INA-Inadmisibilidad

Texto completo

400014
Calorce

CERTIFICADO

Santiago, catorce de diciembre dos mil diez.

Certifico que con fecha siete de diciembre pasado se dió cuenta
acerca de la admisión a trámite en la presente causa ante la Segunda Sala
del Tribunal Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro señor Raul
Bertelsen Repetto, la Ministra señora Marisol Peña Torres y los Ministros
señores Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney e
Iván Aróstica Maldonado.

Rol N* 1866-10-INA.

Relator
490015

Huvinte

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1?. Que, con fecha 30 de noviembre de 2010, Sergio
Enrique González Silva ha requerido a esta Magistratura
Constitucional para que declare la inaplicabilidad por
inconstitucionalidad respecto del numeral 15” del
artículo 12 del Código Penal, en el marco del recurso de
apelación rol N* 397-2010, en actual tramitación ante la

Corte de Apelaciones de Rancagua;

2%. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6”, de la
Constitución Política establece que es atribución de este
Tribunal Constitucional “resolver, por la mayoría de sus
miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto
legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga
ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria

a la Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número 6”,
la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las
partes o por el juez que conoce del asunto. Corresponderá
a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin
ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre
que verifique la existencia de una gestión pendiente ante
el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del
precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la
resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad.”;

3?. Que la normativa constitucional aludida

precedentemente se complementa con la que se contiene en
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Dieciseo

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la Ley N* 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal
Constitucional, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N* 5, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 10 de
agosto de 2010. Así, el inciso primero del artículo 82 de
dicho texto legal establece que "para ser acogido a
tramitación, el requerimiento deberá cumplir con las
exigencias señaladas en los artículos 79 y 80. En caso
contrario, por resolución fundada que se dictará en el
plazo de tres días, contado desde que se dé cuenta del
mismo, no será acogido a tramitación y se tendrá por no

presentado, para todos los efectos legales”.

Por “su parte, los artículos 79 y 80 de la

legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del artículo
93 de la Constitución Política, es órgano legitimado el
juez que conoce de una gestión pendiente en que deba
aplicarse el precepto legal impugnado, y son personas

legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte ejerciendo
la acción de inaplicabilidad, se deberá acompañar un
certificado expedido por el tribunal que conoce de la
gestión judicial, en que conste la existencia de ésta, el
estado en que se encuentra, la calidad de parte del
requirente y el nombre y domicilio de las partes y de sus

apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento deberá
formularse por oficio y acompañarse de una copia de las
piezas principales del respectivo expediente, indicando

el nombre y domicilio de las partes y de sus apoderados.
El tribunal deberá dejar constancia en el expediente
de haber recurrido ante el Tribunal Constitucional y

notificará de ello a las partes del proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de inaplicabilidad,
sea promovido por el juez que conoce de la gestión
pendiente o por una de las partes, deberá contener una
exposición clara de los hechos y fundamentos en que se
apoya y de cómo ellos producen como resultado la
infracción constitucional. Deberá indicar, asimismo, el o
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con
indicación precisa de las normas constitucionales que se

estiman transgredidas.”;

4%. Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha ley

orgánica constitucional establece que:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los

siguientes casos:

1% Cuando el requerimiento no es formulado por una

persona u órgano legitimado;

2? Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el control
preventivo o conociendo de un requerimiento, y se invoque
el mismo vicio que fue materia de la sentencia

respectivas

3% Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, oO se haya puesto término a ella por

sentencia ejecutoriada;

4* Cuando se promueva respecto de un precepto que no

tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión

pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el
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Dieciodo

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precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella

no resultará decisiva en la resolución del asunto, y
6% Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en ella, y
el requerimiento se tendrá por no presentado, para todos

los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible de

recurso alguno.”

5. Que, con fecha 30 de noviembre, el Presidente
del Tribunal ordenó que se diera cuenta del requerimiento

deducido en la Segunda Sala de esta Magistratura;

6, Que, el precepto cuya aplicación se impugna
contiene una regla específica que incide een la
determinación de penas, en tanto dispone que “Son
circunstancias agravantes: (..) l5a. Haber sido castigado
el culpable anteriormente por delitos a que la ley señale

igual o mayor pena.”;

7%. Que, por otra parte, el requirente señala como
normas infringidas la garantía de legalidad del
juzgamiento y la interdicción de las presunciones de
derecho de responsabilidad penal, ambas contenidas en el
numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en
tanto dispone que “Toda sentencia de un órgano que ejerza
jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado” y que “La ley no podrá presumir de
derecho la responsabilidad penal”. Invoca además la parte
requirente el artículo 5”, inciso segundo, de la

