INA-Inadmisibilidad

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Santiago, veintiséis de enero de dos mil once.
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1%. Que, con fecha diez de diciembre de dos mil
diez, Héctor Enrique Retamal Soto ha requerido a esta
Magistratura Constitucional para que declare la
inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del
inciso cuarto del artículo 258 del Código Procesal
Penal, en el marco del proceso penal rit 4935-2009,
del VJuzgado de Garantía de Rancagua, seguido en su
contra por los delitos de prevaricación administrativa
y violación de secreto;

2%. Que cabe tener presente que en la gestión
invocada el requirente es querellado por los delitos
indicados, en el marco de hechos acaecidos en un
sumario administrativo motivado por la emisión de
licencias médicas fraudulentas. Señala que el fiscal
no formalizó la investigación y que el 30 de noviembre
de 2009 decidió no perseverar, teniendo por comunicada
dicha decisión en audiencia ante el juez de garantía,
que en enero de 2010 autorizó a la parte querellante a
forzar la acusación, de conformidad a lo dispuesto en
el precepto impugnado, tras lo cual la parte
querellante dedujo la acusación y la defensa,
posteriormente, formuló un incidente de nulidad
procesal fundado en la inobservancia del principio de
congruencia Y en no haberse formalizado la
investigación, el cual fue desestimado. Señala así que
la aplicación del precepto impugnado, en síntesis,
vulnera lo dispuesto en el artículo 19, numeral 3”, de
la Carta Fundamental, en lo relativo a las garantías
de igual protección en el ejercicio de los derechos,
racional Y justo procedimiento, legalidad del
juzgamiento y derecho a la defensa, además del
contenido esencial de las mismas, al quebrantarse el

denominado “principio de congruencia” y la secuencia
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S ianNceo

formalización-acusación-sentencia del nuevo proceso
penal;

3”. Que el artículo 93, inciso primero, N* 6%, de
la Constitución Política establece que es atribución
de este Tribunal Constitucional "resolver, por la
mayoría de sus miembros en ejercicio, la
inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación
en cualquier gestión que se siga ante un tribunal
ordinario O especial, resulte contraria a la
Constitución.”.

El inciso decimoprimero del mismo precepto de la
Carta Fundamental dispone que "en el caso del número
62, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de
las partes o por el juez que conoce del asunto.
Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal
declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la
cuestión siempre que verifique la existencia de una
gestión pendiente ante el tribunal ordinario 0
especial, que la aplicación del precepto legal
impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de
un asunto, gue la impugnación esté fundada
razonablemente y se cumplan los demás requisitos que
establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá
resolver la suspensión del procedimiento en que se ha
originado la acción de inaplicabilidad por
inconstitucionalidad.”;

4%. Que la normativa constitucional aludida
precedentemente se complementa con la que se contiene
en la lLey N* 17.997, Orgánica Constitucional del
Tribunal Constitucional, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto
con Fuerza de Ley N”* 5, de 2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, publicado en el
Diario Oficial de 10 de agosto de 2010. Así, el inciso
primero del artículo 82 de dicho texto legal establece

que "para ser acogido a tramitación, el requerimiento
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deberá cumplir con las exigencias señaladas en los

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artículos 79 y 80. En caso contrario, por resolución
fundada que se dictará en el plazo de tres dias,
contado desde que se dé cuenta del mismo, no será
acogido a tramitación y se tendrá por no presentado,
para todos los efectos legales”.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la
legislación aludida establecen:

“Artículo 79.- En el caso del número 6” del
artículo 93 de la Constitución Política, es órgano
legitimado el juez que conoce de una gestión pendiente
en que deba aplicarse el precepto legal impugnado, y
son personas legitimadas las partes en dicha gestión.

Si la cuestión es promovida por una parte
ejerciendo la acción de inaplicabilidad, se deberá
acompañar un certificado expedido por el tribunal que
conoce de la gestión judicial, en que conste la
existencia de ésta, el estado en que se encuentra, la
calidad de parte del requirente y el nombre y
domicilio de las partes y de sus apoderados.

Si la cuestión es promovida por el tribunal que
conoce de la gestión pendiente, el requerimiento
deberá formularse por oficio y acompañarse de una
copia de las piezas principales del respectivo
expediente, indicando el nombre y domicilio de las
partes y de sus apoderados.

El tribunal deberá dejar constancia en el
expediente de haber recurrido ante el Tribunal
Constitucional y notificará de ello a las partes del
proceso”.

“Artículo 80.- El requerimiento de
inaplicabilidad, sea promovido por el juez que conoce
de la gestión pendiente o por una de las partes,
deberá contener una exposición clara de los hechos y
fundamentos en que se apoya y de cómo ellos producen

como resultado la infracción constitucional. Deberá
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indicar, asimismo, el o los vicios de
inconstitucionalidad que se aducen, con indicación
precisa de las normas constitucionales que se estiman
transgredidas.”;

5%, Que, por otra parte, el artículo 84 de dicha
ley orgánica constitucional establece que:

“Procederá declarar la inadmisibilidad en los
siguientes casos:

1? Cuando el requerimiento no es formulado por
una persona u órgano legitimado;

2* Cuando la cuestión se promueva respecto de un
precepto legal que haya sido declarado conforme a la
Constitución por el Tribunal, sea ejerciendo el
control preventivo o conociendo de un requerimiento, y
se invoque el mismo vicio que fue materia de la
sentencia respectiva;

3? Cuando no exista gestión judicial pendiente en
tramitación, o se haya puesto término a ella por
sentencia ejecutoriada;

4% Cuando se promueva respecto de un precepto que
no tenga rango legal;

5% Cuando de los antecedentes de la gestión
pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que
el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación
o ella no resultará decisiva en la resolución del
asunto, y

6” Cuando carezca de fundamento plausible.

