TC Rol 1862

Texto completo

000035 :
Arcinta y Uhco

Santiago, siete de diciembre de dos mil diez.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha 25 de noviembre de 2010, Hernán
Robert Arias, en representación de Teresa Marcela Aste
Águila, ha requerido a esta Magistratura Constitucional
para que declare la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto de los artículos 229, 247,
248 y 258 del Código Procesal Penal, en el marco del
proceso de protección Rol N” 708-2010, en contra del juez
de Garantía de Talca, seguido ante la Corte de
Apelaciones de la misma ciudad y en actual Tramitación
ante la Corte Suprema bajo el Rol N” 8620-2010;

2%. Que, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 93, inciso primero, N* 6%, de la Constitución,
es atribución de este Tribunal “resolver, por la mayoría
de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un
precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que
se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte
contraria a la Constitución”.

A su turno, el inciso undécimo del mismo precepto
fundamental señala: “En el caso del número 6”, la
cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes
o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá a
cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad”;

39. Que la normativa aludida precedentemente se

complementa con la que se contiene en la Ley N* 17.997,
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Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional -cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado
por Decreto con Fuerza de Ley N* 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia-, la cual
razona en el sentido de que el pronunciamiento sobre la
admisibilidad de un requerimiento de esta naturaleza
establecido por la Ley Fundamental exige, previamente,
resolver sobre la admisión a trámite del requerimiento.
Así, el inciso primero del artículo 82 de dicho texto
legal establece que: “Para ser acogido a tramitación, el
requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas
en los artículos 79 y 680. En caso contrario, por
resolución fundada que se dictará en el plazo de tres
días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será
acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para

todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la legislación

aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.
400037 3
Pinta y Ade

El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se

estiman transgredidas.”.

Por otra parte, el artículo 82 del mismo cuerpo legal

establece:

“Artículo 82. Para ser acogido a tramitación, el
requerimiento deberá cumplir con las exigencias señaladas
en los artículos 79 y 80. En caso contrario, por
resolución fundada que se dictará en el plazo de tres
días, contado desde que se dé cuenta del mismo, no será
acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para

todos los efectos legales.

No obstante, tratándose de defectos de forma o de la
omisión de antecedentes que debían acompañarse, el
Tribunal, en la misma resolución a que se refiere el
inciso anterior, otorgará a los interesados un plazo de
tres días para que subsanen aquéllos o completen éstos.
Si así no lo hacen, el requerimiento se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales.

Acogido a tramitación, el Tribunal Constitucional lo
comunicará al tribunal de la gestión o juicio pendiente,
para que conste en el expediente. Si el requirente pide
alegar acerca de la admisibilidad, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 43 el Tribunal acoge la
solicitud, dará traslado de esta cuestión a las partes,

por cinco días.
000038 a
Ver, El yoho

Tratándose de requerimientos formulados directamente
por las partes, en la misma oportunidad señalada en el
inciso anterior el Tribunal requerirá al juez que esté
conociendo de la gestión judicial en que se promueve la

cuestión, el envío de copia de las piezas principales del

respectivo expediente.”;

4%. Que el Presidente del Tribunal ordenó que se
diera cuenta del requerimiento de inaplicabilidad

deducido en la Segunda Sala de esta Magistratura;

5%. Que en el certificado de fojas 32 no se
contienen las menciones esenciales exigidas por el
artículo 79 de la ley N” 17.997, En efecto, en el
documento acompañado no consta el estado de la gestión
invocada, no se señala el nombre ni el domicilio de sus
partes, ni tampoco los de sus representantes legales y
apoderados, de lo cual cabe concluir que no se ha dado
cumplimiento, en la especie, a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 79 de la Ley N”* 17.997, Orgánica
Constitucional de esta Magistratura.

SE RESUELVE:

Que no se acoge a tramitación el requerimiento
deducido en lo principal de fojas 1, sin perjuicio de lo
establecido en inciso segundo del artículo 82 de la Ley
N2 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional.

Rol N” 1862-10-INA

200039 s
Peialo. y avere

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro señor
Raúl Bertelsen Repetto, la Ministra señora Marisol Peña Torres
y los Ministros señores Carlos Carmona Santander, José Antonio
Viera-Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la

Fuente Olguín. QA