representación de la
señora María Rosa Flores Nieto, ha deducido un
requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
respecto de los artículos 2.319, inciso segundo, y 2.330
del Código Civil que, conforme se indica en el mismo
libelo, fueron aplicados por el 16” Juzgado Civil de
Santiago al determinar la indemnización por daño moral en
la sentencia dictada en la causa sobre indemnización de
perjuicios Rol N”* 16.583-2009, caratulada “Flores Nieto,
María, con González y otro”. La requirente agrega que tal
resolución se habría adoptado por el mencionado tribunal
ordinario sin considerar que la discrecionalidad del juez
para determinar la indemnización por daño moral estaría
“restringida por parámetros claramente establecidos en
los'artículos 41 y 53, inciso cuarto, de la Ley N” 19.966
y en la Resolución Exenta 142 que reglamenta dichos
montos, aplicables a la especie conforme se establece en
los artículos 4*, 22 y 24 del Código Civil”.

En el mismo escrito se indica que el presente
requerimiento incide en el recurso de apelación
interpuesto en contra de dicha sentencia definitiva de
primera ¡instancia ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, Rol de ingreso N” 4320-2010, que se encuentra
pendiente, según consta en certificado que se ha tenido a
la vista -fojas 8-, extendido por la Secretaría de dicho
tribunal;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la
Ley Fundamental establece que es atribución de este

Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
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miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria
a la Constitución.”.

A su turno, el inciso undécimo del mismo precepto
fundamental señala: “En el caso del número 6%, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

3*. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene en
la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que: “Para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales”.
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Por su parte, los artículos 79 y 80 de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas
legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus
apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando
el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y
notificará de ello a las partes del proceso”

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se
estiman transgredidas”

El artículo 84 de la misma ley establece, por su
parte, que: “Procederá declarar la inadmisibilidad en los

siguientes casos:
1* Cuando el requerimiento no es formulado por una
persona u órgano legitimado;

2* Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia
respectiva;

3 Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4% Cuando se promueva respecto de un precepto que no
tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella
no resultará decisiva en la resolución del asunto, y

6” Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos
los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de
recurso alguno.”;

4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera Cuenta del requerimiento deducido en la Primera
Sala de esta Magistratura;

5”. Que, con el mérito de los antecedentes tenidos a
la vista, esta Sala ha logrado convicción en cuanto a que

la acción constitucional deducida no puede prosperar,
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siendo impertinente, por ende, que ésta sea acogida a
tramitación en forma previa a su examen de admisibilidad.

Lo anterior, por cuanto aquélla no satisface la
exigencia constitucional de contener una impugnación
“fundada razonablemente”, misma que la citada ley
orgánica constitucional reitera en el N” 6” del inciso
primero de su artículo 84, mediante la expresión
“fundamento plausible”, según ha resuelto esta
Magistratura en la sentencia Rol N” 1.288-2008 (punto
resolutivo N” 11);

6%. Que el reparo observado se funda en el hecho,
evidente para esta Sala, de que el requerimiento en
examen no plantea un conflicto de constitucionalidad que
pueda ser resuelto en sede de inaplicabilidad, sino que
en él se formula una cuestión que cabe resolver al
tribunal que conoce de la gestión de que se trata. En
otros términos, en este caso no se ha formulado a esta
Magistratura una impugnación que consista y se fundamente
en la existencia de "una contradicción directa, clara y
precisa entre determinado precepto legal que se pretende
aplicar en el caso concreto, con la propia Constitución”,
de la manera señalada en el fallo Rol N” 810;

7%. Que, en efecto, del análisis del libelo resulta
claro que el actor persigue que sea esta Magistratura
Constitucional la que declare cuál sería la forma
correcta en la que ha de aplicarse el ordenamiento
jurídico pertinente para determinar el monto de la
indemnización por daño moral que se ha demandado por la
señora Flores Nieto en la causa sub lite, tomando en
consideración las circunstancias concretas del caso que
se relatan en el mismo escrito;

8%. Que, a mayor abundamiento, conforme se expresa
en varios pasajes de la misma presentación, la requirente

formula ante esta Magistratura una crítica similar a la
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Cuavente

que ha hecho valer ante la Corte de Apelaciones de
Santiago en el recurso de apelación que ha deducido, en
contra de la forma en que habría actuado el juzgado que
conoció en primera instancia del asunto litigioso de que
se trata;

9%. Que asuntos como los señalados en los dos
considerandos precedentes no se refieren propiamente a
los efectos inconstitucionales que pueda provocar la
aplicación del inciso segundo del artículo 2.319 y del
artículo 2.330, ambos preceptos del Código Civil, en el
recurso de apelación de la sentencia definitiva de que
conoce la Corte de Apelaciones de Santiago y que se
invoca como «gestión pendiente a los efectos de: la
interposición del requerimiento de autos, sino que dicen
relación con cuestiones de interpretación legal o de
control de la actividad jurisdiccional, en las cuales no
le compete intervenir a este Tribunal Constitucional;

10%. Que, habiéndose verificado que la acción no
satisface el requisito referido, esta Magistratura debe
declararla inadmisible.

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos
93, inciso primero, N* 6%, e inciso undécimo, de la
Constitución, 79 al 84 y demás normas pertinentes de la
Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia,

SE DECLARA INADMISIBLE el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno.

Al primer otrosí, ténganse por acompañados los
documentos que indica; al segundo otrosí, atendido lo

resuelto a lo principal, no ha lugar a la suspensión del
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procedimiento solicitada; al tercer otrosí, téngase
presente y por acompañado el mandato judicial que indica.

Notifíquese por carta certificada a la requirente, a
la Corte de Apelaciones de Santiago, que conoce de la
gestión judicial invocada en el libelo, y a las partes de
esa misma Causa que se individualizan en el certificado
de fojas 8.

Archívese.

Rol 1860-10-INA.

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Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor
Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros señores
Hernán Vodanovic Schnake, Enrique Navarro Beltrán y
Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.