Declarada la inadmisibilidad por resolución que
deberá ser fundada, ésta será notificada a quien haya
recurrido, al juez que conozca de la gestión judicial
pendiente y a las demás partes que intervengan en
ella, y el requerimiento se tendrá por no presentado,
para todos los efectos legales.

La resolución que declare la admisibilidad o
inadmisibilidad del requerimiento no será susceptible

de recurso alguno.”;
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6%. Que, con fecha 22 de diciembre de 2010, esta
Sala acogió a tramitación el requerimiento de
inaplicabilidad deducido y con fecha 29 del mismo mes
se ordenó a la parte requirente acreditar el estado
actual de la gestión invocada, lo cual fue cumplido
con fecha 11 de enero de 2011;

72. Que, según consta de los documentos
acompañados, en la gestión invocada se realizó la
audiencia de preparación de juicio oral y se resolvió
sustituir el procedimiento, tramitándose el proceso de
acuerdo a las normas del juicio simplificado -sin
admisión de responsabilidad-, fijándose audiencia para
el día 15 de marzo de 2011;

8%. Que, a este respecto, el artículo 390 del
Código Procesal Penal, referido al juicio
simplificado, dispone que “recibida por el fiscal la
denuncia de un hecho constitutivo de alguno de los
delitos a que se refiere el artículo 388, solicitará
del juez de garantía competente la citación inmediata
a audiencia” y que para proceder bajo sus reglas se
“podrá dejar sin efecto la formalización de la
investigación que ya se hubiere realizado de acuerdo
con lo previsto en el artículo 230, y proceder
conforme a las reglas de este Título”. De lo expuesto
se colige que en el juicio simplificado la
formalización de la investigación no es un requisito
esencial, de forma tal que dicho instituto no recibe
aplicación en esta especial forma de juzgamiento,
motivo por el cual, en el actual estado procesal de la
gestión invocada, el requerimiento carece de
fundamento razonable;

99. Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la
verificación de la concurrencia de los supuestos de hecho
que hacen procedente la aplicación del juicio
simplificado constituye una cuestión de mera legalidad,

propia de las atribuciones del juez ordinario y no un
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conflicto de constitucionalidad de aquellos que se

encuentran dentro de la órbita de atribuciones de esta

Magistratura;

10%. Que, examinado el requerimiento y atendido el
mérito de los antecedentes tenidos a la vista, esta Sala
concluye que la acción constitucional deducida no cumple
con la exigencia constitucional transcrita, según la cual
el requerimiento debe encontrarse razonablemente fundado,
motivo por el cual el libelo de fojas 1, además, carece
de fundamento plausible, concurriendo la causal de
inadmisibilidad establecida en el número 6” del aludido
artículo 84;

11%. Que, a partir del mérito de los antecedentes
tenidos a la vista, esta Sala ha logrado convicción en
orden a declarar inadmisible la acción interpuesta.

Y TENIENDO PRESENTE lo establecido en el artículo
93, inciso primero, N”* 6%, e inciso decimoprimero, de la
Constitución Política y en los artículos 79, 80, 82, 84 y
demás normas pertinentes de la Ley N* 17.997, Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el
Decreto con Fuerza de Ley N” 5, de 2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, publicado en el
Diario Oficial de 10 de agosto de 2010,

SE DECLARA inadmisible el requerimiento interpuesto
en lo principal de fojas uno. Téngase por no presentado
para todos los efectos legales.

Notifíquese por carta certificada a las partes y
comuníquese por oficio al Juzgado de Garantía de

Rancagua.

Archívese.

Rol 1874-10-INA.
0001140
tino (mana ZA

Se certifica que los Ministros señores Hernán Vodanovic
Schnake y Enrique Navarro Beltrán concurrieron a la vista de
la causa y al acuerdo del fallo pero no firman por encontrarse
haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal
Constitucional, integrada por su Presidente, señor Marcelo
Venegas Palacios, y por los Ministros señores Hernán Vodanovic
Schnake, Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, señora Marta de la
Fuente Olguín.

mz
000141
eno Lumina,

SWwWGO
T.r.V.

Santiago, 26 de enero de 2011

OFICIO N? 5.501

Remite sentencia.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO

DE GARANTIA DE RANCAGUA:

Tengo a bien remitir a U.S. resolución de 26 de enero en curso,
dictadas por este Tribunal en el proceso Rol N* 1874-10-INA, acción de inaplicabilidad por

inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a U.S.

MARCIMO VENEGAS PALACIOS

Presidente
”—

IS,

MARTA ELA FUENFEOEGUÍN ———

Secretaria

AL SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO

DE GARANTIA DE RANCAGUA:

DON MARCELO VÍCTOR VÁSQUEZ FERNÁNDEZ
AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 720
RANCAGUA.-
000142
Lento bualSMAA
> DO .

Santiago 26 de enero de 2011

T.T.V,

Señores (a)

Marco Saavedra Cruz

María Paz Contreras Maureira
Héctor Torres Bastias

Paseo Bulnes 177, piso 4%

Santiago.

Tengo a bien remitir a Ud. resolución de 26 de enero en curso,
dictadas por este Tribunal en el proceso Rol N” 1874-10-INA, acción de inaplicabilidad

por inconstitucionalidad, a los efectos que ella indica.

Saluda atentamente a Ud.

Secretaria.

Santo Domingo 689, Santiago de Chile. Teléfonos (56-2) 640 1820 - 640 1821. Fax: (56-2) 640 1825.
Correo electrónico: secretaria(Otcchile.cl - www.tribunalconstitucional!.cl