Constitución Política, en relación al Pacto Internacional
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Dita muut

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de Derechos Civiles y Políticos, además del artículo 1”

del Código Procesal Penal ;

8%. Que, de la lectura del requerimiento y de los
antecedentes expuestos precedentemente se desprende que
el precepto cuya aplicación se impugna no guarda relación
con las disposiciones constitucionales que se estiman
infringidas, toda vez que, en atención a su contenido y
naturaleza de norma sustantiva sobre determinación de
penas, no podría tener la aptitud de infringir la
garantía de legalidad del juzgamiento, en tanto reserva
de ley específica de asuntos procesales. Por otro lado,
la normativa impugnada no contiene una presunción de
derecho de responsabilidad penal, sino, como ya se

señalara, una regla de graduación de sanciones.

En mérito de lo razonado precedentemente, no pueden
estimarse como cumplidos los presupuestos establecidos
por el legislador -ya transcritos- para acoger a trámite
la acción, en tanto no se contiene una exposición clara
de los hechos y fundamentos en que se apoya el libelo y
de cómo ellos producirían el resultado de infracción

constitucional que se denuncia;

9%, Que, sin perjuicio de lo razonado en el
considerando precedente, a partir del mérito de lo
antecedentes tenidos a la vista, esta Sala ha logrado
convicción en cuanto a que la acción deducida en estos
autos no puede prosperar, siendo impertinente, por ende,
que previo a su examen de admisibilidad ésta sea acogida
a tramitación, toda vez que, además de no cumplir con las
exigencias legales antes transcritas, del mérito de lo
expuesto, se colige claramente que el requerimiento no
cumple con la exigencia constitucional de encontrarse
“razonablemente fundado” y, en los términos usados por el

numeral 6% artículo 84 de la citada ley orgánica
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Veimile

6

constitucional, la acción carece de fundamento plausible;

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en los artículos 79, 80, 82 y 84,
N* 6%, y demás normas pertinentes de la Ley N” 17.997,
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado
por el Decreto con Fuerza de ley N” 5, de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
publicado en el Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA inadmisible el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Notifíquese por carta certificada a la parte
requirente.

Comuníquese por oficio a la Corte de Apelaciones de
Rancagua. Archívese.

Rol N” 1866-10-INA.

Pronunciada por la Segunda Sala del Excmo. Tribunal
40021

Veintiuno

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Constitucional, integrada por su Presidente, Ministro
señor Raúl Bertelsen Repetto, la Ministra señora Marisol
Peña Torres y los Ministros señores Carlos Carmona
Santander, José Antonio Viera-Gallo Quesney e Iván
Aróstica Maldonado.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de
la Fuente Olguín.

Se certifica que la Ministra señora Marisol Peña Torres y el
Ministro señor Iván Aróstica Maldonado concurrieron al
acuerdo, pero no firman la resolución por encontrarse
enferma, la primera, y haciendo uso de feriado legal, el

segundo.
NN

290022

Santiago, 14 de diciembre de 2010

m.0.0.

Señor
Jaime Andrés Silva Alarcón
Merced N* 280, oficina 41

Santiago.

Remito a Ud. la resolución dictada por la Segunda Sala de esta Magistratura
con fecha 14 de diciembre en curso en el proceso Rol N* 1866-10-INA, sobre acción de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 397-2009 sobre recurso de apelación
interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. |

Saluda atentamente a Ud.

notificado Cereo Espress el y 19 2/40 -—
Santo a 0689 + Santiago de 208

Teléfonos [56-2] 640 18 00 - Espot 1820 + Fax [56-2] 640 1825 + secretaria Otcchile.cl + www.techile.c'
440023

vesalres
m.0.0
Santiago, 14 de diciembre de 2010.
OFICIO N* 5.227
Remite resolución.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA

I. CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA.

Remito a V.S.L copia de la resolución dictada por la Segunda Sala de esta
Magistratura con fecha 14 de diciembre de 2010, en el proceso Rol N* 1.866-10-INA, acción
de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N*
397-2009, sobre recurso de apelación interpuesto ante esa Corte de Apelaciones, a los efectos

que indica.

Saluda atentamente a V.S.L

MARCELO VENEGAS PALACIOS

Presidente

MARTA DE LA FUE LGUÍN
ria

SEÑOR PRESIDENTE DE LA
I, CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA
USO CARLOS ARTURO BAÑADOS TORRES
- BRASIL N? 922 -
RANCAGUA.